Tras calificar la reciente modificación en la Cámara de Diputados al artículo tercero constitucional de una contrarreforma que avala planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), Raquel Sosa Elízaga se pronunció por luchar para incorporar en nuestra carta magna elementos como la soberanía educativa, tomando el ejemplo de legislaciones avanzadas en la materia, entre éstas las de Venezuela y Bolivia, donde se da la gratuidad y el Estado se hace responsable de la atención a todos sus ciudadanos, sin exclusiones.
Para la secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, reivindicar el derecho del pueblo a recibir instrucción educativa es fundamental en cualquier país, y agregó: “Resulta indispensable, y nosotros tenemos que pensarlo para el futuro, que se reconozca a la educación como un derecho colectivo, universal, cuyo ejercicio será garantizado por el Estado y vigilado por el propio pueblo, es decir, la participación tiene que ver con el cumplimiento del derecho, no tiene que ver con la aportación de cuotas como está en el texto actual mexicano”.
Al participar en el evento educativo dentro del Foro Social México 2009, organizado en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE el pasado 28 de enero en el Teatro “5 de Mayo” de Tlatelolco en el Distrito Federal, Raquel Sosa habló sobre las abismales diferencias entre los artículos de este ramo en nuestra nación y sus similares boliviano, venezolano, ecuatoriano y hasta brasileño.
Explicó que la manera como se aborda el sistema educativo puede ser la base de la justicia y la democracia social, o por el contrario un espacio donde se consolide la desigualdad, el autoritarismo y la exclusión, de ahí su relevancia en las naciones.
Hizo referencia al ya lejano en la historia ejemplo mexicano para el continente de América en su época liberal cuando se decretó la separación entre iglesia y Estado, y la liberación de la educación de influencia religiosa, situación que hoy ha variado pues nuestra república está subordinada a los intereses empresariales.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el Banco Mundial (BM), remarcó, definen a la educación como un espacio de intervención de particulares, susceptible de ser sujeta a criterios de evaluación de calidad y competencia, propios del mercado, al igual que determinada de acuerdo a los requerimientos laborales imperantes en el modelo neoliberal. Y para acceder a esa educación, los ciudadanos deben sujetarse a lo mandatado por los privados.
Fue al caso mexicano donde apenas el 11 de diciembre último diputados federales de todas las fracciones parlamentarias aprobaron modificar el artículo tercero constitucional, “en una de las contrarreformas más ominosas que se tenga memoria”, para atender a los postulados de la OCDE y el BM. Citó el nuevo articulado donde si bien indica que toda persona tiene derecho a recibir educación, y ésta, impartida por el Estado, será obligatoria desde segundo de preescolar a la media superior, ésta de forma gradual, ahora añade el siguiente párrafo:
“La Ley determinará los lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas”.
Mientras que en los considerandos del documento legislativo aprobado se expresa la incorporación a los mecanismos de evaluación definidos por la OCDE, y el compromiso con el sistema de educación para el trabajo, promovido por la citada organización multilateral y el Banco Mundial, lo cual está contenido en la ACE, o la “Alianza para acabar con la calidad educativa”, como la definió la funcionaria lopezobradorista.
“De acuerdo con esa visión existe el derecho, considerado como garantía individual a la educación, pero no su contraparte indispensable: la responsabilidad y obligación del Estado a garantizar política, material y financieramente este derecho”, consideró, y apuntó que las últimas administraciones mexicanas han abandonado el compromiso de los regímenes post-revolucionarios de asegurar el financiamiento necesario para la universalización de la educación pública gratuita, convirtiéndola en un servicio.
Lo anterior deja un saldo desfavorable y según informes oficiales en cifras cerradas, 32 millones de personas no han terminado sus estudios básicos, y seis millones son analfabetos.
Contrario a lo que ocurre en naciones progresistas en unos cuantos años de gestión como Bolivia con la llegada de Evo Morales a la presidencia, que en su más reciente constitución, en el artículo 17, indica: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”.
En tanto, la máxima ley en Ecuador, con Rafael Correa en la presidencia, establece en su artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social, y condición indispensable para el buen vivir”. Ya fija la responsabilidad del Estado.
Por su parte, el artículo 102 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que Sosa Elízaga catalogó como la más avanzada en América Latina, establece en dicho aspecto: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.
En contraparte y también con un toque neoliberal igual a la mexicana, la constitución de Brasil define a la educación como un deber compartido entre el Estado y la familia, indicó la conferencista a maestros de secciones de Michoacán, Distrito Federal, Baja California Sur, entre otras, en la conferencia del pasado miércoles donde estuvo acompañada del líder del CEND del SNTE Sergio Espinal García.
Respecto al apartado de distinción entre derecho humano y derecho social en este rubro, la norma ecuatoriana en su artículo 28 sostiene: “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso, sin discriminación alguna, y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”.
Y destacó la definición de interés público, porque redunda en beneficio de todos, no de alguien en particular o corporativo.
Otro punto determinante viene en la norma boliviana al incorporar, en un capítulo llamado “Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, donde agrega el reconocimiento a la identidad cultural, a la valoración de saberes y conocimientos tradicionales, a la propiedad intelectual, colectiva de esas enseñanzas, y a una educación intercultural, plurilingüe en toda esa nación con numerosa población étnica. Un ejemplo más para México, acotó.
La Secretaría de Educación del Gobierno Legítimo,
junto al líder nacional del SNTE democrático
La educación como ejercicio de la soberanía
Más adelante, la secretaria de Educación, Ciencia y Cultura del gabinete de López Obrador refirió que este rubro debe ser un espacio para promover no sólo la integración colectiva sino la defensa de los recursos estratégicos naturales y humanos de los países, así como la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos, comunidades e individuos que lo integran.
De esa manera, la soberanía educativa, detalló, es que los pueblos, comunidades, docentes y expertos en el tema de cada nación sean quienes determinen los planes y programas del ramo, y no las presuntas autoridades internacionales, “que no lo son”, las encargadas de decidir el rumbo, como hoy lo hacen en México, por lo tanto no existe esa independencia de decisiones.
El texto aprobado a finales del año pasado en la Cámara de Diputados en su artículo tercero, lamentó, la definición de la educación nacional es acortada con un “sin hostilidades ni exclusivismos”, y es considerada como la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente; la defensa de nuestra independencia política y el aseguramiento de nuestra independencia económica, a la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura.
“La independencia política, como es evidente en México, si no es encarnada por un sujeto corruptivo es mera formalidad, y la nación sin soberanía, es decir, sin voluntad, sin sujeto, sin decisión de defender lo propio frente a otros, es apenas un mediocre recurso retórico”, estableció.
Sobre las constituciones en las naciones latinoamericanas objeto de su estudio, señaló que en la de Brasil su artículo 206 no menciona nada de la soberanía educativa y sí aspectos neoliberales, planteados por la OCDE como la calidad. A la letra dice: “…igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela, libertad de aprender y de enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el saber, pluralismo de ideas y de concesiones pedagógicas y consistencia de instituciones públicas y privadas, gratuidad de la enseñanza pública, valoración de los profesionales de la enseñanza, gestión democrática de la enseñanza pública, garantía del patrón de calidad…”.
La legislación suprema de Ecuador en el artículo 27, si bien es la de mayor desarrollo democrático, no toca el tema de identidad nacional, y tiene tintes de la OCDE y el BM. Establece: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.
La boliviana tampoco, aunque sí es avanzada en los derechos culturales y educativos de sus pueblos originarios.
Es la venezolana la que considera y fomenta la identidad nacional. En otro párrafo del artículo 102 constitucional apunta: “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo, y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal”.
Frente a esa situación de dominio del sistema neoliberal en la mayoría de países, Raquel Sosa llamó a revalorar los conceptos de soberanía nacional e identidad. “No hay garantía de continuidad en el ejercicio democrático si no se reconoce la territorialidad de los derechos colectivos; este concepto de territorialidad en su más amplia acepción incluye, como lo ha hecho el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y el movimiento zapatista en México, al conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que dan significado a la tierra, las aguas, los recursos naturales estratégicos, y establece su vínculo indisoluble con la garantía de dignidad de los seres humanos que habitan tales territorios”.
Los recursos de la educación, financiamiento público y responsabilidad del Estado
Para la integrante del gobierno mexicano legítimo, la contrarreforma al tercero constitucional aprobada por los diputados y a espera de ser discutida en el Senado de la República, legalizará que no sean sólo los padres de familia quienes aporten recursos en el sostenimiento de la instrucción de sus hijos, pese a que oficialmente la educación es gratuita.
Ese texto reformado en su fracción IV lo define de manera clara: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La ley establecerá mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo nacional”.
Además, afirmó, a los elementos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas del gasto educativo incorporados por los legisladores, se suma como complemento la modificación del año pasado a la fórmula de distribución del presupuesto en este sector destinado a las entidades. Acerca del último punto, subrayó:
“En ella establece que aparte de las consideraciones de matrícula escolar deberán ahora considerarse el desempeño, medido por instancias internacionales de evaluación, y la calidad educativa, medida como el nivel de incorporación de egresados al mercado de trabajo; estos dos elementos son los que señalan quién va a tener más presupuesto en educación”, y aquí entran las pruebas de Enlace, Excale y otras, por lo que se preguntó qué pasará con los ocho millones de alumnos de escuelas indígenas y rurales del país, en condiciones más precarias respecto a los de zonas urbanas.
Otros son los casos de las normatividades, por ejemplo en Venezuela, que marca la gratuidad en educación y, de acuerdo al artículo 103 constitucional, añade: “…El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo…”. Más adelante, el mismo articulado plantea una novedad “importantísima de ser considerada” en nuestro país, a decir de la funcionaria educativa del gabinete lopezobradorista, con mayores recursos a educación pública a cambio de exenciones tributarias, y es el siguiente texto: “Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta”.
Por su lado, la constitución ecuatoriana en el artículo 347 norma como responsabilidad del Estado “fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, de la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. Los artículos 356 y 357 garantizan la gratuidad de la educación y la obligación del Estado de financiar hasta la del nivel superior.
En México, criticó la conferencista en el evento organizado por el CEND del SNTE, el presupuesto educativo se gasta en diversos aspectos, como en los 22 mil millones de pesos a la compra de computadoras a la empresa Microsof, y cuatro mil millones de pesos a favor de compañías que ofrecen asesoría en Enlace y otras pruebas evaluatorias.
La constitución de Brasil, artículo 211 mandata que la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios organizarán un régimen de colaboración de su sistema de enseñanza, mientras el 212 fija en 18% la contribución anual de la Unión (federación en el caso mexicano), y el 25% la aportación del Distrito Federal y municipios respecto al ingreso proveniente de impuestos y transferencias.
“Habría que hacer un análisis de qué significaría eso en México, pero sería un tema interesante establecer la cantidad, el porcentaje específico de los ingresos por impuestos y transferencias para la educación, tanto a nivel federal como estatal y municipal”, manifestó la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Artículo 77 de la constitución de Bolivia señala que la educación constituye “una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla y gestionarla”.
Pero también el artículo 82 dice: “El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de igualdad…”, y apoyará, “con prioridad, a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar, y en áreas dispersas con residencias estudiantiles”.
A lo anterior se suma el restablecimiento de la responsabilidad del Estado en la formación y capacitación del magisterio público; garantías para la carrera docente, estabilidad laboral y un salario digno a los maestros. “Todo esto en la constitución boliviana, para que se nos haga agua la boca de lo que puede ser una constitución en el futuro en México”, aseveró.
De igual manera, informó que en promedio en América Latina la intervención privada en educación actualmente es del orden del 20%, mientras en nuestra república es del 22%, y finalizó su intervención:
“El país está a punto de vivir una severa crisis económica, y cualquier giro al gasto público puede determinar negativa o positivamente la supervivencia de millones de seres humanos. Salvaguardar en su integralidad e incrementar progresivamente el presupuesto educativo representa una apuesta para la consolidación democrática de cada país; no basta con que se asignen presupuestos crecientes a la educación, como se declara tendenciosamente en México, donde el presupuesto se destina en buena medida a negocios privados y a aumentar la corrupción burocrática. Lo que se requiere es que la orientación del presupuesto educativo sea eminentemente social y que esté destinada a garantizar los fines de un Estado al servicio de una sociedad democrática, igualitaria, equitativa, plural, justa y soberana. Sólo esta orientación satisfará las aspiraciones de nosotros como mexicanos y latinoamericanos”. (Michoacano).
