El Estado policiaco-militar violenta el Estado de Derecho

Tras fallo de Corte, FPDT inicia campaña por liberar a presos de Atenco y exigir justicia

Arranque de la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, 

que busca excarcelar a 13 presos políticos, 

entre ellos Ignacio del Valle (Foto: FPDT)

Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de febrero respecto a que el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Seguridad Pública Federal Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios no tuvieron responsabilidad alguna en la violación a garantías individuales de pobladores de San Salvador Atenco en el operativo policiaco de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) convino iniciar una campaña nacional e internacional para liberar a los 13 presos del movimiento, incluido Ignacio del Valle Medina, sentenciado a 112 años, seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, así como exigir justicia en el asunto.

Al exculpar a Peña Nieto y demás implicados, expresó el abogado de los detenidos de Atenco, Juan de Dios Hernández Monge, la Corte abdicó de su obligación constitucional de sancionar a los responsables de la represión, y es, a la vez, parte de la descomposición generalizada del Estado mexicano, y en particular del Poder Judicial de la Federación. 

“Vemos con mucha preocupación cómo hay un Estado policiaco-militar en México, violentando el Estado de derecho; el ejército en las calles, un gobierno totalmente inepto, confundiendo los principios de seguridad nacional con los principios de seguridad pública, y en esta conjunción permite el uso del ejército y crea guardias pretorianas como la Policía Federal Preventiva y el recién formado cuerpo militar de élite, con el fin expreso de contener luchas y movimientos sociales”, subrayó al participar, el pasado 18 de febrero en el Foro “La resolución de la Suprema Corte en el Caso Atenco”, en el Auditorio “Jus Sempe Loquitur” de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Se pronunció, así mismo, porque desde la sociedad civil se haga “cuando menos el intento” de someter a juicio político a los funcionarios de alto nivel autores de ordenar el operativo de agresión a pobladores de Atenco e integrantes del FPDT.

Por su parte, América del Valle, hija de Ignacio del Valle, y sobre quien pesa orden de aprehensión, desde algún lugar donde se encuentra escondida, envió un video difundido en la página del frente (http://atencofpdt.blogspot.com), mediante el cual asentó que con ese fallo la SCJN “ha cerrado toda posibilidad de justicia en México”.

Llamó a enfrentar esa injusticia. “Nosotros no nos podemos permitir la vergüenza de no pelear, por ello convocamos a todos, los de abajo, a todos los que sean capaces de indignarse ante cualquier injusticia en cualquier parte del mundo; a todos los que sufren las calamidades del sistema represor, para unificar nuestras fuerzas y moral, para seguir levantando trincheras de dignidad, y que nuestra exigencia de libertad y justicia se haga valer con nuestras armas: La unidad, la organización y la movilización popular, que echará abajo las cárceles y toda la impunidad”.

La campaña

Fue el 17 de febrero anterior cuando arrancó la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, donde su intención primordial es lograr la excarcelación de los 13 detenidos desde 2006, considerados presos políticos; la revocación de las sentencias; el respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos; castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos; así como condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México. 

Esta primera fase de la citada operación concluirá los días 3, 4 y 5 de mayo próximos, cuando se cumplan tres años del operativo represivo que dejó de saldo dos personas muertas, el encarcelamiento inicial de 207, la tortura física y psicológica a la mayoría de ellas, e incluso abuso sexual a las mujeres; ahora 13 se encuentran recluidas, y tres más tienen orden de aprehensión.

De acuerdo al pronunciamiento central de la campaña, los que cometieron directamente la tortura recibieron órdenes de hacerlo, de parte del Estado mexicano, y altos funcionarios a cargo de los operativos, que tuvieron dos intencionalidades políticas:

“Tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo, y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está pendiente”.

Los detenidos son: Ignacio del Valle Medina, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, recibiendo sentencias por el delito de secuestro equiparado, secuestro equiparado como autor intelectual, y ataques a las vías de comunicación. La pena que purga es por 112 años, seis meses de cárcel, o sea, prácticamente cadena perpetua.

También en El Altiplano está recluido Felipe Álvarez Hernández, condenado a 67 años, seis meses de prisión por secuestro equiparado como autor intelectual, y ataque a las vías de comunicación. En la misma situación se encuentra Héctor Galindo Gochicoa, tanto en el lugar de encarcelamiento como la sentencia y los delitos, y quien por cierto se encuentra impedido de recibir visitas familiares desde octubre último. 

Diez más se mantienen detenidos en el penal “Doctor Alfonso Quiroz Cuarón” de Molino de Flores, del municipio mexiquense de Texcoco, la mayoría sin participación en el FPDT: Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco, y Narciso Arellano Hernández. Todos acusados por el delito de secuestro equiparado, sentenciados a 31 años, 11 meses, 15 días de cárcel.

Los 13 fueron aprehendidos sin la orden de aprehensión correspondiente, y los policías estatales y federales los golpeados de manera salvaje, amenazándolos de muerte. Además de sufrir múltiples trabas y violaciones legales en sus procesos judiciales.

Mientras los que viven como perseguidos políticos, son América del Valle, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, acusados de secuestro equiparado.

Del operativo represivo del 3 y 4 de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra responsabiliza como los que dieron la orden, al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, de quien se dice buscará la candidatura presidencial por parte del PRI; al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, hoy titular de la Procuraduría General de la República (PGR); a Wilfrido Robledo Madrid, jefe de la Policía del Estado de México; a Ardelio Vargas Fosado, militar a la cabeza de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el operativo; a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Estado de México; y a Nazario Gutiérrez, aquel tiempo presidente municipal de Texcoco, principalmente.

Entre las actividades de la campaña, se han realizado foros en espacios de la UNAM, el 18 y 19 de febrero pasados, con temas relativos al caso, y el próximo 16 de marzo tienen prevista una visita a los tres presos políticos en el Cefereso de El Altiplano, en Almoloya de Juárez. También se distribuirán volantes y carteles informando a la población sobre la situación de los 13 detenidos, así como visitas a medios comerciales y alternativos con la misma finalidad.

Se abrirán centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi tres años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores, en Texcoco; ahí podrán donar víveres y otros materiales en respaldo a esta iniciativa.

Invitarán a organizaciones a realizar acciones de protesta civil y pacífica en las localidades, barrios y comunidades, escuelas y centros de trabajo. Los días 3, 4 y 5 de mayo entrantes, para finalizar esta primera fase de la campaña, harán movilizaciones por la libertad de los 13 presos políticos. Para conocer sus actividades, tienen la página electrónica: www.atencolibertadyjusticia.com.

Y con el propósito de aportar económicamente a la campaña, cabe anotar, está a disposición en cualquier sucursal de Banorte, la cuenta 0608878038 a nombre de María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle.

Entre los integrantes de este esfuerzo, se encuentran Samuel Ruiz García, Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; los escritores Carlos Montemayor, Paco Ignacio Taibo II; Adolfo Gilly, académico; Luis Villoro, filósofo; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; los actores Demián Bichir, Bruno Bichir, Diego Luna, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho; los cantantes Roco y Rubén Albarrán, de la Maldita Vecindad, y Café Tacuba, respectivamente, así como Manu Chao. 

Participan, además, 11 organizaciones: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), La Voladora Radio, Mujeres Sin Miedo, Servicios Legales y Estudios Jurídicos y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).

Antecedente

 

El antecedente que los del FPDT ven de la represión de mayo de 2006, es el anuncio del entonces presidente Vicente Fox Quesada, el 22 de octubre de 2001, de que el nuevo aeropuerto del Distrito Federal se construiría en la zona del Valle de México. Para ello expropiaron más de cinco mil hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, que resultaba el más afectado. La propuesta gubernamental era de pagar a dueños de las tierras 7.50 pesos por metro cuadrado de terreno.

Sin embargo, la oposición de los ejidatarios de Atenco salió a relucir al no ser consultados previamente para la decisión oficial, y así nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con sus tradicionales machetes, que al poco tiempo fueron usados en su contra en los medios de comunicación, sobre todo televisivos. La nueva agrupación convino evitar la construcción del aeropuerto, pues lo vieron además como amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia, y la herencia de sus ancestros: la tierra.

La lucha librada junto a otras organizaciones solidarias, donde fue asesinado uno de los participantes, José Enrique Espinosa Juárez -muerto tras golpes recibidos por policías en una manifestación del frente el 11 de julio de 2002-, llevó a que en agosto de 2002 el gobierno foxista retirara la propuesta de construcción del aeropuerto en Texcoco.

Después, ya en los últimos meses de su gestión, el panista Fox Quesada vio la oportunidad de reprimir a los de Atenco y del FPDT, en venganza por impedir su nuevo aeropuerto capitalino en terrenos de ejidatarios. 

La Corte continuó el manto de impunidad

Por otra parte, y en el marco de la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, el 18 de febrero último se llevó a cabo el Foro “La resolución de la Suprema Corte en el Caso Atenco”, en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde participó el abogado de los detenidos, Juan de Dios Hernández Monge, exponiendo el accionar de los ministros del llamado Alto Tribunal de la república.

Inició con que la “Tremenda Corte”, como se refirió en varias ocasiones a la SCJN, si bien ejerció su facultad de investigar, bajó de nivel al comisionar a dos magistrados de circuito a indagar el tema. Y en atención a la Regla 21 de un Acuerdo General del pleno de 2007, la cual indica: “En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios de procedimientos de cualquier índole, que registren otros órganos de Estado, y que versen sobre los hechos consumados en materia de la investigación”, prácticamente se ataron de manos.

También acordaron los ministros que no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubiesen participado en los hechos calificados de graves violaciones a las garantías individuales.

De lo anterior, el también miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas calificó: “Es decir, desde antes de iniciar el proceso de investigación, la Suprema Corte había empezado a tejer un manto de impunidad, o había continuado el tejido de ese manto de impunidad que se había iniciado desde el momento mismo que ocurrieron los hechos que se mencionan”.

Tales limitantes, agregó, se contraponen con la propia determinación del pleno de la Corte, cuando ordenó, inicialmente, a la comisión investigadora que buscara los elementos para ella reparar las garantías, ya sea judiciales o civiles, así como en su caso, sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.

Así, el informe rendido al pleno por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y el general, se encuentra basado prácticamente en las mismas actuaciones ministeriales de las procuradurías de Justicia del Estado de México, y de la General de la República, que toman como suyas. Entre las conclusiones, tienen las siguientes:

La Seguridad Pública es una función a cargo del Estado, cuya finalidad es salvaguardar la vida, integridad y los derechos de las personas; garantizar el orden y las libertades públicas, al igual que prevenir la comisión de delitos, y por su especial naturaleza, “puede requerir el uso de la fuerza pública como medio para lograr su objetivo”. Y esas autoridades responsables del uso de la fuerza pública deben cumplir los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, y las demás contenidas en sus normas.

Concluye la Suprema Corte que los días 3 y 4 de mayo de 2006, los manifestantes de San Salvador Atenco rebasaron su derecho de manifestación lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley.

“Ojo, el uso del monopolio de ejercer la violencia en poder del Estado, tiene que estar siempre fundamentado en la legalidad, no basta que alguien aplique legalidad en los actos represivos del Estado, para que esto sea legal tiene que ser también legítimo el uso de la fuerza”, subrayó.

Ministros de la Corte, otra vez le fallaron al pueblo de México

Manifestó que la causa del conflicto “es el terrible delito de un grupo de delincuentes organizados”, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que quisieron vender flores en la vía pública el 3 de mayo de 2006.

De acuerdo al informe del ministro Gudiño Pelayo, el Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006 establecía entre sus fines la prohibición del comercio informal en lugares públicos. En consonancia con esto, el 13 de abril del citado año se abrió un expediente administrativo, debido a que alrededor de 60 personas mostraron su deseo de vender flores en el mercado de la localidad.

Luego viene una serie de reuniones entre autoridades y comerciantes, continúa el informe de la Corte,  los días 7, 11, 18, 20, 28 de abril, y 2 de mayo, a lo cual Hernández Monge alude al Artículo Quinto Constitucional, que otorga el derecho a la ciudadanía a dedicarse a cualquier profesión, comercio u oficio, siempre y cuando sea lícita. “Y hasta donde sabemos, vender en la vía pública no constituye un delito, no está prohibido en un código penal; está, sí, en un reglamento de política y buen gobierno, en un bando municipal, que de ninguna manera pueden estar por encima de la Constitución”, estableció.

Frente a ese texto constitucional, apuntó ante estudiantes y profesores de la UNAM, así como integrantes del FPDT de Atenco, que en todo caso los floristas cometieron faltas administrativas, no delitos, y debieron ser sancionados con una multa económica por parte del gobierno municipal de Texcoco. Incluso, de reincidir, un arresto administrativo, y si persistían después de lo anterior, “a lo mejor iniciar una averiguación previa por desacato o resistencia de particulares; pero por ese terrible delito de vender flores en el mercado municipal se generó una confrontación, que más que eso, se trató de una brutal agresión por parte del Estado”.

Indicó que el 2 de mayo de 2006 se reunió el FPDT con el subprocurador de Justicia y el subsecretario de Gobernación mexiquenses, donde acordaron el retiro de la fuerza pública para que los vendedores de flores pudieran instalarse en el mercado. Sin embargo, “gracias al presidente municipal sustituto de Texcoco, el perredista Nazario Gutiérrez”, quien descalifica a las autoridades estatales, por lo tanto el arreglo sostenido con éstas carece de validez, y en vez de retirar el operativo policiaco esa misma fecha, lo fortalece al aumentar de 40 uniformados a 115, teniendo la orden de impedir la instalación de los oferentes el 3 de mayo; luego arribaron 320 elementos de la Agencia de Seguridad estatal.

Los informes policiales aseguran que el 3 de mayo de aquel año hubo gran cantidad de policías lesionados. “Lo cierto es que en el propio expediente, tanto el penal como el de la Corte, no se reporta un solo policía lesionado, pero sí 83 compañeros brutalmente torturados. Es increíble cómo la Tremenda Corte dice que a partir de que incumplieron los floristas y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra con su obligación de respetar la ley, entonces legitiman el uso de la fuerza pública en la forma como lo hicieron”, aseveró el abogado de los detenidos de Atenco.  

Según reportes periodísticos, alrededor de cuatro mil 500 elementos de policías municipal, estatal y federal, participaron en el operativo de represión, aunque a la Corte las propias corporaciones dieron cuenta de unos dos mil 600 uniformados del Estado de México, y de la Policía Federal Preventiva (PFP), ésta última, el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas la catalogó de inconstitucional, pues nuestra Carta Magna sólo mandata a las policías Judicial, y a la Preventiva, como encargadas de auxiliar al Ministerio Público en la persecución e investigación de los delitos.

Abundó que la “presentación” de la PFP, cuyo objetivo es tener un cuerpo represivo al mando presidencial sin rendir cuentas de sus acciones a nadie, fue en la agresión al Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM, especialmente el 6 de febrero de 2000 al ingresar de forma violenta al Auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras, punto de reunión de los huelguistas, quienes protestaban contra el aumento de cuotas en esa casa de estudios. 

Respecto a los asesinatos de dicho operativo, en las personas de Javier Cortés Santiago, a causa de un balazo a menos de 60 centímetros de distancia que le perforó el pecho, y Alexis Benhumea, cuyo certificado de defunción informa que murió por fractura de cráneo debida al golpe de un objeto contundente, la “Tremenda Corte”, detalló Juan de Dios Hernández, no ve elementos de dónde salieron a relucir armas de fuego, ya que la orden a los policías fue ir sin armas al operativo, y hasta sugiere que del bando del FPDT surgieron los disparos. “Sí hay muertos, pero ¿quién los mató?, según la Corte, Fuenteovejuna, no la PFP, cuando vemos en la televisión a los policías disparando, como en Oaxaca”.

Con todo lo anterior, señaló que la SCJN incurre en encubrimiento de delitos de jurisdicción universal como la tortura, practicada por policías a los detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, contemplado por la Corte Penal Internacional, por tanto debe castigarse a los responsables, no exculparlos. (Michoacano).

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Reforma al 3º. Constitucional es privatizadora y niega derechos laborales

Además de violatoria a la Carta Magna, pretende “meter la religión” en planteles privados, refiere estudio de José T. Cardoza.

La Alianza Calderón y Elba (ACE), 

rechazada por el magisterio, 

busca legalizarse en la modificación del artículo tercero

En un análisis comparativo entre la reforma, catalogada de neoliberal, al artículo tercero constitucional, y el texto todavía vigente -pues falta su aprobación en el Senado de la República y la publicación en el Diario Oficial de la Federación- realizado por José T. Cardoza Olivas, miembro del Comité Ejecutivo Delegacional de Catedráticos de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), alerta que tiene el objetivo de privatizar el sector, “meter la religión” en escuelas particulares, y negar derechos laborales consagrados en la misma Carta Magna. Pero también observa que, dada su inconstitucionalidad en el Artículo Tercero Transitorio, puede recurrirse a la vía del amparo.

Inicia con el cambio que hicieron diputados federales de todos los partidos políticos, incluidos los del PRD, PT y Convergencia, en esa modificación constitucional el pasado 11 de diciembre, donde se cambia “Toda persona”, por “Todo individuo”, como los que tienen derecho a recibir la educación, y mientras en el articulado vigente se fija claramente la obligación del Estado a impartirla desde preescolar hasta media superior, el “nuevo” añade el siguiente párrafo:

“La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”, quedando ambiguo, pues, indica Cardoza, prácticamente anulan esa tarea de parte del Estado. “Señalan la obligatoriedad de la educación, pero no precisan quién es el obligado. Antes lo era el Estado. Al no precisar al obligado, pretenden convertir la obligación del Estado de proporcionar la educación obligatoria, en una obligación de la persona de cursar la educación básica y media superior”.

Sin embargo, el Artículo Segundo Transitorio de los diputados federales refiere la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes “en edad de cursarla”, y tal acción será “de manera gradual y creciente”, en diversas modalidades, con calidad y pertinencia, y la concurrencia presupuestal de la Federación y entidades de la república. Lo anterior, indica, no marca tiempos y sólo abarca a los adolescentes, desechando a quienes tienen mayor edad de ingresar a ella.

Párrafo nuevo en la modificación que entrará a discusión en la Cámara Alta a partir de este mes de marzo, apunta: “La educación será el eje fundamental del desarrollo nacional. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- garantizará el desarrollo de una política de Estado para tales fines”. A este particular, el citado estudio califica el “será” como un futuro impreciso y demagógico.

Aunque agrega que el Artículo Cuarto Transitorio pone las reglas para esa “política de Estado”, y marca un plazo de seis meses a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación para que el Estado, y el Poder Legislativo convoquen “a los diversos sectores involucrados, así como a las autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno”.

Al agregar en la reforma que la educación

 será financiada con la participación social,

 padres de familia de escuelas públicas ahora sufragarán, 

constitucionalmente, la enseñanza de sus hijos

Eso genera desconfianza en Cardoza Olivas ya que con gobiernos neoliberales como el actual, los sectores a convocar lo constituirán empresarios, banqueros, la cacique del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, dirigentes corporativos de sindicatos, y avizora: “Hoy sí les van a entregar la educación pública, y no será sólo la educación básica, también la universitaria”. 

Cuarto párrafo de la reforma al Tercero Constitucional, suprime: “La Educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…, por el “fomentará armónicamente todas las facultades del ser humano…”. Y a los valores de amor a la Patria, conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, se suman el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz; pero dejan de lado más ámbitos.

Señala el análisis: “En secundaria, hoy enseñan derechos humanos y paz, pero no enseñan los derechos de los trabajadores (jornada máxima, salario mínimo, sindicalización, seguridad social); de los campesinos (ejidos, comunidades agrarias, crédito barato y suficiente), o de las cooperativas. Quieren borrarlos y que las nuevas generaciones no los conozcan”.

Lesivo es el quinto párrafo, el cual se añade al texto constitucional y a la letra dice: “La ley determinará los lineamientos y criterios para garantizar que dicha educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas”. Sobre esto, destaca que es en la legislación correspondiente y no en nuestra Constitución, donde se anotarán las reglas de las evaluaciones, con el control de Elba Esther Gordillo.

Además de ser exámenes clientelares, sin sustento científico, y claras preferencias políticas, que condicionarán los aumentos salariales a los maestros, mientras contradictoriamente, los funcionarios culpables de la crisis educativa no son evaluados, y explica:

“Las evaluaciones las harán empresarios como el Ceneval, fundado por ex funcionarios del PRI que provocaron el actual desastre educativo. Con las evaluaciones o exámenes, se pretende eliminar el derecho de los egresados de las Normales públicas a la plaza en una clave única basificada a los seis meses. Desautorizan la certificación de las Escuelas Normales y eliminan los derechos laborales de los maestros en activo a la estabilidad en el empleo, el escalafón, la capacitación, pago de horas extras, etc. Esto es el origen del movimiento contra la ACE, que no es más que la Alianza para la Corrupción Educativa, o Alianza de Calderón y Elba”.

Fracción I del Tercero, que en el articulado aún vigente garantiza la impartición de educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, en el texto reformado el 11 de diciembre de 2008 afirma: “… la educación que imparta el Estado será laica”. Esto es, sólo la instrucción pública lo será, dejando abierta la posibilidad a que las instituciones privadas enseñen educación religiosa, situación rechazada por los constituyentes de 1917.

“Hoy, a nivel constitucional, los capitalistas de las escuelas privadas (alerta Normales privadas) podrán impartir religión. Serán dos sistemas educativos y dos tipos de maestros: Normales públicas: Maestros laicos; Normales privadas: Religiosos. Y los exámenes de admisión con árbitros del PAN y el PRI (Elba Esther Gordillo todavía es del PRI), excluyendo a egresados de Normales Públicas”, da cuenta el documento comparativo elaborado por el integrante de la ENSM, consultado por Michoacano.

Segunda fracción en su inciso a, sobre el criterio que orientará a la educación, en cuanto al corte democrático, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, la reforma neoliberal le suma político, aspecto con el que, refiere el análisis señalado, ante la crisis económica del capitalismo y la incapacidad de los gobiernos empresariales, del PRI y PAN por mejorar las condiciones de la sociedad, pretenden “desviar” la atención, y tratando que se olvide el escándalo del fraude electoral de Carlos Salinas en 1988, y de Felipe Calderón en 2006, así como los problemas financieros provocados por los patrones, cuya única víctima han sido los trabajadores.

En tanto, a los incisos b y c, se añaden características, en el primero, el de carácter educativo de nacional, el aprovechamiento de recursos sustentables de nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente, y en el segundo, del mejoramiento a la convivencia humana, el “aprecio y respeto por la diversidad cultural”. Demagogia pura, concluye el texto de referencia.

Tercera fracción del mismo artículo, que determina desde la Federación los planes y programas de estudio, de preescolar hasta la Normal, y agrega en el reformado la educación media superior, “con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía…”. Sin embargo, habría dos o más tipos de proyectos, pues como se anotó arriba, la educación laica a planteles públicos, la religiosa a particulares, contradiciendo en la vía de los hechos la igualdad educativa.

Y todos los bachilleratos que no dependan de una universidad autónoma, por ley, tendrán planes impuestos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que, afirma José T. Cardoza, los diputados federales perredistas que aprobaron la reforma al Tercero, que incluyó el 31 constitucional, entregan en bandeja de plata las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, pues sus programas serán los oficiales. “Veremos si los diputados de la Asamblea Legislativa del DF son capaces de promover una controversia constitucional, ¿o se abstendrán como con la Ley del ISSSTE? Tienen la mayoría suficiente”. Igual suerte correrían las Vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Más alertas. La fracción IV tiene un añadido al de Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, la cual establece lo siguiente: “La ley establecerá mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo nacional”. 

Con lo anterior, sostiene el investigador, se abre claramente la puerta trasera para la privatización del sector, como lo hicieron en la reforma petrolera. “Hacen que la Constitución permita la participación social en la educación; es decir, los cobros o contribuciones sociales voluntarias de inscripción, pago de cuotas de sociedades de padres de familia, pago de alimentos en las escuelas de tiempo completo, cobros de todo tipo de servicios, etc. Cuotas o cooperaciones voluntarias, en efectivo, pero sociales. Si con la prohibición de cobros, cobraban, ahora con la participación social se quitarán la máscara completamente, privatizando la educación”. 

Fracción V, que en la actualidad dota al Estado de impartir la educación de preescolar a secundaria, y promover y atender la educación desde Inicial hasta superior, así como apoyar la investigación científica y tecnológica, ahora en el texto modificado el 11 de diciembre anterior por los diputados federales, agrega a la educación superior en cuanto a la obligación estatal de impartirla; pero desliga, en párrafo aparte, el segundo aspecto, al señalar:

“La educación estará vinculada al desarrollo científico y tecnológico del país”, lo que a ojos del referido reporte comparativo, libera al Estado de la obligación de apoyar la investigación científica, y sólo deja la vaga idea de vincularla. “Es la oportunidad de la comunidad científica de opinar. Podrán demostrar que las maestrías, doctorados y postdoctorados, realmente sirven para formar mejores seres humanos y no máquinas de hacer dinero”.

Sexta fracción del artículo actual, pasa a ser la Séptima, ya reformada, y habla de las atribuciones de escuelas particulares, donde se suma a las de nivel medio superior, y de acuerdo a la fracción I, estas instituciones podrán impartir la enseñanza religiosa, lo cual abarca, como ya se mencionó, a las Normales privadas, cuyos egresados tendrían preferencia sobre los de las públicas, lo cual el investigador cataloga de verdadero peligro para México y su pueblo trabajador.

Ya en las reglas a los planteles particulares, está más claro que podrán instruir a sus alumnos una educación no científica; es decir, religiosa. Igual, fija el inciso b, en cuanto a obtener la autorización correspondiente, sustituye poder público por Estado, como encargado de permitir su operación, y se aumenta: “… y acreditar los criterios de calidad y pertinencia que establezca la ley”. O sea, las características neoliberales, como calidad.

La fracción VIII modificada, VII en el caso de la todavía vigente, da cuenta de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, quienes tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, entre otras, la reforma añade: El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- atenderá la educación superior. “Con la redacción anterior se plantea la educación superior como una obligación del Estado, hoy esta obligación se transforma en una acción (atender)”, subraya el análisis, y manda el llamado de alerta a universitarios y politécnicos.

Instituciones de educación media superior

 que no sean autónomas,

 se regirán por lineamientos impuestos desde la SEP

Violación constitucional

Respecto a los transitorios, el “nuevo” Artículo Tercero de esta categoría deroga el Quinto Transitorio aún vigente, que en uno de sus postulados indica como obligatoria la educación preescolar, y en el primer grado para cumplirlo marca a partir del ciclo escolar 2008-2009, con lo cual quedaría prácticamente sin ser obligatorio este año del nivel, aunque lo componen con la adición de que ese primer año de kinder se hará universal, de manera gradual y sistemática.

Pero también, remarca José T. Cardoza, representa una violación constitucional, pues los artículos de una ley son de dos tipos: Permanentes, que se escriben con números arábigos (1, 2, 3, etc.), y los Transitorios, escritos con letra (Cuarto, Quinto, etc.). Unos son permanentes y otros temporales.

“Los artículos transitorios son temporales durante la llamada vacatio legis. Es decir, son artículos que regulan la entrada en vigencia de una nueva ley a artículo permanente que sustituye a otra ley o artículo. Y es el caso de que el Artículo Quinto Transitorio que pretenden derogar, ya reguló lo que tenía que regular, ya terminó su temporalidad; el término de su temporalidad fue el pasado 18 de agosto con el inicio del calendario escolar 2008-2009. 

“A partir del 18 de agosto de 2008 el primer grado de preescolar ya es obligatorio y vigente. De esto hay constancia incluso en la misma exposición de motivos de la propuesta de reforma, en donde se transcriben afirmaciones de las Comisiones Unidas, y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaes). Por eso si los senadores en febrero ratifican la reforma y se publica en el Diario Oficial estarán violando la Constitución, y esta violación de garantías individuales dará pauta para impugnarlo en vía de amparo”, explica Cardoza Olivas.

Finalmente, apunta en su análisis que la ignorancia de los diputados y sus asesores es un hecho notorio y público, por lo tanto deberán regresar los millonarios sueldos devengados, que no justifican, e invitó a los senadores dignos, en especial a Rosario Ibarra de Piedra, a defender la educación pública y nuestra Carta Magna, y den paso a la impugnación de esta flagrante violación constitucional.

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Demanda en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación

El 15 de mayo de 2008, la C. “presidenta” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesora Elba Esther Gordillo Morales, y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, firmaron la denominada Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pacto cuyo fin es garantizar la ejecución de planes, programas y reformas que en su conjunto, representan violaciones a diversas disposiciones legales de nuestro país.

En oposición al despojo que de los derechos sociales y laborales de los trabajadores al servicio de la educación han hecho tanto el gobierno de derecha como los pseudodirigentes del SNTE, la Unidad de Estudios de la Seguridad Social y del Trabajo A. C. (UESST) plantea la interposición de una demanda del orden laboral que como consecuencias primordiales busca:

NULIDAD de la “Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

NULIDAD de todos los actos jurídicos y administrativos adoptados, y todos los efectos de la ilegal “Alianza por la Calidad de la Educación”.

DESTITUCIÓN de la C. “Presidenta” del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Profesora Elba Esther Gordillo Morales, por no tener facultades para suscribir la “Alianza por la Calidad de la Educación entre  el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

A la fecha, no se ha celebrado el Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación, donde debería renovarse la dirigencia nacional del SNTE y tratarse todos los asuntos de la mayor relevancia de la organización sindical (artículo 324 del Estatuto del SNTE); además, el periodo de gestión de la “presidenta” del sindicato fue del diecisiete de marzo del 2004 al dieciséis de marzo del 2008, por lo que se aduce que carece de facultades estatutarias para suscribir la alianza y sin embargo, el quince de mayo del 2008 la firmó, violentando diferentes preceptos de la Declaración de Principios y múltiples artículos del Estatuto vigente de nuestra organización sindical, derivando esto en una alta traición a los trabajadores de la educación.

Antecedentes

- Decreto por el que el Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaría de Educación Pública, Propondrá a los Gobiernos Estatales la Celebración de Acuerdos de Coordinación en el Marco de los Convenios Únicos de Desarrollo, Establecer un Comité Consultivo para la Descentralización Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Agosto de 1983.  

- Decreto que Establece los Lineamientos a que se sujetarán las Acciones de Descentralización de los Servicios Federales de Educación Básica y Normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Marzo de 1984.  

- Decreto por el que se expide el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1992.  

- Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2002.

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012:

Eje 3. Igualdad de Oportunidades.

3.3 Transformación Educativa.

- Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Naturaleza

La “Alianza para la Calidad de la Educación” no representa una obligación, dado que no se trata de una ley, sino de un acuerdo político que busca ver a la educación del país como un negocio y no como la base del desarrollo del pueblo. Es un acuerdo donde el SNTE se subordina ante las políticas neoliberales del gobierno de derecha.

Ilegalidad de la ACE

Modernización de los Centros Escolares:

- Escuelas de tiempo completo.

- Escuelas en horario discontinuo.

- Escuelas fuera del horario de clase y en fines de semana.

Profesionalización de los Maestros y de las Autoridades Educativas: 

- Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas por la vía de Concurso Nacional Público de Oposición, convocado y dictaminado de manera independiente.

- El acceso a funciones directivas en el ámbito estatal se realizará por la vía de concursos públicos de oposición.

- A partir del ciclo escolar 2009-2010 la convocatoria y la dictaminación de los concursos correría a cargo de un órgano de evaluación independiente con carácter federalista.

Certificación de Competencias Profesionales:

- Fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5 centros regionales de excelencia académica.

Incentivos y Estímulos:

- Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: Aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación); cursos de actualización (certificados de manera independiente), y desempeño profesional.

Reforma Curricular Orientada al Desarrollo de Competencias y Habilidades.

Enseñanza del idioma inglés desde preescolar y promoción de la interculturalidad.

Lo puntos anteriores, estipulados en la Alianza por la Calidad de la Educación violan diversos preceptos Constitucionales, Legales, Administrativos y Estatutarios del país:

Violaciones Constitucionales, Legales, Administrativas y Estatutarias

La Alianza por la Calidad de la Educación es violatoria de los siguientes ordenamientos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal del Trabajo; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley General de Educación; Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo; Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública; Estatuto del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Violaciones Constitucionales

La Alianza por la Calidad de la Educación viola los siguientes preceptos Constitucionales: Artículos: 1, 2, 3, 5, 14, 16 y 123 Apartado “B”.

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 2º. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad…

Artículo 3º. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia… Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura…

Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley…

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…

Artículo 123, Apartado “B”. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna, será de ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario… Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos… Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad… 

Violaciones Legales

Ley Federal del Trabajo:

Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 

Artículo 4.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero…

Artículo 159.- Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado:

Artículo 50.- Son factores escalafonarios: I. Los conocimientos; II. La aptitud; III. La antigüedad; y IV La disciplina y puntualidad. 

Artículo 75.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.

Ley General de Educación:

Artículo 25.- El ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Violaciones Administrativas

Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo:

Artículo 12.- Para formar parte del personal de la Secretaría, se requiere:

VIII.- Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio del jefe de la dependencia donde exista la vacante, o sujetarse al concurso o pruebas de competencia que fije la secretaria. En caso de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado.

Reglamento de Escalafón:

Artículo 2.- Las disposiciones de este reglamento son obligatorias para la Secretaría de Educación Pública, sus trabajadores, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Artículo 11.- El ascenso de los trabajadores se determinará mediante la calificación de los diversos factores escalafonarios, en los términos señalados por este reglamento.

I. Conocimientos: 45%, dividido en a) Mejoramiento profesional y cultural, con el 20%;

b) Preparación, el 25%. 

II. Aptitud: 25%, dividido en a) Iniciativa, laborasidad y eficiencia (Contenidas en el crédito escalafonario anual), 20%; b) Otras actividades (obras publicadas, artículos periodísticos, etc.) 5%.

III. Antigüedad, con el 20%.

IV. Disciplina y puntualidad, con el 10%, para dar el total del 100%.

Violaciones Estatutarias

Declaración de Principios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación:

Refrenda a la educación como un derecho irrenunciable de todos los mexicanos y mexicanas; defiende y promueve los principios filosóficos y políticos del Artículo Tercero Constitucional.

Se establece la revocación de mandato en todos los niveles de gobierno del Sindicato, cuando existan cargos probados de violaciones graves al estatuto, se atente contra la unidad del gremio, incapacidad e ineficiencia en perjuicio de los representados o se incurra en actos de corrupción u otro tipo de conductas que erosionen la honorabilidad de los trabajadores de la educación.

Fortalecimiento diversificado del normalismo para que funcione acorde con las nuevas demandas de la sociedad, una visión integral del desarrollo y la educación y, los requerimientos del sistema educativo, iniciando con la apertura inmediata de Hecelchakán, Campeche, y El Mexe, Hidalgo.

Estatuto del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación:

Artículo 78.- El Comité Ejecutivo Nacional será electo en Congreso Nacional, así como los suplentes respectivos, de conformidad con lo establecido en este Estatuto, y durará en su cargo cuatro años. 

Artículo 291.- Las sanciones que pueden aplicarse a los dirigentes y demás miembros infractores de los Documentos Básicos del Sindicato, son las siguientes: Amonestación; Suspensión temporal en puestos o comisiones sindicales; Destitución del puesto o comisión sindical; Inhabilitación para desempeñar puestos o comisiones sindicales; y Suspensión temporal de los derechos sindicales;

Artículo 324.- El presente Estatuto es la ley suprema del Sindicato en su régimen interior; los miembros del Sindicato y los órganos de gobierno sindical están obligados a observarlos. No podrán ponerse en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en contravención a este ordenamiento, salvo aquellas que se dicten por el Comité Ejecutivo Nacional en cumplimiento de un acuerdo o autorización expresa de un Congreso Nacional.

Nuevas formas de contratación

 

Incorporación de Promotores Educativos:

- Bases (requisitos): Ser egresado de una institución formadora de docentes en el ciclo escolar 2007-2008.

- Haber obtenido y comprobar un puntaje aprobatorio en el “Examen para nuevo ingreso al servicio docente”.

- Participar en los procesos de asesoría, seguimiento y evaluación…

Conclusiones:

1.- La Alianza por la Calidad de la Educación es contraria a la formación pedagógica y a la identidad nacional y elude la responsabilidad que el SNTE tiene con el gobierno, la sociedad mexicana y los trabajadores en la búsqueda de la calidad educativa en armonía con los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación.

2.- Los exámenes de oposición permiten que el empleo de los trabajadores de la educación se den con nombramientos interinos limitados y lista de raya con recursos del municipio, esto está ligado al proyecto neoliberal de la reforma laboral para crear empleos sin derechos de Ley, incorporando la flexibilización, el empleo temporal, para que los trabajadores no gocen de estabilidad en el empleo ni de los derechos mínimos que las leyes establecen.

3.- Del 1 de abril de 2007 a la fecha, a lo largo del territorio nacional, existen más de cien mil plazas de las llamadas de “nueva creación” que en su mayoría, los nombramientos son de alta interina limitada y lista de raya con recursos del municipio, que es otorgado de una y hasta por doce quincenas máximo. Si esto ha pasado en menos de un año, ¿qué podemos esperar en los próximos cinco años?, el 50% de las plazas del magisterio estarán en estas condiciones, aniquilando así los derechos de los trabajadores de la educación a los servicios del pueblo…

Fraternalmente:

Unidad de Estudios de la Seguridad Social y del Trabajo A. C. (UESST).

Dirección: Quichés No. 11, Colonia La Raza, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02990, Distrito Federal, México.

Teléfono: (01 55) 55 97 43 79. 

Correo: uesst.ac@gmail.com

Eduardo Pérez Saucedo: 044 55 15 03 49 59 / 044 55 31 45 57 05. 

Rubén Camacho Guadarrama: 044 55 18 53 36 36/ rucagu@hotmail.com

http://www.uesst-ac.blogspot.com

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Nuevo CES debe ser contundente; lo elegirá autonomía del movimiento

El nuevo Comité Ejecutivo Seccional (CES) “debe ser un comité contundente, para un movimiento contundente como éste”, calificó Artemio Ortiz Hurtado, líder de la Sección XVIII del SNTE, al solicitar y obtener de sus agremiados, la decisión de resguardar el V Congreso de Bases, donde se renovará la dirigencia, y evitar así la injerencia del gobierno estatal, de los esquiroles y traidores.

Y es que en el mitin realizado el pasado viernes sobre la avenida Madero de Morelia, precedido de una megamarcha desde los cuatro puntos cardinales, Ortiz Hurtado demandó a la administración de Leonel Godoy Rangel, al Congreso del Estado, y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), saquen las manos y no intenten meterlas en el proceso de recambio magisterial, que culminará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo próximos, con el respectivo congreso seccional.

Del gobierno estatal, indicó, quieren incidir los pseudofuncionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina; del Congreso del Estado, a través de los diputados perredistas Raúl Morón Orozco y Heriberto Lugo Contreras; y del PRD, con su corriente interna Alianza por la Unidad Democrática (AUD), desde donde se controla al sistema educativo estatal y reprimen administrativamente a los seguidores del magisterio democrático.

Ante eso demandó respeto a la autonomía sindical, y advirtió con cerrar, simbólicamente, y durante los tres días del congreso de bases, las sedes del ejecutivo, legislativo y del PRD estatal, si persisten en su intento intervencionista. 

“Por eso hacemos este emplazamiento para cerrar esos espacios, pero también para que todos ustedes, en esos tres días de nuestro quinto congreso, se vengan a resguardarlo, porque hay que cuidar a los delegados, hay que cuidar nuestro movimiento, y hay que ser contundentes; ¿estamos de acuerdo?”, preguntó a los asistentes al mitin, quienes levantaron la mano, aprobando el planteamiento de su dirigente.

También llamó “a que demos nivel al proceso rumbo a nuestro congreso seccional, y que sea la autonomía de este congreso quien decida a los nuevos integrantes del comité seccional, ¿estaríamos de acuerdo en esto?”. La respuesta fue afirmativa, de palabra y con las manos levantadas, a lo que Artemio Ortiz completó: “Ustedes van a ser los garantes del V Congreso de Bases, compañeros”.

En esta ocasión el templete se instaló en el cruce de las avenidas Madero y Morelos, a unos pasos de Palacio de Gobierno, y Palacio Legislativo, donde una manta gigante reflejaba el sentir magisterial: “Por el respeto a la autonomía sindical y cumplimiento a la minuta de acuerdos 2008”.

Otra más señalaba: “Godoy se esconde y no responde. Respuesta a contratos de todos los niveles. Personal de apoyo presente”, y cartulinas exigían la renuncia de Aída Sagrero y Juan Pérez, reforzadas con consignas, entre las cuales se escuchó “Godoy, entiende, el maestro no se vende”, y “Godoy, ya vete, con todo tu gabinete”, dirigidas al ejecutivo estatal.

Así mismo, el secretario general de la Sección XVIII exhortó a sus agremiados a elegir como delegados al congreso seccional de finales de abril y principios de mayo, a los mejores hombres y mujeres, y no se vayan a colar esquiroles y traidores, pues en esos casos, aseveró, los van a retirar de su evento.

“Acabamos de limpiar el movimiento; las asambleas masivas regionales fueron contundentes, los traidores ya se fueron, los esquiroles, los aliancistas, los gordillistas, ya se fueron, queda el movimiento completo, integrado y unido, y por eso aquí no hay campañas políticas, ni candidatos, ni grupos. Entre nosotros nos hablamos cara a cara, y quien ande haciendo por debajo movimientos o llamando en secreto, está llamando a romper la unidad”, remarcó.

Descalificó el congreso convocado por los esquiroles del llamado Movimiento de Bases. “¿Con quién lo van a hacer? No tienen, en ninguna delegación del estado, una sola posibilidad para por lo menos nombrar un delegado, y lo van a nombrar como lo hace Elba Esther Gordillo, se van a un lugar apartado, llenan las actas de 20 delegados, y ahí tienen sus delegados, sin ninguna asamblea. Así lo saben hacer los gobiernistas y gordillistas”.

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Antesala de la lucha estatal y nacional; paro y movilización en el Senado, el 5 de marzo

A de una vez limpiar la “cochinada” dejada por 

los pseudofuncionarios de la SEE, 

llamó Artemio Ortiz Hurtado al gobierno estatal

Al señalar que el movimiento se encuentra en la antesala de la lucha estatal y nacional, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, emplazó a las autoridades michoacanas, una vez más, ahora desde la avenida principal de Morelia, a unos metros de las sedes legislativa y del ejecutivo, a resolver los rezagos de gestoría sindical, incluyendo los casos de represión administrativa; cumplimiento total de las minutas 2007 y 2008; respeto a la bilateralidad entre sindicato y gobierno estatal, y a la autonomía del gremio, de cara al próximo relevo del comité.

De igual manera, se pronunció por un aumento salarial de emergencia a los trabajadores pues el incremento de menos de dos pesos al minisalario es insuficiente ante la ola alcista de precios de la canasta básica, y criticó los sueldos estratosféricos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de más de 347 mil pesos mensuales netos.

También reprobó la represión a ejidatarios de la Isla La Palma del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas el 26 de febrero, incluidos mujeres y niños, y manifestó el respaldo sindical a la lucha por defender su tierra, la cual pretende ser expropiada por la administración estatal a fin de entregársela a la trasnacional ferroviaria Kansas City Southern (KCS).

Al participar en el mitin realizado el 27 de febrero anterior en el centro histórico de la capital de Michoacán, precedido de una marcha desde cuatro puntos cardinales de la ciudad (Plaza Morelos, Tecnológico de Morelia, Casa de Gobierno y Obelisco a Lázaro Cárdenas), Ortiz Hurtado anunció que en este mes presentarán al gobierno estatal el pliego de demandas 2009, y el jueves 5 de marzo harán un paro nacional de labores, con tomas a inmuebles de dependencias estatales y federales a nivel local.

Mientras en la ciudad de México, agregó, esa misma fecha participarán en la marcha de la sede de la SCJN hacia el Senado de la República, después de las 10 de la mañana, con los propósitos de interponer el cuarto amparo contra la Ley del ISSSTE e instituciones financieras al concluir el plazo de presentación, así como demandar a los legisladores de la Cámara Alta no aprueben la contrarreforma al Artículo Tercero Constitucional, ya avalada por los diputados federales el pasado 11 de diciembre.

Sobre el último punto, el líder del magisterio mayoritario de la Sección XVIII indicó que esa modificación significa legalizar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Ejemplificó que de aprobarse en el senado y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el primer año de preescolar deja de ser obligatorio; además, coloca al examen nacional de oposición como uno de los nuevos mecanismos de contratación de docentes, a la vez de constitucionalizar al Instituto Nacional de Evaluación, y cancelar la plaza automática en las Normales públicas del país, prácticamente el cierre de esas instituciones formadoras de maestros.

La base magisterial, aquí aceptando el llamado de 

su dirigente a ser garantes del V Congreso Seccional

Todavía más. La muerte de todo derecho constitucional a los maestros, ya que desaparece el escalafón, no más vacaciones pagadas, ni valor a la antigüedad laboral, pues se da preferencia a las evaluaciones y examen externos. Pero igual, dijo, quedará prohibido el uso de la ciencia y tecnología para el desarrollo del país, y la formación educativa de las nuevas generaciones sólo servirá como mano de obra barata, frente a lo cual llamó a impedir la aprobación en el senado de esa contrarreforma al texto de nuestra Carta Magna.

Respecto al incumplimiento de compromisos minutados, Artemio Ortiz dio a conocer que ya presentaron demanda penal contra el gobierno michoacano ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la falta del constitucional pago a unos dos mil trabajadores de la educación, y posteriormente acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer la queja respectiva.

Otro factor es la suspensión del sueldo a jefes de sector, supervisores de primarias; a maestros de secundarias de Tanhuato, de Uruétaro y de Lázaro Cárdenas, sólo por pertenecer al magisterio democrático, situación que equiparó a “los peores tiempos” de Carlos Jonguitud Barrios antes, y Elba Esther Gordillo Morales ahora, de ejercer la represión administrativa, avalada por los pseudofuncionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), encabezados por Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina, ex integrantes del movimiento, de quienes reiteró el reclamo sindical de su renuncia, pues mantienen al sistema educativo estatal en bajo nivel.

Precisamente convocó al gobierno de Leonel Godoy Rangel a “limpiar la cochinada” sembrada desde el 15 de febrero de 2008 cuando asumieron la SEE los pseudofuncionarios como un pago político a la Alianza por la Unidad Democrática (AUD), corriente del PRD a la cual pertenecen y es liderada por el diputado local y ex dirigente magisterial Raúl Morón Orozco, a la cual han favorecido al entregarle materiales escolares minutados con la Sección XVIII, y hasta usando los recursos económicos de la dependencia, “casi personal”; además de incrementar el número de aviadores, y sin un proyecto educativo alterno al federal.

Hizo hincapié en que esos pseudofuncionarios, aliados con el gobierno michoacano, los esquiroles integrados en el “Movimiento de Bases”, que desde el año pasado abandonaron la Sección XVIII al irse a refugiar a los brazos patronales y abandonar la lucha gremial, y los afines a la cacique magisterial Elba Esther Gordillo, tienen el objetivo de “golpear de muerte” al movimiento, por su lucha a nivel nacional en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores.

“O díganme, ¿quién va a defender sus derechos?, ¿el gobierno del estado?, ¿los esquiroles?, ¿la secretaría de educación estatal?, ¿Elba Esther Gordillo? Sólo nuestra unidad, íntegra, completa, con toda la firmeza de lo que representamos lo hará y seguirá haciendo”, sostuvo ante los miles de asistentes al mitin del pasado viernes en la capital michoacana.

Intervenciones

En la concentración participaron representantes de diversas organizaciones, como el presidente de la Unión de Juristas de México (UJM) Eduardo Miranda Esquivel, quien luego de manifestar un reconocimiento a la Sección XVIII y a su dirigente Artemio Ortiz por su lucha para abrogar la Ley del ISSSTE, invitó a los trabajadores de la educación a presentar el cuarto amparo contra esa criminal legislación a más tardar el próximo 5 de marzo, cuando vence el plazo.

Indicó que del 30 de enero al 13 de febrero anteriores, se interpusieron más de 300 mil nuevos amparos, y en dos años y tres etapas rebasan los tres millones de recursos legales, que dieron el triunfo parcial al declarar los ministros de la Corte cinco artículos inconstitucionales, con lo cual los beneficiados tendrán derecho a jubilación con aumento anual y pago de aguinaldo, así como dejar ese pensión a familiares al momento de fallecer, entre otros puntos.

Tocante al nuevo amparo, dijo que también tiene la finalidad de recuperar los ahorros de trabajadores en las Afores, pues detectaron cuentas en “ceros”, y evitar vayan éstos a parar a la especulación del mercado financiero. De forma paralela se pronunció por luchar a favor de la estatización de los fondos de ahorro laborales.

Así mismo, solicitó “al compañero” Leonel Godoy Rangel, escuche el reclamo del magisterio michoacano, dé solución a sus justas demandas, y respete su libertad sindicay y autonomía. 

A su vez, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, Sergio Espinal García, informó que viene el “segundo round” contra la ACE, con el ingrediente adicional de la contrarreforma al Tercero Constitucional en la Cámara de Diputados. Exhortó a los agremiados al magisterio democrático del país a ganar esta pelea.

“Hay que ganar la educación para nuestros niños, hay que echar atrás la certificación y los exámenes de oposición, hay que ganar las normales, y hay que ganar nuestro ser docentes porque para eso estudiamos, porque para eso nos hemos forjado así en las escuelas, y no somos los que propagan la idea de magisterio fácil, aquí lo que se está buscando es un magisterio responsable, un buen educador popular”, aseveró y resaltó la importancia de estar presentes el 5 de marzo en la sede del Senado de la República para impedir aprueben la modificación al texto educativo constitucional.

De la dirigencia democrática de la Sección XIX de Morelos, Alejandro Trujillo González se refirió a la lucha librada en su entidad durante casi 90 días de paro de parte de más de 23 mil afiliados al magisterio, 95% del total seccional, con lo cual lograron la cancelación temporal de la ACE, aunque ahora el gobierno ultraderechista de Marco Antonio Adame Castillo decidió cesar a cerca de 35 maestros del movimiento, en represalia por participar en las movilizaciones del año pasado. 

Sin embargo, expresó, continuarán hasta conseguir la no aplicación definitiva de la alianza gordillista-calderonista en tierras morelenses, y en las acciones nacionales, como la presentación del cuarto amparo contra la Ley del ISSSTE, el paro de labores del 5 de marzo, y la presencia con senadores el mismo día.

Y finalizó: “En Morelos estamos despidiendo al panismo y al Panal del estado; en las próximas elecciones vamos a dar voto de castigo al PAN y al Panal, no queremos nada de la ultraderecha, porque Morelos no es panista, Morelos es zapatista”. 

Cabe señalar que se hizo una cooperación entre los asistentes al evento magisterial en el centro moreliano, para apoyar los despedidos de la Sección XIX, y el dinero le fue entregado a Trujillo González, quien lo dará directamente a los docentes perjudicados.

Sócrates Pérez Alejo, de la Junta de Gobierno Sindical de la Sección XXXVI democrática del Valle de México, señaló que el poder popular ya está caminando, y el magisterio michoacano es muestra de ello, además de estar en otras partes, entre ellas Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Guerrero y Baja California Sur.

Hizo un balance de lo alcanzado por Artemio Ortiz y su comité seccional, el cual resulta favorecido al entregar la nueva Ley del ISSSTE y la ACE, quebradas, y la integración del CEND del SNTE, con lo que se pelea de tú a tú con el charrismo del gremio magisterial.

Representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Apolinar Villegas manifestó que en su entidad luego de una lucha de tres meses entre septiembre y noviembre de 2008, obtuvieron el aplazamiento de la ACE, y el pasado fin de semana realizaron el Congreso Regional en Acapulco, con vistas a construir un verdadero proyecto de educación. Y harán eventos en cada zona, porque todas tienen características diferentes.  

En su oportunidad, de la Sección III democrática de Baja California Sur, Nicolás Beltrán Sáenz, notificó que el 1 de marzo se cumplió un año de la toma de la sede sindical en su entidad, desalojando a los charros gordillistas, y el siguiente 30 de abril será el primer aniversario de la integración del Comité Ejecutivo Seccional democrático, dirigido por Esteban Ojeda Ramírez. Manifestó su apoyo a la jornada de lucha nacional.

Respeto a la autonomía sindical,

 demanda sentida en el mitin del viernes pasado

Héctor Díaz Guerrero, a nombre de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) -donde se aglutina una veintena de sindicatos y organizaciones-, demandó al gobierno godoyista respeto a la independencia de la Sección XVIII ante su relevo de comité, y a las demás expresiones de charros y esquiroles, que no vean al magisterio mayoritario como un botín, al tiempo de confiar que la unidad sindical no será dañada.

También urgió a las autoridades estatales a dar solución o gestionar, según su caso, la solución a problemas de los despedidos (desde el año 2000) del INEGI, la contratación de más empleados en la Junta Local de Caminos para hacer frente al rezago de obras, como demanda su sindicato; a la compra de la antigua cooperativa Trademh, de construcción de llantas, y dejársela en crédito a antiguos trabajadores; y la agilización a fin de poner en operación la Fábrica de Artes y Oficios en Morelia.

Del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Gustavo Hernández pidió a las autoridades de rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el retiro de seis órdenes de aprehensión  a igual número de jóvenes, demandados por despojo de inmueble, por el hecho de haber tomado oficinas universitarias en abril del año pasado, tras que fueron rechazados de acceder a la Facultad de Medicina nicolaita. Expresó que pese a la represión sufrida, seguirán en su lucha porque la UMSNH se abra a los estudiantes de menores ingresos económicos.

Reclamo al mandatario Leonel Godoy

 para atender acuerdos rezagados

Mientras tanto, Leobardo Reyes Meza, de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón”, pidió el respaldo de los asistentes al mitin para liberar a sus compañeros José Rivera Tinoco y Salvador Rivera Tinoco, detenidos hace un par de semanas en el Cereso “David Franco Rodríguez” de Morelia, acusados del delito de despojo de inmueble por defender sus tierras. Incluso, sus esposas e hijos mostraron cartulinas con la misma exigencia.

Finalmente, Janahuy Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación “Diego Lucero”, defensora de derechos humanos, y desaparecido desde el 26 de septiembre de 2007, pidió su presentación con vida, así como la de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quienes de desconoce su paradero a partir del 25 de mayo de 2007, y de Lauro Juárez, sin conocerse noticias suyas desde el 30 de diciembre de hace dos años.

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El Gobierno Popular de Tingambato llegó para quedarse

El líder del magisterio michoacano, 

AOH, entre los asistentes al evento en Tingambato

A un año de estar al frente del gobierno popular, José Guadalupe Aguilera Rojas rindió su informe ante distinguidas personalidades y pueblo de Tingambato.

Entre las gestiones y trabajos desarrollados en este pasado ciclo administrativo destacaron los apoyos a varios proyectos como:

- El proyecto de cultivo y comercialización de plantas de ornato, que contó con un apoyo de 52 mil pesos y en el cual se encuentran integradas 33 personas de la comunidad.

- El proyecto del taller de costura con 15 integrantes y con una inversión para compra de material de 10 mil pesos.

- El proyecto de danza, que cuenta con la participación de 8 integrantes quienes tuvieron un apoyo económico de 10 mil pesos para compra de vestuario.

En el rubro educativo, informó el alcalde popular el pasaqdo 28 de febrero, los apoyos destinados y gestionados fueron para la escuela “Torres Bodet” en la instalación del techado de la misma; igual para la escuela de CONAFE del Molinito, la Primaria “Miguel Hidalgo, de Pichátaro, así como gestiones y  entrega de equipo a las escuelas de la Zona 110 de Tancítaro y para el Centro de la Creatividad, el Arte y el Deporte de Tingambato.

En el área de la salud, se atendió y canalizó a varias familias con tratamientos y medicamentos. Se dotó de varias sillas de ruedas a personas que lo requerían, y en fecha próxima se está por recibir más de ellas, así como andaderas y bastones.

En el área del deporte se dotó de uniformes y artículos deportivos a diferentes grupos y clubes de la entidad.

José Guadalupe Aguilera Rojas, 

en la lectura de su informe

El representante del Gobierno Popular José Guadalupe Aguilera, finalizó diciendo que el PRD en Tingambato sigue vivo y que el Gobierno Popular nació para quedarse.

Algo importante a destacar es que la estructura del Gobierno Popular de Tingambato no percibe un sueldo por su labor, únicamente les mantiene el compromiso y responsabilidad adquirida con la comunidad a quien legítimamente representan. 

En el mismo acto, Artemio Ortiz Hurtado, Secretario General de la Sección XVIII y oriundo del lugar, tomó el micrófono para decir que el Gobierno Popular de Tingambato es único en su genero en Michoacán y en el país; ejemplo nacional de organización y unidad de un pueblo que eligió a sus gobernantes de manera legítima. Dicho movimiento, subrayó, debe su éxito a que fue creado desde abajo, con y para el pueblo, sustentado en la Constitución que dice, tenemos derecho a la libre organización y manifestación para buscar una posibilidad de solución a los problemas de la crisis nacional e internacional que nos aquejan como pueblo.

Concluyó mencionando: “Somos parte de una humanidad, de una gran nación y de un gran estado, les invito a mantenerse en esa condición para construir para el bien de todos y mejor de todos”..

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