¿Ataque a la libertad de expresión?

José A. Martínez

El pasado jueves 11 se septiembre se cumplió un año del encuentro entre concesionarios de radio y televisión, así como sus conductores de noticias principales, y senadores de la república, para abordar el tema de “la libertad de expresión”, derivado de la llamada reforma electoral. Fue en cadena nacional por canales del duopolio televisivo y sólo cortaron la señal cuando hablaba el panista Ricardo Cervantes, criticando las palabras del vicepresidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) Javier Tejado Dondé.

De ahí surgieron voces como la de la conductora de “Ventaneando”, programa de chismes de TV Azteca, Paty Chapoy, para mostrar su “preocupación” pues con esa modificación corría el riesgo de ser declarada “criminal” sólo por hablar de la vida privada de algún político o decir que el gobernador del Estado de México “era guapo”. También el analista de la televisora del Ajusco, Sergio Sarmiento, al día siguiente propuso un “referéndum por la libertad” para sustituir esa reforma “represiva y autoritaria”.

Aún ahora continúan el embate, en particular la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, aunque también la de Emilio Azcárraga III dando muestras de su poder al difundir en el espacio matutino “Primero Noticias” del 2 de julio anterior la imagen “borrada” del senador panista Santiago Creel Miranda, uno de sus blancos predilectos, y de los promotores de la llamada Ley Televisa y la reforma electoral que de tajo les quitó el negocio económico de dar paso a publicidad pagada en elecciones, cuyo monto en el proceso presidencial de 2006 redituó en tres mil millones de pesos a ambas cadenas televisivas. Por eso no descansarán hasta que se eche abajo ese impedimento.

Y tienen todo el poder para repetir lo que hicieron a partir del 21 de noviembre de 2006, y durante más de tres semanas o cuatro horas, ocho minutos y 20 segundos, según documentó la revista especializada en medios “etcétera”, de atacar de manera rabiosa al Grupo Casa Saba, acusándolo del “monopolio de las medicinas” en el país, ocasionando que los mexicanos pobres se vieran imposibilitados de pagar medicamentos para aliviar sus enfermedades y mejor esperaran la muerte sin poder hacer nada. 

El fondo de esos reportes, repetidos una y otra vez durante el lapso mencionado, fue porque el dueño de dicho consorcio, Isaac Saba, fallecido en este año, se asoció con General Electric, controladora de NBC, para buscar una concesión de televisión nacional, o sea, la competencia de televisos y aztecos. Utilizaron verdades a medias, pero sobre todo a la clase popular para sus propios intereses.

Tal actitud fue el inicio de hasta dónde podían llegar. Entre abril, mayo y junio de 2007, mientras se discutía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Televisa, que otorgaba amplios poderes al duopolio televisivo prácticamente de por vida, siguieron los ataques a los impulsores de la demanda, en especial los ex senadores Manuel Bartlett Díaz, priista, y el panista Javier Corral Jurado.  

Destaca al respecto una de las “notas informativas” de los empleados de Salinas Pliego, donde el reportero, tipo de espectáculos, siguió, al aire, unos segundos a Bartlett con la misma pregunta, “¿va a demandar a TV Azteca?”, mientras el aludido guardaba silencio, hasta que por fin, irritado, encaró al interrogador, “¿es usted abogado de TV Azteca’”, y le pidió derecho de réplica en uno de los espacios de la televisora. Entonces, el “reportero”, editorializando, remató su información: “No, señor Bartlett, usted lo que quiere es su media hora”.

De igual forma, sacaron a relucir el pasado del ex legislador del PRI cuando era secretario de Gobernación y anunció la “caída del sistema” del proceso presidencial de 1988. Suceso cierto, pero usándolo a destiempo para su beneficio particular, en este caso, atacar a quien les retiró privilegios.

Esa misma cadena comparó a México con Venezuela, donde declaró a su mandatario Hugo Chávez de autoritario al no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), y dando ejemplo de que en nuestro país ocurriría algo similar, que le quitarían al pueblo los programas de distracción y esparcimiento. Además entró el factor Chávez, a quien durante la campaña presidencial de hace dos años se le equiparó con el perredista Andrés Manuel López Obrador en los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que alentó la campaña del miedo y del “peligro para México”.

Precisamente en la actual campaña en defensa de la “libertad de expresión”, que afecta a “todos los mexicanos”, según los reportes de TV Azteca, es la voz empresarial quien se queja de ese derecho, pues la reforma electoral le impediría contratar spots en medios electrónicos como los utilizados en 2006 contra López Obrador, y que tardíamente le acarreó la sanción, el 29 de octubre último, de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por esa violación a la ley, aunque a través de los partidos PRI, PAN y PVEM, quienes fueron los multados económicamente, pues los particulares, según la normatividad de entonces, no podían ser sancionados.

Dicha sanción fue calificada por los conductores de noticias del duopolio televisivo como “otro golpe a la libertad de expresión”, y aprovecharon la inconformidad de esos institutos políticos y el mismo CCE, para denostar por enésima vez contra esa determinación.

Pero en general, la restricción de no contratar publicidad electoral es a todos los ciudadanos, aunque son los empresarios quienes en realidad tienen el poder adquisitivo para erogar su dinero en tales fines, no así la gente común que en muchos casos apenas sobrevive.

En julio último, una de las notas de “Hechos”, noticiero de Azteca, tronaba contra la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) por la autorización “fast track del reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, o “ley mordaza”. Armando Paredes, presidente del CCE señalaba que hay una “mordaza” para opinar sobre las plataformas de los partidos, y eso “es muy riesgoso para democracia en el país”.

Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, anunció la interposición de un amparo ante instancias internacionales como la CIDH o la OIT, porque atenta en contra de “las libertades sagradas” en la constitución. “Apuntaron (los empresarios) que no hay marcha atrás en esta lucha contra la ley mordaza que atenta contra todos los mexicanos”, finalizó el reportero.

Todas las fuentes son empresarios, y aunque su petición parece justa hasta cierto punto, de nueva cuenta TV Azteca vela por sus intereses, ya que con esa reglamentación no podrá recibir el dinero de los poderosos, económicamente hablando, y obviamente será una merma considerable en sus finanzas, razón principal de esta campaña.

Otra nota en “Hechos” del pasado 11 de septiembre continuó, y de nuevo citando a los empresarios. Primero, Rafael Borbón, de la CIRT dijo que habrá 48 millones de spots en 150 días de campañas, lo cual tiene su dosis de veracidad; pero éstos ahora serán contratados a través del IFE y no de los medios como ocurría antaño, o sea ya no tendrían ese dinero en sus arcas.

Ismael Plascencia, del organismo empresarial Concamin, calificó de un retroceso “porque no es posible que te callen, imagínate que tú ves que un delincuente esté llegando a ser un gobernante y te tengas que quedar callado porque no puedes hablar mal del señor”. 

Así mismo, se refiere en la nota que los organismos internacionales “están indignados”, y habla el representante de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, Luis Pardo: “Nadie tiene derecho a castigar a la ciudadanía mexicana a escuchar 48 minutos diarios de propaganda y lo que eso significa”.

Y surge el enlace con el mandatario venezolano Hugo Chávez, entrevistando a Oswaldo Quintana, de RCTV, cadena que no recibió la renovación de su concesión meses antes, enemiga declarada del presidente sudamericano, quien da cuenta que “todos los regímenes totalitarios en la historia de la humanidad han comenzado por secuestrar la libertad de expresión para posteriormente secuestrar otras libertades de los ciudadanos”.

Termina el empresario Plascencia: “Si nos coartan la libertad de expresión, vamos a seguir hablando, ya nos tendrán que llevar cigarritos allá a la cárcel, que ahí no están prohibidos, por cierto”. Finalmente, el reportero Jaime Guerrero editorializa: “Y seguro que en la lucha por la libertad de expresión… no estará solo”.

Igual, tanto Televisa como TV Azteca, dieron amplia difusión a un comunicado de la Asamblea General de la Asociación Internacional de Radio (AIR), en su exhortó el pasado 16 de octubre al Congreso de la Unión de México a que modifique la reforma electoral “debido a que ésta afecta severamente la libertad de expresión de los ciudadanos”.

El motivo de esta postura es la adición al Artículo 41 Constitucional -ya estaba plasmado en el código electoral (Cofipe)- en donde se establece que, además de los partidos políticos, “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Frente a lo anterior, un grupo de 15 periodistas e intelectuales se amparó ante la SCJN para que no se les vulnere ese derecho a contratar propaganda y expresar su sentir hacia tal o cual político por medio de spots; entre otros están Sergio Sarmiento, Jorge Fernández Menéndez y Jaime Sánchez Susarrey. Respaldan la postura el “Movimiento Nacional en Defensa de la Libertad de los Mexicanos”, al cual convocaron los juristas del país agrupados en colegios y barras de abogados, y organismos como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Y por supuesto el sector empresarial. La SCJN, en tanto, dio entrada a este asunto de revisión de los amparos.

Sin embargo, otros periodistas como Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa y Raúl Trejo Delarbre, consideran que no es tal el atentado a la libertad de expresión, sino únicamente se limitará al impedimento de la compra de espacios para difundir mensajes electorales en radio y televisión durante campañas proselitistas. “No hay que confundir la libertad de expresión con esa vertiente de la libertad de mercado”, refieren a través de un comunicado de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), organismo al cual pertenecen.

Por otra parte, si entra en operación esa medida del artículo 41, está latente el riesgo de que con la mano en la cintura los empresarios contraten publicidad política y luego paguen una multa -pues ahora la legislación electoral sí marca la restricción a particulares-, no pisar la cárcel como señaló Ismael Plascencia. En todo caso, debe quedar estrictamente regulada esa eventualidad, y que los más ricos no puedan influir en la opinión electoral con calumnias como en el 2006.

Y con respecto a la campaña del duopolio televisivo, que precisamente hace uso de la libertad de expresión para difundir este tipo de reportes, si los lectores la consideran información manipulada, en todo caso lo recomendable es cambiar de canal o simplemente apagar el televisor.