En Morelos, con los operativos policiaco-militares del 7, 8 y 9 de octubre pasados, se violentaron derechos universales como el de la libre manifestación, que dejaron ver un Estado represor. Además, durante el conflicto magisterial en protesta principalmente contra la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), se vulneró, aunque por parte del Estado, el derecho a la educación de los niños.
De acuerdo al “Reporte sobre las graves violaciones a los derechos humanos del magisterio y los pueblos indígenas en Morelos. Octubre-noviembre de 2008”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMAC), en una nación democrática no se coartan las libertades de sus ciudadanos.
Refieren que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”, e igual señala que la detención de participantes en manifestaciones pacíficas atenta contra la libertad de reunión.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos establece: “Una manifestación puede causar molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben poder manifestarse sin miedo a sufrir violencia física por parte de sus opositores, dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que afectan a la comunidad. En una democracia el derecho de oponerse a una manifestación no puede extenderse hasta el punto de inhibir el ejercicio del derecho a manifestarse”.
La investigación indica que un Estado represor utiliza, entre otras, las siguientes formas de respuesta ante la protesta social: Renuncia al diálogo, represión policial, descalificación, militarización de la vida civil, y criminalización de la protesta social.
Sobre el último aspecto, las acciones de criminalización son: Detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, equiparación de luchadores sociales con delincuentes, agravamiento de las acusaciones, ilegalización de la protesta social, y falta de debido proceso penal.
Alaba, así mismo, la lucha del magisterio morelense contra la ACE, por ser un proyecto empresarial, sujeto a los niveles de productividad, y de flexibilidad laboral, y acaba con la gratuidad educativa.
El derecho a la educación
La educación, cita el informe, es reconocida como un derecho humano por ser indispensable para preservar y aumentar la dignidad inherente a las personas. A nivel mundial está consagrada en los artículos 28 y 29 de la Convención Sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Además, al ser la instrucción pública responsabilidad del Estado, obliga a éste a adoptar de manera prioritaria estrategias globales a fin de implementar y desarrollar el sistema educativo en todos sus niveles, incluyendo garantizar las condiciones salariales mínimas indispensables para los maestros.
Proporcionar enseñanza primaria obligatoria y gratuita es requisito previo para la efectividad de este derecho, y una segunda obligación del Estado se refiere a la accesibilidad de todos, en condiciones de igualdad, sin discriminación.
“Como se puede ver, las y los maestros de Morelos NO son quienes están violentando el derecho a la educación de las niñas y niños, sino el Estado, que ha sido incapaz de privilegiar el interés superior de los niños sobre cualquier otro, y esto resulta todavía más grave si miramos cómo comunidades indígenas enteras fueron reprimidas, sin que se tuviera en cuenta el derecho de las niñas y los niños a garantizarles sus derechos humanos, a protegerlos y a asegurarles su integridad física y psicológica. Es indignante ver cómo en aras de un discurso demagógico sobre el derecho de los niños a la educación se arremete, de forma brutal, contra otras niñas y niños, se les manda la policía y no hay lugar en su pueblo ni en su casa donde sentirse seguro”, da cuenta una parte del reporte, entregado a esta redacción.
Tacha como violatorio que durante el tiempo del paro de actividades educativas por los maestros de Morelos, el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo contratara, como lo documentaron en su momento, suplentes de maestros, y espacios alternos para recibir clases, sin cumplirse las condiciones mínimas de atención a los alumnos, materiales y de la misma atención docente al tener maestros improvisados. Igual el caso de tratar de abrir escuelas, actividad auspiciada por la asociación de padres de familia morelense, sin el consentimiento de la mayoría de profesores.
Cabe señalar que al iniciar las clases, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) se comprometieron con padres de familia a no cobrar ninguna cuota para recibir a sus alumnos, como medida para garantizar la gratuidad educativa, tarea no cumplida por el Estado mexicano.
Criminalizan la protesta social
El informe del Centro Digna Ochoa y la CIDHMAC va también a la vertiente de la población civil, afectada por manifestar su apoyo a la lucha del MMB, como se vio en el poblado de Tres Marías el pasado 6 de octubre, cuando policías estatales y federales reprimieron a madres, padres, niños que se encontraban en la toma de la carretera México-Cuernavaca.
Otro ataque fue al derecho a la libertad de expresión, donde el gobierno de Adame Castillo llevó a cabo una intensa campaña de desprestigio del movimiento magisterial en paro de la Sección XIX del SNTE, mediante la publicación de inserciones pagadas con recursos del erario público, y a la vez financió a sectores empresariales para atacar al MMB.
También, “bloqueó un acuerdo del Congreso para auditar a la Coordinación General de Asesores que maneja discrecionalmente millones de pesos para corromper a directivos de medios de comunicación”.
Vuelos rasantes del helicóptero policial en Xoxocotla,
lanzando gases lacrimógenos
(Foto: Margarito Pérez Retana)
Resalta el caso del encargado de la venta y distribución del periódico Uno más uno, Rubén Nava, detenido en Xoxocotla durante el operativo policial-militar represivo del 9 de octubre. Ahí, policías le arrebataron todos los diarios que tenían en su portada fotografías de la agresión del día anterior en Amayuca; le despojaron de dos mil 500 pesos, acusado de ocho delitos.
Igual se violentó dicho derecho con la presencia policiaca en radiodifusoras y televisoras donde acudían maestros a pedir espacios para dar a conocer sus razones de lucha; en algunos no les permitieron expresarse. Por otra parte, hubo un exhorto a los maestros a no impedir la labor informativa de periodistas.
Se presentaron múltiples detenciones arbitrarias, contraviniendo el artículo 14 constitucional que apunta: Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Y el 16, que considera antes de las aprehensiones, el escrito o la orden de la autoridad judicial correspondiente.
En Tres Marías, el 7 de octubre se detuvo a cinco personas, 49 en Amayuca el día 8 del referido mes, y al siguiente en Xoxocotla, 16 sin la orden de aprehensión conforme a la ley.
A los apresados en Amayuca, agrega el informe, se les mantuvo en las instalaciones de Seguridad Pública, “lo que también violentó sus derechos, ya que debieron ser presentados ante el ministerio público EN LAS INSTALACIONES DE LA PGR, y puestas de manera inmediata a disposición de la autoridad competente”.
De las 49, ocho fueron consignados al penal de Atlacholoaya, saliendo posteriormente sin que se aclarara bien cuáles fueron los cargos; pero su situación jurídica tampoco quedó definida con precisión.
Retención ilegal, calificada como la acción u omisión por la que se mantiene recluida a cualquier persona sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales, realizada por un servidor público, es otro de los derechos violados durante el conflicto magisterial. Se menciona el hecho ocurrido el 13 de octubre anterior, a las 9:50 horas en la comunidad de Nepopualco, municipio de Totolapan, donde pobladores retuvieron a cinco maestras en demanda de abrir la escuela del lugar. Al final, las docentes se vieron obligadas a no realizar acciones contra sus agresores, ni dar información acerca de la lucha sindical.
Los derechos de los niños recibieron agresión en los tres operativos represivos. En Xoxocotla, un testimonio anónimo declaró: “En la calle Miguel Hidalgo S/N fueron arrojadas bombas lacrimógenas desde el helicóptero y ahí estaban niñas y niños: Mayra Martínez Carriles 4 años, Azalea Martínez Carriles 6 años, Tomás de 9 años, quienes tenían miedo, espanto, lloraban, sentían que les ardía la cara, no aguantaban. Aventaban bombas por donde quiera”.
Irene López Pizar, de 99 años, refirió a los organismos defensores de derechos humanos para elaborar su investigación, lo siguiente: “Se metieron a mi casa, echaron gas por el patio, no les importó que hubiera niños, les gritaba que tuvieran piedad y no hicieron caso, entraron y espantaron a mis nietos y a mis hijas, una de ellas quien tiene un bebé de 2 meses, que aún no es bautizado, Saharaí, que tiene un año de edad, Dayanara Ramírez López de dos años, y Suri Saharaí de los mismos apellidos de 9 años, quienes tuvieron que sufrir los gases”.
De los detenidos en Amayuca el 8 de octubre, cuatro eran menores de edad entre 15 y 17 años, liberados horas después. En Tres Marías el día anterior, Diego David González García, de ocho años, fue atacado con gases lacrimógenos.
Respecto a las escuelas reabiertas por instigadores durante el paro magisterial, padres de familia de la Primaria “J. Miguel Cevallos Durán”, acusaron al director del plantel de mantenerlos en psicosis al asegurar que los paristas asistirán de manera agresiva a sacarlos. “Convoca injustificadamente a los padres de familia a faenas con la finalidad de utilizar esas herramientas como armas en caso necesario”. Y tampoco se hacen responsables de la integridad física de los alumnos. Fue reabierta el 25 de septiembre.
Violados por igual los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a los artículos 1º. y 2º constitucionales, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el ingreso de policías y soldados a Xoxocotla.
Los abusos
Derecho a la integridad y seguridad personal, al cual tiene la sociedad a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause dolor o sufrimientos graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. En este capítulo se vieron afectados pobladores de comunidades morelenses por las fuerzas del orden.
Se violentaron los artículos 19, 20 Fracción II, y 22 de nuestra Carta Magna; el quinto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el quinto y el 7 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, por citar algunos que condenan la práctica de la tortura.
Algunos testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en Xoxocotla, señalan, por ejemplo Eraclia Apolinar Rosas, esposa de Gregorio González Cabrera, uno de los detenidos, que: “Mi esposo iba a buscar trabajo y se metió en casa de su comadre y de ahí lo sacaron los policías, donde rompieron el portón. Aventaban como pelotitas de plástico contra los cuerpos de la gente y sin ningún respeto nos golpeaban. Eran bolas duras que disparaban desde arriba de los helicópteros y golpeaban muy duro en el cuerpo de la gente”.
Carlos Mejía Ponce: “Yo sufrí daños a la salud y propiedad porque las fuerzas federales saquearon el lugar donde vivía y en la cual se encontraba un enfermo, fuimos saqueados brutalmente y a la fuerza que hasta sacaron también mis cuñados que la verdad se escondieron debajo de la cama por miedo a ser detenidos ya que fuimos golpeados”.
A Florentino González Cabrera, de 68 años de edad, lo golpearon en la nariz y estómago; le rompieron un diente; le pusieron las botas encima, y los policías se burlaban de los detenidos diciéndoles que parecían “indios marranos”. Proceso González, golpeado, motivo por el cual permaneció un tiempo en su cama.
Gregorio González Cabrera: “Creí que me iban a matar. Cerraba los ojos para no pensar. Nos echaron a un camión como puercos, uno encima del otro. Una vez voltee a verlos y me pegaron otra vez”. A dos semanas de la golpiza todavía tenía las huellas de la violencia en su cuerpo.
También ocurrió la tortura, según denunció Abraham Escorcia, 35 años de edad, de la misma población de Xoxocotla: “A mi me agarraron cuando llegaba al pueblo, porque había ido a trabajar en el mercado de Cuernavaca. Me golpearon en la espalda y me quitaron mis huaraches, y me obligaron a caminar sobre los rescoldos de las cenizas de las llantas y también había vidrios por lo que tengo quemaduras de tercer grado en los dos pies como me dijo el doctor cuando me revisó al llegar a la Procuraduría, porque desde que me detuvieron no me atendieron a pesar de que estaba a punto de desmayarme por los dolores, después me subieron a golpes a una patrulla y me llevaron allá abajo, en el sector, donde el doctor me curó y puso vendas”.
Ventura Huerta Rafael: “Me pegaron en la cara, las costillas y la pierna del lado derecho, me robaron 40.00, mi raya de hoy, me quitaron las agujetas y los zapatos y me hicieron caminar descalzo, desde donde me detuvieron hasta donde me subieron a la patrulla. Desde allá abajo, Sector Xochitepec, me traen caminando descalzo”.
Armando Capistrán Huerta: “Yo venía de trabajar cuando me detuvieron, ni siquiera me dejaron llegar a mi casa cuando ya los tenía encima de mí y me golpearon por todo el cuerpo y me arrojaron a una camioneta, donde otros compañeros estaban heridos”.
Francisco Teodocio Martínez: “Me descalabraron en la cabeza con golpes que me dieron los policías cuando me llevaban en la patrulla y no alcancé a ver con qué me pegaban, me culpan de que anduve acarreando bombas molotov en una camioneta, pero yo corrí porque vi cuando arrojaban los gases lacrimógenos”.
Originario de Zacualpan, Fulgencio Alfonso Rivera, chofer de un servicio de transporte de pasajeros, fue detenido al defender a maestras para que no las golpearan agresores de la Policía Federal Preventiva (PFP). Al detenerlo entre tres policías, le dijeron: “¡se los cargó su chingada madre! Tenemos órdenes de desaparecerlos por revoltosos!”. Le fracturaron una costilla, golpes en su pierna izquierda, y en su tórax el impacto de un arma contundente.
Añadió: “Me golpearon en la cara, me jalaron de los cabellos y patearon en todo el cuerpo y me llevaron primero caminando pero luego a rastras porque casi me desmayé cuando el azúcar se me subió a 400 de glucosa. Me aventaron como perro y me gritaban que no me moviera. Me arrojaron en el piso de una camioneta y encima me aventaron a 4 compañeros heridos”. Si se quejaban, les decían que se callaran o se los llevaba la chingada.
Tuvo un shock hiperglucémico, motivo por el cual debió ser trasladado al Hospital Regional de Cuautla. Fue internado en la Torre Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública; le robaron su cartera con dos mil 650 pesos, una esclava de oro, e identificaciones personales. Estuvo en la Torre Morelos, junto con 38 detenidos más, desde las 10 de la mañana hasta las tres de la madrugada del día siguiente en el interior de un camión cerrado de la policía, sin darles aliento, sólo agua.
Ni las personas de la tercera edad de Xoxocotla,
escaparon de la furia de los granaderos el pasado 9 de octubre
(Foto: Margarito Pérez Retana)
En cuanto al allanamiento de morada, otro delito cometido por la PFP, entre los afectados de Xoxocotla que hablaron con los defensores independientes de derechos humanos, Agustina Dionisio Juárez apuntó que sus familiares le avisaron que la policía se había llevado a su hijo Gregorio González Dionisio, de 22 años. “Cuando terminó el movimiento yo no podía caminar ni respirar porque me ardía la piel y los ojos por los gases. Nos rodearon todo el pueblo miles de granaderos. Se metieron a las casas a hacer feo. Tumbaron un portón de la casa a patadas los policías. Los policías armados le gritaban a la gente que a ver si seguían gritando como perros como lo estaban haciendo en la noche cuando tenían el plantón”.
Ana María Q., dijo: “La casa de mi papá también fue gaseada y que cuando salimos a la calle, los policías nos echaron los perros que llevaban, nos espantaron porque pensamos que nos iban a morder, salimos con los niños, ahora están llenos de miedo y cuando oyeron la marcha uno le dijo a los demás tenemos que escondernos porque ya viene otra vez la federal. Necesitamos terapia para los niños, desde que entraron no estamos en paz y eso que vivimos por Apotla, que no estuvo tan pior”.
Carlos Mejía Ponce, Higinio Flores Huerta, Luis Torres Torres, Francisco Banda, Natividad Flores Huerta, María Alfreda Huerta, Alejandrino Flores Ortiz, fueron detenidos en su domicilio en Xoxocotla, ubicado en la calle Niños Héroes s/n, por elementos de la PFP que llegaron arrojando gases. A los hombres los sacaron a golpes, subiéndolos a unas patrullas, en el piso de las mismas debajo de los asientos y los sacaron del pueblo, tirándolos cerca de la barranca de Apotla, a un lado de la carretera Alpuyeca a Xoxocotla. A las mujeres las insultaron y empujaron para obligarlas a hacerse a un lado, y las dejaron con fuerte crisis nerviosa. A Higinio Flores lo golpearon con toletes en la región baja de la espalda y lo “descaderaron”, y en la cara, aflojándole dos dientes.
Derechos de las mujeres, igual violentados en los operativos represivos, concretamente el testimonio de Victoria Estrada Lara, detenida en Amayuca el 8 de octubre último, quien narró: “Estaba en mi domicilio ubicado en los límites del pueblo de Amayuca y el crucero de Cuatro Caminos, en la calle Oaxaca, cuando los granaderos se metieron violentamente y me detuvieron así como a tres maestros, a quienes golpearon en todo el cuerpo. Nos juntaron a todos y nos llevaron a un edificio de Seguridad Pública. Ahí vi cómo sacaban a dos heridos que dijeron los llevarían a un hospital, y 2 ancianos de más de 65 años tenían diabetes y presión arterial elevada. A mi me liberaron en compañía de mi vecina Jacqueline y los niños Daniel, Ricardo, Reynaldo, Agustín, trasladándonos en una ruta del servicio público dejándonos tirados en la carretera cerca de Amayuca entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada. Uno de los niños tenía 3 heridas en la cabeza, una de ellas como de tres centímetros y tenía vómito por los golpes recibidos en el estómago”.
Ahí mismo, una de las detenidas, Lidia Rivera, tenía 77 años de edad. En Tres Marías, el 7 de octubre pasado fueron golpeadas en el desalojo policial las amas de casa Damiana Oliveros García, Juana García Sandoval, Liliana García Sandoval, Gina Gómez Pérez, y Alejandra Fernández Cuervo.
Finalmente, concluye el reporte: “Las violaciones a los derechos humanos como política de Estado, hoy está más vigente que nunca, las represiones y el uso de fuerzas federales y militares en contra de la población van a continuar, la escalada de represiones irá en aumento y con ello los derechos humanos de todas y todos están seriamente amenazados; el pretexto es lo de menos, el narcotráfico, los derechos de los niños y niñas, la afectación a terceros, la respuesta a la inconformidad, la organización y la protesta seguirá siendo la represión, el encarcelamiento, el asesinato. El cobijo, como siempre, la impunidad y la injusticia”.
