Vincular lucha magisterial con la popular, una de las lecciones del movimiento en Morelos

Una de las lecciones del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) de Morelos, es el vínculo que tiene con otras luchas populares a partir de procesos reales de participación de la misma sociedad, lo cual permitió enfrentar unidos la represión lanzada desde las diferentes policías y fuerzas militares, mandados por los gobiernos panistas, el federal de Felipe Calderón, y el estatal de Marco Antonio Adame Castillo, para desbaratar dicha resistencia.

Expresó lo anterior el integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz al participar en la Mesa redonda “La ACE y la represión contra el magisterio morelense”, efectuada el 19 de noviembre en el Colegio de San Nicolás, en Morelia, organizada por el Frente Nacional Contra la Represión de Michoacán, y la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM).
Así mismo, pidió a las organizaciones sociales que se movilizan debido a las políticas lesivas de los gobiernos, tomar en cuenta la estrategia oficial de ataque, ahora utilizando no sólo a los cuerpos policiacos, sino a los castrenses, ante la imposibilidad de hacerlo únicamente con los primeros, como se vio en los casos de Tres Marías, Amayuca y Xoxocotla, Morelos, el 7, 8 y 9 de octubre últimos, respectivamente, aplicando incluso la tortura en los detenidos, documentada por la agrupación a la cual pertenece, y una parte de ella publicada en Michoacano No. 71.
“Esa represión en Morelos fue de un uso excesivo de la fuerza con el objetivo de venganza, que ya anteriormente el ejército ha utilizado de manera concurrente, igual que la Policía Federal Preventiva, en Atenco. Pero es un método que cada vez debe ser tomado más en cuenta por las fuerzas que se movilizan; es decir, de ninguna manera puede ser que ya el pueblo no tome en cuenta las estrategias cada vez más represivas del ejército y las policías, cuando ese proceso de militarización que se vive en el país va a desembocar en una agresión cada vez mayor de la sociedad”, alertó.
Sin embargo, destacó de esa agresión durante tres días consecutivos no arredró a maestros ni a los habitantes morelenses afectados, y un aspecto simbólico ocurrió en Xoxocotla, que rodeado de soldados hizo su asamblea horas después del desalojo, acordando de nueva cuenta movilizarse, ahora en exigencia del retiro militar y policial de su territorio, con lo cual a la vez puso al magisterio en pie de lucha e incluso ese mismo mes de octubre se desarrolló una megamarcha que cruzó varias localidades de aquella entidad, entre la gente y los trabajadores de la educación, “algo ejemplar en cuanto a capacidad de respuesta del pueblo de Morelos”.
Hizo hincapié que desde el año pasado los 13 pueblos del sur morelense en defensa del agua, el aire y la tierra, incluido Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo y Tlaltizapán, se organizaron para protestar por la construcción de grandes unidades habitacionales en zonas cercanas a manantiales de las comunidades, como la que pretendían edificar en la región ciénega, a menos de un kilómetro del Manantial Chihuahuita, que surte agua a unas cien mil personas, y tras la resistencia organizada impidieron ese deterioro ambiental por parte de fraccionadores, pese a los amagos policiales de desalojarlos, pues habían bloqueado las carreteras del lugar.
Mientras los afiliados a la Sección XIX del SNTE, explicó, iniciaron su lucha contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) el pasado 13 de agosto cuando les aplican los Talleres Generales de Actualización (TGA), y ya les intentan enseñar algunos contenidos del acuerdo signado el 15 de mayo anterior entre Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo Morales, lo cual provoca la primera movilización magisterial el 15 de agosto en Cuernavaca, y casi a la par el desconocimiento del dirigente sindical charro, Luis Manuel Rodríguez Olvera.
Logran consolidarse con el MMB y aglutinan al 90% de los aproximadamente 23 mil trabajadores de la educación de la entidad, y distintas corrientes, entre éstas la CNTE y el Consejo Central de Lucha, y hacen manifestaciones multitudinarias, pues se unen padres de familia y ciudadanos en general, tras recibir la información de que la ACE perjudicará la formación de los alumnos.
“Estas movilizaciones pasan de una fase de resistencia de profesores, a un movimiento que se extiende a otros sectores de la población; las primeras marchas eran exclusivamente en Cuernavaca, con 10 mil, 12 mil participantes, y posteriormente el número de manifestantes es tan vasto que hay más de 40 mil, que ya no hacen posible hacer una sola marcha, y deciden que partan de tres lugares distintos para llegar al zócalo de la capital.
“Se muestra un nivel de conciencia, de movilización social enorme en Morelos, pues la movilización magisterial está vinculada a la movilización de los pueblos, y el gobierno estatal trata de dividirlo utilizando a padres de familia e incluso alumnos, y después a comerciantes por el plantón instalado en la Plaza de Armas de Cuernavaca, y luego lo intenta con los pueblos, sin lograrlo la mayor parte del tiempo”, estableció José Martínez.
Precisamente dijo que una de las lecciones de ese movimiento estriba en vincular las diferentes luchas mediante procesos reales de participación de la sociedad, “de manera que no se crea que la unidad puede venir simplemente porque hay una voluntad o un deseo o un gusto, sino que tiene que ser bien asentada en procesos de autoorganización, de participación real, con demandas específicas que involucren a los diferentes sectores de la población”.
También destacó que el respaldo de los pueblos morelenses al magisterio es de manera crítica, y ejemplo de ello es el reclamo a los docentes por ser instrumentos del gobierno para imponer en las escuelas programas y acciones educativos que perjudican a los niños y padres de familia, por eso alabó la decisión del MMB de levantar su paro de labores tras 84 días, pero sobre todo la determinación de no cobrar cuotas escolares, ni tampoco aplicar puntos dañinos contenidos en la ACE.
“Qué bueno que ahora los maestros se rebelen, por eso están juntos pueblo y magisterio, y ésa es otra de las lecciones interesantes que nosotros evaluamos en el estado, porque fue lo que permitió que ante la brutalidad de la represión hubiera el levantamiento, pero particularmente generalizado en la sociedad, y es lo que hoy coloca un nivel de resistencia mucho mayor, pero no sólo de resistencia de a ver cómo nos pegan, sino también para empezar a diseñar alternativas educativas, productivas, de concepción de la defensa de los recursos naturales. Todo un proceso de articulación entre el campo y la ciudad, y eso está apuntando a la necesidad de una reflexión práctica, mucho mayor, que involucre a otros sectores en términos estratégicos, en términos de visión de largo alcance, y no solamente para dar la respuesta inmediata”, planteó el representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Finalmente, señaló que el movimiento magisterial-popular en esa entidad sigue en pie de lucha pese a los golpes gubernamentales que ahora pretenden destituir a 60 integrantes de la dirigencia democrática de la Sección XIX, y anunció para el próximo 29 de noviembre un Encuentro para la elaboración del proyecto educativo alterno en Cuernavaca, donde no sólo trabajadores de la educación podrán asistir, sino especialistas y gente del pueblo.
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Formar “capital humano” para beneficio de trasnacionales, fin de plan educativo neoliberal

Al 2030, el 60% de la educación va a ser vía Internet, y en ese mismo porcentaje las clases de maestros del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) deben ser enseñadas en inglés, informó Mirabel Mejía Rodríguez, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Sección XVIII del SNTE, quien igual colocó para dicho año la desaparición del sindicato magisterial.

Lo anterior, de acuerdo al proyecto gubernamental Visión 2030 que, en materia educativa, representaría la culminación del modelo neoliberal iniciado en 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el secretario del ramo Ernesto Zedillo Ponce de León, y Elba Esther Gordillo Morales, desde aquél tiempo a cargo del cacicazgo en el SNTE.

Durante su participación en la mesa redonda sobre el tema de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la represión en el estado de Morelos, realizada el miércoles 19 en el Colegio de San Nicolás en Morelia, la docente michoacana dio a conocer que además del ANMEB, otros proyectos del ramo son el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, signado el sexenio pasado por Vicente Fox Quesada, Reyes Tamez Guerra, titular de la SEP, y la propia Gordillo Morales.

Hoy, mientras tanto, en la ACE se “desapareció” a la Secretaría de Educación Pública, pues sólo signaron ese acuerdo el impugnado presidente Felipe Calderón Hinojosa, y una vez más Elba Esther Gordillo, presente en todos los programas destructores del sector, y supuestamente a nombre del gremio magisterial.

Respecto a la formación educativa con esos esquemas, Mirabel Mejía, en representación del líder de la Sección XVIII Artemio Ortiz Hurtado, quien se encontraba presente en las movilizaciones contra la ACE de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) en Acapulco, dijo que la intención es crear “capital humano” para beneficio de las empresas trasnacionales, las cuales se apoderarían de los recursos de nuestra nación.

“Todas las metas del proyecto Visión 2030 están ubicadas en colocar a México en los primeros lugares de los países miembros de la OCDE, pero como los que mejor garanticen la inversión extranjera, y para decirles a los empresarios de otros lugares que en México se puede invertir con seguridad, con ganancias, que no va a haber revueltas sociales, y con la mano de obra barata y calificada, formada a través de la educación en competencias. Ahí está ubicada la ACE, es una visión a futuro”, aseveró.

Al abundar sobre la Visión 2030, detalló que ésta tiene cinco ejes específicos, uno de ellos “El Estado de derecho y seguridad”, el cual ya se ve desde ahora con la militarización en la república mexicana, el fuerte aumento al rubro de seguridad pública, y la recién aprobada reforma judicial, cuyos saldos hasta ahora son el acrecentamiento de la inseguridad nacional, y mayor temor de la población a los operativos militares, que sólo en Michoacán lleva 210 quejas hacia soldados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en lo que va del año, según indicó el moderador del evento, Antonio García Ahumada, del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) en la entidad, organismo organizador del evento junto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM).

Un segundo punto es la “economía competitiva y generadora de empleo”, que busca generar las condiciones para la apertura al mercado exterior, y vengan sin limitantes las trasnacionales. En este mismo aspecto se colocan las reformas energética, ya aprobada, y la educativa, todavía en proceso, con la característica de facilitar el capital humano que sirva a mejorar la ganancia de las empresas foráneas, apuntó la miembro de la Comisión de Educación y Cultura del magisterio michoacano.

Como tercer eje, enlistó la “igualdad de oportunidades”, donde colocan a la reforma fiscal, a la Ley del ISSSTE, la laboral, y otras que, enfatizó, lejos de garantizar los derechos sociales, los cancelan. A este particular se considera, en el ámbito educativo, el incremento de becas para mostrar a un gobierno preocupado por las clases desprotegidas, pero sin atacar la problemática de fondo, es decir, generando empleos suficientes y bien remunerados.

Cuarto aspecto del proyecto Visión 2030, añadió la ponente, es la “sustentabilidad ambiental”, enmarcado dentro de las recomendaciones que hace el Banco Mundial (BM) a los diferentes gobiernos mexicanos, vía “Agenda Integral para el Desarrollo de la Nueva Era”, que “ordena” a los ciudadanos comunes la tarea de reforestar, de cuidar los recursos naturales.

“Y entonces nos queda con precisión que hay un ejercicio de hacer culpable al ciudadano común de los males que pasan en este país, sobre todo en el asunto del deterioro ecológico, pero también en una condición de hacer que nos incorporemos a renovar los recursos naturales que otros van a venir a saquear”, explicó.

Democracia efectiva y política exterior responsable, quinto planteamiento, lo ejemplificó con la firma de la ACE sin consulta a los directamente involucrados, sólo tomando en cuenta a los empresarios, y del segundo punto, cumplir a cabalidad los mandatos del BM y del gobierno de Estados Unidos.

“Lo que se pretende con la Visión 2030 es la desaparición del SNTE, que se liga con el eje dos de la ACE, de profesionalización de los maestros; habla de que al 2030 el 60% de la educación va a ser vía Internet; de que el 60% de las materias de educación básica deben ser enseñadas en inglés. Resaltan estos puntos por las políticas que vemos que aplican hoy”, subrayó.

Los otros proyectos educativos

Para Mejía Rodríguez -elegida por los afiliados a la Sección XVIII como propuesta a secretaria de educación en el estado al entonces mandatario electo Leonel Godoy Rangel a principios del presente año-, el paso al actual sistema educativo se dio tras el viraje del modelo de bienestar social al neoliberal, y el caso concreto fue el ANMEB en 1992.

Entre los ejes planteados por ese acuerdo, resaltó el del federalismo, que en su tiempo fue la municipalización, traducida en la creación de secretarías de educación, solas o ampliadas con las tareas de cultura. Otro, los Consejos de Participación Social (CPS), ya considerados hoy en la denominada Alianza por la Calidad de la Educación.

También, agregó, la reforma curricular, minimizando los contenidos educativos para ir transformándolos en las llamadas competencias, es decir, poniendo énfasis en el adiestramiento de estudiantes para el trabajo y la ganancia de las empresas, instruyéndolos en labores técnicas.

Igual se incorporan la evaluación a maestros y el programa de Carrera Magisterial, donde añaden el factor de la individualización, con la lucha entre profesores por ganar puntos en dicho proyecto y, supuestamente, aspirar a mayor salario.

Después viene el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, signado en 2004, ya estipula el currículo y la evaluación docente, y este año el Plan Sectorial de Educación 2007-2012, y la propia ACE, firmada el pasado Día del Maestro, dividida en cinco puntos, con esencia en la enseñanza de competencias, y la aplicación de distintas pruebas a los maestros.

Sobre los ejes de la ACE, enlistó el de la “modernización de los centros escolares”, que no es otra cosa que garantizar las condiciones, con equipo de cómputo y conexión a internet, por ejemplo, para que los académicos puedan enseñar a sus alumnos a través de esa posibilidad, sin requerirse su presencia en las aulas, prácticamente.

Aunque se suman los CPS, como los equipos humanos encargados de la administración y el ejercicio total de las escuelas, “tal cual gerencias”, afirmó.

“Y entonces los Consejos de Participación Social vienen siendo estas gerencias que ubiquen este desarrollo de la empresa en la escuela; pero además en la gestión y participación social prevén una serie de programas educativos como Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Horario Extendido, Escuela Segura, y otras, con lo que van generando una condición en el eje de profesionalización de los maestros, donde los van a evaluar con puntaje de Carrera Magisterial, que llaman el eje del desempeño profesional, que tiene que ver con que el maestro garantice una evaluación adecuada a las pruebas de Enlace para que puedan estar en el esquema de calidad”, resumió la sindicalista.

En este sentido, habló del documento “Modelo Nacional de Calidad Total, Versión Educación”, el cual se intenta aplicar pese al fracaso en el correspondiente al área de salud, “porque no puede aplicarse como una empresa porque este servicio es un derecho de los ciudadanos”.

“Un Nuevo Modelo Educativo para el México del Siglo XXI”, texto también conocido como “Norma Oficial Mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria” (Michoacano No. 71), que hace referencia al cumplimiento de presuntos estándares de excelencia en las escuelas, aplicando evaluaciones a maestros, internas y externas - so pena de recibir sanciones, incluso de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si no aprueban ese proceso.

Proyectando a los mismos padres de familia a la tarea de vigilantes del funcionamiento dentro de las escuelas, dentro de los CPS, y tiene varios ISOS-9000: en Lineamientos para los Proyectos Escolares, de Lineamientos para la Gestión, de la Eficiencia para la Gestión, de la Intromisión de la Ley, Reglamento de Metrología, y Normalización para la Certificación Educativa.

En cuanto a la “profesionalización de los maestros” dentro del neoliberalismo, enumeró tres programas: Ingreso y promoción, profesionalización, e incentivos y estímulos, donde de principio se cambia el esquema de iniciar en el sistema educativo con el Examen Nacional Público de Oposición, aplicado en agosto pasado dentro de la ACE, mediante el cual sólo con la simple vocación docente pueden ocupar alguna plaza, así sea temporal, no sujeta a basificación, como se plantea en la alianza; pero a la vez desechando los años de formación en las escuelas Normales, de ahí que Elba Esther Gordillo pidiera su desaparición.

Paralelamente, aseguró, reduce plazas docentes, cancela las bases, pérdida de la relación laboral colectiva, y conforme a la Visión 2030, cada dos años los maestros deben estar en procesos evaluatorios para ver si siguen siendo contratables o no. A este aspecto, es con la prueba externa de Enlace como se evalúa tanto a docentes como a los alumnos.

Mientras los incentivos y estímulos quedan disminuidos a los resultados de Enlace, al desempeño profesional, y a los cursos nacionales, o sea, ya no están los niveles de preparación como doctorados o maestrías.

Ante ese esquema neoliberal, Mirabel Mejía precisó que al ser la educación la formadora de ciudadanos, pues cumple el papel de transformación o de reproducción, según sea el caso, los maestros tienen la posibilidad de tomar en sus manos el sistema de enseñanza desde los diseños, los programas y las evaluaciones, y construir la alternativa a través de un proceso de colectividades organizadas, porque solos no pueden hacerlo los docentes, requieren de la sociedad, concluyó.

Respecto a las participaciones de los asistentes a esa mesa redonda en el Colegio de San Nicolás, un académico de la Universidad Michoacana indicó que en los últimos 30 años de dar clases en esa institución, sólo han tenido una reforma educativa, concerniente al aumento de años de bachillerato, pero no ha redundado en elevar el nivel de los alumnos, y tienen a profesores de Español con carrera de contadores públicos, de ahí que se pronunciara por ser evaluados. “Es mejor cualquier evaluación, que nada”, expuso.

Sin embargo, una maestra, parte del programa evaluatorio de Carrera Magisterial, opinó que dicha prueba está diseñada para no ascender de niveles debido a que cuando ven los promotores que pronto alcanzarán mayor puntaje, ponen trabas y de esa manera se queden en el camino. Explicó que los exámenes son “muy rigurosos”, sin permitirles usar calculadoras o simplemente “movernos”, lo cual consideró una afectación psicológica, y tampoco les avisan en qué preguntas fallaron para estudiar ese aspecto.

“Es una evaluación excluyente, no para elevar la calidad, y es una visión limitada ver la evaluación por la evaluación como forma para mejorar el nivel de los alumnos o de los maestros”, estableció.

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Avanza lucha nacional contra ACE y abrogación de del ISSSTE; en Michoacán, interlocución con gobernador

No triunfarán las trampas de pseudofuncionarios de la SEE hacia la Sección XVIII

Los gobiernos han reconocido que deben discutir con los maestros de sus estados el tema de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que tiene graves problemas para su aplicación en el país, consideró Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII quien, en el caso de Michoacán, se refirió al encuentro celebrado el jueves 20 con el mandatario

 Leonel Godoy Rangel donde se inició el proceso de atención a la minuta de acuerdos firmada en junio último, ante lo cual desestimó el “rompimiento” de relaciones anunciado por la impugnada secretaria del ramo Aída Sagrero Hernández; “no podemos romper con quien no hemos tenido ninguna relación, ni la tendremos jamás”, dijo.

Durante su intervención en el mitin magisterial el 21 de noviembre afuera de Palacio de Gobierno, Ortiz Hurtado ubicó la lucha contra la ACE en dos vías: Una, siguiendo las movilizaciones de rechazo en todo el país, incluyendo la presencia en el plantón nacional instalado afuera de la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el pasado 8 de octubre, y en Michoacán en la SEE, y en el Campamento Estatal Pedagógico Cultural en la Plaza “Benito Juárez” de Morelia. Y la otra, en cada escuela no permitir la aplicación de los contenidos de esa nefasta alianza, impidiendo la aplicación de los exámenes de Enlace, Excale y Pisa.  

Previo al mitin, más de 15 mil trabajadores de la educación de la entidad, acompañados por contingentes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), Normalistas y jóvenes del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), marcharon de Casa de Gobierno al centro histórico moreliano, donde enfrente del templete improvisado se quemaron cientos de formatos de elección del Bono de Pensión o Décimo Transitorio, enmarcados dentro de la nueva Ley del ISSSTE, confiscados por maestros los días anteriores al fin del plazo previsto en esa normatividad, el 14 de noviembre.

Quema de documentos de elección de la Ley del ISSSTE,

 confiscados en Michoacán por sindicalizados

Al respecto, el líder del magisterio michoacano dejó claro que la “criminal ley” fracasó, pues sólo poco más del 4% de los arriba de dos millones 700 mil cotizantes al instituto de seguridad social, escogieron el Bonoissste, cifra insuficiente para operar financieramente el llamado Pensionissste, cuando el secretario de Hacienda Agustín Carstens les pidió mínimo el 48% de los adheridos. Aunque el director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes habló del 15%.

Incluso, aludió a un documento del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el cual, constitucionalmente, les faculta a los amparados a recibir los beneficios en cuanto a los 21 seguros establecidos en la ley de 1983, y los relativos a la pensión de la misma normatividad.

“A los quejosos que se les conceda la protección constitucional y opten por el régimen a que se refiere dicho numeral, que es el rechazo al Bonoissste, y en el hecho sin aceptar Décimo Transitorio, los derivan directamente al Décimo Transitorio, se le conceda la protección constitucional, gozarán de los beneficios relativos al seguro de jubilación de retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que prevé el Artículo V del Título Segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983”, refirió.

En este sentido, se pronunció por ir directamente a la abrogación de la Ley del ISSSTE aprobada en marzo de 2007 en las cámaras de Diputados y Senadores para, sostuvo, que quienes eligieron alguna de las dos opciones previstas, específicamente el Bonoissste, varios de ellos engañados o presionados a hacerlo, puedan tener los beneficios de la anterior norma, y no resientan, una vez jubilados, la falta de aumento a su pensión, a recibir aguinaldo anual, y la posibilidad de dejar ese pago a sus familiares cercanos al momento de fallecer, puntos que desaparecen con la “criminal” legislación. 

 Concentración en Casa de Gobierno, previa a la multitudinaria manifestación

Por lo pronto, dio a conocer que en el mes de diciembre entrante, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), junto a la Unión de Juristas de México (UJM) y otras organizaciones sociales, promoverán un cuarto amparo -en rechazo a la Ley del ISSSTE interpusieron tres con alrededor de dos millones de esos recursos a nivel nacional-, ahora contra las instituciones financieras del país, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el Banco de México (Banxico), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de que expliquen el destino del dinero de los mexicanos en las Afores, que actualmente se encuentran a la baja, e incluso se pueda recuperar ese monto para los afectados.

Así mismo, y en cuanto al repudio a la ACE, resaltó que en Guerrero el movimiento magisterial adherido a la CETEG paralizó por cinco días consecutivos la zona costera de Acapulco, y tuvieron interlocución directa con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, acordando aplazar la aplicación de la alianza en la entidad, y hacer foros en busca de un plan alternativo.

En Zacatecas, el comité democrático de la Sección XXXIV ya entabló pláticas con la gobernadora Amalia García Medina, y tampoco se aplicaría la alianza gordillista que vulnera los derechos laborales de maestros, y cancela la instrucción gratuita e integral a los alumnos, y a padres de familia y municipios les delega la responsabilidad económica del sector.

Mientras en Morelos, el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) ya comprometió que en sus escuelas evitarán las medidas de la ACE, y en las secciones de Puebla (23 y 51), también entablaron diálogo con el ejecutivo estatal Mario Marín, y los días 4 y 5 de diciembre venideros elegirán a sus representaciones democráticas.

En tanto, en Campeche se anunció un paro de labores para el 25 de noviembre entrante, en protesta por el cacicazgo de Elba Esther Gordillo y su denominada Alianza por la Calidad de la Educación, lo cual demuestra, citó el docente michoacano, que en prácticamente toda la nación hay levantamientos contra la política educativa neoliberal, aún en donde hace años no existía oposición.

 El numeroso contingente, rumbo al centro histórico moreliano

A este particular, ya existen secciones democráticas, desligadas al charrismo de Elba Esther Gordillo, en Zacatecas, Baja California Sur, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, a las que se sumarán el mes próximo las dos de Puebla. Además de movimientos crecientes en Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Veracruz, entre otros.

Sin los pseudofuncionarios los que han saqueado la SEE

Desde las diez de la mañana del viernes 21 se congregaron afiliados a la Sección XVIII del SNTE afuera de Casa de Gobierno, custodiada por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pues en el interior se encontraba el gobernador Leonel Godoy, quien más tarde minimizó la acción sindical. “No es significativo, ya que casi son 60 mil maestros y si se manifiestan menos de dos mil, yo no creo que sea significativo la suspensión de clases”, afirmó.

Sin embargo, poco a poco fue creciendo el número de trabajadores de la educación y minutos después de las 11 horas partieron en marcha hacia el centro histórico moreliano. Fue tan grande la manifestación que todos los contingentes de los nueve sectores seccionales tardaron hora y media en arribar afuera de Palacio de Gobierno, desde que lo hizo el primero, hasta el último.

Consignas como “Ea, ea, ea, Aída se tambalea…”, y “Aída, chaparra, Elba Esther te hizo charra…”, se dejaron escuchar, dirigidas a la titular de la SEE que el lunes 17 anunciara en conferencia de prensa que a partir de entonces rompía cualquier relación con el magisterio mayoritario de Michoacán, hasta en tanto no desistieran de sus acciones de lucha (retirar el plantón en el inmueble central de la SEE, condicionó). Al mismo tiempo, dijo que interpondrían demanda penal contra el dirigente Artemio Ortiz por “usurpación de funciones”.

Tal declaración no hizo mella en el movimiento magisterial, ni en el mismo gobierno michoacano, ya que a los tres días el propio ejecutivo Godoy Rangel contradijo a su subalterna al asegurar que seguían las relaciones con la Sección XVIII, lo cual se confirmó el 20 de noviembre con el encuentro entre integrantes del CES y el mandatario estatal para ver los asuntos minutados del presente año y del anterior.

De esa reunión, el secretario general del magisterio en la entidad expresó que hablaron de cómo recomponer el sistema educativo estatal, empezando por verificar a los más de cinco mil “aviadores” y las arriba de ocho mil plazas desviadas. Demandó la intervención de las contralorías federal y estatal para revisar el manejo que hacen los pseudofuncionarios de los recursos económicos, materiales y humanos de la dependencia, a fines electorales a través de la corriente del PRD Alianza por la Unidad Democrática (AUD), a la cual pertenecen.

Igual, la representación del CES hizo mención del saqueo de ese equipo encabezado por Aída Sagrero, Juan Pérez Medina, Noé González Gómez y Raúl Morón Orozco -quien tiene varios compadres en direcciones de la secretaría-, de 300 mil artículos ya minutados y comprometidos por la Sección XVIII. Y pidió una reorientación del presupuesto hacia necesidades de infraestructura, equipo, material escolar y didáctico, así como a basificar las plazas de trabajadores de la educación.

La llegada de trabajadores de la educación a Palacio de Gobierno

 

Alertó sobre la llegada de cientos de computadoras por el puerto de Lázaro Cárdenas, supuestamente a nombre del sindicato, “pero que nosotros no pedimos, y que es otro fraude que traen los pseudofuncionarios de la SEE, por eso insistimos en que se hagan auditorías para demostrar que ellos son los que han saqueado, y para demostrar la honorabilidad de esta digna Sección XVIII”.

También, dijo, le entregaron “oficio por oficio, paquete por paquete”, de cada uno de los puntos minutados en junio pasado, y de los pendientes de la del año pasado, dejando claro que en ninguna escuela se recibirá a nadie “si no lleva la firma de esta secretaría general”.

A nombre del magisterio, Ortiz Hurtado denunció las “trampas” de la gente que se apoderó de la SEE, como en el caso de Huetamo, donde se trató de hacer suyo uno de los compromisos firmados por el movimiento el 7 de junio último con los secretarios de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca, y de Administración y Finanzas Humberto Suárez López, de incluirlo como municipio de vida cara.

“Lo que reconocemos es la dignidad de la región de Huetamo para reconocer que los logros son para todos los compañeros de Michoacán, y que en cada momento lo que se ha visto de prioridad es que los cinco municipios que vamos trazando en la escala de marginación, y que hay que incluir a vida cara, se tomen beneficio a cuando menos cinco regiones del estado, y por eso la propuesta la haremos llegar al gobierno esta misma semana; vamos por todos los municipios, del más al menos marginado, para beneficio de vida cara”, enfatizó.

Más adelante, precisó que solicitaron a Leonel Godoy cumplimiento del convenio que mantienen como comité desde el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, luego ratificado en la gestión de Lázaro Cárdenas Batel, y ahora desconocido por la actual administración oficial. “De igual manera, que se detenga cualquier condición de intento de arrebato de la bilateralidad, que por órdenes de Elba Esther Gordillo están queriendo hacer los pseudofuncionarios contra la Sección XVIII”.

Otro asunto expuesto por el mandatario michoacano fue que en nuestro estado no se aplicará la ACE, aunque Artemio Ortiz le respondió que con acciones, Aída Sagrero y su equipo la intentan aplicar, ante lo cual reiteró la exigencia de renuncia de quienes atentan contra la educación pública, y en su lugar retomar pláticas tendientes a impulsar un proyecto alternativo donde se incluyan las Escuelas Integrales, los programas de Lecto-escritura y el de alfabetización, por citar sólo algunos, construidos por el sindicato.

Respecto a las demandas penales presentadas por el equipo de la SEE y los “esquiroles” adheridos en el llamado Movimiento de Bases, informó que en tres semanas se tienen 29 denuncias contra el CES, con él a la cabeza, y rechazó negociarlas bajo la condición de desistir de la actual jornada de lucha como lo pretende Sagrero Hernández.

“Lo que eso nos dice es que Artemio acepte negociar con ellos y no lo meten a la cárcel; Artemio, dicen, negocia con nosotros y resolvemos todas sus demandas. Pero en su enojo reconocieron que no han operado ni un solo punto de la minuta 2008, por lo tanto reconocen que no le han dado ni un centavo a la Sección XVIII, y tenían meses acusándonos de desvíos de esa minuta”, remarcó.

Por otro lado, invitó a sus representados a participar en las acciones previstas para el próximo 25 de noviembre, declarado Día de acción nacional para detener la aplicación de la ACE, y abrogar la Ley del ISSSTE, donde en Michoacán habrá marchas en cada región sindical,  a partir de las 10 de la mañana, así como el 2 de diciembre, cuando tendrá lugar una movilización en la ciudad de México.

Repudio magisterial a los pseudofuncionarios de la SEE

 

En el mitin también participaron el representante de la ATEM Héctor Díaz Guerrero, el integrante de la FER Gustavo Hernández, quienes respaldaron la lucha de la Sección XVIII, y el miembro del Comité Democrático de la Sección III de Baja California Sur, Jesús Nicolás, al igual que el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, Sergio Espinal García.

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¿Ataque a la libertad de expresión?

José A. Martínez

El pasado jueves 11 se septiembre se cumplió un año del encuentro entre concesionarios de radio y televisión, así como sus conductores de noticias principales, y senadores de la república, para abordar el tema de “la libertad de expresión”, derivado de la llamada reforma electoral. Fue en cadena nacional por canales del duopolio televisivo y sólo cortaron la señal cuando hablaba el panista Ricardo Cervantes, criticando las palabras del vicepresidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Javier Tejado Dondé.

De ahí surgieron voces como la de la conductora de “Ventaneando”, programa de chismes de TV Azteca, Paty Chapoy, para mostrar su “preocupación” pues con esa modificación corría el riesgo de ser declarada “criminal” sólo por hablar de la vida privada de algún político o decir que el gobernador del Estado de México “era guapo”. También el analista de la televisora del Ajusco, Sergio Sarmiento, al día siguiente propuso un “referéndum por la libertad” para sustituir esa reforma “represiva y autoritaria”.

Aún ahora continúan el embate, en particular la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, aunque también la de Emilio Azcárraga III dando muestras de su poder al difundir en el espacio matutino “Primero Noticias” del 2 de julio anterior la imagen “borrada” del senador panista Santiago Creel Miranda, uno de sus blancos predilectos, y de los promotores de la llamada Ley Televisa y la reforma electoral que de tajo les quitó el negocio económico de dar paso a publicidad pagada en elecciones, cuyo monto en el proceso presidencial de 2006 redituó en tres mil millones de pesos a ambas cadenas televisivas. Por eso no descansarán hasta que se eche abajo ese impedimento.

Y tienen todo el poder para repetir lo que hicieron a partir del 21 de noviembre de 2006, y durante más de tres semanas o cuatro horas, ocho minutos y 20 segundos, según documentó la revista especializada en medios “etcétera”, de atacar de manera rabiosa al Grupo Casa Saba, acusándolo del “monopolio de las medicinas” en el país, ocasionando que los mexicanos pobres se vieran imposibilitados de pagar medicamentos para aliviar sus enfermedades y mejor esperaran la muerte sin poder hacer nada. 

El fondo de esos reportes, repetidos una y otra vez durante el lapso mencionado, fue porque el dueño de dicho consorcio, Isaac Saba, fallecido en este año, se asoció con General Electric, controladora de NBC, para buscar una concesión de televisión nacional, o sea, la competencia de televisos y aztecos. Utilizaron verdades a medias, pero sobre todo a la clase popular para sus propios intereses.

Tal actitud fue el inicio de hasta dónde podían llegar. Entre abril, mayo y junio de 2007, mientras se discutía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Televisa, que otorgaba amplios poderes al duopolio televisivo prácticamente de por vida, siguieron los ataques a los impulsores de la demanda, en especial los ex senadores Manuel Bartlett Díaz, priista, y el panista Javier Corral Jurado.  

Destaca al respecto una de las “notas informativas” de los empleados de Salinas Pliego, donde el reportero, tipo de espectáculos, siguió, al aire, unos segundos a Bartlett con la misma pregunta, “¿va a demandar a TV Azteca?”, mientras el aludido guardaba silencio, hasta que por fin, irritado, encaró al interrogador, “¿es usted abogado de TV Azteca’”, y le pidió derecho de réplica en uno de los espacios de la televisora. Entonces, el “reportero”, editorializando, remató su información: “No, señor Bartlett, usted lo que quiere es su media hora”.

De igual forma, sacaron a relucir el pasado del ex legislador del PRI cuando era secretario de Gobernación y anunció la “caída del sistema” del proceso presidencial de 1988. Suceso cierto, pero usándolo a destiempo para su beneficio particular, en este caso, atacar a quien les retiró privilegios.

Esa misma cadena comparó a México con Venezuela, donde declaró a su mandatario Hugo Chávez de autoritario al no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), y dando ejemplo de que en nuestro país ocurriría algo similar, que le quitarían al pueblo los programas de distracción y esparcimiento. Además entró el factor Chávez, a quien durante la campaña presidencial de hace dos años se le equiparó con el perredista Andrés Manuel López Obrador en los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que alentó la campaña del miedo y del “peligro para México”.

Precisamente en la actual campaña en defensa de la “libertad de expresión”, que afecta a “todos los mexicanos”, según los reportes de TV Azteca, es la voz empresarial quien se queja de ese derecho, pues la reforma electoral le impediría contratar spots en medios electrónicos como los utilizados en 2006 contra López Obrador, y que tardíamente le acarreó la sanción, el 29 de octubre último, de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por esa violación a la ley, aunque a través de los partidos PRI, PAN y PVEM, quienes fueron los multados económicamente, pues los particulares, según la normatividad de entonces, no podían ser sancionados.

Dicha sanción fue calificada por los conductores de noticias del duopolio televisivo como “otro golpe a la libertad de expresión”, y aprovecharon la inconformidad de esos institutos políticos y el mismo CCE, para denostar por enésima vez contra esa determinación.

Pero en general, la restricción de no contratar publicidad electoral es a todos los ciudadanos, aunque son los empresarios quienes en realidad tienen el poder adquisitivo para erogar su dinero en tales fines, no así la gente común que en muchos casos apenas sobrevive.

En julio último, una de las notas de “Hechos”, noticiero de Azteca, tronaba contra la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) por la autorización “fast track del reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, o “ley mordaza”. Armando Paredes, presidente del CCE señalaba que hay una “mordaza” para opinar sobre las plataformas de los partidos, y eso “es muy riesgoso para democracia en el país”.

Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, anunció la interposición de un amparo ante instancias internacionales como la CIDH o la OIT, porque atenta en contra de “las libertades sagradas” en la constitución. “Apuntaron (los empresarios) que no hay marcha atrás en esta lucha contra la ley mordaza que atenta contra todos los mexicanos”, finalizó el reportero.

Todas las fuentes son empresarios, y aunque su petición parece justa hasta cierto punto, de nueva cuenta TV Azteca vela por sus intereses, ya que con esa reglamentación no podrá recibir el dinero de los poderosos, económicamente hablando, y obviamente será una merma considerable en sus finanzas, razón principal de esta campaña.

Otra nota en “Hechos” del pasado 11 de septiembre continuó, y de nuevo citando a los empresarios. Primero, Rafael Borbón, de la CIRT dijo que habrá 48 millones de spots en 150 días de campañas, lo cual tiene su dosis de veracidad; pero éstos ahora serán contratados a través del IFE y no de los medios como ocurría antaño, o sea ya no tendrían ese dinero en sus arcas.

Ismael Plascencia, del organismo empresarial Concamin, calificó de un retroceso “porque no es posible que te callen, imagínate que tú ves que un delincuente esté llegando a ser un gobernante y te tengas que quedar callado porque no puedes hablar mal del señor”. 

Así mismo, se refiere en la nota que los organismos internacionales “están indignados”, y habla el representante de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, Luis Pardo: “Nadie tiene derecho a castigar a la ciudadanía mexicana a escuchar 48 minutos diarios de propaganda y lo que eso significa”.

Y surge el enlace con el mandatario venezolano Hugo Chávez, entrevistando a Oswaldo Quintana, de RCTV, cadena que no recibió la renovación de su concesión meses antes, enemiga declarada del presidente sudamericano, quien da cuenta que “todos los regímenes totalitarios en la historia de la humanidad han comenzado por secuestrar la libertad de expresión para posteriormente secuestrar otras libertades de los ciudadanos”.

Termina el empresario Plascencia: “Si nos coartan la libertad de expresión, vamos a seguir hablando, ya nos tendrán que llevar cigarritos allá a la cárcel, que ahí no están prohibidos, por cierto”. Finalmente, el reportero Jaime Guerrero editorializa: “Y seguro que en la lucha por la libertad de expresión… no estará solo”.

Igual, tanto Televisa como TV Azteca, dieron amplia difusión a un comunicado de la Asamblea General de la Asociación Internacional de Radio (AIR), en su exhortó el pasado 16 de octubre al Congreso de la Unión de México a que modifique la reforma electoral “debido a que ésta afecta severamente la libertad de expresión de los ciudadanos”.

El motivo de esta postura es la adición al Artículo 41 Constitucional -ya estaba plasmado en el código electoral (Cofipe)- en donde se establece que, además de los partidos políticos, “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Frente a lo anterior, un grupo de 15 periodistas e intelectuales se amparó ante la SCJN para que no se les vulnere ese derecho a contratar propaganda y expresar su sentir hacia tal o cual político por medio de spots; entre otros están Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez y Jaime Sánchez Susarrey. Respaldan la postura el “Movimiento Nacional en Defensa de la Libertad de los Mexicanos”, al cual convocaron los juristas del país agrupados en colegios y barras de abogados, y organismos como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Y por supuesto el sector empresarial. La SCJN, en tanto, dio entrada a este asunto de revisión de los amparos.

Sin embargo, otros periodistas como Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa y Raúl Trejo Delarbre, consideran que no es tal el atentado a la libertad de expresión, sino únicamente se limitará al impedimento de la compra de espacios para difundir mensajes electorales en radio y televisión durante campañas proselitistas. “No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado”, refieren a través de un comunicado de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), organismo al cual pertenecen.

Por otra parte, si entra en operación esa medida del artículo 41, está latente el riesgo de que con la mano en la cintura los empresarios contraten publicidad política y luego paguen una multa -pues ahora la legislación electoral sí marca la restricción a particulares-, no pisar la cárcel como señaló Ismael Plascencia. En todo caso, debe quedar estrictamente regulada esa eventualidad, y que los más ricos no puedan influir en la opinión electoral con calumnias como en el 2006.

Y con respecto a la campaña del duopolio televisivo, que precisamente hace uso de la libertad de expresión para difundir este tipo de reportes, si los lectores la consideran información manipulada, en todo caso lo recomendable es cambiar de canal o simplemente apagar el televisor.

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El outsourcing y otras fórmulas de explotación

El outsourcing, que puede traducirse “provisión externa”, es conocido en nuestro país como el mecanismo a través del cual una compañía, tipo agencia laboral, se encarga de contratar personal para determinadas empresas, generalmente en puestos de vendedores, recepcionistas, cobradores o cajeros; pero tratando de garantizarle a los patrones el mínimo de derechos a sus eventuales trabajadores.

De esa manera, quien tiene las de ganar es la parte patronal porque las agencias colocadoras, como Manpower, pueden dejar claro a los aspirantes que en las empresas donde los contratarán no quieren ninguna dificultad laboral, por ejemplo huelgas, y ya en la firma del contrato colectivo, ésta se hace de manera individual, sin oportunidad de adherirse a un sindicato.

Para el abogado laboral, Néstor de Buen, dicho proceso se ha puesto de moda desde hace algunos años, propiciado por empresarios deshonestos, sindicatos corporativos “y la bendición no tan remota de las autoridades laborales”, donde la administradora de personal celebra contratos de arrendamiento con un patrón cualquiera y pone a su disposición a los trabajadores que necesite, garantizando, inclusive con fianzas, que no tendrá problemas laborales.

“A eso le agrega la existencia de un contrato colectivo de trabajo firmado con el dueño de un registro sindical, probablemente empleado del arrendador, en el que se borran las posibilidades de emplazamientos a huelga al arrendatario, ya que los trabajadores con que cuenta no son, supuestamente, sus trabajadores, sino del arrendador”, subrayó el especialista, y así el “arrendatario” queda liberado de cualquier responsabilidad, y en cualquier momento prescindir de los obreros incómodos. Tampoco tendrá obligación de repartir utilidades a los empleados porque, en teoría, no lo son.

Un caso concreto de las empresas outsourcing, es el de Atento Servicios S.A. de C.V., que trabaja para BBV Bancomer en tratar de recuperar la cartera vencida de la institución financiera con capital español. En la filial de Pachuca, Hidalgo, cuando los empleados de la sucursal anunciaron la creación de un sindicato, a los pocos días fueron despedidos los promotores.

Andrés García Euroza fue uno de ellos, quien el año pasado comentó a este medio las inhumanas condiciones en las que laboran los empleados de esa sociedad anónima. Su horario es de ocho horas diarias, con un día de descanso semanal, y de cuatro horas en el caso del medio tiempo. Sin embargo, las jornadas se incrementan sin el correspondiente pago de horas extras - su sueldo es alrededor de cuatro mil 500 pesos al mes-, con sólo 15 minutos para alimentación. Les enseñan a recurrir incluso a la amenaza de clientes deudores de Bancomer, como se les instruye en la capacitación previa a la contratación.

“Te obligan a hacer alrededor de 140 llamadas en tus ocho horas laborales, y para cumplir ese requisito no debes tardar mucho tiempo, y obviamente no alcanzas a hacer una labor de búsqueda del cliente, y la empresa te obliga a emplear sistemas donde tienes que buscarle más teléfonos a los morosos; otros domicilios, con familiares, marcar el 040, y eso te lleva a minutos de más, normalmente de ocho a diez minutos para localizar a un deudor, y eso se va haciendo acumulativo en el día.

“Y pese a que estamos sentados, no te permiten que platiques con el compañero de al lado, y cuidado aquél que esté de pie; son cosas totalmente infrahumanas, sus metas de 170 llamadas en el caso de ocho horas, y de 70 en cuatro horas, son exageradas, imposibles de cumplir, como el caso de las moras tardías, arriba de tres meses, de deudores, esa gente está ilocalizable y la empresa te obliga hasta a sacarlos por abajo de las piedras para hacer la recuperación; pero te dicen que tienes que ir al corriente, cuando eso está fuera de tus posibilidades”, testimonió.

La vigente Ley Federal del Trabajo (LFT) regula a esas compañías intermediarias, y a la vez no excluye de responsabilidades laborales a las contratadoras, salvo que sean insolventes aunque, como muchos otros preceptos de la referida norma, ya son violentados por patrones y autoridades.

Sin embargo, la reforma laboral pretendida por la gestión de Felipe Calderón Hinojosa prácticamente exonera de compromisos a las empresas que recurren a las agencias, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 15-A y 15-B del anteproyecto oficial, lo cual impedirá demandar a las grandes compañías.

Otra fórmula expuesta por De Buen para que los patrones se nieguen a pagar utilidades a sus empleados, es la de los “grupos de empresa”, en los cuales la existencia de diversas sociedades supuestamente independientes trabajan alrededor de una firma principal.

Así operan: La compañía responsable de dar la cara encarga los trabajos a otra u otras, que se responsabilizan de la obtención de materia prima, transformación, montaje, y demás para construir algún producto, por ejemplo automóviles. Entonces, esas empresas cuentan con trabajadores y contratos colectivos de trabajo de protección “y mediante mecanismos contables diabólicos” sus ingresos son parejos a los gastos y no tienen utilidades, aparentemente.

Entregan sus productos a la principal, con precios a modo, y ésta, habitualmente denominada holding (tenedora de las acciones) los recibe a precio muy conveniente, los vende con utilidad notable y, a fin de cuentas, como no tiene trabajadores, aparentemente, no tiene por qué repartir utilidades, documenta el especialista en el tema en artículo publicado en La Jornada del pasado 25 de octubre.

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Inestabilidad en trabajo, precarización laboral, trabas a sindicatos y mayor apoyo a patrones

Entre los puntos de la Reforma Lozano

Para impulsar la generación de nuevos empleos, mejorar la productividad y competitividad, quiere el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, la reforma laboral planteada al menos desde el sexenio pasado cuando el Banco Mundial (BM) se la propuso al entonces ejecutivo Vicente Fox Quesada. Sin embargo, en el borrador del documento, se establecen claras violaciones constitucionales que redundarán, si se aprueba en el legislativo federal, en la precarización del empleo, inestabilidad en el mismo, trabas a sindicatos independientes, y más armas a lo patrones en juicios contra obreros, entre otras cuestiones.

Una vez que mediante albazos legislativos se decretara la nueva Ley del ISSSTE en marzo del año pasado, la cual busca “aforizar” las pensiones de agremiados al instituto, retirar derechos a la seguridad social y laborales, así como dejar de lado la pensión digna, solidaria, y en octubre último la llamada reforma energética, donde hay un resquicio para el ingreso de capital trasnacional a Petróleos Mexicanos (Pemex), ahora pueden hacer lo propio con la modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Fox Quesada no logró acatar las “recomendaciones” del BM en materia de seguridad social, laboral ni energética, que le presentó a través del documento “Agenda Integral de Desarrollo para la Nueva Era”. Felipe Calderón, en tanto, ya le cumplió, sólo falta la de la LFT, cuya propuesta del organismo multilateral a la letra pide:

“¿Qué se debe hacer? Se debe eliminar el sistema actual de pagos por despido, negociación colectiva y contratos obligatorios para la industria (contratos-ley); el ingreso obligatorio a sindicatos (cláusula de exclusión); la repartición obligatoria de utilidades; las restricciones a los contratos temporales, de plazo fijo y aprendizaje; los requisitos de promociones basados en antigüedad; el registro de programas de capacitación proporcionado por las empresas y las obligaciones por los empleados de subcontratistas (patrón directo)”.

Todo contenido en la Ley Lozano -por el apellido paterno del secretario del Trabajo-, que propició la algarabía del sector empresarial, cuyos representantes pretenden legalizar mucho del contenido de la propuesta gubernamental, como el outsourcing, y la falta de prestaciones (seguridad social, aguinaldo, prima vacacional, etc.), hoy ya aplicados en varias compañías.

Por eso se justifica la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la misma Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y referentes generales, entre otros el Diálogo Nacional y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quienes se oponen a la reforma a la LFT de la impugnada gestión calderonista.

Las declaraciones de Lozano Alarcón para urgir a la reforma en la materia, fueron hechas el 10 de noviembre anterior, misma fecha en que abordó esa necesidad con el recién nombrado secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, y señal que en cualquier momento se presenta la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Nuevos tipos de contrato

Fechado el 28 de febrero de 2008, el texto elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el nombre de “documento de trabajo en torno a las iniciativas de Ley y a diversas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se consideran pertinentes” -con copia en esta redacción-, presenta en cada hoja donde se comparan los articulados vigentes con la “propuesta” oficial, la leyenda “borrador para discusión”.

De acuerdo al planteamiento, basado en el presentado hace cuatro años por Carlos Abascal Carranza, antecesor de Javier Lozano, hay tres nuevas formas de contratación, ninguna de ellas definitiva. Para tal propósito se agregan seis incisos al artículo 39; en el primero, o “A”, habla sobre el “trabajo por tiempo indeterminado”.

Textualmente, ese precepto indica: “… En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

“El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general, o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.

“Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia el trabajador, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad del patrón”.

Aquí el único cambio respecto a la “Ley Abascal” del gobierno anterior, es el de patrón, por el de empleador, aplicado el sexenio pasado.

El Artículo 39-B da cuenta del contrato “para capacitación inicial”, de tres meses de vigencia, y hasta seis meses en el caso de puestos de dirección, gerenciales, percibiendo el sueldo de acuerdo a la categoría laboral. Como su nombre lo indica, su característica es estar trabajando para adquirir los conocimientos o habilidades indispensables en el empleo. Sin embargo, también deja “a juicio del patrón”, la posibilidad de concluir la relación laboral, sin ninguna responsabilidad del dueño de la empresa.

Ambos contratos (de prueba y de capacitación inicial), no podrán prorrogarse, de acuerdo al Artículo 39-E.

En este sentido, un cambio sustancial es el del Artículo 280, que actualmente garantiza a los empleados de alguna compañía con labor continua de tres meses o más, a la presunción de “ser trabajadores de planta”, y el proyecto calderonista lo elimina en consonancia a los anteriores.

Son trabajadores eventuales o de temporada quienes laboran determinada época, pues no se menciona en el nuevo articulado por cuánto tiempo, y aunque al final de cada tiempo laboral se otorgan prestaciones a quienes vivan esa situación, omite darles la base correspondiente, pues mutila esta obligación de la vigente norma.

“Al final de la temporada, el patrón estará obligado a entregar una constancia a cada trabajador con expresión de los días laborados, el puesto desempeñando y el último salario recibido. Igualmente, en ese momento, el patrón deberá pagar al trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a que tenga derecho”. Dice textual.

Hay una especie de “contratos de polivalencia”, los cuales deberán ser firmados junto con los contratos individuales, obligando a los trabajadores a desempeñar varias funciones dentro de una empresa, por el mismo sueldo, lo cual servirá posteriormente a la hora de considerar los ascensos. Tratan de crear “trabajadores multidisciplinarios y globalizados”, según el Artículo 288 de la Ley Lozano.

Precisamente se modifica el vigente esquema escalafonario, desechando a quienes mayor antigüedad tengan en la empresa, de acuerdo al plan establecido en la actual legislación. Al respecto, el Artículo 159, para las vacantes definitivas, las provisionales mayores a 30 días, y las de nueva creación, “serán cubiertas por el trabajador que acredite mayor capacitación, de acuerdo con el lugar que le corresponda en el cuadro de los trabajadores capacitados”.

Y se agrega: “En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que en el último año haya mostrado la mayor productividad; al más asiduo y puntual, en ese orden y, en igualdad de circunstancias, al de más antigüedad en la especialidad o área de trabajo”.

Es decir, se cancela el constitucional derecho escalafonario, “por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión”, para dar preferencia a los mayor capacitados, donde se intuye añadir a quienes hayan tenido oportunidad de recibir instrucción educativa superior, y a los que, sin tener muchos años en la empresa, acepten labores diversas y horas extras, superiores a las ocho diarias, con lo cual se violenta nuestra Carta Magna.

Sindicatos, sin defensa

La propuesta gubernamental considera, así mismo, nuevas reglas a los sindicatos tanto para la firma de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), como en los estallamientos de huelga.

Por ejemplo, para que el patrón acepte la firma del CCT en su empresa, el “nuevo” Artículo 387 agrega los requisitos a cumplir, iniciando con la presentación escrita, con “la firma de los representantes del sindicato y la de los trabajadores afiliados a éste”.

No es todo. El documento anterior debe acompañarse de las constancias vigentes expedidas por la autoridad registradora correspondiente -en este caso las Juntas de Conciliación y Arbitraje o la misma Secretaría del Trabajo y sus delegaciones-, relativas a la inscripción de la directiva del sindicato; sus estatutos, y el padrón de los agremiados al mismo.

Similar a los juicios para reclamar la titularidad de los contratos laborales, donde si faltara alguno de los requisitos anteriores, de plano se desecha dicho trámite en los sindicatos.

Lo anterior es muestra prácticamente de una “lista negra” al tenerse la totalidad de sindicalizados a algún gremio en poder de las instancias conciliadoras, que podría utilizarse para posteriores sanciones de la parte patronal o las propias autoridades.

Con el derecho a huelga, éste pasa a convertirse en un procedimiento administrativo. Para que se declare existente este derecho constitucional, los sindicatos deben estar al corriente de su “registro sindical”, a actualizarse cada seis meses en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se incluyan los nombres de afiliados, firmas, altas y bajas, así como calificación de desempeño de cada agremiado, detallando sus actitudes y acciones, en clara violación a la libertad de cada asociación de trabajadores organizada. Y otra lista “negra” con la posibilidad de utilizarse en forma vengativa.

Más de contratos laborales, a través de un simple agregado al Artículo 388, que indica: “Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o establecimiento, no podrá dividirse éste en contratos colectivos para cada gremio, ya que la titularidad del contrato colectivo de trabajo corresponderá a la mayoría de todos los trabajadores”.

A este particular, queda abierta la posibilidad de que con quien negocien las compañías, sean agrupaciones sindicales dóciles a sus dictados. Un ejemplo, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), no podrán contar con la titularidad del contrato laboral porque los propietarios de las empresas de aviación prefieren a los sindicatos más afines para negociar salarios, prestaciones y derechos de todo ese sector.

El Artículo 360 planteado, deroga el inciso V, por lo que no podrán sindicalizarse las personas de “oficios varios”, y gremios “formados por trabajadores de diversas profesiones”. En lugar de alentar la formación sindical, la cancela.

Otro factor perjudicial a los empleados, en concreto a los subcontratados es, cuando ya exista la huelga, quedarán a disposición de ser reemplazados, de acuerdo a lo agregado al Artículo 924, que a la letra señala:

“Los derechos de terceros propietarios de bienes afectados por una huelga, podrán hacerse valer por separado en vía incidental, a efecto de que acreditada la legítima propiedad de los bienes afectados por la huelga, la Junta tome las medidas que sean necesarias para restituirles la posesión de los mismos, sin que estas actuaciones afecten el derecho de huelga”.

Es decir, las empresas pueden argumentar la contratación de nuevos trabajadores para utilizar su maquinaria, o esos “bienes afectados por una huelga”. ¿Y los empleados?

Pero hay más beneficios a la parte patronal. El Artículo 784 vigente marca en los juicios entre patrón y trabajador por rescisión de contrato o de cualquier índole, que el primero puede probar su defensa cuando exista controversia en la fecha de ingreso de su empleado, su antigüedad, faltas al trabajo, terminación de relación laboral, constancia de despido, contrato laboral, aguinaldo, prima vacacional, pago de utilidades, incorporación y aportaciones al Seguro Social, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro.

El añadido en la propuesta de Javier Lozano y Felipe Calderón es el siguiente: “La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios”. No especifica cuáles “otros medios”, lo cual abona en la utilización de artimañas, argumentando la pérdida de los documentos laborales que deben estar en cualquier archivo de las empresas.

Si esto fuera poco, y respecto a las pruebas para juicios laborales, con la reforma calderonista hay elementos contra los trabajadores. Se incluyen las de “distintas tecnologías” de la información y la comunicación, entre otras correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña. El Artículo 780 vigente marca que las pruebas se ofrecerán “acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo”. El “nuevo”, en tanto, mañosamente añade… “atendiendo a la naturaleza de las mismas. De no hacerlo, serán desechadas por la Junta”.

Con ello, aumentan las posibilidades de fallos parciales a la parte patronal, si representantes de juntas conciliatorias observan la falta de pruebas contundentes de los trabajadores.

Para los ceses laborales, el Artículo 47 de la Ley Lozano otorga al patrón la facultad de entregar el documento de destitución de trabajadores, de manera personal “o por correo certificado”, ya sin dar la cara al despedido y si éste lo considera injustificado, entonces recurrir al modificado Artículo 784.

Entre lo positivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se encuentra la sanción al acoso sexual en los centros laborales, y la no discriminación o despido a las mujeres embarazadas. Sin embargo, hay un agregado que va en detrimento de las féminas y sus hijos recién nacidos.

Fracción IV del Artículo 170 actual, apunta que las madres trabajadoras “en el periodo de lactancia” tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus recién nacidos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa.

Dicha fracción del borrador propuesto por el secretario del Trabajo, indica: “En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado”.

Limitan a seis meses “máximo”, el periodo de lactancia, cuando éste puede ser de diez meses o más para que los bebés alcancen el desarrollo requerido que sólo otorga la leche materna. También considera que no tengan los dos reposos por día para la alimentación del recién nacido, y deban esperar hasta siete horas, una vez reducida la hora planteada de la jornada laboral, siendo que algunos niños necesitan comer cada determinado tiempo, no mayor de tres horas.

Como se observa, son múltiples las violaciones constitucionales y laborales con la denominada Ley Lozano, de ahí la necesidad de incluirlas en las luchas sindicales para impedir su aprobación en el legislativo federal.

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Quebrada la Ley del ISSSTE; un fracaso elección del Bono de Pensión

En Michoacán, módulos de recepción cerrados por operativo magisterial

Los trabajadores quebraron, dos veces, la criminal Ley del ISSSTE, sostuvo Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, quien emplazó a la cacique del SNTE Eba Esther Gordillo Morales, y al director del instituto Miguel Ángel Yunes, a declarar de una vez la inconsistencia de dicha norma.

A su vez, la Unión de Juristas de México (UJM) -encargada de interponer los amparos contra la citada ley- calificó como fracaso el proceso de elección de alguna de las dos opciones planteadas: Bonoissste o Décimo Transitorio, pues apenas alrededor del 15% se acogió a ello, de los cuales la mayoría escogió la segunda, en teoría la menos perjudicial.

La expectativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era que, mínimo, el 48% de los aproximadamente dos millones 700 mil cotizantes al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado eligiera el Bonoissste o Bono de Pensión, con el propósito de echar a andar el Pensionissste como Administradora de Fondo para el Retiro (Afore), manejado los primeros tres años por una junta de sindicatos, o sea Elba Esther Gordillo, y después pasar a los bancos o aseguradoras que ya lo hacen con los afiliados al IMSS.

En términos económicos, Hacienda quería los alrededor de 150 mil millones de pesos estimados con poco menos de la mitad de los derechohabientes en activo, para iniciar la Afore “pública” manejada por Gordillo; pero al no alcanzar ese porcentaje ni siquiera podrán alimentar ese sistema de cuentas individuales.

Frente a esa situación, el líder del magisterio michoacano alertó sobre la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes intente ampliar el plazo de elección de opciones de la nueva ley, que en esta ocasión venció el pasado 14 de noviembre, aunque a final de cuentas el director del ISSSTE sólo anunció que revisarán los documentos respectivos. Pero no se descartaba recurrir a otra táctica, ahora vía Internet.

Un primer plazo se estableció del primero de enero al 30 de junio del presente año, marcado en la propia legislación aprobada en marzo de 2007 mediante un albazo en las cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, como hasta ese entonces la cifra de quienes optaron por Bono de Pensión o Décimo Transitorio apenas rebasaba el 5% de los trabajadores del instituto, el pasado 27 de junio de manera unilateral e ilegal el cuestionado gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decretó la prórroga al 14 de noviembre.

“Les quebramos su criminal ley dos veces; una con los más de dos millones de amparos, y otra porque no superó el 15% de quienes definieran por las dos opciones, a pesar de ser engañados, amenazados o a escondidas”, subrayó Artemio Ortiz.

Explicó que los trabajadores que se decidieron por el Bonoissste verán afectada su pensión al momento de jubilarse, y ésta será de acuerdo al promedio de los tres últimos años de servicio, o sea disminuirá, y no podrán recibir incrementos conforme a la inflación como hoy sucede; además, quedará cancelada la transferencia de tal pago a familiares cercanos al momento de su fallecimiento. Tampoco recibirán pago de aguinaldo.

Para quienes no se adhirieron al Bonoissste, precisó, se les restituye, de acuerdo a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la garantía de pensión a la familia si muere, de aguinaldo por lo menos de 30 días al jubilado y pensionado, el aumento pensionario, y se definirá su pensión a partir del último año laborado.

“A pesar de la agresiva campaña de propaganda y hostigamiento que en estos últimos días se ha llevado a cabo en contra de los empleados públicos para que gestionaran el ‘derecho de opción’ y sensibilizarlos de las supuestas bondades del Bonoissste, la estrategia le salió mal al gobierno, mostrando los burócratas una vez más su coraje de clase, quienes liderados principalmente por los trabajadores de la educación organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han dado un ejemplo en todo el país de resistencia y lucha en contra de las reformas antisociales del gobierno de Felipe Calderón que tienden a empobrecer al pueblo y llenarle los bolsillos a los banqueros, dueños de las Afores y aseguradoras”, consideró la UJM en un comunicado.

Las últimas semanas de la prórroga, se intensificó la campaña gubernamental en medios electrónicos, y hasta por cartas personalizadas, instando a los trabajadores del estado a decidir por el Bonoissste, con lo cual verían incrementados sus fondos pensionarios. Se instalaron cientos de módulos para registrar la decisión de los afiliados al organismo de salud, y en muchos casos fueron cerrados debido a la presión, en el caso de Michoacán, de la Sección XVIII, que la semana pasada integró brigadas ex profeso.

Desplegados desde el campamento estatal pedagógico instalado a partir del miércoles 12 en la Plaza “Benito Juárez” de Morelia, los sindicalizados fueron lo mismo a oficinas de delegaciones federales que a domicilios particulares, como el de un maestro del ala institucional en el Fraccionamiento Peña Blanca de la capital michoacana, donde se aprovechó para llenar el formulario solicitado por la dirección general del ISSSTE.

Igual en la sede central del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), donde incluso se decomisaron decenas de formularios de elección. Lo mismo ocurrió en todo el territorio estatal.

Ejemplo de lo anterior, es el caso del módulo en el inmueble que alberga la oficina de Correos y la delegación de la Procuraduría Agraria en el centro de Morelia, cuando el 13 de noviembre una comisión del magisterio michoacano acudió a pedir la cancelación del trámite correspondiente.

Desde el ingreso, el vigilante del edificio trató de impedir la entrada de los trabajadores de la educación, y tras forcejeos y amenazas verbales del primero, lograron hacerlo. Al explicar la situación, la empleada que despachaba decidió cerrar, y los manifestantes salieron satisfechos; poco después entraron al edificio de nueva cuenta, a fin de constatar que no se hubiera reabierto.

Esta ocasión, el mismo guardián trató a toda costa de que entraran, llegando al grado de amenazar con llamar a la policía estatal para desalojar a los visitantes. Incluso, cuando un docente de la Región Morelia se ofreció a registrarse a nombre de todos, no se lo permitió y siguió amenazando y hasta increpando a algunos maestros, quienes conservaban la calma. Después llegó otro empleado del edificio, empujando a otro de los mentores, sin pasar a mayores, hasta que ingresó la comisión.

Por ahí se vio, molesta, a una persona que iba a hacer el trámite de elección enmarcado en la nueva Ley del ISSSTE. Tuvo que salir sin cumplir su propósito.

Al poco rato, la administradora del inmueble, Rosa María Ambriz, llamada por el custodio que les impidió el acceso inicial, se dirigió al sitio donde estaban los militantes de la Sección XVIII, quienes le explicaron la razón de su asistencia ahí, de manera pacífica, para no permitir que siguiera trabajando el módulo de recepción del instituto de seguridad social. Indicaron que se encuentran amparados contra esa legislación, y la funcionaria pedía explicaciones de su ingreso.

En un momento dado, uno de los maestros dio razón del trato del vigilante, minutos antes. “Se escuda en el uniforme”, dijo, y el aludido, que se encontraba al lado de su jefa, reaccionó de manera violenta, tratando de golpear al que describió su accionar, “también sin uniforme”, respondió. Logró ser calmado por la administradora y debió retirarse para evitar problemas.

Finalmente, Rosa María Ambriz determinó hablar con el delegado de la Procuraduría Agraria, quien a escasos cinco minutos se presentó, comprometiéndose a que ni en el transcurso de ese día ni al siguiente (14 de noviembre), estaría funcionando el módulo del ISSSTE.

Otra situación que constataron los sindicalistas fue que en las dependencias federales, como la misma Procuraduría Agraria, Sagarpa y Desarrollo Social, sus propias empleadas estaban atendiendo los espacios de recepción, cuando debería corresponder a personal del ISSSTE. De esa manera, lograron que varios módulos optaran por cerrar.

Por otra parte, hasta la fecha suman tres los procesos de amparos presentados en juzgados federales por más de dos millones de trabajadores cotizantes al ISSSTE, de un total aproximado de dos millones 700 mil en el país. Todo desde mayo de 2007 al 18 de julio anterior, e incluso ya se recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que se violó el Convenio 102 de la institución, que considera a la seguridad social un derecho universal.

Lo que sigue ahora es el desahogo legal de los amparos en juzgados federales, y los trámites ante instancias internacionales como la OIT, y defensoras de derechos laborales. Sobre este punto, la Unión de Juristas de México en su comunicado del 12 de noviembre, solicitó:

“La lucha legal y social sigue. Debemos continuar e intensificar las acciones de protesta y ligar esta lucha con otras, y si es necesario disponer y organizar la huelga política nacional, como un valioso instrumento para detener las políticas neoliberales y empobrecedoras que practica el gobierno federal, y establecer un cambio social que beneficie a los trabajadores y sus conquistas históricas”.

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