Demanda en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación

El 15 de mayo de 2008, la C. “presidenta” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesora Elba Esther Gordillo Morales, y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, firmaron la denominada Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pacto cuyo fin es garantizar la ejecución de planes, programas y reformas que en su conjunto, representan violaciones a diversas disposiciones legales de nuestro país.

En oposición al despojo que de los derechos sociales y laborales de los trabajadores al servicio de la educación han hecho tanto el gobierno de derecha como los pseudodirigentes del SNTE, la Unidad de Estudios de la Seguridad Social y del Trabajo A. C. (UESST) plantea la interposición de una demanda del orden laboral que como consecuencias primordiales busca:

NULIDAD de la “Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

NULIDAD de todos los actos jurídicos y administrativos adoptados, y todos los efectos de la ilegal “Alianza por la Calidad de la Educación”.

DESTITUCIÓN de la C. “Presidenta” del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Profesora Elba Esther Gordillo Morales, por no tener facultades para suscribir la “Alianza por la Calidad de la Educación entre  el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

A la fecha, no se ha celebrado el Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación, donde debería renovarse la dirigencia nacional del SNTE y tratarse todos los asuntos de la mayor relevancia de la organización sindical (artículo 324 del Estatuto del SNTE); además, el periodo de gestión de la “presidenta” del sindicato fue del diecisiete de marzo del 2004 al dieciséis de marzo del 2008, por lo que se aduce que carece de facultades estatutarias para suscribir la alianza y sin embargo, el quince de mayo del 2008 la firmó, violentando diferentes preceptos de la Declaración de Principios y múltiples artículos del Estatuto vigente de nuestra organización sindical, derivando esto en una alta traición a los trabajadores de la educación.

Antecedentes

- Decreto por el que el Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaría de Educación Pública, Propondrá a los Gobiernos Estatales la Celebración de Acuerdos de Coordinación en el Marco de los Convenios Únicos de Desarrollo, Establecer un Comité Consultivo para la Descentralización Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Agosto de 1983.  

- Decreto que Establece los Lineamientos a que se sujetarán las Acciones de Descentralización de los Servicios Federales de Educación Básica y Normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Marzo de 1984.  

- Decreto por el que se expide el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1992.  

- Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2002.

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:

Eje 3. Igualdad de Oportunidades.

3.3 Transformación Educativa.

- Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Naturaleza

La “Alianza para la Calidad de la Educación” no representa una obligación, dado que no se trata de una ley, sino de un acuerdo político que busca ver a la educación del país como un negocio y no como la base del desarrollo del pueblo. Es un acuerdo donde el SNTE se subordina ante las políticas neoliberales del gobierno de derecha.

Ilegalidad de la ACE

Modernización de los Centros Escolares:

- Escuelas de tiempo completo.

- Escuelas en horario discontinuo.

- Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana.

Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas: 

- Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas por la vía de Concurso Nacional Público de Oposición, convocado y dictaminado de manera independiente.

- El acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de concursos públicos de oposición.

- A partir del ciclo escolar 2009-2010 la convocatoria y la dictaminación de los concursos correría a cargo de un órgano de evaluación independiente con carácter federalista.

Certificación de Competencias Profesionales:

- Fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5 centros regionales de excelencia académica.

Incentivos y Estímulos:

- Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: Aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación); cursos de actualización (certificados de manera independiente), y desempeño profesional.

Reforma Curricular Orientada al Desarrollo de Competencias y Habilidades.

Enseñanza del idioma inglés desde preescolar y promoción de la interculturalidad.

Lo puntos anteriores, estipulados en la Alianza por la Calidad de la Educación violan diversos preceptos Constitucionales, Legales, Administrativos y Estatutarios del país:

Violaciones Constitucionales, Legales, Administrativas y Estatutarias

La Alianza por la Calidad de la Educación es violatoria de los siguientes ordenamientos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal del Trabajo; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley General de Educación; Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo; Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública; Estatuto del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Violaciones Constitucionales

La Alianza por la Calidad de la Educación viola los siguientes preceptos Constitucionales: Artículos: 1, 2, 3, 5, 14, 16 y 123 Apartado “B”.

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 2º. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad…

Artículo 3º. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia… Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura…

Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley…

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…

Artículo 123, Apartado “B”. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna, será de ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario… Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos… Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad… 

Violaciones Legales

Ley Federal del Trabajo:

Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 

Artículo 4.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero…

Artículo 159.- Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado:

Artículo 50.- Son factores escalafonarios: I. Los conocimientos; II. La aptitud; III. La antigüedad; y IV La disciplina y puntualidad. 

Artículo 75.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.

Ley General de Educación:

Artículo 25.- El ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Violaciones Administrativas

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo:

Artículo 12.- Para formar parte del personal de la Secretaría, se requiere:

VIII.- Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio del jefe de la dependencia donde exista la vacante, o sujetarse al concurso o pruebas de competencia que fije la secretaria. En caso de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado.

Reglamento de Escalafón:

Artículo 2.- Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para la Secretaría de Educación Pública, sus trabajadores, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Artículo 11.- El ascenso de los trabajadores se determinará mediante la calificación de los diversos factores escalafonarios, en los términos señalados por este reglamento.

I. Conocimientos: 45%, dividido en a) Mejoramiento profesional y cultural, con el 20%;

b) Preparación, el 25%. 

II. Aptitud: 25%, dividido en a) Iniciativa, laborasidad y eficiencia (Contenidas en el crédito escalafonario anual), 20%; b) Otras actividades (obras publicadas, artículos periodísticos, etc.) 5%.

III. Antigüedad, con el 20%.

IV. Disciplina y puntualidad, con el 10%, para dar el total del 100%.

Violaciones Estatutarias

Declaración de Principios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación:

Refrenda a la educación como un derecho irrenunciable de todos los mexicanos y mexicanas; defiende y promueve los principios filosóficos y políticos del Artículo Tercero Constitucional.

Se establece la revocación de mandato en todos los niveles de gobierno del Sindicato, cuando existan cargos probados de violaciones graves al estatuto, se atente contra la unidad del gremio, incapacidad e ineficiencia en perjuicio de los representados o se incurra en actos de corrupción u otro tipo de conductas que erosionen la honorabilidad de los trabajadores de la educación.

Fortalecimiento diversificado del normalismo para que funcione acorde con las nuevas demandas de la sociedad, una visión integral del desarrollo y la educación y, los requerimientos del sistema educativo, iniciando con la apertura inmediata de Hecelchakán, Campeche, y El Mexe, Hidalgo.

Estatuto del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación:

Artículo 78.- El Comité Ejecutivo Nacional será electo en Congreso Nacional, así como los suplentes respectivos, de conformidad con lo establecido en este Estatuto, y durará en su cargo cuatro años. 

Artículo 291.- Las sanciones que pueden aplicarse a los dirigentes y demás miembros infractores de los Documentos Básicos del Sindicato, son las siguientes: Amonestación; Suspensión temporal en puestos o comisiones sindicales; Destitución del puesto o comisión sindical; Inhabilitación para desempeñar puestos o comisiones sindicales; y Suspensión temporal de los derechos sindicales;

Artículo 324.- El presente Estatuto es la ley suprema del Sindicato en su régimen interior; los miembros del Sindicato y los órganos de gobierno sindical están obligados a observarlos. No podrán ponerse en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en contravención a este ordenamiento, salvo aquellas que se dicten por el Comité Ejecutivo Nacional en cumplimiento de un acuerdo o autorización expresa de un Congreso Nacional.

Nuevas formas de contratación

 

Incorporación de Promotores Educativos:

- Bases (requisitos): Ser egresado de una institución formadora de docentes en el ciclo escolar 2007-2008.

- Haber obtenido y comprobar un puntaje aprobatorio en el “Examen para nuevo ingreso al servicio docente”.

- Participar en los procesos de asesoría, seguimiento y evaluación…

Conclusiones:

1.- La Alianza por la Calidad de la Educación es contraria a la formación pedagógica y a la identidad nacional y elude la responsabilidad que el SNTE tiene con el gobierno, la sociedad mexicana y los trabajadores en la búsqueda de la calidad educativa en armonía con los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación.

2.- Los exámenes de oposición permiten que el empleo de los trabajadores de la educación se den con nombramientos interinos limitados y lista de raya con recursos del municipio, esto está ligado al proyecto neoliberal de la reforma laboral para crear empleos sin derechos de Ley, incorporando la flexibilización, el empleo temporal, para que los trabajadores no gocen de estabilidad en el empleo ni de los derechos mínimos que las leyes establecen.

3.- Del 1 de abril de 2007 a la fecha, a lo largo del territorio nacional, existen más de cien mil plazas de las llamadas de “nueva creación” que en su mayoría, los nombramientos son de alta interina limitada y lista de raya con recursos del municipio, que es otorgado de una y hasta por doce quincenas máximo. Si esto ha pasado en menos de un año, ¿qué podemos esperar en los próximos cinco años?, el 50% de las plazas del magisterio estarán en estas condiciones, aniquilando así los derechos de los trabajadores de la educación a los servicios del pueblo…

Fraternalmente:

Unidad de Estudios de la Seguridad Social y del Trabajo A. C. (UESST).

Dirección: Quichés No. 11, Colonia La Raza, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02990, Distrito Federal, México.

Teléfono: (01 55) 55 97 43 79. 

Correo: uesst.ac@gmail.com

Eduardo Pérez Saucedo: 044 55 15 03 49 59 / 044 55 31 45 57 05. 

Rubén Camacho Guadarrama: 044 55 18 53 36 36/ rucagu@hotmail.com

http://www.uesst-ac.blogspot.com

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Nuevo CES debe ser contundente; lo elegirá autonomía del movimiento

El nuevo Comité Ejecutivo Seccional (CES) “debe ser un comité contundente, para un movimiento contundente como éste”, calificó Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección XVIII del SNTE, al solicitar y obtener de sus agremiados, la decisión de resguardar el V Congreso de Bases, donde se renovará la dirigencia, y evitar así la injerencia del gobierno estatal, de los esquiroles y traidores.

Y es que en el mitin realizado el pasado viernes sobre la avenida Madero de Morelia, precedido de una megamarcha desde los cuatro puntos cardinales, Ortiz Hurtado demandó a la administración de Leonel Godoy Rangel, al Congreso del Estado, y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), saquen las manos y no intenten meterlas en el proceso de recambio magisterial, que culminará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo próximos, con el respectivo congreso seccional.

Del gobierno estatal, indicó, quieren incidir los pseudofuncionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina; del Congreso del Estado, a través de los diputados perredistas Raúl Morón Orozco y Heriberto Lugo Contreras; y del PRD, con su corriente interna Alianza por la Unidad Democrática (AUD), desde donde se controla al sistema educativo estatal y reprimen administrativamente a los seguidores del magisterio democrático.

Ante eso demandó respeto a la autonomía sindical, y advirtió con cerrar, simbólicamente, y durante los tres días del congreso de bases, las sedes del ejecutivo, legislativo y del PRD estatal, si persisten en su intento intervencionista. 

“Por eso hacemos este emplazamiento para cerrar esos espacios, pero también para que todos ustedes, en esos tres días de nuestro quinto congreso, se vengan a resguardarlo, porque hay que cuidar a los delegados, hay que cuidar nuestro movimiento, y hay que ser contundentes; ¿estamos de acuerdo?”, preguntó a los asistentes al mitin, quienes levantaron la mano, aprobando el planteamiento de su dirigente.

También llamó “a que demos nivel al proceso rumbo a nuestro congreso seccional, y que sea la autonomía de este congreso quien decida a los nuevos integrantes del comité seccional, ¿estaríamos de acuerdo en esto?”. La respuesta fue afirmativa, de palabra y con las manos levantadas, a lo que Artemio Ortiz completó: “Ustedes van a ser los garantes del V Congreso de Bases, compañeros”.

En esta ocasión el templete se instaló en el cruce de las avenidas Madero y Morelos, a unos pasos de Palacio de Gobierno, y Palacio Legislativo, donde una manta gigante reflejaba el sentir magisterial: “Por el respeto a la autonomía sindical y cumplimiento a la minuta de acuerdos 2008”.

Otra más señalaba: “Godoy se esconde y no responde. Respuesta a contratos de todos los niveles. Personal de apoyo presente”, y cartulinas exigían la renuncia de Aída Sagrero y Juan Pérez, reforzadas con consignas, entre las cuales se escuchó “Godoy, entiende, el maestro no se vende”, y “Godoy, ya vete, con todo tu gabinete”, dirigidas al ejecutivo estatal.

Así mismo, el secretario general de la Sección XVIII exhortó a sus agremiados a elegir como delegados al congreso seccional de finales de abril y principios de mayo, a los mejores hombres y mujeres, y no se vayan a colar esquiroles y traidores, pues en esos casos, aseveró, los van a retirar de su evento.

“Acabamos de limpiar el movimiento; las asambleas masivas regionales fueron contundentes, los traidores ya se fueron, los esquiroles, los aliancistas, los gordillistas, ya se fueron, queda el movimiento completo, integrado y unido, y por eso aquí no hay campañas políticas, ni candidatos, ni grupos. Entre nosotros nos hablamos cara a cara, y quien ande haciendo por debajo movimientos o llamando en secreto, está llamando a romper la unidad”, remarcó.

Descalificó el congreso convocado por los esquiroles del llamado Movimiento de Bases. “¿Con quién lo van a hacer? No tienen, en ninguna delegación del estado, una sola posibilidad para por lo menos nombrar un delegado, y lo van a nombrar como lo hace Elba Esther Gordillo, se van a un lugar apartado, llenan las actas de 20 delegados, y ahí tienen sus delegados, sin ninguna asamblea. Así lo saben hacer los gobiernistas y gordillistas”.

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Antesala de la lucha estatal y nacional; paro y movilización en el Senado, el 5 de marzo

A de una vez limpiar la “cochinada” dejada por 

los pseudofuncionarios de la SEE, 

llamó Artemio Ortiz Hurtado al gobierno estatal

Al señalar que el movimiento se encuentra en la antesala de la lucha estatal y nacional, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, emplazó a las autoridades michoacanas, una vez más, ahora desde la avenida principal de Morelia, a unos metros de las sedes legislativa y del ejecutivo, a resolver los rezagos de gestoría sindical, incluyendo los casos de represión administrativa; cumplimiento total de las minutas 2007 y 2008; respeto a la bilateralidad entre sindicato y gobierno estatal, y a la autonomía del gremio, de cara al próximo relevo del comité.

De igual manera, se pronunció por un aumento salarial de emergencia a los trabajadores pues el incremento de menos de dos pesos al minisalario es insuficiente ante la ola alcista de precios de la canasta básica, y criticó los sueldos estratosféricos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de más de 347 mil pesos mensuales netos.

También reprobó la represión a ejidatarios de la Isla La Palma del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas el 26 de febrero, incluidos mujeres y niños, y manifestó el respaldo sindical a la lucha por defender su tierra, la cual pretende ser expropiada por la administración estatal a fin de entregársela a la trasnacional ferroviaria Kansas City Southern (KCS).

Al participar en el mitin realizado el 27 de febrero anterior en el centro histórico de la capital de Michoacán, precedido de una marcha desde cuatro puntos cardinales de la ciudad (Plaza Morelos, Tecnológico de Morelia, Casa de Gobierno y Obelisco a Lázaro Cárdenas), Ortiz Hurtado anunció que en este mes presentarán al gobierno estatal el pliego de demandas 2009, y el jueves 5 de marzo harán un paro nacional de labores, con tomas a inmuebles de dependencias estatales y federales a nivel local.

Mientras en la ciudad de México, agregó, esa misma fecha participarán en la marcha de la sede de la SCJN hacia el Senado de la República, después de las 10 de la mañana, con los propósitos de interponer el cuarto amparo contra la Ley del ISSSTE e instituciones financieras al concluir el plazo de presentación, así como demandar a los legisladores de la Cámara Alta no aprueben la contrarreforma al Artículo Tercero Constitucional, ya avalada por los diputados federales el pasado 11 de diciembre.

Sobre el último punto, el líder del magisterio mayoritario de la Sección XVIII indicó que esa modificación significa legalizar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Ejemplificó que de aprobarse en el senado y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el primer año de preescolar deja de ser obligatorio; además, coloca al examen nacional de oposición como uno de los nuevos mecanismos de contratación de docentes, a la vez de constitucionalizar al Instituto Nacional de Evaluación, y cancelar la plaza automática en las Normales públicas del país, prácticamente el cierre de esas instituciones formadoras de maestros.

La base magisterial, aquí aceptando el llamado de 

su dirigente a ser garantes del V Congreso Seccional

Todavía más. La muerte de todo derecho constitucional a los maestros, ya que desaparece el escalafón, no más vacaciones pagadas, ni valor a la antigüedad laboral, pues se da preferencia a las evaluaciones y examen externos. Pero igual, dijo, quedará prohibido el uso de la ciencia y tecnología para el desarrollo del país, y la formación educativa de las nuevas generaciones sólo servirá como mano de obra barata, frente a lo cual llamó a impedir la aprobación en el senado de esa contrarreforma al texto de nuestra Carta Magna.

Respecto al incumplimiento de compromisos minutados, Artemio Ortiz dio a conocer que ya presentaron demanda penal contra el gobierno michoacano ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la falta del constitucional pago a unos dos mil trabajadores de la educación, y posteriormente acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer la queja respectiva.

Otro factor es la suspensión del sueldo a jefes de sector, supervisores de primarias; a maestros de secundarias de Tanhuato, de Uruétaro y de Lázaro Cárdenas, sólo por pertenecer al magisterio democrático, situación que equiparó a “los peores tiempos” de Carlos Jonguitud Barrios antes, y Elba Esther Gordillo Morales ahora, de ejercer la represión administrativa, avalada por los pseudofuncionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), encabezados por Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina, ex integrantes del movimiento, de quienes reiteró el reclamo sindical de su renuncia, pues mantienen al sistema educativo estatal en bajo nivel.

Precisamente convocó al gobierno de Leonel Godoy Rangel a “limpiar la cochinada” sembrada desde el 15 de febrero de 2008 cuando asumieron la SEE los pseudofuncionarios como un pago político a la Alianza por la Unidad Democrática (AUD), corriente del PRD a la cual pertenecen y es liderada por el diputado local y ex dirigente magisterial Raúl Morón Orozco, a la cual han favorecido al entregarle materiales escolares minutados con la Sección XVIII, y hasta usando los recursos económicos de la dependencia, “casi personal”; además de incrementar el número de aviadores, y sin un proyecto educativo alterno al federal.

Hizo hincapié en que esos pseudofuncionarios, aliados con el gobierno michoacano, los esquiroles integrados en el “Movimiento de Bases”, que desde el año pasado abandonaron la Sección XVIII al irse a refugiar a los brazos patronales y abandonar la lucha gremial, y los afines a la cacique magisterial Elba Esther Gordillo, tienen el objetivo de “golpear de muerte” al movimiento, por su lucha a nivel nacional en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores.

“O díganme, ¿quién va a defender sus derechos?, ¿el gobierno del estado?, ¿los esquiroles?, ¿la secretaría de educación estatal?, ¿Elba Esther Gordillo? Sólo nuestra unidad, íntegra, completa, con toda la firmeza de lo que representamos lo hará y seguirá haciendo”, sostuvo ante los miles de asistentes al mitin del pasado viernes en la capital michoacana.

Intervenciones

En la concentración participaron representantes de diversas organizaciones, como el presidente de la Unión de Juristas de México (UJM) Eduardo Miranda Esquivel, quien luego de manifestar un reconocimiento a la Sección XVIII y a su dirigente Artemio Ortiz por su lucha para abrogar la Ley del ISSSTE, invitó a los trabajadores de la educación a presentar el cuarto amparo contra esa criminal legislación a más tardar el próximo 5 de marzo, cuando vence el plazo.

Indicó que del 30 de enero al 13 de febrero anteriores, se interpusieron más de 300 mil nuevos amparos, y en dos años y tres etapas rebasan los tres millones de recursos legales, que dieron el triunfo parcial al declarar los ministros de la Corte cinco artículos inconstitucionales, con lo cual los beneficiados tendrán derecho a jubilación con aumento anual y pago de aguinaldo, así como dejar ese pensión a familiares al momento de fallecer, entre otros puntos.

Tocante al nuevo amparo, dijo que también tiene la finalidad de recuperar los ahorros de trabajadores en las Afores, pues detectaron cuentas en “ceros”, y evitar vayan éstos a parar a la especulación del mercado financiero. De forma paralela se pronunció por luchar a favor de la estatización de los fondos de ahorro laborales.

Así mismo, solicitó “al compañero” Leonel Godoy Rangel, escuche el reclamo del magisterio michoacano, dé solución a sus justas demandas, y respete su libertad sindicay y autonomía. 

A su vez, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, Sergio Espinal García, informó que viene el “segundo round” contra la ACE, con el ingrediente adicional de la contrarreforma al Tercero Constitucional en la Cámara de Diputados. Exhortó a los agremiados al magisterio democrático del país a ganar esta pelea.

“Hay que ganar la educación para nuestros niños, hay que echar atrás la certificación y los exámenes de oposición, hay que ganar las normales, y hay que ganar nuestro ser docentes porque para eso estudiamos, porque para eso nos hemos forjado así en las escuelas, y no somos los que propagan la idea de magisterio fácil, aquí lo que se está buscando es un magisterio responsable, un buen educador popular”, aseveró y resaltó la importancia de estar presentes el 5 de marzo en la sede del Senado de la República para impedir aprueben la modificación al texto educativo constitucional.

De la dirigencia democrática de la Sección XIX de Morelos, Alejandro Trujillo González se refirió a la lucha librada en su entidad durante casi 90 días de paro de parte de más de 23 mil afiliados al magisterio, 95% del total seccional, con lo cual lograron la cancelación temporal de la ACE, aunque ahora el gobierno ultraderechista de Marco Antonio Adame Castillo decidió cesar a cerca de 35 maestros del movimiento, en represalia por participar en las movilizaciones del año pasado. 

Sin embargo, expresó, continuarán hasta conseguir la no aplicación definitiva de la alianza gordillista-calderonista en tierras morelenses, y en las acciones nacionales, como la presentación del cuarto amparo contra la Ley del ISSSTE, el paro de labores del 5 de marzo, y la presencia con senadores el mismo día.

Y finalizó: “En Morelos estamos despidiendo al panismo y al Panal del estado; en las próximas elecciones vamos a dar voto de castigo al PAN y al Panal, no queremos nada de la ultraderecha, porque Morelos no es panista, Morelos es zapatista”. 

Cabe señalar que se hizo una cooperación entre los asistentes al evento magisterial en el centro moreliano, para apoyar los despedidos de la Sección XIX, y el dinero le fue entregado a Trujillo González, quien lo dará directamente a los docentes perjudicados.

Sócrates Pérez Alejo, de la Junta de Gobierno Sindical de la Sección XXXVI democrática del Valle de México, señaló que el poder popular ya está caminando, y el magisterio michoacano es muestra de ello, además de estar en otras partes, entre ellas Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Baja California Sur.

Hizo un balance de lo alcanzado por Artemio Ortiz y su comité seccional, el cual resulta favorecido al entregar la nueva Ley del ISSSTE y la ACE, quebradas, y la integración del CEND del SNTE, con lo que se pelea de tú a tú con el charrismo del gremio magisterial.

Representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Apolinar Villegas manifestó que en su entidad luego de una lucha de tres meses entre septiembre y noviembre de 2008, obtuvieron el aplazamiento de la ACE, y el pasado fin de semana realizaron el Congreso Regional en Acapulco, con vistas a construir un verdadero proyecto de educación. Y harán eventos en cada zona, porque todas tienen características diferentes.  

En su oportunidad, de la Sección III democrática de Baja California Sur, Nicolás Beltrán Sáenz, notificó que el 1 de marzo se cumplió un año de la toma de la sede sindical en su entidad, desalojando a los charros gordillistas, y el siguiente 30 de abril será el primer aniversario de la integración del Comité Ejecutivo Seccional democrático, dirigido por Esteban Ojeda Ramírez. Manifestó su apoyo a la jornada de lucha nacional.

Respeto a la autonomía sindical,

 demanda sentida en el mitin del viernes pasado

Héctor Díaz Guerrero, a nombre de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) -donde se aglutina una veintena de sindicatos y organizaciones-, demandó al gobierno godoyista respeto a la independencia de la Sección XVIII ante su relevo de comité, y a las demás expresiones de charros y esquiroles, que no vean al magisterio mayoritario como un botín, al tiempo de confiar que la unidad sindical no será dañada.

También urgió a las autoridades estatales a dar solución o gestionar, según su caso, la solución a problemas de los despedidos (desde el año 2000) del INEGI, la contratación de más empleados en la Junta Local de Caminos para hacer frente al rezago de obras, como demanda su sindicato; a la compra de la antigua cooperativa Trademh, de construcción de llantas, y dejársela en crédito a antiguos trabajadores; y la agilización a fin de poner en operación la Fábrica de Artes y Oficios en Morelia.

Del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Gustavo Hernández pidió a las autoridades de rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el retiro de seis órdenes de aprehensión  a igual número de jóvenes, demandados por despojo de inmueble, por el hecho de haber tomado oficinas universitarias en abril del año pasado, tras que fueron rechazados de acceder a la Facultad de Medicina nicolaita. Expresó que pese a la represión sufrida, seguirán en su lucha porque la UMSNH se abra a los estudiantes de menores ingresos económicos.

Reclamo al mandatario Leonel Godoy

 para atender acuerdos rezagados

Mientras tanto, Leobardo Reyes Meza, de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón”, pidió el respaldo de los asistentes al mitin para liberar a sus compañeros José Rivera Tinoco y Salvador Rivera Tinoco, detenidos hace un par de semanas en el Cereso “David Franco Rodríguez” de Morelia, acusados del delito de despojo de inmueble por defender sus tierras. Incluso, sus esposas e hijos mostraron cartulinas con la misma exigencia.

Finalmente, Janahuy Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación “Diego Lucero”, defensora de derechos humanos, y desaparecido desde el 26 de septiembre de 2007, pidió su presentación con vida, así como la de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quienes de desconoce su paradero a partir del 25 de mayo de 2007, y de Lauro Juárez, sin conocerse noticias suyas desde el 30 de diciembre de hace dos años.

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El Gobierno Popular de Tingambato llegó para quedarse

El líder del magisterio michoacano, 

AOH, entre los asistentes al evento en Tingambato

A un año de estar al frente del gobierno popular, José Guadalupe Aguilera Rojas rindió su informe ante distinguidas personalidades y pueblo de Tingambato.

Entre las gestiones y trabajos desarrollados en este pasado ciclo administrativo destacaron los apoyos a varios proyectos como:

- El proyecto de cultivo y comercialización de plantas de ornato, que contó con un apoyo de 52 mil pesos y en el cual se encuentran integradas 33 personas de la comunidad.

- El proyecto del taller de costura con 15 integrantes y con una inversión para compra de material de 10 mil pesos.

- El proyecto de danza, que cuenta con la participación de 8 integrantes quienes tuvieron un apoyo económico de 10 mil pesos para compra de vestuario.

En el rubro educativo, informó el alcalde popular el pasaqdo 28 de febrero, los apoyos destinados y gestionados fueron para la escuela “Torres Bodet” en la instalación del techado de la misma; igual para la escuela de CONAFE del Molinito, la Primaria “Miguel Hidalgo, de Pichátaro, así como gestiones y  entrega de equipo a las escuelas de la Zona 110 de Tancítaro y para el Centro de la Creatividad, el Arte y el Deporte de Tingambato.

En el área de la salud, se atendió y canalizó a varias familias con tratamientos y medicamentos. Se dotó de varias sillas de ruedas a personas que lo requerían, y en fecha próxima se está por recibir más de ellas, así como andaderas y bastones.

En el área del deporte se dotó de uniformes y artículos deportivos a diferentes grupos y clubes de la entidad.

José Guadalupe Aguilera Rojas, 

en la lectura de su informe

El representante del Gobierno Popular José Guadalupe Aguilera, finalizó diciendo que el PRD en Tingambato sigue vivo y que el Gobierno Popular nació para quedarse.

Algo importante a destacar es que la estructura del Gobierno Popular de Tingambato no percibe un sueldo por su labor, únicamente les mantiene el compromiso y responsabilidad adquirida con la comunidad a quien legítimamente representan. 

En el mismo acto, Artemio Ortiz Hurtado, Secretario General de la Sección XVIII y oriundo del lugar, tomó el micrófono para decir que el Gobierno Popular de Tingambato es único en su genero en Michoacán y en el país; ejemplo nacional de organización y unidad de un pueblo que eligió a sus gobernantes de manera legítima. Dicho movimiento, subrayó, debe su éxito a que fue creado desde abajo, con y para el pueblo, sustentado en la Constitución que dice, tenemos derecho a la libre organización y manifestación para buscar una posibilidad de solución a los problemas de la crisis nacional e internacional que nos aquejan como pueblo.

Concluyó mencionando: “Somos parte de una humanidad, de una gran nación y de un gran estado, les invito a mantenerse en esa condición para construir para el bien de todos y mejor de todos”..

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Análisis de la situación educativa, derechos humanos y la ACE

Colaboración de la Subcomisión del Educador Popular y Centro Sindical de Investigación

Doctor Marcel Arvea Damián

Ponencia presentada en el Foro Estatal de Educación y Cultura Popular de Oaxaca.  17 de enero de 2009, atrio de Catedral de Oaxaca, Oaxaca. (Resumen).

Abordo la reflexión: Los grupos en el poder, pretenden instrumentar la ACE a partir de niveles de ejecución y control sobre la escuela pública y el magisterio con el propósito de someter al pueblo a los intereses del capital global. Pretendo alcanzar criticidad abasteciendo el juicio de las evidencias que ofrece nuestra propia realidad social y educativa. Consideremos un aspecto nuclear: la anticonstitucionalidad de la Alianza que deberíamos llamar asociación delictuosa. Dos personas de dudosa legitimidad moral y política, Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, amafiados con los grupos más reaccionarios del país pretenden imponer a la población sus extravagantes delirios educativos. La Alianza por la Calidad de la Educación es una regalía que el gobierno federal concede a la lideresa vitalicia del SNTE por su destacado papel en el fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales y una oportunidad inédita de posicionamiento político a nivel nacional para Elba Esther. A este complot contra la nación se agregan los empresarios, la iglesia reaccionaria, y las fuerzas represivas del país coordinadas y legitimadas por el Estado neoliberal.

La anticonstitucionalidad de la alianza es el núcleo del conflicto. Verdaderamente está en riesgo y debemos defender sin vacilación alguna el articulo 3º. constitucional. Peligra la educación pública, laica y gratuita, no porque la educación del sistema educativo nacional haya alcanzado alguna vez dichos atributos, nunca ha sucedido, sino porque dicha anticonstitucionalidad fue planeada, diseñada y organizada a espaldas de las sociedad, en merma del magisterio, en contra del pueblo y de los intereses históricos de la nación. 

Se trata de una imposición autoritaria y antidemocrática que el gobierno federal y la cúpula del SNTE pretenden imponer como política de Estado. Imposición tan aberrante que sólo es posible con la coalición facciosa de los grupos más retrógrados del país donde la alianza está pensada en contra de las condiciones de vida de nuestros pueblos, para repartirse el presupuesto educativo que tiene la educación en nuestro país con los grandes consorcios del capital global, porque si bien es cierto no se obtiene el recomendable por la ONU, el presupuesto educativo en México no deja de ser uno de los más grandes.  La ACE fue realizada a espaldas del pueblo, sin la contribución del magisterio, ignorando las disimetrías sociales y culturales de los contextos escolares y educativos, exterminando culturas, uniformando conciencias, excluyendo aún más a los grupos más oprimidos, discriminados y explotados; lastimando severamente todos los derechos laborales del magisterio. 

Es ilegítima. Y lo Indignante, lo vergonzoso, lo intolerable, es la contribución del Estado en esta triste y patética representación del absurdo. Si el desarrollo humano y social depende en gran parte de la educación ¿por qué entonces la educación no puede dejar de ser política de Estado para transformarse en política de interés nacional? Cómo podemos ciudadanizar, desgubernalizar la educación, cómo podemos participar activamente en las decisiones políticas que toma el Estado. Cómo se pueden involucrar los actores directamente involucrados en la toma de decisiones de tipo político. ¿Por qué no podemos participar y contribuir en el diseño y desarrollo de las políticas públicas que directamente nos incumben y nos conciernen? ¿Cómo es posible que un presidente de dudosa legitimidad política y un liderazgo magisterial histérico y pervertido quieran imponer a todo el país su voluntad de poder y sus estrafalarios delirios de grandeza? ¿Por qué se negó la consulta nacional, por qué no se propuso al congreso una reforma del sistema educativo, no de la educación, sino una reforma del sistema educativo? La educación no necesita reformas, es dinámica, va cambiando, surgen nuevos paradigmas y se caen otros. Lo que necesitamos es que el sistema sea capaz de dinamizar el modelo y el sistema educativo nacional no puede dinamizar el modelo, no puede dinamizar el artículo tercero constitucional. Hay una terrible contradicción ahí. 

¿Por qué no se convocó a todos los sectores involucrados en la creación de un proyecto educativo nacional emanado de las mayorías y se ignoró al magisterio, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y civiles; por qué nunca se consultó a las comunidades, a las familias, al pueblo? ¿Dónde y cuándo fueron las consultas que dicen sustentar a la ACE? ¿Alguien asistió a esas consultas? Pues Esther no consultó al magisterio, ni a las familias, ni a los pueblos consultó. A nadie consultó. De todo ello surge un nuevo cuestionamiento: ¿Cómo podemos aspirar a crear una democracia participativa, una nueva ciudadanía si la educación y la escuela son cada vez más antidemocráticas y autoritarias? En resumen podemos decir que la Alianza por la Calidad de la Educación debe ser radicalmente rechazada porque va en contra del interés nacional, por ser  anticonstitucional, antidemocrática, ilegítima e ilegal. Qué tristes atributos para una propuesta educativa emanada del ejecutivo federal y del Sindicato Nacional de la Educación.

Paso a hacer reflexión sobre los aspectos que respaldan nuestra negativa en los aspectos finos y más delicados de la ACE ocultos a evidencia primera: Esta asociación delictuosa del Estado, la cúpula magisterial y la iniciativa privada junto con la iglesia reaccionaria pretende estrictamente desarticular el espíritu del tercero constitucional. Dicha desarticulación de nuestras garantías individuales en materia educativa se pretende alcanzar ejecutando diversas políticas y procedimientos de control y penalización sobre el trabajo docente, desarticulando el magisterio como organización sindical y todo ello para que la educación pública que es una conquista histórica del pueblo de México, sucumba a los intereses de la iniciativa privada y del capital global internacional. 

De este modo la ACE pretende imponerse considerando varios aspectos: El primero es sobre la modernización de los centros escolares. El primer apartado implica infraestructura y equipamiento. La ACE ofrece infraestructura a centros escolares, dicho ofrecimiento pretende equipar y rehabilitar 14 mil y 27 mil planteles escolares, respectivamente. En toda la república mexicana existen casi 220 mil centros escolares; es decir, la  ACE modernizará solamente 6% de las escuelas del país, equipando y rehabilitando sólo 12% de ellas. El saldo negativo será de 205 mil centros escolares sin  equipamiento, y 190 mil escuelas sin rehabilitación;  es decir, el 94 y el 87%, respectivamente; no alcanzarán los hipotéticos beneficios en materia de modernización que ofrece la ACE. La triste realidad, es que 12% de escuelas en México, esto es, 26 mil centros escolares, tiene aulas habilitadas, espacios improvisados para impartir enseñanza. La realidad educativa supera cualquier ficción: se ofrece educación en cascajos de camiones, entre la chatarra,  en bodegas acondicionadas, en establos. Sólo en 9.6% del país tienen infraestructura suficiente  y mobiliario digno para el aprendizaje, por ello la ACE considera solución abrir los centros escolares a la inversión de capital privado. 

Es fácil anticipar que con acciones de esa naturaleza la disimetría entre los distintos contextos sociales y escolares se acrecentará aún más, pues el Capitalismo invierte sólo allí donde la ganancia y la productividad son mayores, de tal suerte que las comunidades y municipios más depauperados del país, la gran mayoría, serán inevitablemente excluidos de los hipotéticos beneficios de esta modernización.

El segundo aspecto es sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí hay una trampa muy siniestra porque la ACE pretende experimentar cuatro modelos de tecnología educativa en 155 mil aulas. Se estima que en México existen más de un millón 300 mil aulas, lo que cubriría apenas sólo el 11% de la demanda nacional. Puede suponerse que la compra de tecnologías será asignada discrecionalmente por el Ejecutivo Federal y por la cúpula magisterial y siempre conforme a los intereses económicos de las empresas que monopolizan su venta y servicio; pero también de quienes controlan el monopolio de las comunicaciones, particularmente Slim, Azcárraga y Salinas Pliego, para apretar aún más la tuerca del despojo. 

Se trata de hacer virtual lo real y reducir la injusta realidad social hasta hacerla invisible y desapercibida, de negar la relación humana que implica la educación, de  tecnificarla, cosificarla: Ya no más una educación rostro a rostro, ya no más palabra libre ni diálogo humanizante; la educación modernizada será rostro y pantalla, software y pensamiento automatizado. La dotación a docentes de equipo de cómputo es irónica, pues sólo lograrán adquirir una computadora, recurso que no fue diseñado para redundar en beneficio del proceso educativo, quienes certifiquen competencias digitales. No se ofrece como un recurso para el trabajo docente sino como un gancho para hacernos deudores, para capacitarnos y acreditarnos en cursos de competencias digitales que nos certificarán y darán el salvo conducto para ser sujetos de crédito, pues nos van a ofrecer una computadora siempre y cuando seamos certificados en competencias digitales. El negocio está perfectamente redondo ya que la computadora finalmente será descontada del salario, del cheque quincenal, tal como Telmex cobra el equipo de cómputo por medio del recibo telefónico. 

Otra insensatez es la certificación de dichas competencias digitales. La pregunta es obligada: ¿quién certificará dichas competencias digitales para poder obtener un crédito y hacerse de una maldita computadora? La solución que ofrece la ACE está en ofrecer cursos de capacitación precisamente en competencias digitales, expedidos por el propio Estado o los mismos vendedores de las computadoras. El colmo de todo ello es que si no iniciamos y logramos la certificación de dichas competencias digitales en cursos que las mismas empresas privadas impartirán y expedirán, pues entonces no podemos ser sujetos de crédito, no tendremos computadora y simplemente seremos parte del buró de la ignominia. 

El tercer aspecto es la gestión y participación social. En este rubro la ACE pretende hacer de la escuela un cuartel, levantar retenes e implementar cateos, escuela de facto, domesticando conciencias para someterse a la próxima dictadura: Escuela Segura, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas en Horario Discontinuo, Escuela Fuera del Horario de Clase y de Fines de Semana, y Escuelas de Bajo Rendimiento. Este es el ofrecimiento de la ACE. 

El ejercicio de supervisión, control y dominio del capital sobre la escuela pública alcanza niveles macabros: Pretenden encuartelar a nuestras niñas y niños, tratarlos de presuntos delincuentes. La escuela se convertirá, entonces, en un centro preventivo y correccional de menores infractores. ¡Es verdaderamente indignante! La revisión de mochilas, Aún cuando padres y madres de familia aprueben esta medida no deja de ser por ello una violación, una  gran vejación a la privacidad, a los derechos humanos y a las garantías individuales de nuestras alumnas y alumnos. Nuestras niñas y niños asisten a la escuela para aprender, para humanizarse y humanizar su mundo, no pueden ser tratados como presuntos criminales. Lo peor de todo es que las maestras y maestros nos convertiremos lentamente en policías del sistema, en guardianes de la ley. La ACE nos impone la escuela cuartel, la escuela maquiladora, domesticadora de conciencias. La ACE sólo hará más injusta la injusticia, más retrógrado lo reaccionario, más putrefacto lo podrido. 

El segundo aspecto a analizar implica la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, y el primer punto es el ingreso y promoción de docentes, directores, supervisores y autoridades educativas. En realidad se trata de las formas finas en que ahora se van a reclutar docentes para el servicio. Este apartado trata de la denigración y  reducción de todas las conquistas históricas y derechos laborales del magisterio. Todo indica que el control de las plazas pretende finalmente negociarse por afiliación política. El Concurso Público por Oposición para calificar saberes será dictaminado de manera independiente por empresas de capital privado certificadoras, quien no apruebe este adoctrinamiento tendrá que someterse a la propaganda ideológica hasta responder asertivamente, de lo contrario será irremediablemente rechazado y estigmatizado. 

Juicio inquisitorial de esta naturaleza irá naturalmente en contra del pensamiento libre y disidente, de las otras culturas, de las distintas posturas políticas o partidistas, incluso religiosas. Toda persona que manifieste oposición a la ideología del sistema no será dictaminada favorablemente, nunca obtendrá su certificación y en consecuencia nunca podrá ejercer la docencia. Se trata de reclutar únicamente docentes que sean fieles a la línea del sistema. En resumen, se trata de alienar al magisterio como ejecutores del adoctrinamiento ideológico del Estado neoliberal y del capital global. La libertad de palabra y pensamiento, la libertad de cátedra, de antigüedad en el servicio, experiencia docente, los derechos laborales y sindicales, todo perderemos si aceptamos esta truculenta imposición de facto. 

El siguiente aspecto es sobre la profesionalización, donde la ACE impone su control sobre el magisterio a partir de la supervisión, selección y capacitación de la fuerza de trabajo docente. Este apartado explica la intervención de las universidades privadas de educación superior en la formación de docentes que trabajan en escuelas públicas, como para cerrar aÚn más el candado de la enajenación. En la normal de Oaxaca se está luchando poderosamente por abrir la maestría y hay suficientes bloqueos para que no se desarrolle el programa de maestría. ¿Por qué? Porque hay instituciones privadas que ofrecen la maestría. Sólo la Universidad Benito Juárez ofrece maestría en relación a la educación siendo de Oaxaca, todas las otras instituciones son foráneas, la mayoría de Puebla; vienen escuelas de Tamaulipas a enseñar a los maestros y maestras de Oaxaca sin conocer las condiciones sociales, culturales, históricas del estado. Mañana vendrá la Universidad Anáhuac  y después las universidades trasnacionales. 

Este apartado pretende eliminar todos los beneficios que otorga la antigüedad laboral, reduce al mínimo el servicio médico por accidentes laborales, restringe las pensiones a enfermedades profesionales, bursatiliza y pone en riesgo el derecho a un retiro y jubilación digna, elude la indemnización por accidentes de trabajo y evade la protección de familiares en caso de muerte del trabajador. Este apartado es la prolongación de la reforma del ISSSTE. De acuerdo a la ACE, la profesionalización docente sólo se logrará cuando los maestros aprueben y certifiquen competencias profesionales ofrecidas, dictaminadas  y certificadas por instituciones de educación superior de reconocido prestigio como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, entre otras. La Alianza pretende exterminar a las escuelas Normales, particularmente Rurales, pues son y han sido muy digna y decididamente disidentes del sistema. 

El siguiente aspecto son los incentivos y los estímulos y justo aquí la proletarización del trabajo docente, su asalaramiento, alcanzará niveles insospechados pues se enajenará la producción y el producto de nuestro trabajo con incentivos y estímulos descontados de nuestro salario; ahora nuestro salario será fraccionado en bonos de productividad para hacerlos válidos en las nuevas tiendas de raya como Wal Mart, Office Deepot, Sanborns, etc. Se ofrecen nuevas relaciones de trabajo que devaluarán todas las conquistas laborales del magisterio. 

A continuación la ACE ofrece Bienestar y Desarrollo Integral de los Alumnos, y el primer apartado es salud, alimentación y nutrición. Este apartado representa sin duda el mejor ejemplo delirante de Gordillo y Calderón, pues todo un inventario y desarrollo se resolverá con la beca Oportunidades y un programa para combatir sobrepeso y obesidad, cuando en México existen dos millones 750 mil niñas y niños con desnutrición. Indudablemente los niveles de desnutrición infantil en México son alarmantes, particularmente en las poblaciones rurales y las comunidades indígenas donde nunca llegan los desayunos escolares. El sentido común nos obliga a pensar que lo sensato sería prohibir en la escuela la venta de productos chatarra; sin embargo, Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, expresó públicamente que la prohibición de cierto tiempo de alimentos no es el mejor camino para evitar el sobrepeso y la obesidad. 

Condiciones generales para garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno: En México según datos del INEGI, tres millones 300 mil niñas y niños se ven forzados a trabajar, indicador indignante de los altos índices de pobreza infantil en nuestro país. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México tiene una de las tasas más altas en pobreza infantil: el 28% de nuestras niñas y niños viven en pobreza extrema. En las comunidades indígenas el 16.4% de niñas y niños no asisten a la escuela, en 20% de ellas no se imparten los seis grados de primaria, y únicamente el 28% de las escuelas son de organización completa. De niños y niñas con discapacidad y necesidades educativas especiales ni siquiera se hace mención o consideración alguna. 

El siguiente aspecto que propone la ACE es la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, y el punto nuclear es la reforma curricular. Se anticipa que la ACE pretende “un impulso a la productividad y a la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial”. Una instrucción así, -porque eso no es una educación-, desarrollada a partir de competencias para alentar la productividad y la competitividad reduce el acto educativo a una instrumentalización funcionalista y pragmática para la reproducción indefinida del sistema. 

Esa reforma curricular ignora los contextos sociales y culturales que condicionan el arte educativo, niega la diversidad cultural, pretende devorar lenguas y cosmovisiones, proscribe la libertad y nos mercantiliza. La educación del sistema educativo mexicano queda entonces sujeta a las exigencias de la clase dominante, a la ley de la oferta y la demanda, a los designios del capital global. El colmo de esta reforma curricular es la enseñanza del inglés en preescolar en menoscabo de las lenguas de nuestros pueblos que son totalmente omitidas. No se menciona ni la alfabetización en lengua materna, ni educación especial, ni educación de personas adultas, ni educación indígena, ni educación ecológica, ni educación artística. Ni una de esas educaciones se toca que son las necesidades educativas más sentidas de nuestro pueblo. 

Finalmente, la ACE propone evaluar para mejorar; pero en este aspecto de la evaluación resulta evidente que el Estado ya no velará más por la educación y por los contenidos nacionales sino subordinará toda acción educativa a criterios pragmáticos y eficientistas propios de la producción capitalista. El propósito es capacitar la fuerza de trabajo necesaria para hacer más eficiente el modelo productivo en perjuicio de la libertad y dignidad de las personas, de las culturas, del pueblo, de la nación. La ACE pretende también convocar a empresas privadas a evaluar la educación pública: Evaluación que tiene como propósito ocultar todos los derechos laborales del magisterio y regular la permanencia y el acceso. 

Todas ellas son sin duda acciones facciosas que coinciden con otras, como la reducción del gasto público destinado a la educación y la pérdida de rectoría estatal en materia educativa. El Estado educador será ahora solamente el Estado administrador de los recursos destinados a la educación. La evaluación se convertirá entonces en una frontera de complot ineludible para garantizar la subordinación al principio reproductor del sistema, será el capital global por medio de la iniciativa privada, el Estado, la iglesia, los grupos más reaccionarios del país, quienes finalmente evaluarán la calidad de la educación pública. 

De veinte años de liderazgo magisterial podrido y corrupto no somos culpables los maestros; pero el magisterio tiene una responsabilidad histórica y puede rechazar la ACE  o quedar maniatado en la certificación de saberes, y neutralizado en procedimientos burocráticos que pretenden garantizar y perpetuar hasta el infinito la misma contradicción social de siempre.

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Reprueba APPM informe de Leonel Godoy; política social, uno de los incumplimientos

Urge al ejecutivo a un acuerdo político con organizaciones, en especial para sanear sistema educativo

Integrantes de la APPM presidieron el Contrainforme de Gobierno 

 (Foto: José Ramón Hurtado)

Organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas de Michoacán, reprobaron el primer año del mandatario Leonel Godoy Rangel, en los temas de gobernabilidad, campo, política social, educación y atención a los grupos vulnerables de la entidad, al tiempo de demandarle respuesta a peticiones rezagadas y actuar en beneficio del pueblo, para lo cual se mostraron abiertas al diálogo, como la vía de solución a los problemas estatales.

Al presentar el Contrainforme de Gobierno en la plaza Melchor Ocampo en el centro histórico de Morelia, el pasado sábado 21 -a una semana de que Godoy Rangel hiciera entrega de su informe al legislativo local- para dar a conocer “lo que no dijo” el jefe del ejecutivo michoacano, desde la visión de los trabajadores, las agrupaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM), promotora del encuentro, coincidieron que la administración del estado carece de un proyecto firme en beneficio del desarrollo regional a favor de las clases populares.

“Es urgente un acuerdo político con las organizaciones sociales y sindicales, en particular, por la educación pública gratuita y por el saneamiento, reordenamiento y transformación democrática del sistema educativo de la entidad”, emplazó entonces Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, quien dio lectura al reporte, elaborado en forma conjunta.

A escasos metros del Palacio de Gobierno, donde el escenario público elegido lucía cubierto por una lona gigante para evitar que el sol pegara en los más de 300 asistentes (el evento inició a las 11:30 de la mañana), sentados en sillas y teniendo de frente a representantes de las distintas organizaciones convocantes, se dejó claro el incumplimiento gubernamental a peticiones sociales, como entrega de uniformes, desayunos y material escolar, y a la implementación de proyectos productivos.

Previo a la lectura del mensaje, Ortiz Hurtado refirió que de acuerdo a los resolutivos del Diálogo Nacional el 7 de febrero anterior, se debe integrar una Junta Patriótica para la Salvación Nacional, cuya labor primordial es la lucha en defensa de la soberanía del país, y el rescate de derechos y conquistas laborales, así como discutir el nuevo rumbo de nuestra nación, a lo cual invitó a los presentes.

La manta del evento tenía la siguiente leyenda: “Contrainforme. Primer año de mentiras de gobierno. Desempleo e inseguridad, militarización, represión y hostigamiento estudiantil, abandono del campo, falta de medicamentos, discriminación al indígena, desinterés por la educación, represión contra el magisterio”, que resumían parte de las carencias de la administración godoyista.

Según la lectura que se hizo del informe oficial, la APPM en voz del líder magisterial se pronunció porque el gobierno michoacano se desmarque de las políticas promovidas desde la federación, y de los proyectos de trasnacionales, como ocurre en el puerto de Lázaro Cárdenas, utilizado sólo para el tráfico de mercancías, mientras el resto de la entidad sirve de laboratorio en los planes de militarización, cancelando cualquier beneficio a la población.

Además, criticaron “la propensión ofensiva” del mandatario contra los movimientos sociales, alejada de los postulados de su partido, el de la Revolución Democrática (PRD), la cual se reflejó en la represión a normalistas rurales el pasado 27 de noviembre, cuando 139 estudiantes, la mayoría mujeres, fueron golpeados y detenidos. Igual en el trato a  ejidatarios de la Isla La Palma, cuyos terrenos tratan de ser vendidos a la trasnacional ferroviaria Kansas City Southern México; pobladores de Cherán al verse burlados electoralmente, incluyendo el asesinato de Leopoldo Juárez, uno de los manifestantes en resistencia; transportistas, tianguistas de la Feria de Morelia, replegados por granaderos la semana pasada cuando protestaban afuera de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros ejemplos.

Del asunto específico del magisterio mayoritario, el contrainforme señala que Leonel Godoy hizo alianza con el gobierno federal y la cacique sindical Elba Esther Gordillo Morales, fomentando a un grupo de esquiroles en el afán de quebrantar la unidad de la Sección XVIII, sin lograrlo. Por si fuera poco, agrega, la designación de Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina al frente de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), en pago a la expresión perredista a la cual pertenecen, Alianza por la Unidad Democrática (AUD), ha propiciado un caos en el sistema educativo estatal, el cual tiende a agudizarse “sin que haya un compromiso serio por resolverlo”.

Incluso, subrayó Artemio Ortiz, el equipo de la SEE utilizó material escolar minutado con su representación seccional, a favor de su corriente partidista, y este año la dependencia manejará 16 mil millones de pesos de presupuesto, alertando a evitar haga, una vez más, uso electoral del recurso a educación, ahora con miras a las votaciones federales del próximo 5 de julio.

Llamó al gobernador de Michoacán a restablecer la relación bilateral con la Sección XVIII; liberar todos los pagos retenidos de manera alevosa e ilegal por los pseudofuncionarios de la SEE a maestros pertenecientes al sindicato; cubrir el adeudo de plazas de interinatos, servicios eventuales, becarios y demás personal; contratar de inmediato a docentes de telesecundarias, educación física y extraescolar, al igual que personal de apoyo, quienes ya aprobaron los correspondientes exámenes, y asignar los recursos de programación detallada.

Resolver los conflictos generados en secundarias de Tanhuato y Uruétaro, y compromisos minutados desde 2007, como el apoyo económico a los Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte; la aportación a proyectos contra la comida chatarra en las escuelas de nivel básico; el recurso a la construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas, y de instituciones de formación y desarrollo profesional de docentes, no cubierto desde 2006.

Mientras la minuta 2008, a ocho meses de su firma, todavía “no ha sido posible que los materiales y beneficios para las escuelas y los niños se hayan hecho realidad”, recriminó.

Ingobernabilidad

Durante la lectura del contrainforme, varias personas que pasaban por la zona se acercaron a la Plaza Melchor Ocampo a escucharlo, e incluso una de ellas al pasar lanzó la consigna de “duro, duro”, alzando su mano derecha. También se trataron temas concretos, como la gobernabilidad que, de acuerdo al reporte de Leonel Godoy ésta sí existe en la entidad pues se instalaron mesas de diálogo en comunidades con conflictos, y se instalaron los consejos consultivos de Autoridades Indígenas, y el Campesino.

Sin embargo, citó Ortiz Hurtado, “faltó decir que vivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos que irrumpen en la escena día tras día, con desapariciones de campesinos, líderes comentarios, despojo de tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y focos rojos ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal, huelgas y paros en todos los sectores productivos, manifestaciones recurrentes. Eso es una clara muestra de ingobernabilidad”.

Indicó que el año pasado se registraron desapariciones forzadas de líderes sociales en Michoacán, y el caso de Francisco Paredes Ruiz, integrante de la Fundación Diego Lucero, defensora de los derechos humanos, de quien se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre de 2007, en el anterior gobierno estatal, pero a la fecha, en el actual, no hay avances.

Hizo alusión al “sospechoso accidente” en que perdiera la vida Leonel Calderón Villegas, asesor jurídico de la Sección XVIII, el 1 de junio de 2008; a la desaparición forzada del comunero de Uruapilla Moisés Molina Rodríguez, el 12 de junio anterior, y quien reapareció 14 días después con huellas de tortura policial y militar; y a las agresiones de sus compañeros José Reyes Aguilar y Avenicio Reina Cruz.

Faltó hablar, agregó, de los problemas de tenencia de la tierra en la Isla de Tzirio, en el municipio de Álvaro Obregón, donde sus pobladores viven desde hace tres décadas, y pretenden ser desalojados del predio en disputa con ejidatarios de Téjaro, y particulares; en Nurío, Ocumicho, Tingambato, Paracho, Santa María Huiramangaro, Carapan, Santa Clara del Cobre, San Felipe de los Alzati, Zirahuén, Charo, Huécato, Uruapicho, Cocucho, Tacuro, Ichán, Chilchota, entre otros, y “sin solución no es gobernabilidad”.

Asistentes al evento, realizado en la Plaza Melchor Ocampo

Desempleo, campo y pobreza

En este rubro, el contrainforme en voz del dirigente magisterial el 21 de febrero pasado, echó por tierra las declaraciones de Godoy Rangel en su primer informe, en el sentido de que se generaron 26 mil 284 empleos permanentes, cuando se requieren anualmente entre 30 mil y 50 mil fuentes laborales para cubrir las necesidades, y la tasa de desempleo en la entidad ya supera el 5%. 

Así mismo, poco se ha hecho para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues 60% de los michoacanos con empleo percibe un salario menor a 100 pesos. “Un trabajador que gana el salario mínimo tendría que laborar 48 horas continuas para adquirir los 42 productos de la canasta básica de un día. Serían necesarias, además, 11.50 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de carne de res; 1.34 horas para comprar un kilo de tortillas; 8.3 horas para uno de pollo, y 2.48 horas para una docena de bolillos”.

Respecto a la situación del campo, el reporte de la APPM contrastó lo mencionado por el ejecutivo estatal, y la situación padecida por la gente de dicho sector. Godoy señaló que con el programa cruzada estatal por la siembra del maíz, iniciaron la asistencia técnica gratuita y el sistema de financiamiento. E incentivaron la siembra de lenteja, trigo, arroz y guayaba.

Como realidad, las organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas y campesinas, a través del docente michoacano, dieron cuenta de la cancelación del ejido y de tierras comunales vía Procede, y en consecuencia la concentración del territorio en manos de neo-latifundistas, que junto a la carestía de los insumos, la escasa rentabilidad, el nulo relevo generacional, y el abandono del sector.

Y abundó: “Más del 50% de productores de maíz no reciben apoyo estatal, ni federal, lo que representa la reducción en la producción del grano en Michoacán en más de 300 mil toneladas. A ello agréguese la situación de cultivos de granos básicos por oleaginosas, forrajes, agaves y, en general, por cultivos comerciales; ausencia de precios de garantía, créditos y apoyos financieros; conflictos de linderos, entre otros”.

Del rubro de pobreza, el planteamiento oficial calificó que su reducción será con una política de austeridad y combate a la corrupción, a lo cual el contrainforme estableció que los programas estatales y federal de abatimiento de esta situación terminan como acciones migajeras, mientras la miseria y el hambre se padecen en la vida cotidiana de la mayoría de michoacanos, entre el 76% y el 80%, según cifras de El Colegio de México (Colmex), reproduciendo generaciones futuras con deficiencia mental y nutricional. 

Desarrollo y sustentabilidad ambiental

En este reporte popular, celebrado por primera vez y en un espacio público, se refiere en este apartado que las acciones informadas por el gobernador del estado tienen como propósitos, entre otros, facilitar la inversión de empresas privadas en el ámbito de la construcción de vivienda, los manejos de aguas residuales, en infraestructura de vías de comunicación y tratamiento de desechos sólidos y no sólidos, tóxicos y no tóxicos.

Facilitar el tránsito rápido de mercancías a las trasnacionales por Michoacán, de ahí los proyectos de infraestructura carretera, desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, y los libramientos de Morelia y demás troncales a las rúas nacionales y estatales.

Generar facilidades a las empresas del turismo para aumentar sus ganancias al explotar el potencial turístico de zonas específicas como Pátzcuaro, Zirahuén, el santuario de la mariposa monarca y la costa, por ello las inversiones en tales zonas. Además, los mantos acuíferos son objeto de privatizaciones por parte de empresas refresqueras o por quienes hacen negocio vendiendo el agua embotellada.

Política social para el bienestar de la gente

A este capítulo, el representante de la APPM dijo que los dos mil comités de desarrollo comunitario en la entidad, encargados de promover realización de obras (pavimentación de calles, drenaje, espacios deportivos, y más), pero aportando dinero y trabajo, por lo cual se ahorran recursos económicos del erario público, destinados éstos a empresas trasnacionales.

Sobre el apoyo a personas de la tercera edad, señala el documento de las organizaciones sociales michoacanas, es mero paliativo, sin reconocerles su aporte a la riqueza estatal. Similar caso con las mujeres, cuya creación de la secretaría respectiva “está más centrada en la promoción electoral”, que en atacar de fondo las causas de la violencia hacia las féminas, así como en los jóvenes, quienes carecen de espacios para el desarrollo del deporte, el arte, la ciencia, y de reales oportunidades de empleo formal, pasando al consumo de drogas y al empleo informal, con pocos apoyos, por ejemplo el programa de “Jóvenes trabajando” contó con dos millones de pesos, y el de “Empleo juvenil” dos millones 700 mil pesos, a todas luces insuficientes. 

También los pueblos indígenas, ante lo que demandaron un programa integral para su desarrollo, desde su autonomía y las potencialidades de sus territorios, de respeto a sus usos y costumbres, y a su cosmovisión del mundo. Reprobaron a la Secretaría de Asuntos Indígenas, y al Consejo Consultivo Indígena, éste último considerado un agravio más, pues por principio ignoran quiénes lo integrarán y cómo resultaron electos.

A este particular, el Consejo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Michoacán (CAPIM), demandó el reconocimiento de sus derechos mediante una ley estatal en la materia, consultada en las comunidades, “y que nos lleve a detener las políticas de despojo de nuestros recursos naturales y el abandono en que nos tienen los malos gobiernos”.

En el tema de los migrantes, nuestro estado sigue ocupando los primeros lugares en exportación de mano de obra a los Estados Unidos, y el programa 3x1 es más esfuerzo de quienes laboran allende las fronteras mexicanas, que de las autoridades.

Igual se reprobó al gabinete godoyista a un año de gestión, en el rubro de salud pública, con falta de medicinas y largas filas en hospitales públicos, obligando a la atención a través del Seguro Popular, que aún presenta grandes deficiencias, principalmente en el cuadro de medicamento básico.

Con relación al programa de alimentación a grupos vulnerables, del DIF estatal, criticaron la distribución centrada en unos cuantos productos, en ocasiones ya envejecidos, por lo que las mismas comunidades deben aportar el faltante. “El problema de alimentación no depende de estos paliativos, sino de la calidad de vida de los ciudadanos, de sus condiciones socioeconómicas”, sostuvo el líder de la Sección XVIII al dar lectura al contrainforme, documento de 16 páginas distribuido entre los asistentes a la Plaza Melchor Ocampo.

Educación pública universal, participativa y pluricultural

En este aspecto, Artemio Ortiz aseguró que el sistema educativo estatal se encuentra en la anarquía, el caos y la corrupción, que tiene a Michoacán con un retraso de 25 años en el rubro, propiciada por los pseudofuncionarios de la SEE, Aída Sagrero y Juan Pérez, que hacen negocio electoral y económico con los recursos destinados al sector, repartiendo material escolar a municipios de su corriente partidista, la AUD, como quedó evidenciado el 14 de octubre último cuando descubrieron más de 300 mil artículos faltantes de la bodega de la secretaría. 

Y sostener “más de 500 aviadores como activistas de la Alianza por la Unidad Democrática, y cobrando dobles sueldos en puestos de gobierno”, que tienen desde su llegada a la dependencia, el 15 de febrero de 2008.

Además de disfrazar la lesiva Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), con sus 21 puntos de gobierno, y el “Pacto Social por el Derecho a una Educación de Calidad”, firmado en agosto anterior por una minoría de presidentes municipales, sumados al Plan Sectorial de Educación 2008-2012, que no tuvieron el consenso ciudadano y de los involucrados. “La verdadera intención de lo pseudofuncionarios de la SEE es contribuir a la destrucción del sistema educativo estatal, por eso siguen pegados a los programas federales que destruyen la escuela pública”. 

Por lo tanto, asentó, es una falacia el planteamiento oficial de escuela pública gratuita, pues se siguen los lineamientos federales como Escuelas de Calidad, donde a la fecha tiene dos mil 321 planteles en nuestra entidad, y Escuela Segura, que pretende “acostumbrarlos desde chicos a que les violen su intimidad”, y acostumbrarnos a ver los soldados en las calles.  

Tampoco se ven los 396 millones 531 mil 738 pesos supuestamente invertidos en la mejora de espacios educativos, “pues a la fecha las más de 400 aulas programadas por la Sección XVIII se encuentran sin concreción”. Y la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil, creados en el gobierno anterior, apenas registra un 65% de avance, “y están siendo sustituidos por las guarderías privadas implementadas por el gobierno federal”.

De igual manera, enlistó que en educación media superior y superior, se intenta asegurar mano de obra barata calificada al sector privado o al mercado neoliberal, con el fortalecimiento de la Universidad Tecnológica, propuesta desde Vicente Fox “para anular la universidad pública”.

En el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), agregó Ortiz Hurtado, se autorizan carreras “que luego en su propio profesiograma no son reconocidas, por lo que es un fraude la educación que imparte esta institución con el aval del gobierno”.

No existe un programa integral para el desarrollo del estado de defensa de la soberanía científica y tecnológica, pues la administración de Godoy Rangel se centra sólo en convenios y centraliza la mayor parte de proyectos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), aparte de lo reducido del presupuesto, y el apoyo a investigadores proviene básicamente de becas.

Hay también ausencia de programas integrales de los sectores de cultura y deporte.

Pendientes de la ATEM

En cuanto a los pendientes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), que aglutina a una veintena de sindicatos, el contrainforme da cuenta que se encuentran los de agremiados a la Junta Local de Caminos, que solicitan contratar al personal necesario en la atención de la red carretera estatal, pues reportan un desfase del 50%; de la Cooperativa Génesis, piden que el gobierno adquiera los bienes e inmuebles de la antigua Tradhem, empresa de producción de llantas para bicicleta, y sea otorgada en crédito a los cooperativistas.

La Coalición Nacional de Trabajadores despedidos del INEGI solicita, a su vez, intervención gubernamental ante instancias federales en la búsqueda de recuperar la fuente de empleo a 40 michoacanos, cesados injustificadamente, junto a otros en todo el país, en el año 2000. 

Colectivo de Trabajadores del Arte y la Cultura (Cotacum), pide la asignación presupuestal para la implementación de la Fábrica de las Artes de Morelia, proyecto elaborado desde el sexenio anterior.

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Carta del CEND del SNTE a Senadores

C. SENADORA

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y 

C. SENADORES DE LA REPÚBLICA

PRESENTES

El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE presenta ante ustedes las preocupaciones que concita el Plan Educativo destructor de la escuela pública, que desde el gobierno federal se viene imponiendo, por encima de la Ley Constitucional, de normas y reglamentos que daban soporte al derecho legítimo del pueblo de contar con una educación pública gratuita, laica y obligatoria, científica e integral, patriótica y universal.

Acudimos ante Ustedes con el firme propósito de convocar a su lealtad con la patria y las causas justas de nuestro pueblo; a solicitar sus oficios para detener la contrarreforma al Art. 3º. de nuestra Constitución política. Iniciativa aprobada con dispensa de la lectura del Dictamen, en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre. Desde nuestro punto de vista no debió aprobarse tal modificación, menos aun con la celeridad y dispensa de la lectura del Dictamen. Se trata de una modificación que a todas luces suprime el sentido original de responsabilidad que la sociedad mexicana deposita en el Estado Nacional para la formación de nuestras jóvenes generaciones y junto con las familias y comunidades contribuir a  la constitución de la nueva ciudadanía, elemento clave para la unidad, la identidad y la soberanía nacional.

Parece imposible que en una frase como “…la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas”, se legalice la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación, pero es cierto, con esta frase se legaliza la educación en “competencias” y se cancela al pueblo el acceso a la ciencia, la tecnología y la cultura universal; se autoriza la aplicación de la política del “primer empleo o empleo a prueba”, se impone la contratación interina y en muchos casos “a lista de raya a cargo de los municipios”; se impone la intervención de evaluadoras privadas, se reprueba a las Escuelas Normales Oficiales, se perfila su cierre definitivo y la apertura en su lugar de una llamadas “Escuelas de Excelencia Académica”; se impone la “certificación” a los docentes en servicio, rompiendo con la seguridad laboral y se cancela la plaza de base. 

La reforma abre la puerta al cobro de cuotas en las escuelas públicas y suprime la obligatoriedad del Primer Grado de Preescolar, además de golpear de forma severa el carácter laico de la educación nacional al obligar al Estado a extender reconocimientos oficiales a centros educativos confesionales. No puede en los tiempos actuales avalarse el regreso a los fanatismos y oscurantismos. Abatir la ignorancia hoy, en la era de la comunicación y la información es tarea de todos, particularmente de los mexicanos con dignidad, puesto que en ello nos va la posibilidad de terminar con regímenes corruptos, entregados a los intereses de las grandes corporaciones saqueadoras de las riquezas nacionales. La rapiña y el hurto sólo pueden ser suprimidos por un pueblo culto.

De agosto a diciembre de 2008, más de 400 mil trabajadores de la educación nos movilizamos en el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación, pacto perverso firmado sin facultad. La opinión pública es testigo de cómo el régimen respondió con sordera y cerrazón, adjudicándose el uso desmedido de la fuerza pública y la represión administrativa como elementos de respuesta. Es grave que frente a la defensa del derecho a la escuela pública se acuda a métodos de excepción, como medio para callar la oposición política pacífica y como mecanismo para hacer prevalecer disposiciones desde un autoritarismo que camina a la supresión de derechos ciudadanos y facultades políticas universales.

Antes de la movilización al Senado y a otras instancias, acudimos con ustedes a proponer el Diálogo-Debate ciudadano acerca de esta contrarreforma constitucional, cuyas dimensiones pueden equipararse con la reforma energética o con la laboral. Proponemos construir un formato de Debate Nacional con la participación de especialistas, investigadores e intelectuales; les solicitamos coordinar juntos una Consulta Nacional sobre el tema; desde ahora reclamamos a esta Cámara de Senadores la no aprobación de tan letal modificación al Art. 3º. en tiempos en que los pueblos del mundo discuten cómo profundizan la responsabilidad del Estado con la escuela pública refrendando de ésta su carácter estratégico en la formación de las naciones y de su sentido internacionalista.

ATENTAMENTE

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO DEL SNTE

PROFR. SERGIO ESPINAL GARCÍA

SECRETARIO GENERAL

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