Bernardino Cruz Cardona.
Estamos en pie, con nuestro brazo,
voz y presencia en alto
“Yo sabía que al encarcelar a Ignacio del Valle y a Felipe Álvarez, el que seguía era yo”, externa Bernardino Cruz Cardona, quien regresó a Atenco apenas el pasado 8 de marzo tras casi tres años de autoexilio y sobre quien pesaba orden de aprehensión por el delito de secuestro equiparado, situación a final de cuentas desvanecida por fallo judicial, lo cual le permitió volver a ver a su esposa, dos hijas, demás familiares y compañeros de lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Ahora, afectado tanto física como psicológicamente por vivir alejado de sus seres queridos y en la incertidumbre durante tanto tiempo, mantiene su postura de seguir pugnando por la libertad de 12 compañeros presos desde mayo de 2006, tres de ellos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de alta seguridad del Altiplano, y en la defensa de sus tierras pues la administración federal, afirma, insiste en construir un aeropuerto en la zona.
“El gobierno lo que quiso fue exterminarnos, y hoy le decimos, nos golpeó, pero no logró su objetivo, estamos en pie, con nuestro brazo, voz y presencia en alto”, enfatiza Bernardino Cruz, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Autónoma de Chapingo, empleo que debió abandonar cuando emprendió su exilio forzado.
En febrero anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, resolvió que no había indicios para considerar el delito de secuestro equiparado a Bernardino Cruz y a Jesús Adán Espinoza Rojas, por hechos ocurridos el 8 de febrero y 6 de abril de 2006, cuando supuestamente “secuestraron” a un funcionario de Gobernación del Estado de México, y cinco de la secretaría de educación mexiquense, respectivamente.
Y es que además de Cruz Cardona y Espinoza Rojas, América del Valle, hija de Ignacio del Valle Medina, también se encuentra en calidad de perseguida política por los mismos delitos aunque en su caso todavía vive escondida ante la posibilidad de librarse sobre ella la orden de aprehensión.
Con el resolutivo judicial a favor de Bernardino y Adán se abre la posibilidad de la libertad de los nueve presos políticos en el penal de Molino de Flores en Texcoco, ya que igual fueron acusados por el delito de secuestro equiparado, mientras a los tres presos en el Altiplano, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, su disminución, pues además tienen la acusación de ataque a las vías de comunicación, por haber supuestamente instigado a la toma de la carretera Lechería-Texcoco el 3 de mayo de 2006. Los dos últimos están sentenciados a 67 años, seis meses de prisión, mientras Del Valle a 112 años, seis meses de reclusión.
En tanto, los detenidos en Molino de Flores purgan condena de 31 años, 11 meses, 15 días de cárcel, por secuestro equiparado, y son: Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco, y Narciso Arellano Hernández. Pedro Reyes Flores, que estaba en el mismo centro penitenciario, salió libre el 13 de marzo último al no comprobar su detención en el lugar señalado por los acusadores.
Pero los 12 detenidos son considerados presos de conciencia, para lo cual está en marcha la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, arrancada el pasado 17 de febrero con la demanda principal de la excarcelación de sus compañeros, y donde una comisión (Bernardino Cruz y Gerardo González González) acudió el jueves 26 al foro sobre represión organizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM) en la Plaza “Benito Juárez” de Morelia.
Tanto Bernardino Cruz como Gerardo González, quienes participaron en el evento realizado en la capital michoacana, ven en la reclusión de los integrantes del FPDT un motivo de venganza del entonces gobierno de Vicente Fox Quesada, por haber frenado su proyecto más ambicioso, el nuevo aeropuerto de la ciudad de México en parte de sus tierras.
Recordaron que el 22 de octubre de 2001 se presentó el decreto expropiatorio de más de cinco mil hectáreas, la mayoría correspondientes al ejido de San Salvador Atenco, donde las autoridades federales ofrecieron 7.50 pesos por metro cuadrado del terreno, situación rechazada por los atenquenses al considerar la pérdida de sus orígenes y cultura, quienes a raíz de esa lucha se integraron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, logrando frenar la intención foxista, que finalmente dio marcha atrás en agosto de 2002.
Sin embargo, hubo bajas. La de José Enrique Espinoza Juárez, muerto tras recibir golpes de policías durante la represión a una manifestación del FPDT el 11 de julio de 2002 cuando se dirigía al zócalo del Distrito Federal, y fue encarcelado sin recibir atención médica, así como las de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, fallecidos el 4 de mayo de 2006, víctimas de cuerpos policiacos cuando ingresaron a Atenco y detuvieron a más de 200 personas, golpeadas y vejadas.
Todo preparado
Respecto al origen de la demanda que le achacaron, Cruz Cardona refiere los sucesos del 6 de abril de 2006, previos al ingreso de las distintas policías al poblado atenquense, donde acudieron varios pobladores a una escuela de Educación Especial en Papalotla a negociar con autoridades educativas mejoras al plantel, pues desde tiempo atrás denunciaron desvíos gubernamentales de recursos destinados a instituciones, y hasta lograron en una ocasión recuperar dinero, que fue destinado a compra de computadoras.
Esa fecha esperaban al secretario de educación del Estado de México, pero sólo acudieron cinco de sus subordinados: José Israel Malpica, Maclovio Zurita López, Cristóbal Reyes Franco, Antonio Palma Villanueva y Jesús Zimbrón López.
“Me demandaron a mi porque dicen que yo fui el instigador a que se rebelara la gente y secuestrara a los funcionarios; pero nosotros fuimos rodeados por granaderos cuando estábamos en la misma mesa de diálogo, y así nos tuvieron siete horas porque, ahora sabemos, para que sea un secuestro, dice el código penal, tienen que estar siete horas; o sea, todo eso fue planeado.
“Finalmente nos fueron a rescatar alumnos de la Universidad de Chapingo, y para el siguiente 4 de mayo ya teníamos esa orden de aprehensión, y ya un tribunal colegiado dictaminó que en mi caso, mismo de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, no existió el delito de secuestro equiparado porque nunca retuvimos a los funcionarios, no pedimos ni cobramos rescate, y jamás lo planeamos, que son los elementos del secuestro, donde el secretario de educación que esperábamos no llegó, no cumplió sus demandas, y la otra parte, nosotros, presionamos y si hubiera algún delito que perseguir sería coacción o desacato a la autoridad, que a final de cuentas tampoco se acreditaron”, señala en entrevista con Michoacano.
Meses antes, el 8 de febrero del mismo año, un grupo de atenquenses retuvo al director de Gobernación de la región de Texcoco, Rosendo Rebolledo Montiel, para demandarle la excarcelación de su compañero ejidatario Arturo López Frutero. Esa es la causa de secuestro equiparado que pesó sobre Adán Espinoza, Ignacio del Valle y otros coacusados, por los cuales el primero ya recibió la exculpación, que se juntaron con las del 6 de abril, del que resultó exonerado Bernardino Cruz.
Y las órdenes de aprehensión se libraron precisamente el 3 de mayo de 2006, y en el caso de Cruz Cardona el día siguiente, cuando por instinto decidió protegerse.
Exilio forzado
Bernardino Cruz, ese 4 de mayo de 2006 cuando los policías estaban en Atenco deteniendo y golpeando a sus habitantes, hablaba entonces con el periodista Ricardo Rocha, y en un momento dado le pidió cortar la comunicación debido a la brutalidad que observaba de parte de los uniformados. Se enteró de la detención, un día antes, de sus compañeros Del Valle Medina y Felipe Álvarez, y pensó que él era el siguiente, por lo que partió al exilio forzado.
También tuvo, por un momento, la idea de abandonar el país, o de prepararse para enfrentar la reclusión en el penal de “exterminio” del Altiplano pues, apunta, quienes ahí habitan reciben violaciones a sus derechos humanos, como lo ha constatado el FPDT en visitas a sus tres presos políticos, donde Héctor Galindo ni siquiera puede ver a sus familiares desde octubre anterior.
“El exilio de casi tres años fue una experiencia muy difícil. Todo ese tiempo estuve enfermo de la espalda, de las articulaciones, y sin poder ir al médico, nada más con algunos tecitos, y así me aguanté; ahorita estoy aprovechando estos días para visitar médicos”, expresa en la entrevista.
Otro momento complicado que padeció fue no poder estar con su familia, compuesta de esposa y dos hijas, que entonces estaban en secundaria y preparatoria, ahora ya cursan, la mayor, la carrera de Sociología, y la menor en el Centro de Ciencias y Humanidades la educación media superior. Lamenta haberse perdido una etapa importante en la convivencia con sus seres cercanos.
A su cónyuge sólo la vio unas cuatro veces cuando, bien protegido, acudía a las cuestiones jurídicas de su caso, pues los abogados interpusieron un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, aunque esos instantes los vivía igual con zozobra ante el temor de ser detenido, como ocurrió en algunos casos de sus compañeros.
Pero se quitó esa loza que llevaba encima cuando en febrero último un tribunal dictaminó que no existían indicios para inculparlo por secuestro equiparado, y entonces pudo regresar a su pueblo, San Salvador Atenco, el pasado 8 de marzo en ceremonia donde estuvieron los hermanos Cerezo Contreras, presos más de siete años en penales de máxima seguridad; Lucía Morett Álvarez, sobreviviente del ataque en Sucumbíos, Ecuador en febrero de 2008, y de la esposa de Ignacio del Valle, Trini Ramírez, entre otros.
“Sí necesito atención profesional porque sí queda uno afectado”, admite, y refiere que encontró a un Atenco con el brazo en alto, y una rabia contenida, “que la estamos conteniendo porque tenemos nuestros presos políticos y no queremos que haya más, y no queremos que nuestra gente vaya a cometer barbaridades porque no somos bárbaros, somos gente de trabajo y lo hemos demostrado, y además el gobierno quiere cualquier pretexto para reprimirnos, pero estamos siendo precavidos”.
Lucha continúa contra nuevo proyecto oficial
Sin embargo, señala que seguirán no sólo buscando la libertad de sus 12 detenidos, sino en defensa de la tierra ante la amenaza de las autoridades federales por hacer el proyecto aeroportuario en parte de su terreno, disfrazado de complejo turístico supuestamente ecológico, donde realizan una estrategia diferente a la de 2001 cuando se decretó la expropiación.
Explica que el gobierno federal ofrece a ejidatarios, ya no los 7.50 pesos por metro cuadrado de hace ocho años, sino hasta un millón 500 pesos por hectárea, y muchos ya aceptaron. Incluso asevera que esos recursos ofertados por autoridades son parte del presupuesto asignado por el Congreso de la Unión para revisar el nuevo aeropuerto, “y se están aplicando nuestros impuestos ilegalmente para seguir masacrando a nuestros pueblos, en este caso de la ribera del lago de Texcoco”.
Si se atiende al proyecto de Vicente Fox, poco más de la mitad de las hectáreas planteadas para el aeropuerto o el complejo turístico, pertenecerían al ejido de Atenco, que lo impedirá nuevamente junto a los de Tohuila y Acuexcomac, que fueron de los 13 núcleos ejidales de la zona los que resistieron en 2001.
“No nos vamos a dejar, como dice Ignacio del Valle, mientras haya uno en lucha ahí estaremos, y como decía el compañero Enrique Espinosa, asesinado por policías en 2002, vamos a estar ahí defendiendo nuestras tierras, si es necesario dar nuestra sangre, la daremos, pero aún así van a quedar nuestros hijos, por lo que les mandamos decir al gobierno que defenderemos lo que es nuestro hasta las últimas consecuencias, como ya lo hicimos y ya lo demostramos”, enfatiza Bernardino Cruz.
Finalmente, el ex perseguido político invita a las organizaciones sociales de Michoacán, del país y del extranjero, a participar en la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, que en una primera etapa concluirá el próximo 4 de mayo al cumplirse tres años de la represión en ese poblado mexiquense, y apoyar en la excarcelación de los 12 presos políticos, pues su delito fue la defensa de causas populares. Para conocer sus actividades, ponen a disposición la página electrónica: www.atencolibertadyjusticia.com.
Cabe anotar que el pasado 16 de marzo una comisión de la campaña acudió a visitar a los tres presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y demandó, como medida urgente, su traslado a otros centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios, como lo establece la normatividad constitucional.
Entre los integrantes de esta campaña se encuentran Samuel Ruiz García, Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; los escritores Carlos Montemayor, Paco Ignacio Taibo II; Adolfo Gilly, académico; Luis Villoro, filósofo; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; los actores Demián Bichir, Bruno Bichir, Diego Luna, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho; los cantantes Roco y Rubén Albarrán, de la Maldita Vecindad, y Café Tacuba, respectivamente, así como Manu Chao, a quien por cierto quisieron deportarlo la semana pasada.
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