Represión gubernamental en Morelos

no sólo a maestros sino a la misma población

 

La represión de los gobiernos panistas, el de Marco Antonio Adame Castillo en Morelos, y el federal de Felipe Calderón Hinojosa, hacia trabajadores de la educación, padres de familia y pobladores morelenses que los apoyan en su lucha, se hizo sentir la semana pasada, dejando 65 detenidos reconocidos por autoridades, varios incluso sacados de domicilios particulares, 200 lesionados, y al menos 50 desaparecidos inicialmente, tras las tomas a vías de comunicación estatales en demanda de respuesta a su pliego petitorio entregado en agosto último, el cual incluye la cancelación en su entidad de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), y la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos a e

studiantes del nivel básico.

Fue el pasado 14 de agosto cuando iniciaron las movilizaciones, tres días después de signada la ACE por el mandatario morelense y la autodesignada presidenta 

nacional del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, lo cual dio pie a la formación del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), sin que hasta el momento hayan obtenido una negociación seria con las autoridades estatales, motivo que los llevó a endurecer sus acciones con la toma de carreteras.

El rechazo a dicho acuerdo, anunciado el 15 de mayo anterior por la propia Gordillo Morales y Felipe Calderón, es prácticamente de toda la Sección 19 del SNTE -hablan del 95% de los alrededor de 24 mil afiliados-, al calificarlo de ilegal, pues no se tomó en cuenta a los directamente involucrados, en este caso los trabajadores de la educación del país; además de que su supuesta representante, la presidenta del sindicato magisterial, ya había cumplido el periodo para el cual ella misma se nombró, por lo tanto carece de validez.

Igual lo consideran inconstitucional al violar los preceptos laborales de nuestra Carta Magna debido a que retira el derecho escalafonario y somete a los trabajadores a otras condiciones para ingresar al sistema educativo.

Observan daño a la educación pública con el hecho de delegar en padres de familia el sostenimiento de la instrucción a sus hijos a través de los Consejos de Participación Social, y la impartición basada en competencias, dejando de lado las características de solidaridad, amor a la patria, y fortalecimiento de nuestra cultura, establecidas en el artículo tercero constitucional.

Blanca Nieves Sánchez y Martha García, de la comisión de prensa del movimiento magisterial de Morelos, comentaron, según publicó La Jornada del sábado 11, que si bien es cierto que la ACE plantea el tema de la infraestructura de los planteles, “ésta dependerá de las cuotas de los padres de familia, con lo que se viola el texto constitucional que dice que la educación debe ser laica y gratuita. Este acuerdo recarga la infraestructura en los padres de familia, cuando debe ser el Estado el que garantice ese desarrollo”.

Respecto a la imputación de que la negativa a acatar la ACE es por la cancelación al derecho de heredar las plazas educativas a sus hijos o familiares, Valentín Chávez Gaspar, integrante de la Comisión de Prensa del MMB de Morelos, subrayó a este semanario lo siguiente:

“Lo que ha ofrecido el gobierno del estado es que las propuestas de compañeros que se jubilan a sus familiares está dada, que no hay problema, incluso ha ofrecido hasta dinero para aquellos que no hagan ninguna propuesta (de dejar la plaza); sin embargo, para nosotros eso es intrascendente, de lo que estamos muy conscientes es que la ACE no solamente sepulta los derechos escalafonarios de los trabajadores de la educación, sino también atenta contra la educación pública y contra eso vamos, es decir, se han hecho ofrecimientos específicos para el magisterio, pero ahí les demostramos que no es por la transferencia de plazas sino es por el peligro de que el gobierno a nivel nacional está implementando mecanismos para desincorporar la educación pública hacia la educación privada”.

Utilización de la fuerza

El pasado 6 de octubre, en apoyo al movimiento magisterial, pueblos de la zona oriente de Morelos se instalaron en bloqueo permanente de la carretera federal Cuautla-Izúcar de Matamoros, Puebla, a la altura del crucero de Amayuca. Poco después llegaron policías antimotines, sin suscitarse enfrentamientos. A las seis de la tarde, los plantonistas decidieron recorrer el plantón a la altura de la población de Cuatro Caminos, señaló el Diario de Morelos. En Xoxocotla, habitantes y maestros iniciaron la toma carretera una semana antes.

Para el martes 7, se ampliaron las tomas a otras vías de la entidad, pero ahora sí intervinieron policías estatales antimotines, y de la Federal Preventiva, haciendo el desalojo violento a la altura de la localidad de Tres Marías, de la autopista libre México-Cuernavaca, en el municipio de Huitzilac, utilizando gases lacrimógenos, y golpes con sus escudos y toletes, dejando al menos 20 heridos y dos detenidos enviados a la sede estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), acusados de “ataque a las vías generales de comunicación”: La maestra Graciela Cázares Ortega, y el padre de familia José Armando González Pacheco.  

Más tarde, los maestros se organizaron con habitantes de Huitzilac, y retomaron la rúa en Tres Marías, en demanda de la liberación de sus compañeros, de acuerdo a notas de La Jornada Morelos y La Unión de Morelos. 

Por su parte, La Opinión de Morelos citó el reporte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos, de las 14:30 horas, registrando saldo de cinco personas detenidas, dos de ellas la profesora Graciela Cázares, y Jesús Armando González.

“En tanto que Bernardino Juárez, Evaristo Ocampo Ríos y Víctor Manuel Ortiz, se encuentran en calidad de desaparecidos hasta el momento, ya que hasta las 13:38 horas no habían sido puestos a disposición ante el Ministerio Público. Hay decenas de heridos, cuando menos dos graves se encuentran internados en el ISSSTE, una la profesora Amalia Martha Escobar López, quien sufrió fractura de costillas, y Gustavo Aguilar Jiménez, además de Liliana González García, Katia Villanueva, Maribel Estrada, Alejandra (profesora de la D-I-93) y la profesora Socorro (Educación Física), Evaristo Vizairo, Graciela Cazares Ortiz. 

“En el caso de un menor, de 8 años de edad, que al igual que otros menores se encontraba entre los manifestantes, sufrió una crisis nerviosa y lo resguardan en una casa particular porque los servicios de emergencia no han respondido a los llamados para auxiliar a los heridos, mismos que han empezado a ser trasladados a hospitales y clínicas particulares en vehículos particulares”, da cuenta la referida información.

Un saldo más cruento ocurrió el 8 de octubre, con 49 detenidos, 35 heridos, tras el desalojo policial y militar de arriba de mil elementos, a los habitantes de la zona oriente que tenían en su poder desde dos días antes la autopista federal Cuautla-Puebla, a la altura de Cuatro Caminos, municipio de Jantetelco.

Desde el aire y con helicópteros, los policías lanzaron gases lacrimógenos afectando a la población, mientras a pie otros uniformados hacían lo propio, en más de una hora que duró la refriega, donde los “tomistas” trataban de defenderse con palos, piedras y algunas bombas molotov, y sólo alcanzaron a quemar un tráiler, según consignó La Jornada.

Ese mismo medio, a través de su corresponsal Rubicela Morelos Cruz, indicó que hasta en casas particulares acudieron los granaderos para detener a manifestantes tras el desalojo. “Testigos de los hechos afirmaron que, luego de levantar el bloqueo en la carretera federal, donde se lanzaron decenas de bombas de gas lacrimógeno, cientos de profesores buscaron refugió en las casas de la comunidad de Amayuca, hasta donde los granaderos estatales y federales acudieron ‘casa por casa para buscar a los maestros, a quienes sacaban a golpes, mientras a las mujeres las golpeaban en las habitaciones, a pesar de que se oían gritos; algunas cantaban el Himno Nacional’. Incluso, afirmaron, hubo maestras que se ocultaron en los techos de las casas y desde ahí ‘observamos todo, y vimos cómo lanzaban el gas, y se oían disparos’”.

Agrega la nota que en Amayuca, quienes presenciaron los sucesos afirman: “hubo habitantes que abrieron sus casas a los compañeros, y hasta ahí fueron a patearlos. Los granaderos se reían de ellos y les decían que tenían la orden de desaparecerlos. A muchos se los llevaron en helicópteros, y no dejaban de golpearlos. Todavía les decían: ‘pa que te eduques y no andes de mitotero’. Desde el techo pude ver que había muchos padres de familia y maestros ensangrentados”.

Por su parte, un testimonio recabado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, contenido en la página de Internet del semanario independiente El Correo, dirigido por Ignacio Suárez Huape (www.correo.km6.net), afirma lo siguiente: 

“Estaba en mi domicilio ubicado en los límites del pueblo de Amayuca y el crucero de Cuatro Caminos, en la calle Oaxaca, cuando los granaderos se metieron violentamente y me detuvieron, así como a tres maestros, a quienes golpearon en todo el cuerpo. Nos juntaron a todos y nos llevaron a un edificio de Seguridad Pública. Ahí vi cómo sacaban a dos heridos que dijeron los llevarían a un hospital y dos ancianos de más de 65 años tenían diabetes y presión arterial elevada. A mi me liberaron en compañía de mi vecina Jacqueline y los niños Daniel, Ricardo, Reynaldo y Agustín, trasladándonos en una ruta del servicio público, dejándonos tirados en la carretera cerca de Amayuca entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada. Uno de los niños tenía tres heridas en la cabeza, una de ellas como de tres centímetros y tenía vómito por las golpes recibidos en el estómago”.

Igual operativo se intentó en Xoxocotla, con unos mil 500 agentes federales y del estado, acompañados por al menos dos tanquetas tipo Hummer del ejército mexicano, con efectivos militares, y dos helicópteros sobrevolando la zona durante varias horas. Ahí está el bloqueo de la ruta de Los Balnearios, en el municipio de Puente de Ixtla; pero los manifestantes, en su mayoría habitantes de la localidad, impidieron el retiro y retuvieron a seis policías federales, liberados horas después, sin cristalizarse su amenaza inicial de lincharlos, aunque dos de ellos fueron gravemente heridos, dio cuenta La Jornada Morelos.

Desde Atlatlahucan, un reporte enviado a la redacción de Michoacano por un maestro participante en el bloqueo carretero de aquella localidad, la vía que comunica a Cuautla con la Ciudad de México, señala que jornaleros azuzados por “familiares de un regidor panista” de esta población trataron de agredirlos.

La excusa de los agricultores, dice el docente en su comunicación, es que tenían “necesidad” de pasar para vender sus alimentos en la Central de Abastos de Cuautla; pero había otra ruta para hacerlo sin necesidad transitar el tramo cerrado. “A unos 2 kilómetros del lugar de donde nos encontrábamos estaba abierto un paso para el poblado de San Miguel por donde circulaban autos compactos, camionetas y camiones de carga, no así lo podían hacer los trailers; la pregunta es ¿por qué no ocuparon esa salida?, respuesta: fueron pagados por el PAN estatal esperando una dádiva y apoyo al regidor panista de Atlatlahucan. Los mismos pobladores mencionaron eso, también comentaban que ni pensara que lo iban a apoyar el próximo año de elecciones aquí en Morelos”.

Resalta que en los dos días que mantuvieron la toma, recibieron la participación y ayuda de pobladores de Atlatlahucan, por ejemplo llevándoles comida. También le tocó observar algunos helicópteros que participaron en el desalojo violento en el crucero de Cuatro Caminos, así como camiones con policías federales armados que iban hacia el mismo rumbo.

De igual forma, refiere los abusos del operativo, principalmente en Cuatro Caminos. “Quiero destacar que las imágenes y narraciones de periodistas sobre el día de ayer (8 de octubre) no describen varios de los sucesos que también ocurrieron y que fue la persecución a profesores en los domicilios particulares y negocios, golpes a estudiantes, profesores y padres de familia. Es decir han editado a conveniencia del gobierno las imágenes. No se observa la participación de militares que vestidos de Policías Federales atacaron a los compañeros que estaban en el paro (había varios carros de militares)”.

Al respecto, la CIDH de Morelos, y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en un comunicado de los desalojos, confirmaron la fuerza bruta utilizada por los policías y su ingreso a casas particulares para realizar detenciones.

“El operativo llevado a cabo por el gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal es responsabilidad directa del Secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien anunció que tomaría estas medidas por indicaciones del Gobernador Marco Adame, quienes también solicitaron la presencia de elementos de la PFP. El uso excesivo de la fuerza está plenamente documentado, ya que además de utilizar gases lacrimógenos desde el aire lanzados por helicópteros, arrojaron líquidos color naranja que provoca picazón en el cuerpo y llega a ocasionar heridas por quemadura de la piel. 

“La agresión policiaca fue contundente no solamente contra las personas que mantenían el bloqueo, sino que penetraron por las calles del pueblo y destrozaron las puertas de la viviendas, destrozando muebles y saqueando diversos objetos, además de realizar este allanamiento sin ningún tipo de orden de cateo que de ninguna manera puede ser sustituida por la flagrancia ya que inclusive detuvieron a campesinos por el solo hecho de calzar huaraches, además de que decomisaron los teléfonos celulares para impedir la comunicación, y después de golpear a los detenidos los encapucharon y amarraron, así como a muchos de ellos los mantuvieron golpeando cuando se encontraban detenidos en el pavimento”, establece el informe.

Ese mismo miércoles 8, se “despejaron” los tramos carreteros de Amayuca, Tepalcingo, Tlanepantla y Atlatlahucan, faltando sólo el de Xoxocotla. En tanto en Cuernavaca, trabajadores de la educación  acudían al Congreso del Estado para demandar a los legisladores un exhorto al gobierno de Marco Antonio Adame a suspender los operativos de represión y a entablar un diálogo serio para dar salida al conflicto, cercano a cumplir dos meses., y otro contingente del MMB se encontraba en la ciudad de México en la marcha de la CNTE para tomar el inmueble de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde también se demandaba el cese a la agresión policial y militar.

Fue al día siguiente (9 de octubre), cuando dos mil policías de Morelos y federales, acompañados de militares, “liberaron” el tramo carretero que faltaba, en la población de Xoxocotla, con al menos 16 detenidos, y una decena de heridos, pues como ocurrió en la víspera, aventaron gases lacrimógenos desde helicópteros, e ingresaron a domicilios privados golpeando a sus moradores, reportó el diario La Jornada.

A su vez, en la página de Internet de El Correo, se reportó que a las 3:17 de la tarde inició el operativo de desalojo, donde los policías se ensañaron con la población, incluyendo niños y mujeres, y enlistó los 16 detenidos:

Rafael Ventura Huerta, Manuel Bonilla Olmos, Abraham Escorcia Beltrán, Armando Capistrán Huerta, Clementito Sopeña Bastidas, Gregorio González Teonicio, Wualfren García Arroyo, Rodrigo Carrillo Sotelo, Jorge Armando Rafael Flores, Abel Montes González, Albino Jorge Mata, Rufino Leal Reza, Cecilio Martínez, Florentino González Cabrera, Francisco Teodicio Martínez y Rubén Nava Ramírez. Todos golpeados. “Muchos no pueden caminar bien, les han tundido a golpes los pies, están ensangrentados, hinchados del rostro, y hay uno descalabrado”. 

Por la mañana hubo manifestaciones en Cuernavaca, donde participaron contingentes locales, de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, entre otros, en apoyo a la lucha del MMB, demandando el fin de la represión, libertad de los detenidos y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación. 

Más tarde, los afiliados a la Sección 19 del SNTE decidieron retirar su plantón de las calles aledañas a Palacio de Gobierno (Galeana, Hidalgo y Gutemberg), que mantenían desde el pasado 20 de agosto, para trasladarlo a la Plaza de Armas, en el mismo Centro Histórico morelense. Minutos antes, un helicóptero hizo un sobrevuelo rasante sobre el campamento.

En tanto, y previendo nuevos bloqueos carreteros, policías federales y militares mantienen resguardo en las poblaciones de Amayuca y Xoxocotla a raíz de los desalojos, siendo su retiro de tales comunidades otra de las demandas magisteriales y de pobladores. A los detenidos en Amayuca los acusaron de rebelión, motín, ataque a las vías de comunicación y sabotaje. El sábado anterior salieron todos tras pagar fianza, pero se mantenían 10 desaparecidos, mientras el MMB ofrecía no hacer más tomas, participar en la mesa de negociación con autoridades este lunes 13, aunque sin dejar sus acciones de presión, pues el 14 de octubre anunciaron una marcha en Cuernavaca.