Emplaza magisterio al gobierno estatal a transformar el sistema educativo

Pero primero deben salir los pseudofuncionarios de la SEE y cumplir acuerdos minutados.

Ortiz Hurtado. Preparados para una jornada larga

Desde el puerto de Lázaro Cárdenas, el secretario general de la Sección XVIII del SNTE Artemio Ortiz Hurtado emplazó públicamente al gobierno michoacano a firmar un acuerdo escrito de rechazo a la aplicación en el estado de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), a solucionar en su totalidad las demandas minutadas, a la renuncia inmediata de los pseudofuncionarios del sector, e iniciar a la vez la transformación educativa alterna. También anunció que interpondrán demanda penal contra autoridades de la entidad si persisten en el incumplimiento de su pago constitucional a cerca de cinco mil sindicalizados, varios sin recibir remuneración desde enero pasado.

No habrá tregua si la gestión de Leonel Godoy Rangel desatiende esas solicitudes, y en ese caso los agremiados al magisterio, afirmó, se mantendrán, incluso en el periodo vacacional del presente mes, en los campamentos que tienen en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), y en la Plaza “Benito Juárez” en Morelia.

Trabajadores de la educación de las distintas regiones michoacanas se trasladaron el miércoles 10 hacia Lázaro Cárdenas donde esa fecha tuvo lugar una marcha de la entrada de la ciudad hacia instalaciones industriales portuarias, donde en el ingreso a las mismas realizaron su mitin, ante la presencia policiaca federal y estatal que se hizo presente desde su arribo a ese punto. Fue la segunda movilización en este sitio que recibe mercancía y productos diversos desde otras naciones, pues la primera ocurrió el pasado 7 de noviembre.

En su discurso, Ortiz Hurtado dio a conocer que el próximo 17 de diciembre harán una manifestación nacional en la ciudad de México, la cual partiría a las diez de la mañana del plantón en inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que mantienen desde el 8 de octubre anterior, a las oficinas de Secretaría de Gobernación o a la residencia oficial de Los Pinos, con el propósito de emplazar una vez más a autoridades federales a desechar la ACE en el país, y protestar contra la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a los artículos Tercero y 31 constitucionales, que en los hechos significa la autorización legal de la alianza signada por Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón el 15 de mayo último. Igual, realizarán ese mismo día un homenaje póstumo al luchador social Othón Salazar Ramírez, maestro rural fallecido el 4 de diciembre anterior, en reconocimiento a su labor en el magisterio mexicano.

También exigirán la reinstalación de 63 maestros de Morelos que participaron en el paro de labores en protesta por la ACE en su entidad, y que fueron cesados por la administración del panista Marco Antonio Adame Castillo. Precisamente contra la Alianza por la Calidad de la Educación se interpondrá un amparo nacional por la violación a los preceptos de nuestra carta magna, Tercero y 123 por citar sólo dos, y frenar su aplicación en las escuelas de la república.

Otra demanda a nivel CNTE es la relacionada a la abrogación de la Ley del ISSSTE, para lo cual ya preparan la presentación del cuarto amparo masivo, que ahora se dirigirá a la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con la finalidad de que regresen los fondos económicos de trabajadores, y no roben más las administradoras de los mismos. Se prevé que el 30 de enero de 2009 hagan la entrega masiva del documento legal, aportado por la Unión de Juristas de México (UJM).

Emplazamiento

La semana pasada el magisterio democrático realizó visitas a bancos y centros comerciales, así como a diputados locales para exigirles un pronunciamiento en tribuna de solicitud al gobierno michoacano de firmar por escrito su rechazo a la ACE, tal como el exhorto que meses antes los legisladores hicieran pero en el sentido contrario, es decir, porque se aplicara el acuerdo gordillista-calderonista. Cerraron oficinas federales, también en pro de la abrogación de la Ley del ISSSTE, y freno a la voracidad bancaria a través de las Afores.

Además de la movilización en el puerto de Lázaro Cárdenas, el 9 de diciembre se reunió la comisión de la Sección XVIII con la de la administración estatal, donde el dirigente sindical fijó la postura de ya no más largas a la respuesta de los compromisos minutados, el del presente año y los rezagados de 2006 y 2007.

Ya en el mitin en la ciudad lazarocardenense, Artemio Ortiz informó que alistan la demanda penal contra el gobierno de Godoy Rangel y el equipo enquistado en la SEE, “por haber cometido un grave delito, el delito de no pagarle a casi cinco mil compañeros desde enero en muchos casos, y desde septiembre en otros. ¿Qué han hecho con ese dinero?, ¿cómo se lo están jineteando los pseudofuncionarios de Secretaría de Educación?”, se cuestionó.

Así mismo, emplazó a la gestión godoyista a hacer por escrito un acuerdo público, firmado por ella misma y la Sección XVIII, donde se defina la no aplicación de la ACE en escuelas de la entidad, y la postura oficial en torno a los cambios aprobados en la Cámara de Diputados a los artículos Tercero y 31 de la constitución, que representan la implementación de dicha alianza.

Un aspecto más del compromiso planteado por el representante gremial es asumir entre ambas partes el saneamiento administrativo y educativo estatal, que debe pasar desde la renuncia de Aída Sagero Hernández, Juan Pérez Medina, hasta todo su equipo, incluyendo directivos y supervisores afines a su política lesiva en el sector, de todos los niveles, checando a la vez cómo manejan los recursos financieros pues presumen desvío del dinero destinado a dicho rubro. De igual manera, delineó, revisar permanentemente los casos de “aviadores” en la dependencia, que han aumentado desde el arribo de la titular de la SEE, el pasado 15 de febrero, y obligarlos a regresar a sus aulas o simplemente que se vayan.

Otra vez, la presencia de la PFP en el evento magisterial

“Y un siguiente punto en este mismo texto educativo, que ubicáramos la parte de la aplicación del Proyecto de Transformaciones Educativas Inmediatas, que bien pudiera ser con incisos muy importantes: En Michoacán no se reprueba ningún alumno, en Michoacán no hay deserción escolar, en Michoacán no hay desnutrición en alumnos, en Michoacán hay disposición de las escuelas para todos los alumnos en todos los niveles, en Michoacán no se maltrata a los alumnos, en Michoacán se rescatan nuestras culturas, nuestra memoria histórica, nuestra ciencia y la tecnología. En ese contexto es el punto de partida”, estableció Ortiz Hurtado.

Pero para instrumentar ese proyecto, dejó claro, requieren gente nueva en la SEE, y el gobierno estatal debe entenderlo como requisito para reconstituir su relación con la Sección XVIII.

No hay tregua si no damos paso a los puntos de los que ya tienen conocimiento el secretario general de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca, y el propio Leonel Godoy, recalcó el secretario general del magisterio mayoritario de Michoacán.

Agregó: “Entonces hay que prepararnos seguramente para mantener el campamento en el centro de Morelia durante el periodo vacacional, durante 2009, 2010 o hasta 2011 si se requiere. Hay que prepararnos para que el plantón en la SEE permanezca en vacaciones y los meses y los años que se requieran, si el gobierno del estado no reconsidera su actitud de correr ya a la gente que ha saqueado y corrompido el sistema educativo en Michoacán”.

Incluso anunció la posibilidad de hacer “un gran evento navideño en la Secretaría de Educación en el Estado o en el Campamento en el centro de la ciudad”, para festejar y dar la señal “de que no vamos a abandonar nuestros centros de batalla, para que el gobierno entienda que podemos durar muchos años allá”. Igual para el año nuevo. 

“Confiemos en la combatividad y digna lucha de esta Sección XVIII, confiemos en la firmeza de nosotros. Lo que vemos es contundencia, firmeza, y mucha inteligencia del movimiento”, concluyó.

Por otra parte, en entrevista previa al mitin, demandó la libertad de “nuestros compañeros”, los dirigentes mineros presos ante la demanda de la empresa Altos Hornos de México, Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, detenidos la primera semana de diciembre. Cabe señalar que Pavón Campos salió libre el viernes 12, pero se mantenía recluido Linares Montúfar.

Y dio a conocer que con la entrega masiva de amparos contra instituciones financieras del país el próximo 30 de enero, esa misma fecha arrancaría el primer paro cívico nacional de 24 horas, y sería el despegue hacia la jornada de lucha de 2009.

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Al retirarse, un trabajador recibiría sólo 135 mil pesos de su afore como pensión

Para que una persona afiliada a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pueda vivir dignamente tras su retiro como trabajador en activo por un lapso mínimo de 15 años, esas empresas deben aumentar sus rendimientos actuales en más del 100%, estimó el investigador de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Cardiel Hurtado, al afirmar que en promedio ofrecen una utilidad real de sólo 2.56%.

De acuerdo a un reportaje aparecido en la edición de enero de 2007 de la Revista Fortuna, firmado por Zósimo Camacho, se hace referencia al estudio del especialista en finanzas “La bursatilización de los fondos depositados en las Afores”, que se incluirá en un libro del autor, donde califica que tras 25 años de trabajo, un futuro pensionado, en el peor de los casos al ganar dos minisalarios promedio durante su etapa laboral, tendrá 135 mil 811 pesos al retirarse, o dicho en otras palabras, recibiría un pago mensual entre mil 392 pesos y mil 163, de acuerdo a la administradora; pero no debe vivir más de 15 años.

Por supuesto que contrasta las míseras ganancias de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con las utilidades de las Afores, cerca de los tres mil millones de pesos anuales, en este sistema ideado durante la administración de Ernesto Zedillo y que ya rebasó la década de operación.

Las proyecciones de Cardiel Hurtado se basaron en tres administradoras representativas que al momento del estudio otorgaban los siguientes rendimientos: Inbursa Básica, con 4.15%; Profuturo, 2.42%; y Santander, 1.58%. A octubre de 2008 los rendimientos no han subido más del 2%, por lo cual no habría mucha variación. Luego definió, de acuerdo a datos oficiales, el porcentaje de los salarios mínimos entre la clase trabajadora, tomando de base dos, seis y 16. Así, refiere el reportaje, tras 25 años de vida laboral, los trabajadores mexicanos con ingresos menores a dos minisalarios, obtendrían 135 mil 811 pesos de estar afiliado a Santander, 150 mil 065 en Profuturo, y 186 mil 348 pesos en Inbursa, que deberán administrar raquíticamente, menos de mil 500 pesos al mes para un periodo de 15 años.

Para quienes ganan seis salarios mínimos, con Santander recibiría 326 mil 681 pesos, con Profuturo 360 mil 969, y con Inbursa 448 mil 243 pesos, lo cual representa que estarían en posibilidad de tener un promedio mensual durante 15 años posteriores al retiro, entre 2 mil 978 pesos y 3 mil 349.

Los más beneficiados, que ganaron un promedio de 16 salarios mínimos, con Santander recibirían 803 mil 857 pesos, con Profuturo 888 mil 227, y con Inbursa Básica un millón 102 mil 980 pesos. Como promedio durante 15 años, les tocaría de 6 mil 886 pesos a 8 mil 241 pesos mensuales, según la afore.

Pero si los que recién se pensionen quieren obtener el pago correspondiente a los minisalarios en su trabajo activo, en el caso de los de dos, con su aportación vía afore, sólo estarían en posibilidad de recibirlo por un lapso de 24 meses (Santander), 27 con Profuturo, y 44 si escogieron a Inbursa. Luego ya no tendrían nada.

En el caso de los de seis salarios mínimos, 17, 21 y 27 meses, de acuerdo al orden de las administradoras, mientras los de 16 mini percepciones, 17, 19 y 25 meses, respectivamente, para obtener su sueldo real de cuando eran empleados. Y después, nada porque se pulverizaría, o sea ni dos años vivirían con su mismo nivel de vida laboral.

Entonces, esas administradoras, señala el texto de la Revista Fortuna, deben ofrecer una tasa de rendimiento de al menos 8.85% a aquellos que ganan dos salarios mínimos; 9.76% a los de seis, y 10.09% a los de 16, situación complicada debido a la ineficacia del gobierno federal por regularlas, aunado al sistema económico que tampoco permite un crecimiento sostenido y real.

En el estudio, Cardiel Hurtado asienta que “a la luz de los resultados se podría pensar que el incremento requerido en la tasa para poder ofrecer una pensión equivalente al último salario devengado por el trabajador al pensionarse, no es tan significativo; pero recordemos que la tasa que estamos empleando es tasa real, es decir, después de comisiones y descontando inflación.

“Si consideramos, por ejemplo, una inflación de 3 por ciento y comisiones promedio de 2 por ciento, las tasas nominales necesarias se elevarían en ese 5 por ciento, quedando en 13.5, 14.76 y 15.09 por ciento, valores difíciles de concebir en el entorno financiero actual, cuando los Cetes se encuentran en valores cercanos al 7 por ciento”, refiere en relación a las tres administradoras utilizadas en su investigación.

Agrega: “La Consar les ha permitido mantener comisiones excesivamente altas, además de que ha tolerado que cobren prácticamente por cualquier concepto: por moverse de una afore a otra o por pedir un estado de cuenta. La regulación es totalmente laxa. No hay muchos candados. Y tenemos que desde su creación y hasta 2005 las Administradoras habían obtenido utilidades por más de 24 mil millones de pesos”, se cita el estudio de Jorge Cardiel.

Y recrimina los altos intereses de estas empresas, las únicas que ganan con el nuevo sistema de ahorro a una década de su surgimiento. “Tienen utilidades que en ningún otro país se les permite. Es correcto que cobren por el servicio que prestan; pero la autoridad debe normar sus ganancias”.

Todavía más, advierte que con este Sistema de Ahorro para el Retiro, no se resolverá el problema de las pensiones en nuestro país, y al contrario, se estaría abonando a una crisis de proporciones “aún mayores” que la de 1994-95, pues correspondería al Estado Mexicano garantizar una pensión equivalente a un salario mínimo, con recursos públicos porque el pago de las afores sería insuficiente.

Entre el gobierno y las compañías deben aumentar los rendimientos para el trabajador, “pues a él ya se le pidió mucho, ya se le exigió que se ampliaran los años de trabajo y aceptó. Qué más puede dar que no sea más trabajo y años de actividad. De no hacer algo, el tamaño de la crisis será enorme; los pasivos de las pensiones ya significan 1.5 veces el Producto Interno Bruto. No sé de dónde va a salir para pagarlas”, sostiene el especialista de la UNAM al periodista Zósimo Camacho.

Se suma la situación demográfica en México, porque a partir del año 2015 habrá la mayor cantidad de personas demandando su jubilación y pensión en la historia del país, así como el aumento en el número de años-vida, que pasaría de alrededor de ocho años después del retiro, hace décadas, a un promedio de 15 a 25 años más, con la problemática ya expuesta líneas arriba.

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Diez meses de gobierno de Godoy y sus funcionarios en la SEE mantienen sistema educativo de bajo nivel

El mandatario, sin cumplir promesa de campaña a Sección XVIII; prevaleció pago de favores políticos

Leonel Godoy, entonces candidato a gobernador,

 en la reunión de promesas con Artemio Ortiz y el CES

Cuando ya fenecía su campaña proselitista en busca de la gubernatura de Michoacán, Leonel Godoy Rangel se reunió con integrantes del Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XVIII del SNTE en las propias instalaciones sindicales. Ahí, el que sería próximo gobernador habló de la posibilidad de crear 400 nuevas Escuelas Integrales de Educación Básica (EIEB), proyecto educativo alterno del gremio, así como caminar junto al magisterio democrático en el saneamiento administrativo de la dependencia del ramo, y en la aplicación del conjunto de medidas en el sector construidas desde las bases magisteriales.

Para ello, el magisterio dirigido por Artemio Ortiz Hurtado inició un proceso de consulta y socialización de su planteamiento, a partir del XXXIV Pleno Seccional realizado el 14 de diciembre de 2007, plasmado en enero del presente año como Programa para la Transformación Educativa Democrática, y entregado al equipo de campaña del ya gobernador electo Godoy Rangel. De manera paralela, se le presentó la propuesta de Mirabel Mejía Rodríguez a hacerse cargo de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), como se había comprometido con el perredista a fin de analizarla.

En dicho plan, de manera general se planteó la idea del reordenamiento educativo, terminando con la aplicación excesiva de recursos económicos hacia los “aviadores” dentro de la dependencia, y destinar ese ahorro financiero a mejorar las condiciones de escuelas, desde construcción o remodelación, según su caso, hasta lograr la gratuidad en el nivel básico. 

Igual expusieron la cancelación de la política educativa federal (Escuelas de Calidad, Enciclomedia, Reforma a la Educación Secundaria, y evaluaciones Excale, Pisa, Enlace, entre muchos programas), e implantar las EIEB, el proyecto alternativo de Lecto-Escritura, de Alfabetización Popular, Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte, y Desayunos Escolares.

Así como la democratización del sistema educativo, donde llegaran a la SEE maestros con preparación y merecimientos, elegidos por su correspondiente nivel o sistema.

Previamente, cuando aún seguía su recorrido para ganar el voto de los michoacanos, Leonel Godoy sostuvo varios encuentros con la dirigencia magisterial democrática. A final de cuentas, la Sección XVIII, la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM), y la Asociación de Trabajadores de Michoacán (ATEM), tras múltiples reuniones acordaron participar, en lo individual, en el proceso electoral local que tendría su punto climático el 11 de noviembre de 2007 con la votación, pero para impedir el arribo de la ultraderecha al gobierno estatal en la figura del aliado de Elba Esther Gordillo Morales, el panista Salvador López Orduña, por los previsibles peligros de un ejecutivo de tales características.

Incluso se integraron equipos de “cazampaches” en toda la geografía michoacana con el propósito de impedir un eventual fraude electoral como el que la autonombrada presidenta nacional del SNTE impulsó en Baja California Norte meses antes, el 5 de agosto de aquel año, cuando el día de la elección en un hotel de la capital del estado “descubrieron” a decenas de operadores gordillistas que participaron como carnada, y de esa manera no se actuara contra quienes ya estaban “trabajando” en las casillas electorales a favor del panista José Guadalupe Osuna Millán, a la postre gobernador de la entidad, con el respaldo abierto de la Gordillo. 

Se detectaron hasta seis mil afines a la cacique del SNTE en Michoacán durante la jornada comicial en Michoacán, provenientes de estados como Nuevo León, Jalisco y México, y alrededor de cuatro mil en día de la elección, quienes prácticamente nada pudieron hacer, salvo cobrar su remuneración por llevar votos a López Orduña y al Partido Nueva Alianza (Panal), quedándole mal a su jefa Gordillo Morales (Michoacano No. 41). 

Salvador López Orduña, en plena campaña, 

junto a Mónica Arriola Gordillo, hija de la “maestra”

Incluso el 11 de noviembre, cuando emitía su sufragio Salvador López, se vio afuera de la misma casilla a la responsable de Finanzas del CEN del SNTE, Sanjuana Cerda Franco, y durante la campaña a la hija de la “maestra”, Mónica Arriola Gordillo, diputada federal del Panal, quien vino a finales de agosto de 2007 a expresar su total apoyo al aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador.

Finalmente, ganó la gubernatura Leonel Godoy con apenas cinco puntos porcentuales de ventaja sobre el panista-panalista López Orduña, y muchos reconocieron el aporte del magisterio mayoritario para desarticular el fraude gordillista, incluso comentaristas de medios de comunicación contrarios a la Sección XVIII.

Aún así, Elba Esther Gordillo logró que su Panal alcanzara una diputación local producto de su alianza con el PAN, la cual recayó en el dirigente de la Sección 18 avalado por la presidenta nacional sentista, Juan Manuel Macedo Negrete, quien llegó por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña.

Tras la victoria del perredista creció la expectativa entre los trabajadores de la educación que en Michoacán cambiaría la forma como se venía manejando el sector, máxime cuando la misma noche del 11 de noviembre Godoy Rangel se comprometió a gobernar con el pueblo.

Así se llegó al XXXIV Pleno Seccional del 14 de diciembre siguiente, a dos meses de la toma de protesta del mandatario electo. En ese evento, que aglutina a las delegaciones sindicales y de centros de trabajo, al igual que miembros del CES, se presentaron los ex secretarios generales del magisterio michoacano Raúl Morón Orozco (1995-1998), Juan Pérez Medina (1998-2002) y Sergio Espinal García (2002-2005), quienes junto con el actual Artemio Ortiz, comprometieron luchar por la unidad sindical, el cacicazgo gordillista, y las políticas neoliberales en educación y en general, seguidas desde la federación.

Se declaró en receso el pleno, con la encomienda de integrar su proyecto educativo alterno a presentar a Leonel Godoy, así como su propuesta de la persona para ocupar la secretaría estatal del ramo. Hubo discusiones en las 22 regiones sindicales, y en algunas, donde había presencia de Pérez Medina y Morón Orozco, comenzaron a surgir disensos, auspiciados por los ex líderes sindicales, pues luego salieron anuncios donde trabajadores de la educación de esas zonas se deslindaron y respaldaron el acuerdo del pleno magisterial.

Casi paralelamente otros sindicalizados, adheridos a la Alianza por la Unidad Democrática (AUD), corriente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) liderada por Raúl Morón, se encontraba en el equipo de transición del próximo ejecutivo, para elaborar el proyecto de gobierno, en el área educativa.

Entrando el 2008, mientras la Sección XVIII seguía su lucha por abrogar la Ley del ISSSTE, se llegó al momento de aprobar el Programa para la Transformación Educativa Democrática, y a la propuesta para fungir como titular de la SEE que, por decisión de la mayoría de sindicalizados, se eligió a Mirabel Mejía, parte de la Comisión de Educación y Cultura del CES, con el rechazo de algunos trabajadores de la educación de regiones del oriente y occidente michoacanos, quienes apoyaban a Juan Pérez, cuyos afines y él mismo ya se encontraban posicionados con Godoy a la espera de las designaciones del gabinete.

Y es que varias posiciones veían que con el perfil de Pérez Medina se terminaría la postura crítica y la lucha nacional del sindicato contra la línea neoliberal oficial, por lo que se mantuvo a la elegida para presentarla al equipo godoyista como una alternativa, pues la decisión final correspondería al propio gobernador.

Llegó el 14 de febrero de 2008, día previo a la toma de posesión, y para sorpresa de muchos Leonel Godoy escogió a Aída Sagrero Hernández como secretaria de educación, quien tenía pocos meses de haber regresado a dar clases de preescolar en Morelia, y militante de la AUD, o sea del equipo de Juan Pérez, que a la postre se convirtió en asesor, y de Raúl Morón, quien por cierto era flamante diputado local del PRD por segunda ocasión en seis años; ambas por la vía plurinominal. Era ya parte del gabinete “de bajo perfil”, como lo definiera el propio ejecutivo michoacano.

Artemio Ortiz Hurtado, molesto, horas después del nombramiento anunció que la Sección XVIII desconocía a Sagrero, por lo tanto no la verían como interlocutora, aunque continuarían luchando por implementar su programa educativo alterno al neoliberal. 

También calificó que la designación era como pago político a la AUD, corriente perredista que en los dos anteriores procesos internos de ese instituto político presentara a su líder Raúl Morón como aspirante a gobernador para a final de cuentas declinar, en 2001 por Lázaro Cárdenas Batel, en 2007 a favor de Leonel Godoy. Las dos veces fue bien recompensado al ofrecerle la diputación local segura, vía representación proporcional, sin necesidad de hacer campaña. 

Entonces, el secretario general del magisterio michoacano auguró un panorama complicado para la educación en el estado, y una confrontación permanente con las autoridades si continuaban aplicando la línea educativa neoliberal, porque después Sagrero Hernández y Juan Pérez anunciaron un plan de 21 puntos para el sistema educativo que no tomaba en consideración el programa presentado un mes antes al gobernador electo.

Por lo tanto, la promesa de Godoy Rangel de incrementar el número de Escuelas Integrales no se cumple aún, pues se mantienen funcionando las 19 que había el año pasado, y en la minuta de 2008 se acordó un presupuesto de 25 millones de pesos, el cual todavía falta de liberarse.

Inician los ataques desde la SEE

El nuevo gobierno comenzó labores el 15 de febrero último, y en esta ocasión debido a la reforma electoral estatal sólo funcionará hasta el 2012, es decir cuatro años en lugar de los seis tradicionales, para empatar las elecciones locales con las federales. A los dos días, la flamante secretaria de educación anunció su plan inicial compuesto de 21 acciones, y los primeros meses en cuanta declaración daba a periodistas se asumía militante del magisterio democrático, y calificaba como “mi secretario general al maestro Artemio”.

Sin embargo, la Sección XVIII mantuvo el desconocimiento al equipo de la SEE, que mientras su titular declaraba ser parte de la misma, por otro lado trataba de llevar a militantes del gremio a su equipo, ofreciendo sueldos altos, con el propósito de desmantelar al magisterio mayoritario.

Mientras tanto, los trabajadores de la educación dirigidos por Ortiz Hurtado seguían su participación en la jornada nacional de lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE, y contra las reformas estructurales. Así, el 6 de marzo anterior tuvo lugar el primer paro cívico a nivel país, que en Michoacán significó suspensión de clases por 24 horas, y una magna manifestación en la capital.

Previo a la marcha se dejó ver la línea que llevaría contra el movimiento Aída Sagrero y su asesor Juan Pérez. El 5 de marzo en el periódico de mayor circulación del estado, La Voz de Michoacán, salieron inserciones pagadas en apoyo a la impugnada secretaria; uno de ellos a nombre de los CENDIS de Morelia número 1, 4, 7 y 8, al igual que los de Puruándiro, Sahuayo, Ciudad Hidalgo, y Apatzingán, quienes además de expresar su rechazo a las reformas estructurales, a la privatización de Pemex y por la abrogación de la Ley del ISSSTE, dieron el espaldarazo “a nuestra compañera Licenciada en Educación Preescolar, Aída Sagrero Hernández, Secretaria de Educación en el Estado”.

De la Región de La Huacana en la misma edición y periódico, publicaron que después de “una exhaustiva consulta de base la gran mayoría de las delegaciones, C.T.”, decidieron darle su voto de confianza a la funcionaria nombrada por Godoy Rangel en la SEE.

Incluso apareció en el citado diario y fecha un desplegado pagado por “el gobierno municipal de Sahuayo”, cuyo alcalde Alejandro Amezcua participó en las elecciones bajo la coalición PRI, Verde Ecologista, y el partido de Elba Esther Gordillo, el Panal. En el texto felicitó “cordialmente a la C.L.E. Aída Sagrero Hernández”, y le agradeció “el apoyo brindado y especial interés a las gestiones de nuestro gobierno municipal”. Dicho municipio pertenece a la región magisterial de la Ciénega de Chapala, zona a la cual pertenece Juan Pérez.

El día de la marcha, en las páginas de La Voz, los CETIS y CBTIS en el estado felicitaron a Sagrero y a la vez le desearon “el mayor de los éxitos en su responsabilidad en beneficio de la Educación en Michoacán”.    

Pero después sindicalizados de esas regiones y niveles se desligaron de tales desplegados y ratificaron su respaldo a Artemio Ortiz.

La entrega del pliego petitorio anual de la Sección XVIII se hizo el 10 de abril en Casa de Gobierno, enmarcada en el segundo paro cívico nacional de 48 horas (10 y 11 de abril). Lo recibieron Fidel Calderón Torreblanca y Humberto Suárez López, secretarios de Gobierno, y de Administración y Finanzas, respectivamente, con el compromiso de analizarlo, dar las respuestas que a ellos les tocaran y en su caso canalizar los recursos económicos correspondientes.

Para entonces ya habían tomado las oficinas centrales de la SEE, que entregaron por esos días, aprovechando Sagrero y equipo en sacar documentación relativa a los principales dirigentes magisteriales, pues desde el 15 de febrero cuando asumió el cargo, prácticamente no había despachado en sus oficinas ante el plantón de descontento, primero de integrantes de la DIII-6 institucional, luego de los democráticos. En mayo éstos últimos volvieron a posesionarse del inmueble, pues la campaña en su contra arreciaba.

En tanto, las negociaciones gremiales y gestoría se llevaban con el titular de Gobierno, y el subsecretario de Educación Vladimir Arreola. Otros funcionarios como el delegado administrativo de la SEE, Noé González Gómez, nombrado directamente por el gobernador Godoy Rangel, propietario de la escuela privada Instituto Montrer de Morelia, liberaba recursos de la dependencia a personal pagado ex profeso para atacar a miembros del magisterio mayoritario en las regiones de la entidad, 20 mil pesos mensuales sólo de compensación, y fue fuerte la demanda de renuncia de éste, Sagrero Hernández, Juan Pérez, Rogelio Sosa Pulido, y el grupo compacto de la secretaria.

Igual, un grupo de integrantes del CES se dejaba ver en apoyo de Sagrero Hernández y descalificaba las acciones sindicales, entre ellas la toma al inmueble central de Secretaría de Educación en el Estado, y filtraba información interna a medios de comunicación locales. El XXXV Pleno Seccional del 7 de abril acordó, entonces, suspender los derechos de los atacantes, principalmente los secretarios de Organización de los sectores de Morelia, Miguel Ángel Fisher Oseguera, y Miguel Ángel Gil Ruiz, por decidir respaldar a la parte patronal y no a los trabajadores.  

El hostigamiento hacia la Sección XVIII estaba en su auge, dirigido principalmente a Artemio Ortiz que en el vehículo que utiliza para traslados al interior del estado y el país sufrió una avería en plena carretera. Después del peritaje se descubrió la posibilidad de un sabotaje, pues la falla mecánica de la camioneta pudo operarse desde la misma compañía del automotor.

Otro suceso ocurrió el 16 de mayo cuando personas no identificadas abrieron el mismo automóvil para sustraer documentos internos cuando el líder sindical se encontraba en reunión con funcionarios para tratar el asunto del pliego magisterial. Eso fue en pleno día y en el estacionamiento de Sanborns en Morelia, donde fue citado Ortiz, quien además denunció llamadas intimidatorias a su teléfono celular y seguimiento de automovilistas.

Pero antes, el 1 de mayo, como parte del tercer paro cívico nacional, en otra megamarcha, apoyada por sindicatos de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), se mostró que no había disminuido la presencia de los democráticos pese a la campaña de desprestigio y hostigamiento, la cual se agudizó con las declaraciones de quienes fueron expulsados del movimiento.

Desde el 19 de mayo, día que arrancó el paro de labores indefinido en la Sección XVIII, los expulsados de las regiones de Morelia, Puruándiro, Ciénega de Chapala, entre otras, encabezados por Fisher Oseguera y Gil Ruiz, iniciaron conferencias de prensa semanales autodesignándose como “Poder de Base”, para denostar a Artemio Ortiz, acusándolo incluso de desvío de recursos del sindicato, como 25 millones de pesos de los amparos contra la Ley del ISSSTE pues, argumentaron, cada sindicalizado aportó 25 pesos y a nivel país sumaron un millón, situación después aclarada por el aludido, ya que el depósito se hizo a nombre de la Unión de Juristas de México (UJM), instancia encargada del trámite del recurso legal. También calificaron como “capricho” la toma del edificio principal de la SEE, y la solicitud de renuncia de Sagrero y su equipo, por ser una decisión no estaba consensada.

Todavía se definían como parte de la Sección XVIII y hasta amenazaban con desconocer al comité seccional encabezado por Ortiz Hurtado, exigiendo una auditoría para clarificar las demandas, al tiempo de rechazar que estuvieran financiados por la SEE, la Alianza por la Unidad Democrática o su líder Raúl Morón Orozco.

Convocaron a una marcha el 20 de junio para demandar al gobierno michoacano la liberación de la sede de la SEE, tomada por los democráticos, pues ya no se justificaba tras la firma de la minuta de acuerdos el 7 del mismo mes.

Juan Manuel Villalpando Zorrilla, otro de los voceros del después bautizado “Movimiento de Bases”, estimó en la reunión previa con reporteros, que acudirían diez mil trabajadores de la educación inconformes con Ortiz y pedirían instalar una mesa de negociación con autoridades estatales. Sin embargo, el día de la anunciada marcha, que partió de Casa de Gobierno, el grueso del contingente, no mayor a mil personas, provenía de la corriente perredista AUD, encabezado por el diputado Morón Orozco, uno de los dos oradores en el mitin que desarrollaron en la Plaza Valladolid.

No mencionaron -además de Morón el otro orador fue el también legislador Heriberto Lugo Contreras- para nada el asunto planteado por los disidentes, sino se fueron por el lado de solicitar al gobierno estatal solución a demandas de agremiados a la AUD, y a favor de la consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador sobre el destino del petróleo mexicano. Se vio a pocos trabajadores de la educación, y a gente del Frente Amplio de Izquierda Social (FAIS), organismo formado durante la campaña de Leonel Godoy para respaldar su candidatura.    

A unas cuadras, la Sección XVIII llevó a cabo su asamblea informativa acerca de la Ley del ISSSTE, con la presencia del presidente de la UJM Eduardo Miranda Esquivel. Y más tarde, un grupo acudió al lugar del mitin a constatar el poco poder de convocatoria de los expulsados, a quienes no les quedó más remedio que reconocer su liga a la alianza partidista de Morón Orozco y Juan Pérez, por ende del equipo de secretaría de educación; se auguraba un enfrentamiento al encontrarse ambas partes, pero sólo quedó en agresiones verbales.

La misma línea neoliberal

Semanas atrás, el 15 de mayo, la autonombrada presidenta nacional indefinida del SNTE, Elba Esther Gordillo, firmó con Felipe Calderón Hinojosa la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que desarticula la educación gratuita e integral en los alumnos, y a los maestros les retiraba logros laborales consagrados en la constitución, además de significar prácticamente la desaparición de las escuelas Normales.

La impugnada Aída Sagrero firmando el acuerdo de 

“alta calidad educativa” en Michoacán, 

previo al arranque del actual ciclo lectivo

Aún cuando el propio gobernador aseguró que no se firmaría ese convenio en Michoacán, la Sección XVIII detectó que Aída Sagrero y Juan Pérez encabezaban constantemente reuniones con directivos para aplicar medidas educativas federales como Enciclomedia, Escuelas de Calidad, Escuela Segura, que antes durante su militancia en el magisterio democrático repudiaban.

Es más, el pasado 2 de julio en el Hotel “Howard Jhonson” de Morelia, la impugnada secretaria del ramo tenía un encuentro con representantes del nivel de preescolar para hablar de la ACE. Fue descubierto y acudieron maestros para boicotear el evento, y la funcionaria debió salir escoltada por policías estatales ante el rechazo sindical.

Pese a lo anterior, siguió rechazando la aplicación de la ACE en nuestra entidad aunque el 11 de agosto, una semana antes del arranque del ciclo escolar hoy vigente, firmó en Casa de Gobierno con el ejecutivo estatal y algunos alcaldes el llamado Acuerdo Educativo por el Derecho Social de las Michoacanas y los Michoacanos a la Educación Pública de Alta Calidad, a través del cual se delega precisamente en los municipios, parte de la tarea educativa.

Entre sus objetivos se marca “ampliar la infraestructura educativa y el equipo escolar y garantizar su mantenimiento mediante la participación de la sociedad, el gobierno estatal y municipal”. Igual establece superar los conflictos magisteriales “convocando a la definición de su representación por métodos democráticos, en estricto respeto a la autonomía sindical”.

Precisamente una de las acusaciones que lanza Artemio Ortiz es que desde la SEE, y la Alianza por la Unidad Democrática, vía los “esquiroles” agrupados en “Movimiento de Bases”, pretenden apoderarse de la Sección XVIII para acabar con las acciones sindicales en el estado y a nivel país, contra las políticas neoliberales, agregada ahora la no aplicación de la ACE, y la relación con autoridades michoacanas sea tersa, sin dificultades.

La Asamblea Estatal Representativa del 29 de noviembre anterior, donde están presentes todas las regiones sindicales, acordó prorrogar el periodo del CES encabezado por Ortiz, hasta el 2009, ya sea previo a la jornada de lucha de mayo, o después de las elecciones federales de julio; vencía originalmente el pasado 2 de diciembre. En tanto, los expulsados anunciaron que pugnarán por la renovación al contar con “40 mil” trabajadores de la educación.

Sin embargo, el propio secretario general del magisterio mayoritario, y se ha reflejado en espacios de discusión interna, estableció que no participarán en el V Congreso Seccional de Bases quienes se fueron al lado de la parte patronal, y obedecen a esos intereses. Además, será la militancia la que defina los tiempos y procedimientos del recambio.

Hoy la lucha magisterial en Michoacán se mantiene con respaldo al plantón en inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la ciudad de México, desde el 8 de octubre último; y otro similar en la sede central de la SEE en Morelia, instalado a partir del 22 de octubre, así como el 12 de noviembre el Campamento Estatal Pedagógico en la Plaza “Benito Juárez” de la capital estatal.

 El pasado 14 de octubre maestros democráticos

 detectaron faltante de material escolar en la bodega de la SEE, 

saqueado por los pseudofuncionarios de la dependencia. 

En la foto, recorriendo esas instalaciones

También registran actividades permanentes en las últimas semanas como visitas al  Congreso del Estado, a bancos y centros comerciales, tomas de casetas de cobro, bloqueos al puerto industrial michoacano de Lázaro Cárdenas (7 de noviembre y 10 de diciembre) en la lucha constante contra la ACE, abrogación de la Ley del ISSSTE, respuesta a compromisos minutados este año y los dos anteriores, así como la renuncia de los funcionarios de la SEE por el mal causado al sistema educativo estatal.

La misma Aída Sagrero, sin aparentemente consultar al gobernador, pues a los tres días la desmintió, anunció el 17 de noviembre pasado que rompía relaciones con la Sección XVIII, y acusaría a Ortiz Hurtado por “usurpación de funciones”. El aludido dijo mantenerse sin cuidado de esas declaraciones; “no podemos romper con quien no hemos tenido ninguna relación, ni la tendremos jamás”, apuntó y reiteró la solicitud sindical de renuncia de los “pseudofuncionarios” de la SEE. 

A los pocos días fue obligado a dejar la delegación administrativa Noé González, quien ya había presentado, vía su hijo, denuncia penal contra integrantes del CES cuando fueron a desalojar a personal de la dependencia educativa que laboraba de manera alterna en su escuela particular (Instituto Montrer), sin registrarse hechos violentos. Se registraron 29 denuncias a maestros, incluido Ortiz Hurtado, en las primeras semanas de noviembre.

El 20 de noviembre, en reunión con el gobernador Godoy Rangel, los sindicalizados presentaron nuevas demandas, añadidas a la minuta cuando los impugnados funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado trataron de agenciarse los logros alcanzados por la lucha magisterial, y de paso aprovechar políticamente la situación, como lo hicieron al entregar unos tres mil paquetes de material escolar y de trabajo (zapatos y uniformes escolares, bancas, computadoras) de las bodegas de la SEE, minutados con la Sección XVIII, a gobiernos municipales afines a su expresión la Alianza por la Unidad Democrática, de cara a las elecciones federales de 2009. 

Los democráticos descubrieron el saqueo el pasado 14 de octubre cuando ingresaron a esas instalaciones y vieron el faltante; desde entonces mantienen guardia ahí y entregan los materiales comprometidos con ellos, algunos desde el gobierno anterior, por medio de vales a fin de llevar un control.

Este lunes 15 se cumplen diez meses de la administración estatal sin que en el rubro educativo haya un cambio como lo vislumbrará el magisterio democrático cuando el entonces candidato más fuerte a ocupar la gubernatura, el perredista Leonel Godoy Rangel visitara a miembros del CES y les prometiera caminar juntos en busca del desarrollo de este sector. Ya como ejecutivo no ha cumplido y el tiempo transcurre.

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Fracasa Operación Conjunta Michoacán a 2 años; el atentado en Morelia, ejemplo de su ineficacia

Una queja ante la CEDH por abusos militares cada dos días, en promedio

Felipe Calderón inició su cuestionada gestión rodeado de la milicia,

 y así continúa a través de sus operativos conjuntos

El pasado 11 de diciembre se cumplieron dos años de la Operación Conjunta Michoacán, orquestada por el impugnado presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde el saldo a la fecha es trágico, sobre todo por el atentado contra civiles el 15 de septiembre último en la plaza principal de Morelia, donde perdieron la vida ocho personas y más de 130 resultaron heridas. Se suman arriba de 300 quejas contra elementos del Ejército en territorio estatal, una cada dos días en promedio, incluidas violaciones sexuales, tortura y homicidios a gente indefensa.

Para el integrante del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) de Michoacán, Antonio García Ahumada, y el politólogo Eduardo Nava Hernández, quienes coincidieron en la mesa redonda “Dos años de la Operación Conjunta Michoacán, la represión y los atentados del 15 de septiembre”, el miércoles 10 en el Colegio de San Nicolás, ese proyecto ha fracasado aunque a raíz de los dos granadazos en el centro histórico moreliano, la situación tomó otro cariz.

Nava Hernández se cuestionó la aparente tranquilidad en cuanto a ejecuciones en tierras michoacanas después de ese lamentable suceso, aún sin aclarar pese a la detención y consignación de tres hombres supuestamente pertenecientes al grupo delincuencial Los Zetas, y especuló con versiones ya difundidas de que las autoridades estatales habrían negociado con otra expresión del narcotráfico una especie de tregua, en este caso La Familia Michoacana, lo cual de resultar cierto significaría el reconocimiento del fracaso del operativo militar y policiaco calderonista.

García Ahumada, a su vez, llamó a las organizaciones sociales del estado a coordinarse frente a la represión mayor previsible, cuyos indicios se observaron el pasado 27 de noviembre cuando normalistas rurales fueron golpeados y 139 de ellos detenidos, 130 mujeres, durante una movilización pacífica en las cercanías de Morelia, donde el propósito de fondo es desaparecer ese tipo de instituciones educativas. Además de los exhortos, cada vez más frecuentes, de sectores empresariales y de la ultraderecha en Michoacán, para prácticamente reprimir cualquier intento de movilización.

Otro factor reciente que colocó para generar desde el gobierno las condiciones de aumento a la represión, es la detención de dos dirigentes del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, mostrando la intromisión gubernamental en los gremios que pudieran considerar peligrosos a los intereses capitalistas.

“Esto está relacionado con una de las exigencias de los patrones, de que es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo; en Michoacán se ve cuando la patronal de Texas ligada a la Kansas City Southern, pide al gobierno que le dé la Isla de la Palma, y también vemos cómo el gobernador del estado, a raíz del 15 de septiembre se planteó un discurso de vuelta a la normalidad, se supone que hoy ya estamos en la normalidad, como antes del 15 de septiembre, y esto obedece a una presión de los patrones, muy interesados en explotar el turismo en Morelia, que han venido usufructuando todo el centro histórico con hoteles, restaurantes, y que paradójicamente son los que más han alentado en Michoacán esas políticas de represión”, sostuvo.

Y en este sentido, ubicó la iniciativa presentada en octubre anterior por el Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara local de diputados, para reglamentar las manifestaciones, con una serie de candados que impedirían las marchas como las del magisterio democrático, uno de los movimientos más reprendidos por el oficialismo. 

Sinónimo de abusos

Felipe Calderón implementó la Operación Conjunta Michoacán cuando tenía apenas 11 días en la presidencia, a la cual llegó en medio de la sospecha de un fraude electoral al sólo alcanzar medio punto porcentual de votos arriba del perredista Andrés Manuel López Obrador, y en una toma de protesta accidentada, rodeada de policías y militares. Ése sería su sello.

La primera actividad oficial que tuvo fue acudir al Campo Marte a anunciar un aumento del 50% al sueldo de los soldados, y en la operación conjunta, que sustituía al México Seguro de su antecesor Vicente Fox Quesada, decidió enviar a su tierra cuatro mil 260 elementos del Ejército, 46 aeronaves, 19 perros y 246 vehículos terrestres de la milicia a combatir el narcotráfico.

Por su parte, la Secretaría de Marina mandó mil 54 efectivos de la infantería, nueve helicópteros, dos aviones con cámara de detección nocturna y cuatro patrullas. La Secretaría de Seguridad Pública, mil 400 policías, investigadores y ministerios públicos, para instalarse en puntos de control, revisión en carreteras, ejecución de órdenes de cateo, labores de inteligencia y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Cerca de siete mil personas preparadas para desmantelar al narcotráfico.

En el estado natal de Calderón Hinojosa, donde ciertamente existe presencia de los cárteles del Golfo, Sinaloa, del Milenio, principalmente, habían tenido más de mil 500 ejecuciones entre 2005 y 2006, y entre diciembre de 2006 y el 2007, casi tres mil asesinatos, la mayoría achacados a la guerra entre bandas del narco. Así como una fuerte penetración en las autoridades municipales.  

A ese factor, resaltó Eduardo Nava, el titular de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván fue encargado de la XXI Zona Militar de Morelia durante el sexenio de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002), y al momento de ponerse en marcha gobernaba el militante activo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Lázaro Cárdenas Batel, instituto político que emprendía la resistencia al fraude electoral donde autoridades electorales le dieron el triunfo al panista Calderón.

“El despliegue militar y policiaco colocaría al gobierno perredista en una posición de subordinación ante la militarizada presidencia de la República y se constituiría también en un factor de disuasión de la protesta social; pero además, la movilización militar contra la delincuencia parece haber sido el recurso más a la mano del cuestionado gobierno para rodearse de alguna legitimidad ante amplios sectores de la población que veían con escepticismo su proclamado triunfo electoral”, apuntó el también articulista del diario Cambio de Michoacán.

  Iniciando el 2007, Felipe Calderón acudió una vez más ante los militares, ahora en el destacamento de la XLIII Zona Militar de Apatzingán, Michoacán, donde vestido de casaca militar dio un mensaje de apoyo a los soldados. Ya había decomisos de enervantes, pero ningún detenido de peso completo ni alguna fractura financiera dentro de la estructura del narcotráfico. Más tarde empezarían las denuncias de abusos de los castrenses.

En mayo del año pasado, un grupo de soldados que indagaba la muerte de compañeros suyos emboscados, acudió a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, y Apatzingán. Sin una investigación profunda, los militares detuvieron y torturaron a cinco personas, allanaron viviendas, violaron a dos menores de edad y a otras dos las abusaron sexualmente, según las recomendaciones 38 y 39 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante el 2007 se presentaron en total 126 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra elementos del Ejército por vejaciones, tortura, cateos domiciliarios sin las órdenes correspondientes, y violaciones sexuales, principalmente. Faltaba lo peor.

Ya en el segundo año del operativo calderonista, el 11 de enero de este 2008, fue asesinado por militares el estudiante del Colegio de Bachilleres de Huetamo, Víctor Alfonso de la Paz Ortega, de 17 años de edad. Esa fecha, cerca de las siete de la noche, el joven iba acompañado de su amigo Juan Carlos Peñaloza García a bordo de una camioneta marca Ford, conducida por éste último, en el primer cuadro huetamense, cuando elementos en un retén militar les pidieron identificarse pues realizaban un operativo. 

Sin embargo, los tripulantes de la unidad, asustados por la prepotencia de los soldados, siguieron su camino, motivo por el cual uno de los uniformados les marcó el alto con disparos realizados, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a las llantas del vehículo, aunque en un momento dado una bala calibre 7.62 para G3 de uso exclusivo del Ejército, se incrustó en el pulmón de Víctor Alfonso de la Paz, quien instantes después perdiera la vida, mientras los militares golpeaban a Juan Carlos Peñaloza al momento de detenerse. De tales hechos se presentó la queja 2/2008/123/Q, ante la CNDH.

No fue el único caso de muerte a civiles. El 12 de mayo anterior, cerca de las cinco de la tarde frente al Centro de Adiestramiento Básico de Infantería (CABI) de la XXI Zona Militar de Morelia, soldados dispararon desde una camioneta en movimiento a dos menores de edad que se encontraban abasteciendo combustible a un vehículo propiedad de la familia de uno de ellos, situación que a los militares les pareció sospechosa. De ese accidente resultó muerto Iván Calderón, de 16 años de edad, y el otro adolescente, Giovanni Fuerte Hernández, de 17 años, cayó herido por las balas.

El más reciente se reportó el pasado 25 de noviembre en la comunidad La Ruana, cercana a Apatzingán. Ahí fue lesionada con balazo en la cabeza la niña de 12 años Tania Azucena Corona García, quien llevaba comida a sus hermanas a la escuela de la localidad de Tierra Caliente michoacana, pero se cruzó con elementos del Ejército que perseguían a un individuo, presunto delincuente, lanzando disparos de armas de fuego, uno de ellos se incrustó en la humanidad de la menor. Eran las 10:30 de la mañana.

Producto de la herida, fue trasladada primero a un nosocomio de Apatzingán, horas después a uno de Uruapan ante la gravedad, donde se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras la CNDH emitió el 11 de diciembre la recomendación cautelar para que Tania Azucena Corona sea trasladada a un hospital militar a recibir atención médica especializada, con todos los gastos cubiertos por la Defensa Nacional.

Los autores de esos delitos no pueden ser consignados ante autoridades judiciales por pertenecer al régimen militar, ante cuyo tribunal se sujetan, sin conocerse las resoluciones acordadas.

Respecto a otras actuaciones de los milicianos dentro de la Operación Conjunta Michoacán, son frecuentes las denuncias de civiles por allanamientos de morada de forma prepotente, sin ninguna orden ministerial, agresiones físicas, verbales, robo de pertenencias familiares y detenciones.

Por ejemplo, el 7 de febrero del presente año luego de que narcotraficantes arrollaron y mataron a un teniente en la comunidad de Úspero, del municipio de Parácuaro, cientos de soldados en busca de los asesinos catearon varias casas de dicha población, sin la orden respectiva, retuvieron a elementos “sospechosos”, y algunos pobladores denunciaron robo de objetos de sus viviendas.

Un día antes, en Morelia elementos del Ejército prácticamente tomaron por asalto el edificio ubicado en la calle Manantiales número 317, rompiendo puertas, pisos, ventanas, encañonando incluso a mujeres y niños, saqueando 14 domicilios, con el pretexto de detener a presuntos secuestradores, que nunca aparecieron, tras una llamada anónima. Por supuesto que tampoco mostraron orden de cateo.

Incluso los afectados elaboraron un comunicado de prensa, repudiando “las acciones ilegales, fascistas y vandálicas que contra la ciudadanía michoacana ha desatado el Ejército Mexicano con el pretexto de combatir a la llamada delincuencia organizada”. Igual denunciaron la desaparición de joyas, dinero en efectivo, computadoras portátiles, cámaras fotográficas y muebles, presentando la correspondiente denuncia penal y queja ante derechos humanos.

Previamente, el 9 de febrero pasado en la colonia Aviación de la ciudad de Apatzingán, alrededor de 200 elementos del ejército, de acuerdo a los medios de comunicación, realizaron el cateo a un domicilio para capturar a “peligrosos delincuentes”. Sin embargo, no encontraron nada ilícito, aunque sí se llevaron algunas joyas y destrozaron los accesos a la vivienda, ubicada en la calle Sánchez Tapia.

Otra de las quejas presentadas ante la CEDH proviene de Zamora, donde militares ingresaron el 22 de febrero último, sin el documento legal, a una casa en busca de “tiradores” de droga, según una denuncia anónima presentada. No encontraron nada fuera de la ley, pero sí provocaron pánico en dos niñas, de ocho y 14 años de edad, únicas ocupantes al momento del operativo.

Un día después, el 23 de febrero en colonia La Huerta, específicamente en la calle Granada número 77, de la capital michoacana, unos 30 soldados apuntaban a la vivienda, bajo el socorrido pretexto de que había alguien secuestrado, y trataban de irrumpir a la casa. Todavía estaba oscuro, pues eran las seis de la mañana.

De ese operativo detuvieron a Luis Alfonso López Zamora, por presunto secuestrador; robaron celulares, tres mil pesos en efectivo y varias alhajas. Esa misma madrugada fueron aprehendidos en acciones similares y en distintos rumbos de la ciudad Benjamín Mora López, Edgar Eliu Rodríguez Hernández y Víctor Manuel Gutiérrez Barriga, acusados por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, junto con López Zamora, porque de acuerdo a la milicia, les encontraron “un arsenal” en un domicilio de la colonia Valle Quieto. 

Luego de denuncias de familiares y presentar las pruebas pertinentes, obtuvieron su libertad, pues quedó demostrado que eran ajenos a cualquier ilícito.

Ese mes de febrero fue el más violento con las incursiones militares a viviendas, y ya en el primer bimestre del actual año se registraban 51 quejas ante derechos humanos en la entidad. A la fecha, suman 240 las denuncias a soldados, recibidas por la CEDH, la mayoría en Morelia, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro. 54 de esos expedientes fueron presentados por tortura.   

Por lo que en dos años de la Operación Conjunta Michoacán van 366 quejas por violación a derechos humanos de civiles por parte del Ejército Mexicano, lo cual da prácticamente un promedio de una por cada dos días.

Y tampoco se han visto mayores avances en cuanto a la captura de narcos, ni decomisos, “para que la droga no llegue a tus hijos”, como refiere el spot presidencial, menos desmantelar el negocio económico de los cárteles. “El efecto directo de operativos como el aplicado en Michoacán y, más tarde, en otras entidades como Chihuahua ha resultado el inverso de lo esperado”, estimó Nava Hernández.

Achacó esa situación a que sólo se despliegan elementos policiacos y militares, pero sin un plan de inteligencia para alcanzar los objetivos específicos y asestar golpes precisos a las fuentes de poder de los grupos delincuenciales. 

Abundó: “Los pocos golpes espectaculares que se han dado en Michoacán se han debido a la casualidad o a delaciones, más que al trabajo estratégico de las corporaciones del Estado. Casi nada se ha hecho para frenar el tráfico de armas por la frontera norte o para que el gobierno estadounidense tenga más control sobre los doce mil puntos de venta de armas que existen en lugares fronterizos con México, ni para romper los circuitos por los que circula el capital financiero generado por la droga y otras formas ilícitas de enriquecimiento”.

El factor del 15 de septiembre

En ese panorama, sucedió lo que prácticamente nadie imaginaba. La noche del 15 de septiembre pasado durante la ceremonia del “grito” de Independencia en Morelia, se lanzaron dos granadas de fragmentación hacia la población inerme que celebraba las fiestas patrias; una fue aventada desde la plaza Melchor Ocampo, casi enfrente de Palacio de Gobierno; la otra, cuatro cuadras hacia el poniente del inmueble. El saldo: ocho muertos, más de 130 heridos, algunos con amputaciones en piernas.

Once días después fueron presentados Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea como presuntos autores materiales confesos del atentado en la capital michoacana, y dijeron ser miembros de Los Zetas, brazo ejecutor del Cártel del Golfo, en pugna con La Familia Michoacana, que mediante mantas aparecidas en Morelia se culpaban mutuamente de la agresión.

Sin embargo, familiares de los detenidos y ellos mismos, denunciaron ante la CNDH que fueron detenidos en Lázaro Cárdenas, no en Apatzingán como declararon autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y no el 24 de septiembre producto de una llamada anónima, sino en distintas fechas entre el 18 y 23 de ese mes. 

Castro Galeana fue “secuestrado”, de acuerdo a sus familiares, el 18 de septiembre en su propio centro de trabajo, el taller de hojalatería y pintura “González”; Mondragón Mendoza el 21 de septiembre, de su propio domicilio; y Rosas Elicea el día 23, igual de su hogar. Los tres detenidos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, por individuos no identificados, armados y quienes los golpearon. Al día siguiente vino la llamada anónima dando datos precisos del lugar donde estaban, atados, vendados, heridos, y hasta sus señas corporales y apodos. En su presentación en sede de la PGR el 26 del citado mes, se les vio visiblemente golpeados, lo cual despertó suspicacia de la veracidad del informe oficial.

“En la tierra natal de Felipe Calderón, parece haber sido el mensaje, los gobiernos federal y estatal no son capaces de garantizar la seguridad y son los organismos criminales los que imponen su ley. La amenaza al Estado es afectar crecientemente a la población civil si aquel no entra en negociaciones con todos los cárteles como, se dice, lo ha hecho ya con la banda de Joaquín El Chapo Guzmán”, subrayó el politólogo Eduardo Nava.

Ahí quedó la solución al atentado, como obra del grupo de Los Zetas, sin conocerse el móvil y quiénes fueron los autores intelectuales; pero surgió un factor no esperado por los michoacanos, ni la opinión pública nacional, a decir de Eduardo Nava, pues unas semanas después, sin que haya habido más detenciones, ni decomisos o afectación a los grandes capos en la entidad, los niveles de violencia, en auge meses antes, disminuyeron drásticamente. 

Atentado del 15 de septiembre en Morelia 

dio un giro en lucha contra el narco. 

La imagen, veladoras en la plaza Melchor Ocampo 

en recuerdo de los 8 muertos y más de 130 heridos

Y en efecto, los reportes de ejecuciones en nuestra entidad bajaron. Durante noviembre sólo se registraron 22 crímenes achacados al narcotráfico, contra 255 en Chihuahua, 170 en Baja California, y 91 en Sinaloa, cuando Michoacán competía por el liderazgo con dichos estados antes del 15 de septiembre.

Para Nava no hay explicación lógica, máxime cuando el procurador general Eduardo Medina Mora declaró apenas el 8 de diciembre anterior frente a corresponsales extranjeros, que en el presente año, hasta el onceavo mes, los asesinatos debidos al narcotráfico aumentaron en 117% con respecto al 2007, y auguró un incremento los próximos meses.

Como hipótesis más probable, refirió sobre la publicada en la revista Proceso, que teniendo de fuente a un elemento de seguridad nacional reveló la existencia de un pacto entre el gobierno michoacano y La Familia, alcanzado el 18 de septiembre pasado, tres días después de los granadazos, en una casa de seguridad cerca del municipio de Cuitzeo, a fin de entregarles éstos últimos a los “responsables” del artero atentado.

“Y probablemente se acordara también, especulo, establecer canales de comunicación entre ese grupo y el gobierno, y frenar la ola de violencia que venía azotando a Michoacán. Por el momento el estado vive una extraña, virtualmente inexplicable paz, que no sabemos cuánto durará, pero que sospechamos breve, efímera, y que no vimos en los dos años anteriores del Operativo Michoacán. Acaso las granadas del 15 de septiembre hayan logrado que el gobierno federal frenara sus ataques a los grupos delincuenciales y se sentara con ellos a negociar una tregua, ¿por cuánto tiempo?, ¿en qué condiciones? De ser así, se trataría de la admisión por el Estado del total fracaso de la estrategia de fuerza anteriormente utilizada y el reconocimiento de que las bandas han llegado para quedarse como verdaderos poderes fácticos que el Estado no puede ignorar”, concluyó.

Mientras tanto, Antonio García Ahumada, del FNCR del estado, organismo responsable de la mesa redonda “Dos años de la Operación Conjunta Michoacán, la represión y los atentados del 15 de septiembre” del pasado miércoles 10 en el colegio de San Nicolás, se pronunció por evitar que en este territorio se implante el laboratorio represivo de Felipe Calderón como ejemplo a todo el país, y demandó el retiro de los soldados a sus cuarteles, pues además al estar en labores de combate al narcotráfico, combinadas con abusos al pueblo, contraviene lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, el cual establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las destinadas a su disciplina.

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Operativos de soldados en calles llevaría a elección de Estado militarizada

Una nueva elección de Estado, pero ahora militarizada, es la que estaría conformándose para el proceso federal del próximo año, dejó entrever la filósofa y psicóloga Rosario Herrera Guido, quien destacó el temor ciudadano de no hablar sobre los atentados del 15 de septiembre pasado, por lo tanto tampoco hay una propuesta de esclarecimiento total del mismo, donde ocho personas murieron y más de 130 resultaron heridas.

Al participar en la mesa redonda “Dos años de la Operación Conjunta Michoacán, la represión y los atentados del 15 de septiembre” en el Colegio de San Nicolás el 10 de diciembre último, refirió que ante la ilegalidad e ilegitimidad con las cuales arribó Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia del país, debió escudarse en las fuerzas militares para mostrar un falso poder o el poder de la impotencia.

Descalificó la presencia de soldados en labores de combate a la delincuencia cuando constitucionalmente están impedidos para ello, y además, dada su formación en la rígida disciplina militar están totalmente desligados del pueblo, se consideran una casta aparte, por lo que cuando salen de sus cuarteles “parecen chivos en cristalería”, que rompen lo que encuentran.

También al no regirse por las leyes judiciales, sino por el llamado código militar donde se resuelve caso por caso, “andan perdonando todos los asuntos”, lo que representa un peligro ante la impunidad que alcanzan cuando cometen abusos a civiles, como los detectados en Michoacán en el marco de la operación conjunta calderonista a dos años de implantación.

“Ellos (los soldados) actúan con una libertad sin límite, lo cual los hace terriblemente peligrosos, y la propia ciudadanía no quiere saber nada de meterse con ellos ni de hablar siquiera con ellos, y menos combatirlos o criticarlos, porque se trata de una fuerza que finalmente no es del ámbito de la seguridad pública sino del terror en la calle porque su poder es sin límite y su impunidad también lo es. Esta es la parte más riesgosa del carácter con que ellos funcionan”, subrayó en el evento organizado por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) de Michoacán.

Sobre el atentado en Morelia el pasado 15 de septiembre, lo equiparó al ataque al edificio conocido como las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, utilizado por el presidente de Estados Unidos George Walker Bush para lograr el apoyo del congreso y sociedad de su país en la lucha “contra el terrorismo”.

Pero esa estrategia, explicó, ya era usada por el imperio romano hace siglos cuando el gobernante se encontraba debilitado ante el pueblo y habría de buscar un enemigo común con el que juntos pudieran enfrentarlo por el peligro que entrañaba, y aquí Calderón Hinojosa sin el apoyo de buena parte de los mexicanos, primero se refugió con el ejército, después fomentó que éste debería seguir en labores de combate a los delincuentes que asesinaron a personas inocentes.

Calificó como grave que a después de las detenciones de tres supuestos integrantes del grupo delictivo Los Zetas, confesos por lanzar dos granadas la noche del 15 de septiembre en la capital michoacana, “se le haya echado tierra encima” al asunto, y evite hablarse de él en cualquier sitio para no buscarse dificultades.

“Hay una tranquilidad ficticia porque precisamente si no somos capaces de indignarnos ante esos hechos quiere decir que ya perdimos hasta la dignidad, y que es mucho más preocupante porque todo nos da lo mismo, todo se nos resbala y entonces estamos a merced de ese poder ignoto, absurdo, voraz, que puede aniquilarnos, relegarnos al último rincón del cuerpo social; callarnos, atemorizarnos”, alertó.

Ligó esa cobarde agresión al tema comicial cuando luego el Instituto Federal Electoral (IFE) anunció el arranque del proceso federal de 2009 donde habrán de renovarse las cámaras de Diputados y Senadores, y ante la creciente violencia en territorio nacional preveían que el 25% de las casillas no se instalaría y, especuló, podría ser en lugares con poca o nula presencia del partido en el poder, el PAN.

Por si fuera poco, añadió, las elecciones intermedias de julio del próximo año, según el mismo IFE, estarían vigiladas por elementos militares. “Entiéndase las casillas y urnas, y el que se le deje al Ejército la custodia, ya podemos sacar conclusiones no muy aventuradas de lo que va a ser esa situación, como urnas embarazadas, urnas desaparecidas y después que se venga el reclamo de fraude. Se entiende que puede ser el plan ligado a toda esta militarización, y la hipótesis posible es que se está planeando una nueva elección de Estado, pero ahora militarizada”.

En esa tónica, Herrera Guido, que fuera “silenciada” según comentó, del periódico La Jornada Michoacán, se suma la crisis económica en México, con despidos laborales, cuyas liquidaciones económicas si acaso durarían para unos seis meses a los desempleados y sus familias.

De igual manera criticó la banalidad e irresponsabilidad con la que habla “el morador de Los Pinos” como cuando afirma que nuestra nación crecerá entre un siete y ocho por ciento cuando otros jefes de estado toman previsiones ante la crisis global que hoy padecemos.

“Son declaraciones perversas, y perverso es que se hable de esa manera tan banal y que además tengamos una realidad tan bárbara y cuestionante donde la ciudadanía parece estar dispuesta a aguantar otros seis años de locuras como las de Vicente Fox que todos los días declaraba pendejadas y el pueblo lo aguantaba y se lo festejaba; muchos pensadores refieren que un pueblo llega a gozar tanto con toda esta asquerosidad que termina por tener cierto disfrute y cierto goce de estar hablando de las tarugadas de sus jefes y de la perversidad de sus gobernantes”, remarcó la investigadora de filosofía de la Universidad Michoacana.

Y retomó en este escenario la violencia en el país, donde pudo constatar hace un mes en visita a Reynosa, Tamaulipas, los testimonios de personas impotentes ante las frecuentes incursiones a sus viviendas por elementos encapuchados que llegan incluso en helicópteros y hacen cateos ilegales, robándose pertenencias familiares, “y no pueden protestar porque pueden darse por muertos; es decir, una parálisis total”.

Indicó que en Michoacán a raíz del 15 de septiembre mucha gente prefiero no involucrarse en hablar del atentado para evitarse problemas, “pero me parece que no vamos a saber ni por dónde nos van a llegar”, por lo cual invitó a la sociedad a despertar y no permitir que se apoderen de nuestras decisiones. 

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Los Pérez: charros más que charros

Arturo González Aguilar

El líder ferrocarrilero Jesús Díaz de León, quien vestía de charro mientras conducía la locomotora, se caracterizó por su despotismo y férrea defensa de los mandatos del patrón, en ese entonces Ferrocarriles Nacionales de México, y la traición a los planteamientos de los trabajadores, que exigían mejores condiciones de trabajo. Éste líder fue quien logró desactivar el movimiento ferrocarrilero en la segunda mitad de la década de los 40’s del siglo XX. De allí se adoptó en toda Latinoamérica e incluso en algunos países anglosajones el término de charrismo sindical para designar a aquellos líderes que le dan la espalda a sus agremiados, trabajando a favor de los planteamientos opresores del patrón, sea éste el gobierno o la iniciativa privada.

Así que, aunque haya quienes dentro de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) digan que el apoyar a un patrón que tiene una inclinación a la izquierda les quitaría el mote de charros, esto es imposible, ya que el gobierno estatal no gobierna para los grupos de izquierda y para la mayoría de la gente, sino para los poderes fácticos, que tienen al gobierno agarrado de un ala. Los empresarios y grupos conservadores son quienes han orientado al gobierno de Godoy Rangel para suscribir programas federales, que son malas copias de las propuestas de AMLO, como el del seguro médico para una nueva generación, el de setenta y más, y muchos otros que ahora sirven para que Godoy diga que “Michoacán trabaja”.

Por muy nobles que digan que son las intenciones del actual gobierno del estado, con leves huellas de la izquierda, no se justifica que haya un nuevo grupo de charros que se sume a los planteamientos ya hechos por los gordillistas, de apoyar la aplicación de las políticas federales, que abiertamente pretenden la privatización de la educación pública. El argumento principal, con el que sustentan su posición, es que los recursos que se destinarían a Michoacán se perderían si no se aplica la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); nunca los charros se mueven si no hay recursos, fluyendo el dinero saben bien que de alguna manera le harán para repartírselo, porque dichos dineros son precisamente para quienes apoyen a la ACE.

Para esto, el planteamiento de Juan Pérez Medina es la formalización de su nuevo grupo de charros, para hacerse de un poder que, en primer lugar, le disputara la bilateralidad a la Sección XVIII democrática; en segundo, ayudara a diluir su gran fuerza y en tercer lugar, que sea quien le quite al movimiento democrático la mayor parte de recursos posibles, que se destinan a los programas socioeducativos minutados. Ninguno de los charros que se habían colado al Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección XVIII, recientemente definidos, podían resistir el que se destinara dinero a programas, proyectos o a comisiones primordiales, pasándoles frente a sus narices y a ellos no les tocara nada, “si hay tanto dinero, ¿para qué destinarlo todo a lo que se tiene comprometido y no quedarse con algo?”, era su planteamiento. 

El problema siempre es el dinero. Por dinero Juan Manuel Macedo Negrete y su grupo se fueron del movimiento democrático, al ver que Raúl Morón Orozco recibía una partida especial, como secretario general, directamente del CEN del SNTE (como cualquier otro secretario que sea reconocido por Elba Esther Gordillo) y no la compartía con nadie. Dinero fue lo que le ofrecieron a Heriberto Macías Alejandres para formar su grupo y contender en las elecciones “universales” de 2002, donde fue avasallado finalmente por Macedo, y dinero es lo que provocó que Miguel Ángel Fisher, Miguel Ruiz Gil, Nicolás Vargas, Juan Manuel Villalpando y otros como Marcos Peña Gutiérrez, quien después de haber probado las mieles de ser funcionario ya no se sentía a gusto como simple maestro o director de una escuela integral -la gente se queda acostumbrada a un cierto nivel de vida-, además de algunas docenas más, hayan marcado su raya y finalmente se hayan definido, aclarando sus verdaderos anhelos. 

La forma de formalizar a su grupo de charros, para lo cual ya redactaron unos supuestos principios, en donde se pretende hacer creer que estarán en contra de Elba Esther Gordillo, a favor de la educación de calidad y otras puntadas, como el que se movilizarían sólo en caso de suprema necesidad, etc., para convencer a militantes del movimiento democrático y poderlos cooptar, consiste -no podía ser de otra forma ¡charros, son charros!- en convocar a sus simpatizantes en las delegaciones y con los que se junten (si sólo llegara uno ese sería el delegado) nombrar a un representante que asista a una reunión a la que le llamarán Congreso Seccional del Movimiento de Bases, donde serían elegidos los Migueles, Vargas y Villalpando como sus nuevos líderes charros (ahora la pelea es quién será el secretario general, ya andan haciendo campaña, con la enseñanza de Pérez Medina); al igual que el congreso en que impuso a Molina Vélez, tendrán protección policíaca. Desde luego que contarán con las plantillas de los centros de trabajo y delegaciones, conocidas como sábanas, en donde con engaños harán firmar a algunos y al resto les falsificarán sus firmas, con el fin de llegar a su meta de decir que tienen al 80% de la base del magisterio michoacano.

Por cierto, este grupo de pretenciosos, seguidores de Pérez Medina, al igual que el charro famélico Jesús Díaz de León, quien interpuso una demanda en contra de Valentín Campa por malversación de 200 mil pesos, lo que provocó, primero, que éste fuera encarcelado y, posteriormente, que se diera lo que se conoció como el charrazo de 1948, los Pérez no cejan en su intento por denunciar a Artemio Ortiz de malversación y de fraude. Quieren repetir la historia.

Ahora, el grupo de Sarbelio Molina, aunque gustoso porque supone que le quitarán fuerza a los verdaderos representantes de los trabajadores de la educación en Michoacán, anda preocupado por el robo de patentes y porque, definitivamente, no sólo se pretende socavar a la militancia del movimiento democrático sino también a la de los charros gordillistas.

Este es el planteamiento de Juan Pérez Medina, ahora falta que se dé una respuesta contundente en torno a: primero, el desenmascaramiento de las reales intenciones del asesor y verdadero secretario de educación -incluso en La Jornada Michoacán le hicieron una jugada poniéndolo como asistente a una reunión del grupo con nombre cambiante, hoy “Movimiento de Bases” ayer “Poder de Base” y mañana, ¿será?, “movimiento de tapete”, porque nadie mejor que este medio sabe quién está detrás de dicho grupo-; y segundo, para inhibir a sus aviadores quienes en las zonas ya andan llenando las sábanas con firmas de compañeros.

Artículo publicado originalmente en Telegaceta, órgano de difusión del nivel de Telesecundarias de Michoacán, en su edición del pasado 10 de diciembre. 

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