martes, 17 de febrero de 2009

Urgen a nuevo rumbo del país; el rescate debe ser desde el propio pueblo: A. Ortiz




México, D.F.- Organizaciones sociales, sindicales y campesinas demandaron a las autoridades un viraje en su política, y pidieron acciones concretas en defensa de la economía de los mexicanos más desprotegidos e incluso plantearon la posibilidad de estallar una huelga nacional en este primer semestre del año si no ven respuesta positiva.

Más de 50 mil manifestantes salieron el viernes 30 del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, lugar donde tuvo lugar el mitin, espacio para expresar la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); impulsar la soberanía alimentaria; freno al saqueo de cuentas de ahorro vía las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), y la nacionalización de ese sistema, para lo cual se presentará una iniciativa ante el Congreso de la Unión; rechazo a la reforma laboral; aumento salarial de emergencia; reducción a las tarifas del servicio eléctrico; libertad de presos políticos y no a la criminación de la protesta social.
El plan de acción acordado por las diferentes agrupaciones se basa en promover el diálogo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; demandar a las autoridades federales el establecimiento de pasos concretos para llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría de mexicanos, con lo que se hace necesario cambiar el rumbo de la política económica seguida por Felipe Calderón.

Presencia del Magisterio Michoacano en la Megamarcha

Agustín Rodríguez, dirigente del sindicato de la UNAM, e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), advirtió que si no hay respuesta “iremos con el cierre de carreteras, fronteras, puertos y aeropuertos hasta radicalizar nuestras acciones y realizar una huelga nacional”, proyectada ésta última durante el primer semestre del presente año.
Por su parte, el secretario general de la Sección XVIII del magisterio michoacano, exhortó a construir una gran jornada nacional de acción donde se emplace a la respuesta de la problemática social. Igual pidió un aumento salarial de emergencia ante los constantes incrementos a productos y servicios básicos, y resaltó la presentación del cuarto amparo contra la Ley del ISSSTE ese mismo 30 de enero por la mañana, que ahora también incluyó a quienes ya tienen sus ahorros en cuentas individuales manejadas por el sector privado, cuya finalidad es que se les reintegren ese recurso robado por las Afores. Anunció la lucha por nacionalizar las pensiones, 
Expuso un paro nacional el próximo 5 de marzo, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realice una visita a los senadores para impedir que aprueben la contrarreforma al artículo tercero constitucional, que legaliza la aportación de padres de familia y otros sectores a la instrucción de sus hijos.
Y planteó la construcción de una “Junta Patriótica de Salvación Nacional” para enfrentar la crisis y derrotar las políticas neoliberales, desde la propia sociedad porque “sólo el pueblo salva al pueblo”.
Cruz López Aguilar, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció que presentarán una propuesta al Congreso de la Unión para incluir en nuestra constitución el derecho a la alimentación, y garantizar la soberanía alimentaria, así como renegociar el TLCAN en su aspecto agropecuario.
En tanto, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores calificó que los verdaderos responsables de la crisis económica son los empresarios y no la clase trabajadora, por lo tanto ellos deben pagar los costos. Propuso la creación de una tarifa social de luz para los trabajadores, e invitó a los distintos sindicatos a no aceptar el 4.6% de aumento salarial impuesto por las autoridades.

Artemio Ortiz se pronunció, en el evento, 
por crear una Junta Patriótrica de Salvación Nacional 
 para derrotar las políticas neoliberales 

Participaron en la megamarcha el Frente Sindical Mexicano (FSM), CNTE, Diálogo Nacional, Foro Social México 2009, Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión Nacional de Trabajadores, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Trabajadores de la Industria Nuclear, Frente Popular Francisco Villa, Alianza de Tranviarios, entre otros.
Ya por la noche una comisión de las organizaciones presentes en la marcha y mitin acudió a entrevistarse con el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, sin aterrizar en acuerdos concretos.
El siguiente evento es el Séptimo Diálogo Nacional los días 7 y 8 de febrero en el nuevo auditorio del SME (Insurgentes Norte, número 98, Col. Tabacalera, ciudad de México), donde se daría seguimiento a los compromisos asumidos este 30 de enero, y trazar la ruta de movilización nacional, como llamó el líder del magisterio michoacano Artemio Ortiz. 

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Magisterio democrático de BCS en la lucha nacional

Jesús Nicolás Beltrán

En funciones desde abril último, el comité democrático de la Sección III del SNTE en Baja California Sur se mantiene, con la mayoría de trabajadores de la educación de la entidad, en la lucha nacional por la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, la cancelación de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y contra el cacicazgo sindical de Elba Esther Gordillo Morales en su gremio.

La dirigencia seccional recayó en Esteban Ojeda Ramírez, tras un congreso de bases al cual acudió la representación del 60% de los aproximadamente 10 mil adheridos a la Sección III, y que se realizó semanas después del evento charro de marzo pasado, del cual por cierto salieron los seguidores de Gordillo Morales al ver la posibilidad de perder el comité, y mejor optaron por realizar su recambio en otro lugar de la capital sudcaliforniana, La Paz, donde en pocas horas, sin la presencia de la mayoría de delegados eligieron a Guillermo Aguilar Villavicencio.
Previo al evento, recuerda Jesús Nicolás Beltrán Sáenz, de la Sección III y actual Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, la autonombrada presidenta vitalicia del sindicato magisterial envió a San Juana Cerda Franco a tratar de negociar la entrega de algunas carteras seccionales a cambio de que el secretario general fuera de los charros. Nada consiguió, igual que el propio Rafael Ochoa Guzmán, líder nacional del SNTE gordillista, y así llegaron al evento en marzo de 2008 con la imposición de Aguilar Villavicencio.
Actualmente el comité democrático tiene demanda penal ante el gobierno estatal del perredista Narciso Agundez Montaño, el propio CEN del SNTE, la Secretaría de Educación Pública, y el caso se ventila en la Junta de Conciliación y Arbitraje, por considerar ilegal la elección de Guillermo Aguilar, que incluso llegó a presentar dos tomas de nota a las autoridades, ambas falsas, a decir de Beltrán Sáenz.
Sin embargo, lamentó, pese a tener la mayoría de afiliados a la representación magisterial en Baja California Sur, el gobierno de Narciso Agundez aún no los reconoce en la relación bilateral, “no le basta la legalidad de nuestro congreso de bases, prefiere avalar al comité espurio”.
Paralelo al litigio legal siguen presionando para que la próxima mesa de negociación contractual de mayo sea con ellos.
Mientras tanto, el comité encabezado por Esteban Ojeda lleva a cabo gestoría como la relativa a créditos de viviendas de parte del ISSSTE, e igual con los amparos precisamente contra la ley del instituto de seguridad social, que el pasado 30 de enero inició el proceso para presentar el cuarto recurso jurídico.
Respecto a la ACE, si bien el mandatario estatal y el mismo congreso local han declarado que esa alianza no se firmará en Baja California Sur, se trabaja con esquemas federales contemplados en dicho compromiso, como Escuelas de Calidad, por lo cual en los hechos avanza. Igual con el caso del examen de oposición, que sí se aplicó a egresados de las normales de BCS.
El compromiso del magisterio democrático en el estado es el de impedir la aplicación de los cursos de formación donde las autoridades educativas tratarán de que los maestros acepten la ACE, y todo lo relativo a ese acuerdo, que viola los derechos laborales de profesores, y los de recibir educación pública. Así como concientizar a los sindicalizados del peligro que representa trabajar con los esquemas neoliberales, indicó Jesús Nicolás Beltrán.
Así mismo, puntualizó que en la Sección III democrática ven con buenos ojos la integración del CEND del SNTE, aunque sin desconocer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al ser uno de los pilares en la lucha magisterial. Pero faltaba “la firmeza en determinar un comité nacional que viera cara a cara los problemas de los sindicalizados y se enfrentara abiertamente con el SNTE charro, y no había de otra forma que hacerlo desde el comité nacional democrático, aunque con limitantes por la falta de recursos económicos”.
Baja California Sur se sumó a las representaciones democráticas mayoritarias de Puebla, Morelos, Quintana Roo, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, y Oaxaca.
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Millonario el robo a trabajadores

Se presenta el cuarto amparo

Mitin afuera del Palacio de Justicia Federal 
después de entregar los amparos contra 
Ley del ISSSTE e instituciones financieras

Con la presentación de arriba de 100 mil amparos contra instituciones financieras del país en la sede del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro en la capital de la república el pasado 30 de enero, inició el periodo para realizar dicho trámite, cuyo objetivo primordial es que se termine el saqueo realizado especialmente por las Afores a los ahorros de más de 39 millones de trabajadores, y ese monto económico robado vía comisiones, en inversión especulativa y otros mecanismos usureros le sea devuelto a los trabajadores amparados.

En su mayoría adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acudieron a interponer el recurso legal, muchos de ellos por cuarta ocasión contra la “criminal” Ley del ISSSTE pues, denunció Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección XVIII del magisterio michoacano, las autoridades financieras transfirieron, sin autorización de los involucrados, a las cuentas del Pensionissste los ahorros de los miles de empleados al servicio del estado que no escogieron ninguna de las dos opciones de jubilación establecidas en esa legislación (Bono de Pensión o X Transitorio), pese a estar amparados. Igual  con los ahorros de vivienda.
  Abundó que al revisar los estados de cuenta de algunos trabajadores en Bansefi y Bancomer, constataron que se encuentran en “ceros”, y si se suman los 2.7 millones de cotizantes al ISSSTE, por lo que estimó ese robo en “casi 500 mil millones de pesos”; pero si calculan las 39 millones de cuentas de afiliados a las Afores, el perjuicio financiero ascendería a “casi cinco billones de pesos”. 
También se pretende que con el número de amparados se transparente la información manejada por las Afores, incluido el Pensionissste, y eso mismo lleve, al constatarse las anomalías financieras, a exigir la nacionalización y estatización de las administradoras ahora privadas, y del sistema pensionario. 
El plazo para presentar este cuarto amparo (cuyo formato e instrucciones se encuentra en el sitio: www.uniondejuristasdemexico.com) vence el próximo 13 de febrero cuando de nueva cuenta habrá movilización masiva afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, aunque el recurso se puede presentar en juzgados federales de las entidades federativas.

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jueves, 5 de febrero de 2009

Estados Unidos, nacidos para dominar

Territorio arrebatado a México por Estados Unidos

México ha pagado y lo sigue haciendo, su estrecho vínculo hacia los gobiernos y políticas de Estados Unidos. El hecho más vergonzoso de la relación fue la pérdida física de territorio, prácticamente robado por los vecinos del norte, situación que ahora continúa, adecuada a los tiempos y por vías diferentes a la armada, con el resquebrajamiento de nuestra soberanía nacional. 

En este reporte se hablará de manera somera de algunos pasajes relevantes sobre la forma como la Unión Americana alcanza sus objetivos en una visión de largo plazo, usando todos los recursos a su alcance, y la afectación directa a nuestra república. 
También de la estratégica alianza establecida entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), y Acción Nacional (PAN), que en este 2009 cumple dos décadas de hacerse de manera abierta.
Precisamente acerca del último punto, hoy vivimos el sistema de mandato presidencial estadounidense donde dos partidos políticos se rotan en el gobierno. Aquí son tanto el PAN como el PRI, sin dejar la más mínima posibilidad de acceder al poder, como lo mandata EU, a quien represente la izquierda política, que vio sus máximas oportunidades de hacerlo en 1988 y más reciente en el 2006, y ahora, después de años de obtener migajas electorales parece amoldarse al régimen bipartidista con Jesús Ortega Martínez colocado en la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ya desde inicios de los 80 se habló con más frecuencia de que las administraciones mexicanas se supeditaban económicamente a sus similares de Estados Unidos, lo cual se hizo patente a raíz de la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado (diciembre 1982-noviembre 1988) y al equipo detrás de él encabezado por su sucesor Carlos Salinas de Gortari y su eminencia gris Joseph Marie Córdoba Montoya. Incluso, en 1989 se da la primera gubernatura a la entonces oposición de derecha, se instaura parte de su proyecto de gobierno tras el convenio entre ambas instituciones políticas, y en contraparte la izquierda es reprendida y le escamotean más de uno de sus triunfos electorales.
Sin embargo, el asunto de la incursión gringa viene de más atrás, del siglo XIX cuando mientras los presidentes de EU sabían lo que querían, los de México ni siquiera se ponían de acuerdo para decidir quién ocupaba el mayor puesto del país, con la consiguiente inestabilidad que a final de cuentas condujo a la pérdida de casi la mitad de nuestro territorio, donde también hubo graves traiciones (Antonio López de Santa Anna, el claro ejemplo).
Ahora ya no son las guerras armadas o el despojo físico del territorio la vía, sino la comercial, incluyendo en ella aspectos de “seguridad”, laboral, y otros relativos al “intercambio” de bienes y recursos naturales. De esa manera hoy se pierde la soberanía mexicana en un calculado proceso operado por los vecinos del norte, desde los cuantiosos y frecuentes préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Fondo Monetario Internacional (FMI) -el que presta pone las condiciones-, hasta la firma, pública o en secreto, de acuerdos entre ambas naciones. Todo con la complicidad de los partidos gobernantes (PRI-PAN).
Con el arribo del Demócrata Barack Obama a la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero hay quienes creen que la situación hacia México cambiará en relación a su antecesor George Walker Bush, empezando por el ámbito de los migrantes e indocumentados que cruzan la frontera hacia el sueño americano. Conviene recordar que un país como EU, con un acentuado complejo de superioridad, racismo y dominación hacia su vecino sureño prácticamente desde su consolidación como país, tiene en la mira controlar a todo el mundo, como lo hace ya, y nuestra república no es la excepción; ir contra eso sería abandonar su naturaleza cuando tiene los hilos del poder firmemente agarrados, y no los soltará por decisión propia, pues para eso nacieron.
Ni Demócratas o Republicanos se han salido de ese guión escrito por la misma Providencia, como elegidos de Dios que se creen los presidentes de la Unión Americana, y así se ha visto en la historia que los llevó a ser la nación más poderosa del orbe. Por ejemplo, el Demócrata Bill Clinton, compañero de partido de Obama, fue el que a final de cuentas firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con su homólogo mexicano Carlos Salinas, en negociación iniciada por el Republicano George Bush padre, lo cual se traduce en la pérdida, por citar sólo un caso, de nuestra soberanía alimentaria. 
Ellos sí saben para qué gobiernan, y los presidentes mexicanos también… para obedecer los dictados de los estadounidenses, así sea entregando la mitad del territorio y los recursos estratégicos (petróleo, energía, agua y muchos etcéteras), así como permitir que un extraño enemigo profane nuestro suelo en busca de frenar el narcotráfico o cualquier otro pretexto.

El robo del siglo

Los jerarcas de Estados Unidos han sabido leer las posibilidades más allá de su terruño en mero afán de riqueza. Iniciaron el Siglo XIX comprando a los franceses el territorio de la Luisiana (en 1803), que comprendía poco más de dos millones de kilómetros cuadrados, y los territorios de los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota al sur del río Misisipi, gran parte de Dakota del Norte, casi la totalidad de Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el norte de Texas, una sección de Montana, Wyoming, Colorado al este de la divisoria continental, y Luisiana a ambos lados del río Misisipi, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans. Así, del espacio original de sus 13 colonias ubicadas en la Costa Este, colindante con el Océano Atlántico y Canadá al norte, crecieron hacia el centro y alcanzaron una parte de acceso hacia el Golfo de México.
16 años después indemnizan a España por apropiarse de La Florida Occidental y la Occidental, con lo cual controlan completamente el tránsito por el Golfo de México, Océano Atlántico y prácticamente tienen a su alcance a Cuba. Pero faltaba llegar a la otra costa, al Océano Pacífico y avanzar al sur.   
En tanto, México alcanzó en 1821 su independencia de la corona española, y apenas al siguiente año el entonces presidente de EU James Monroe envió a Joel Roberts Poinsett ya con el propósito de buscar expandir la frontera hasta Tejas -luego pasó a ser Texas-, Nuevo México y California. Desde 1820, cientos de inmigrantes liderados por Moisés Austin van al territorio tejano, bajo el argumento de ser originarios de la Luisiana española comprada a Francia en 1819, y se mezclan con los pocos nativos.
La Constitución mexicana de 1824 coloca a Tejas y Coahuila como un solo estado, cuya capital es Saltillo; pero Austin, con evidente apoyo de EU, busca más tarde la separación y la declaratoria de independiente, lo cual se alcanza en 1836 cuando los anglo-tejanos eligen presidente a David G. Burnet. Entonces, Antonio López de Santa Anna, que había asumido una presidencia de corte centralista, va a sofocar la rebelión, pero es derrotado y aprehendido por Samuel Houston. Además obligado a firmar los Tratados de Velasco, donde el “César mexicano” acepta la independencia de Texas, y su límite con México hasta el Río Bravo, cuando antes era el Río Nueces, más al norte, situación rechazada posteriormente por nuestra nación arguyendo que la firma de Santa Anna en calidad de prisionero no demostraba su legalidad.
James Knox Polk llega en 1844 a la presidencia de Estados Unidos con la promesa de llevar a Texas a propiedad de la Unión Americana, y un año después el congreso de ese país aprueba la anexión. En 1846 estalla la guerra México-EU, que se prolonga hasta mayo de 1848 cuando se firma el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual nuestra república cedió casi la mitad de su territorio: La totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. EU pagó como indemnización 15 millones de dólares.
Juega un papel preponderante en esta entrega Santa Anna, primero al perder la batalla con los independientes texanos y su pacto de ceder ese territorio hasta el Río Bravo, y luego al pactar desde su exilio en Cuba con el presidente James Polk, en 1846, la cesión de los demás estados “vendidos” en 1848, y una guerra ventajosa a los estadounidenses. Se suma el factor de un México dividido, pues entre 1843 y 1848 hubo nueve diferentes presidentes, Antonio López de Santa Anna tres de las 11 veces que se ostentó como ejecutivo, y así resulta presa fácil a la voracidad extranjera
Otro de esos presidentes de facto, Mariano Paredes Arrillaga, pretendió que ante la falta de capacidad para que los mexicanos fueran gobernados por mexicanos, mejor se trajera a un monarca español a cumplir esa difícil encomienda.
Una frase lapidaria del auditor de guerra Miguel Bataller en 1821 cuando se proclamó oficialmente la independencia de nuestra república refleja la situación: “No puede darse a los mexicanos mayor castigo que el que se gobiernen por sí mismos”.
Para 1853, Santa Anna, ya para despedirse definitivamente de la presidencia de México vende el territorio de La Mesilla a EU, punto fronterizo idóneo de ingreso mercantil por tierra al país vecino del norte. Entonces Estados Unidos tenía dominio de su Costa Oeste colindante con el Océano Pacífico, pues además en 1846 conviene con Gran Bretaña el terreno de Oregon (además del señalado, los estados de Idaho y Washington), que pasó a ser propiedad exclusiva de los estadounidenses.
De esa manera tenían dominio de los dos océanos (Pacífico y Atlántico), Golfo de México, y en California, otrora parte mexicana, el mismo año de la anexión se descubren ricos yacimientos de oro. Tiempo después, grandes yacimientos de petróleo en el antiguo Texas mexicano y otras entidades de EU, que aprovecha el asunto para iniciar, a finales del Siglo XIX, un despegue económico con hombres como Jhon D. Rockefeller manejando el proceso completo de esa incipiente industria, y después Henry Ford complementándolo tras la fabricación de vehículos automotores.
En nuestra nación también se dan descubrimientos del oro negro, pero debido a la inestabilidad todavía prevaleciente, entran las compañías estadounidenses, británicas y de otras latitudes a manejar ese recurso, una vez más alegando incapacidad de los mismos mexicanos para conducir su destino. Ya había llegado y muerto Benito Juárez, y se mantenía la dictadura de Porfirio Díaz.
Mientras EU seguía su plan anexionista. En 1867 compra Alaska a Rusia, y las Islas Midway; producto de la guerra con España, en 1898, toma los territorios de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, y al año siguiente remata al apoderarse de las Islas Wake. Terminaron el Siglo XIX con posesión de buena parte del Océano Pacífico.
Sin embargo, los mandatarios de Estados Unidos preveían un difícil acceso para exportar y recibir productos desde su costa este al Océano Pacífico, por lo árido del terreno y el costo económico alto en la zona oeste. Vieron nueva oportunidad de negocio con su vecino del sur, que se encontraba en guerra entre liberales y conservadores, y el 14 de diciembre de 1859 firman en Veracruz el Tratado Mc Lane-Ocampo, por el apellido de los respectivos representantes de los presidentes James Buchanan y Benito Juárez, a través del cual se cedía a perpetuidad el derecho de tránsito y comercio a los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, con lo que podrían cruzar sin trabas del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. 
Adicionalmente, el acuerdo signado entre Robert Mc Lane y Melchor Ocampo, garantizaba derechos de paso por dos franjas de tierra mexicana: una, de Sonora desde el puerto de Guaymas en el Mar de Cortés, hasta Nogales, en la frontera con Arizona; y la otra del puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, pasando por Monterrey, hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas, al sur de la actual Brownsville, Texas, en el Golfo de México.
La venta fue por cuatro millones de dólares, aunque en realidad sólo dos millones pues los restantes quedarían en poder de EU, previendo los pagos de demandas de sus ciudadanos  contra el gobierno mexicano “por daños a sus derechos”. Pero finalmente el Congreso estadounidense no lo avaló, por encontrarse a punto de estallar su guerra civil y observaron que un tratado así favorecería a los estados del sur. Eso impidió el nuevo atraco a nuestra soberanía.
Pero las autoridades de la Unión Americana insistían y entrando el Siglo XX aprovecharon la coyuntura para ayudar a Panamá a construir su famoso canal interoceánico. Francia se adelantó desde 1881 al firmar un convenio con Colombia, a la cual pertenecía Panamá, aunque la difícil orografía, el clima, que desembocó en malaria a los constructores franceses, y la carencia de recursos económicos dio por concluido el ambicioso proyecto.
Entonces, EU al ver rechazo por parte de Colombia para ser quien concluyera el canal, maniobra para que Panamá se independice y sea una república propia en 1903, con lo cual obtiene la concesión para construir la obra, que reinicia un año después y culmina en 1914 cuando se firma el compromiso de utilización, a perpetuidad, del libre tránsito de las mercancías estadounidenses entre el Atlántico y el Pacífico. No es sino hasta 1977 por medio del Tratado Torrijos-Carter, que se devuelve a los panameños el control del canal a partir del 31 de diciembre de 1999.
Ya para ese año el canal centroamericano era insuficiente para el tráfico comercial, y Estados Unidos tenía otras vías mercantiles.

Las nuevas formas

La revolución mexicana inició en 1910 tras los más de 30 años de mandato de Porfirio Díaz, que junto a su secretario de Hacienda José Yves Limantour abrió a estadounidenses y otros extranjeros el manejo ferrocarrilero, petrolero y de más bienes nacionales, sin que la inyección de recursos se viera reflejada en la población mayoritaria, que permaneció miserable, además de analfabeta en su inmensa mayoría.
Vino luego una nueva fase de rebeliones y sucesión continua de golpes militares para derrocar presidentes hasta 1934 con Lázaro Cárdenas del Río cumpliendo por primera vez un periodo sexenal con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del Revolucionario Institucional.
En 1924, el secretario de Estado de EU durante la presidencia de Woodrow Wilson, quien culminó su mandato tres años antes, escribió una carta al periodista J.C. Hearst en relación a la campaña de su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar la revolución mexicana, donde planteó lo siguiente:
“México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.
Tal recomendación vista a nuestros días impresiona por su cumplimiento, donde los presidentes mexicanos y sus principales colaboradores de la etapa neoliberal se formaron en universidades estadounidenses y aplican sus postulados económicos, lo cual se abundará en la última parte del artículo.
Entre tanto, los gobiernos del vecino país del norte, luego de la segunda guerra mundial y tras frenar el desarrollo de la potencia asiática Japón con los ataques atómicos en aquella nación, consolidan a organismos crediticios para “ayudar” a los países en vías de desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en 1945, un año antes, aún con las acciones bélicas, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1959. Claro que ellos mismos ponen las condiciones de esos préstamos, obligando a que se adopten sus medidas, que degeneran en crisis eternas, controlando de esa manera a las naciones supuestamente beneficiadas.
Argentina es el más claro ejemplo de las políticas de dichos instrumentos neoliberales, que se siguieron a pie juntillas a partir del arribo de Carlos Saúl Menem a la presidencia en 1989, con privatizaciones de bienes públicos, apertura comercial de productos extranjeros, y por ende el desmantelamiento del mercado interno, propiciando la pobreza de millones de personas.
Esas recetas, una década después generaron la mayor crisis económica contemporánea en el continente americano en dicha nación, que obligó a la renuncia de los presidentes Fernando de la Rúa (21 de diciembre de 2001), y a los pocos días de Adolfo Rodríguez Saá (30 de diciembre de 2001), por la inconformidad social que llevó a los argentinos a incrementar sus deudas, perder ahorros, entre otras cuestiones. Obviamente ocurrió una grave devaluación de su moneda y debieron suspender el pago de la agobiante deuda externa.
México, a través de sus mandatarios ha recurrido a esos apoyos, e igual sus postulados, en especial a partir de 1983 con Miguel de la Madrid Hurtado, quien privatizó empresas estatales como Fertilizantes Mexicanos (Fertimex); pero es en el periodo de Carlos Salinas de Gortari cuando se da el auge al vender a particulares Teléfonos de México (Telmex), y los bancos, entre los principales instrumentos estatales.
El problema agobiante de la deuda externa mexicana inició a raíz de la gestión de Luis Echeverría Álvarez (diciembre 1970-noviembre 1976), que motivó un círculo vicioso de prácticamente nulo crecimiento económico para cumplir con los pagos del débito. Con Miguel de la Madrid se acuerda con el FMI una “carta de intención” en sus últimos meses de gobierno, por lo que correspondió acatarla al siguiente mandatario.
La privatización de paraestatales, eliminación de subsidios a bienes y servicios, así como al sector agrícola, liberalización del comercio exterior, quitar restricciones a la inversión extranjera, eliminación de controles de precios, pero fijando tope al salario de trabajadores; política del tipo de cambio flexible. Además, para completar el inminente desastre, en el salinismo se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entra en vigor en 1994, favoreciendo a grandes empresarios y extranjeros, ligados a trasnacionales y al propio EU, en detrimento de los pequeños productores de nuestro país.
Eso, aunado a la inestabilidad política tras los asesinatos del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, y de José Francisco Ruiz Massieu, propiciaron la crisis de 1994-95, ya con Ernesto Zedillo como presidente, y una vez más los favorecidos fueron macroempresarios, dándose el famoso rescate a banqueros, el Fobaproa, que a nuestros días mantiene elevada la deuda interna. Al mismo tiempo, las microempresas se ven orilladas a cerrar, enviando a millones de ciudadanos al desempleo, y otras más grandes a fusionarse con capitalistas externos.
Por si fuera poco, hay devaluación del peso, aumento de las tasas de interés, duplicando las deudas de mexicanos, y el incremento de productos básicos. En eso desencadenó seguir la “carta de intención” del FMI con las recetas del Banco Mundial, y entonces entra al juego el mandamás en turno de la Casa Blanca, el Demócrata Bill Clinton con un programa de “rescate” de 20 mil millones de dólares que obliga a entregar nuestro petróleo a las reservas estadounidenses como garantía del préstamo económico. 
También ese mismo 1995, y como parte de los compromisos contraídos con EU, legisladores del PRI y PAN, ya en amasiato, aprueban la reforma constitucional de apertura al sector privado nacional y extranjero en la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural, y así ingresan Repsol, Unión Fenosa y otras compañías trasnacionales, muchas ligadas a Estados Unidos.
Más tarde, cumpliendo sus compromisos con Clinton, el FMI y el BM, privatiza los ferrocarriles, punto importante para la Unión Americana en el intercambio comercial, y una de las empresas beneficiadas es la Kansas City Southern, con lo que conducen vía férrea productos de Asía, por ejemplo, a través del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, limítrofe con el Océano Pacífico, hacia EU y viceversa, sin necesidad de cruzar las costas estadounidenses.
Otra es Union Pacific, de la que el propio Zedillo al terminar su presidencia en noviembre de 2000, se convirtió en accionista.
Este 2009 se cumplen 60 años del primer préstamo del Banco Mundial a México, y a la fecha el monto es de más de 40 mil millones de dólares a distintos proyectos como el Programa Escuelas de Calidad (PEC). El año pasado se firmó la Alianza Estratégica para México, que contempla un periodo de cuatro años, de 2008 a 2012, es decir, el término de la impugnada administración de Felipe Calderón Hinojosa, donde el BM compromete a “prestar” al menos 800 millones de dólares anuales durante los primeros tres años, y al último del convenio se reunirán para analizar un posible incremento de dicha suma.
Se consideran apoyos en programas agropecuarios, de sistema rural de ahorro, educativos, combate a la pobreza, y resalta el tema del cuidado ambiental, según el documento del organismo multilateral. Sin embargo, en las seis décadas de recibir estos préstamos, la pobreza se mantiene en más de la mitad de la población, supuesto objetivo de la ayuda, porque su propósito es un paliativo que calme el malestar, pero no lo cure, y aparte sirve como capital electoral, pues de esas recetas surgieron los programas Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Procampo y Hábitat, cuyos créditos corresponde entregar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo del mismo corte.
Un círculo vicioso que mantendrá endeudado y comprometido a México indefinidamente con la aplicación de la política neoliberal, muy productiva para Estados Unidos y sus socios.
Dentro de ese plan de nuevo anexionismo de Estados Unidos se encuentra de igual manera el aspecto comercial. Por sólo hablar de nuestro continente, está para América del Norte el TLCAN, que ya desmanteló el sector productivo mexicano; la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), ligado a la intervención estadounidense en México; el Plan Puebla Panamá, anunciado en 2000 con Ernesto Zedillo, apoyado por sus sucesores panistas, y que el año pasado cambió a Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o simplemente Proyecto Mesoamérica, en donde ciertamente el país de la bandera de barras y estrellas no participa directamente, ya que lo integran México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero le servirá como medida de controlar el paso por todo el continente, y es financiado en parte por el BID.
Su componente esencial es la construcción de vías carreteras, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias, y crear corredores logísticos interoceánicos, entre el Atlántico y el Pacífico, donde EU, promotor del plan, tendrá a su merced todo ese territorio. También se contemplan plantas de generación de energía eléctrica y fuentes alternativas (biocombustibles) en predios considerados reservas naturales, como los Montes Azules en Chiapas, y la extensión verde de Costa Rica, por citar dos casos.
Luego sigue Sudamérica con Colombia, donde Estados Unidos ingresó a partir de 2000 con la idea de auxiliar a ese país en la lucha contra el narcotráfico, que ha generado contaminación ambiental con fumigaciones, y mayor violencia y asesinatos a opositores a ese intervencionismo. Pero el objetivo fundamental del gigante de Norteamérica es posesionarse del petróleo y agua colombianos. 
Ahora está la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que abarca a Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Colombia, Guyana, Uruguay y Surinam, igual con un proyecto de integración a través de infraestructura en vías de comunicaciones, respaldado por el BID. Aquí, sin embargo, existe mayor oposición hacia EU con Venezuela, Ecuador, Bolivia, principalmente, pero el imperio tratará de inmiscuirse más en la región una vez fracasado el Área de Libre Comercio de América (ALCA), como lo hace por medio de sus bases militares enfrente de las costas venezolanas (Aruba y Curazao), en Paraguay, y el Comando Sur, observando lo acontecido en América del Sur.
Ésta es una breve historia de la visión de largo plazo de los gobernantes de Estados Unidos para dominar al mundo, que el flamante presidente Barack Obama seguramente continuará y podría verse en los próximos meses en México con la puesta en operación de la Iniciativa Mérida y la gradual incursión de militares y paramilitares estadounidenses en el combate al narcotráfico.

La alianza
  Recrudecida hoy la política neoliberal en México, ésta no se entendería sin la complicidad entre PRI y PAN en un momento donde a punto estuvo de entregarse la presidencia a la opción más cercana a la izquierda.
El pacto se logró el 27 de agosto del álgido 1988, a unos días de que se iniciara el proceso de avalar o rechazar el presunto triunfo electoral del priista Carlos Salinas de Gortari, cuando se reunieron éste último personaje, su entonces auxiliar en materia política Manuel Camacho Solís, con el dirigente del Partido Acción Nacional Luis H. Álvarez, y el aspirante presidencial Manuel J. Clouhtier quien, según el libro “1988: El año que calló el sistema”, de Martha Anaya, fue a regañadientes. El lugar fue la casa del empresario Juan Sánchez Navarro.
José Luis Salas Cacho, entonces coordinador de la campaña de Clouthier relató en el citado libro, que los panistas le plantearon que para “legitimarse” Salinas de Gortari debería implantar los proyectos de Acción Nacional, empezando por una nueva ley electoral imparcial, apertura económica, la privatización del ejido, de la banca, y entablar relaciones con la iglesia católica, además de instaurar un organismo defensor de los derechos humanos. Sólo así aceptarían que el candidato del PRI llegara a la presidencia, y así en la calificación presidencial por parte de los presuntos diputados federales la mayoría de blanquiazules se abstuvo de votar, con lo cual el PRI mayoriteó y declaró presidente electo a su correligionario.
Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos fueron de los impulsores principales de que Carlos Salinas se “legitimara en el poder”, y en efecto cumplió el pacto con los puntos  privatizadores expuestos, consiguió las reformas constitucionales de los artículos 27 y 130, y más adelante entre los nuevos aliados aprobaron la quema de 25 mil boletas electorales del proceso presidencial del 2 de julio de 1988, resguardadas y sin ser revisadas aún. 
Faltaba más. Las elecciones locales de 1989 en Baja California fueron ganadas por el candidato del PAN Ernesto Ruffo Appel, reconocidas por Salinas y así se convirtió en el primer gobernador de oposición. Luego, el mismo año, fue reconocido el triunfo del panista Francisco Barrio en Chihuahua, a la vez de escamotearse la presumible victoria del militante del incipiente Partido de la Revolución Democrática Cristóbal Arias Solís en Michoacán, tierra de fuerte arraigo cardenista; lo mas que lograron fue la renuncia del priista Eduardo Villaseñor a los 21 días de asumir el cargo, nombrando de interino al priista Ausencio Chávez Hernández, situación contraria en Guanajuato donde dos años más tarde Ramón Aguirre Velázquez fue obligado a renunciar y en su lugar quedó de interino no uno del PRI sino el panista Carlos Medina. Además, hubo más de 600 muertos del PRD en el sexenio y en el siguiente.
Las presidenciales de 1994 dieron el triunfo a otro priista, Ernesto Zedillo, candidato emergente tras el asesinato del aspirante inicial Luis Donaldo Colosio, cuando luego del debate entre aspirantes al ejecutivo federal el blanquiazul Diego Fernández de Cevallos despedazó al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas y al propio del PRI, pero inexplicablemente abandonó la campaña en el momento de llevar amplias simpatías y eso permitió que siguiera la hegemonía de partido único.
Seis años después arribó la derecha panista a la presidencia con el guanajuatense Vicente Fox, quien mantuvo en su gabinete a priistas formados en universidades estadounidenses como Harvard o el Tecnológico de Massachusetts, con visión neoliberal como lo previera en 1924 Richard Lansing. Resalta el caso de Alfredo Elías Ayub, desde el último año de Zedillo a la fecha con Felipe Calderón es director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo público en plena privatización.
Ahora, en las elecciones presidenciales de 2006 Calderón Hinojosa refrendó el “triunfo” panista con apenas medio punto porcentual arriba del representante de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en un proceso calificado de fraudulento, y donde una vez más pareció que venía el viraje de política económica en México como en 1988. Por supuesto que el panista michoacano sigue el postulado neoliberal dictado por el Banco Mundial como se refleja en el acuerdo signado en abril último entre las partes que abarca hasta el término de su mandato, como ya se anotó líneas arriba, aunque por la crisis de ese sistema trate de implementar acciones contrarias.
En las elecciones federales del próximo 5 de julio se verá que el método bipartidista estadounidense llegó para quedarse con la mayoría de diputaciones para PAN y PRI, muy pocas a la izquierda una vez más en pugnas propiciadas por el mismo gobierno al avalar, por ejemplo, a Jesús Ortega en la presidencia nacional del PRD cuando su órgano interno reclamaba la cancelación del proceso de elección. Y para 2012 se estaría configurando el eventual retorno del Revolucionario Institucional al poder presidencial, al cabo que no existe diferencia entre azules y tricolores, si es que organizaciones sociales independientes, que en sus acciones son los representantes de la izquierda mexicana no hacen algo.
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Las pensiones de los trabajadores mexicanos y la crisis económica mundial



La Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996 señala en su artículo 18 que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “son entidades financieras que se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de las leyes de seguridad social”. 

 Las Afores funcionan como una casa de bolsa, es decir, son intermediarias en el mercado bursátil, y por ello administran diversos fondos de inversión llamadas Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), integradas éstas con diferentes instrumentos financieros -valores, acciones y/o deuda- que, según su peso, aumentan o disminuyen el riesgo de pérdidas o las posibilidades de utilidades. Cabe destacar que los recursos de las Siefores representaban en octubre pasado el 7.2 por ciento del PIB y en diciembre de 2007 el 13 por ciento de los activos del Sistema Financiero Mexicano.
Hasta principios del año pasado existían dos Siefores Básicas (SB), pero ya desde el 2007 el Congreso de la Unión aprobó una reforma (con el apoyo del PAN-PRI y el voto del FAP en contra) para que a partir del pasado 28 de marzo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reagrupara los recursos de las pensiones en cinco nuevas Siefores, en las cuales, de acuerdo a la edad de los ahorradores, se invertiría en distintas proporciones en instrumentos de renta fija -de menor riesgo- o variable -de mayor riesgo-. Lo anterior bajo el principio de “a mayor riesgo mayor rendimiento”. La siguiente es la nueva clasificación: a la SB 1 (con mayor proporción de renta fija) van todos los afiliados de 56 años o más, a la SB 2 los de 46 a 55, a la SB 3 los de 37 a 45, a la SB 4 los de 27 a 36, y a la SB 5 (con mayor proporción de renta variable) los de 26 años o menos. Como se puede observar, el problema es que cada Siefore tiene una composición de riesgo y rendimientos distintos y los trabajadores no tienen opciones de elegir entre ellas.

Por otro lado y hechas éstas consideraciones, es nuestro objetivo abordar las preocupantes pérdidas y los rendimientos negativos que a noviembre de 2008 han registrado los ahorros de los más de 39 millones de trabajadores con cuentas administradas por las diferentes Afores (ver Cuadro 1). Hay que decir que por su proximidad temporal y tamaño, estas minusvalías no tienen precedentes: entre marzo y abril, mil 521.23 millones de pesos; entre mayo y junio, 49 mil 798.90 millones de pesos; entre agosto y septiembre, 11 mil 951.85 millones de pesos; entre septiembre y octubre, 29 mil 212.15 millones de pesos, y; entre octubre y noviembre 9 mil 820.2 millones de pesos (ver Gráfico 1).
Uno de los puntos a destacar en la explicación de dichas minusvalías, es que con la más reciente reforma al SAR, la legislación permite a las Afores incrementar la inversión que recibe renta variable, por lo que ésta ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Al cierre del primer semestre, de la cartera total de las Siefores, la inversión en instrumentos de renta variable alcanzó el 16% (ver Gráfico 2). Como hemos dicho, los trabajadores más jóvenes, son los que están en las Siefores con inversión de mayor riesgo ya que éstas tienen una canasta con mayor inversión que recibe interés variable y, por lo tanto, ante una situación como la actual, de fuerte inseguridad, son los que más han perdido.
En la continuidad del análisis, hay que agregar que con el creciente incremento de inversiones en instrumentados de renta variable, aunado al hecho de que desde 2001 las Administradoras adquieren instrumentos en el mercado internacional y tienen un mayor margen para adquisición de títulos de empresas privadas, se han obtenido los siguientes resultados: a) las Afores invirtieron los recursos de los trabajadores en la adquisición de valores, acciones y/o deuda emitida por los bancos norteamericanos; valores, acciones y/o deuda cuyo precio disminuyó abruptamente por la crisis hipotecaria, y; b) también se adquirieron valores, acciones y/o deuda de empresas como Comercial Mexicana y Cemex, que a su vez resultaron negativamente afectadas por sus deudas en dólares y por la crisis en Estados Unidos, por lo que sus acciones en la bolsa de valores cayeron.
Ante todo ello y a pesar de las perjudiciales minusvalías, las empresas administradoras no comparten el riesgo y, al contrario de los trabajadores, han obtenido ganancias exorbitantes, cuyo monto significa un incremento mayor al 400 por ciento entre enero y noviembre (ver Gráfico 3). En parte esto se debe a que muchas veces las comisiones son exageradamente altas y a que a partir de marzo se cobran comisiones sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, es decir, las empresas siguen cobrando aunque el ahorro total no crezca por causa de desempleo o algún otro factor. Comparando éste excesivo incremento en la rentabilidad de las Afores, con la declinación tendencial en las pensiones, podemos darnos cuenta a quién favorece el sistema privado del manejo de éstas últimas.

Otro dato a destacar es que las tres principales Afores son empresas internacionalizadas de países desarrollados: Banamex (Estados Unidos), Bancomer (España) e ING (Holanda); juntas concentran más del 40 por ciento de las cuentas administradas del total del sistema. Destaca el caso de Banamex, propiedad de Citigroup, actualmente rescatada por el gobierno estadounidense. Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que la mayor parte de las utilidades obtenidas a costa de las pensiones están a disposición de los grupos financieros que determinan su actuar en función de las condiciones prevalecientes en las economías desarrolladas. Es decir, llevándose dichos recursos a sus países de origen, los capitalistas financieros buscan protegerse, en la medida de lo posible, de las perjudiciales consecuencias de la crisis mundial actual, en consecuencia con ello se niegan alternativas de bienestar a los ahorradores cuyas cuentas administran y se contribuye además al ahondamiento de la crisis de la economía mexicana. Por supuesto, debemos decir que todo ello es una secuela natural de las políticas económicas con visión exógena implementadas por los gobiernos mexicanos desde principios de la década de 1980, políticas que el gobierno de Calderón ha profundizado.

Es indispensable anotar que independientemente de la poca transparencia con la que las Afores han administrado históricamente las pensiones y del régimen de privilegios que han obtenido éstas con las continuas reformas al SAR, la crisis revela la fragilidad general del sistema privado. La recesión también pone en evidencia, que en el horizonte del gobierno federal debería de estar potencializar la utilización de estos recursos de forma productiva dentro del espacio económico nacional (actualmente un promedio de 12% se va al mercado de valores internacional entre inversión en renta variable y en deuda internacional), acción que en los actuales momentos formaría parte importante de un verdadero plan contra la recesión, claro que esto sería relativamente fácil si el Estado volviera a administrar dichos recursos.

Reflexión final

En días pasados, cuando los diputados federales cuestionaron a Moisés Schwartz Rosenthalm -Presidente de la Consar- sobre las fuertes minusvalías en las pensiones, éste afirmó lo siguiente: “la volatilidad que hoy se vive, aunque genera angustias y preocupaciones, en el largo plazo permitirá a las bolsas de valores recuperarse. Cuando los trabajadores se retiren, en 20 ó 30 años, tendrán su dinero y rendimientos. Creo que esta afectación de minusvalías no debería ser tan preocupante” (Boletín Núm. 3264, Cámara de Diputados). Tal socarronería podría ser un retrato fiel de la actitud general del gobierno mexicano ante los pésimos signos que registra actualmente nuestra economía, así parecería afirmarse que lo primordial es salvaguardar a los privilegiados de siempre, los poderosos capitales que cotizan en las bolsas de valores del mundo, como menciona Schwartz, por su parte, los trabajadores deben esperar milagros. El clasismo, la ineficacia y la falta de previsión son incuestionables.

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Arranca lucha jurídica para cancelar ACE sin descuidar las movilizaciones


La lucha del magisterio democrático nacional contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) ha rendido frutos en el país tanto por la suspensión de su aplicación en Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Guerrero, como debido a la resistencia generada a lo largo del territorio mexicano, donde las representaciones sindicales se unificaron en torno a esa y otras demandas, en especial la democratización del SNTE, y varias eligieron el año pasado comités paralelos a los charros.

En esa tesitura, 11 y 12 de julio de 2008 se eligió al Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, cuya secretaría general recayó en Sergio Espinal García, que de inmediato inició acciones para sumarse al rechazo a la ACE, la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, y la reorganización gremial. Secciones de Morelos, Quintana Roo, Baja California Sur, las dos de Puebla, y la IX del Distrito Federal, determinaron a nuevas dirigencias en congresos donde sus respectivas bases tuvieron voz y voto. Se añadieron a las de Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero.
Pero la movilización constante del año pasado, donde hubo mesas de diálogo para no implantar los contenidos de la ACE, ahora toma otro carácter al conjuntar la manifestación con la vía jurídica, y el próximo 30 de enero en el Palacio de Justicia Federal en la ciudad de México arranca el proceso de entrega de amparos contra ese acuerdo educativo que forma parte del contenido neoliberal en el sector, y vulnera varios postulados de nuestra constitución. Con dicho recurso legal se pretende cancelar su aplicación en las escuelas del país, y sus efectos dañinos en los maestros amparados.
La Alianza por la Calidad de la Educación se anunció y firmó el 15 de mayo último por el cuestionado presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la no menos impugnada presidenta nacional indefinida del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, en plena ceremonia del Día del Maestro. En los siguientes meses fue ratificada en algunos gobiernos estatales, entre otros San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Campeche, Guanajuato, Tabasco, y Aguascalientes, pero no alcanzaron siquiera la mitad, y con el gobierno de Puebla si bien se firmó el acuerdo, la mayoría de trabajadores de la educación de la entidad anunció que impedirá su aplicación, lo mismo en demarcaciones magisteriales como Querétaro.
Michoacán, a través del gobernador Leonel Godoy Rangel ha reiterado que no avalará la aplicación de la ACE, aunque en los hechos su equipo enquistado en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), impugnado por la Sección XVIII del SNTE, lleva a cabo acciones enfocadas a dicha alianza, y firmó un “Acuerdo para la Alta Calidad” de los michoacanos previo al arranque del vigente ciclo escolar, mediante el cual delega en los municipios prácticamente el sostenimiento de la educación, y no ofrece cambio alternativa en el sector. Además da seguimiento a los compromisos federales de Escuelas de Calidad, Escuela Segura, y otros; pero las pruebas neoliberales Enlace y Excale no se aplican aún debido a la resistencia del magisterio liderado por Artemio Ortiz Hurtado.
Por su parte, la misma Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanta declaración sobre el tema dan, aseguran que la ACE no de cancelará pese a los problemas para llevarla a la práctica, y hasta recurrieron a que los diputados federales aprobaran reformas a los artículos Tercero y 31 constitucionales donde el punto mediático fue el de elevar hasta el nivel medio superior la obligatoriedad de la educación pública.
Sin embargo, entre lo aprobado en la Cámara Baja el pasado 11 de diciembre se da pie a la evaluación docente y rendición de cuentas de los maestros a organismos externos, y se legalizan los exámenes de oposición para acceder a plazas en escuelas del país, como el realizado el 11 de agosto de 2008 dentro de los lineamientos de la ACE y ahora con el aval de nuestra propia Carta Magna.
También señala con ambigüedad que si bien la instrucción educativa a cargo del Estado será gratuita, la ley establecerá mecanismos claros y transparentes “para fomentar la participación social en la educación”, que se traduciría en realidad como la ratificación de los Consejos de Participación Social donde se encuentran padres de familia, quienes sustituyen al gobierno en el  pago de las necesidades de sus respectivos planteles.
Aunque para entrar en operación tales reformas se requiere su aprobación en el Senado de la República, por lo que como parte de la lucha magisterial contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación éste es otro de los puntos a impedir.
Para el primer amparo contra la ACE, las violaciones a la constitución y diversas normas son evidentes por lo que las razones para cancelar su aplicación deben aprobarse.
Un primer aspecto es que Elba Esther Gordillo firmó ese compromiso el 15 de mayo del año pasado sin tener la representación del alrededor de millón y medio de trabajadores de la educación en México, pues dos meses antes había concluido el periodo para el cual ella misma se eligió como “presidenta nacional del SNTE”, aunque luego de autodeclaró con carácter de indefinida en sesión secreta, por lo tanto la firma de la ACE es ilegal porque tampoco fue sometida a consulta.
Dentro de la citada alianza se marca como obligatoria la enseñanza del idioma inglés desde preescolar, pero en ningún postulado establece la instrucción de nuestras raíces y cultura prehispánicas, violentando el Artículo Segundo constitucional, el cual indica que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (párrafo primero), y reconoce y garantiza el derecho a “Preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (apartado A del referido artículo).
Lo anterior igual alcanza al Tercero de nuestra máxima legislación federal en su párrafo segundo e incisos B y C de la fracción II, y fracciones IV y V, donde se asienta que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia”; que la educación “será nacional, en cuanto… atenderá al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”; que “alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
Además contraviene el carácter colectivo, humano, fraterno e igualitario de la enseñanza que la máxima ley en el país garantiza a los mexicanos, y a la vez promueve la individualización, el egoísmo, la enajenación y la perversión de la conciencia humana.
El aspecto laboral es afectado con la alianza gordillista-calderonista, empezando por el Artículo Quinto: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el ejercicio de ésta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial”.
Con el Concurso Nacional Público de Oposición se violenta el Artículo 123 de la Carta Magna en distintos incisos al condicionar el ingreso a un empleo imponiendo requisitos ilegales, y una vez contratados mediante ese examen, no reciben la basificación correspondiente, ni otros derechos laborales, como quedó evidenciado el año pasado.
La fracción VIII del mismo 123, que a la letra dice: “Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad”. Con el acuerdo, las promociones de los maestros se harán de acuerdo a las evaluaciones, según la “Certificación de Competencias Profesionales”, y de los resultados del examen nacional de oposición que, como se vio en el aplicado el 11 de agosto último, se detectaron muchos vicios para favorecer a quienes pagaron cierta cantidad económica o son familiares de afines a Gordillo Morales o funcionarios ligados al poder. 
Otra norma transgredida es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado relativos al pago de horas extras, que con programas como Escuela de Tiempo Completo, de Horario Extendido, de Fines de Semana, ligados a la ACE, violentan este derecho; los motivos de suspensión en el empleo, y el ascenso vía escalafón conforme a los méritos laborales. 
Del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Publica, dependencia a la que pertenecen los sindicalizados al SNTE, el artículo 24 considera como un derecho para ascensos los términos del escalafón interno. 
Como se ve, hay bases jurídicas para echar abajo la Alianza por la Calidad de la Educación; pero también debe hacerse labor política para impedir que sea constitucional, y en este sentido es necesario frenar la aprobación en el Senado de la República de las reformas a los artículos Tercero y 31 de nuestra Carta Magna. (Michoacano).
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Asambleas masivas



Con vistas al próximo Pleno Seccional del magisterio michoacano el 18 de febrero entrante, se llevan a cabo asambleas masivas en cada región sindical, cuyo propósito es impulsar y fortalecer la lucha nacional y estatal, la primera por abrogar la Ley del ISSSTE, la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y sentar las bases para formar un frente unificado popular tras el VII Diálogo Nacional que tendrá lugar los días 7 y 8 del siguiente mes en la ciudad de México.


En el ámbito estatal, se abordará en las reuniones regionales, van ocho hasta el viernes 23, las mesas de negociación con autoridades michoacanas y cómo hacer para logar el finiquito de los acuerdos rezagados, la integración del pliego petitorio 2009, el plan de acción en Michoacán y a nivel país. Obviamente se abordará la renuncia de Aída Sagrero Hernández, Juan Pérez Medina, Rogelio Sosa Pulido y su equipo cercano de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), por dar seguimiento al proyecto educativo federal, bloquear la respuesta a demandas de la Sección XVIII, y tratar de generar la división en la misma.
Sin embargo, en las reuniones regionales efectuadas hasta ahora en Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Apatzingán, Pátzcuaro, Puruándiro, Zacapu y Zamora, la presencia de sindicalizados y padres de familia se ha hecho evidente, al igual que el respaldo a las acciones del Comité Ejecutivo Seccional (CES). También han denunciado los intentos de los pseudofuncionarios de la SEE por desprestigiar al secretario general Artemio Ortiz Hurtado, y llevar mediante engaños y promesas económicas a trabajadores de la educación a sus filas, de cara al próximo relevo seccional.
Precisamente sobre el recambio de CES, un acuerdo de la Asamblea Estatal Representativa fijó como fechas para el V Congreso Seccional de Bases del 30 de abril al 2 de mayo próximos, lo que en las asambleas masivas se analiza y discutirá esta posibilidad. Para el Pleno Seccional del 18 de febrero estaría presentándose la convocatoria al evento de recambio, y el actual comité daría su último informe de labores.
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