En Michoacán, módulos de recepción cerrados por operativo magisterial
Los trabajadores quebraron, dos veces, la criminal Ley del ISSSTE, sostuvo Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, quien emplazó a la cacique del SNTE Eba Esther Gordillo Morales, y al director del instituto Miguel Ángel Yunes, a declarar de una vez la inconsistencia de dicha norma.
A su vez, la Unión de Juristas de México (UJM) -encargada de interponer los amparos contra la citada ley- calificó como fracaso el proceso de elección de alguna de las dos opciones planteadas: Bonoissste o Décimo Transitorio, pues apenas alrededor del 15% se acogió a ello, de los cuales la mayoría escogió la segunda, en teoría la menos perjudicial.
La expectativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era que, mínimo, el 48% de los aproximadamente dos millones 700 mil cotizantes al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado eligiera el Bonoissste o Bono de Pensión, con el propósito de echar a andar el Pensionissste como Administradora de Fondo para el Retiro (Afore), manejado los primeros tres años por una junta de sindicatos, o sea Elba Esther Gordillo, y después pasar a los bancos o aseguradoras que ya lo hacen con los afiliados al IMSS.
En términos económicos, Hacienda quería los alrededor de 150 mil millones de pesos estimados con poco menos de la mitad de los derechohabientes en activo, para iniciar la Afore “pública” manejada por Gordillo; pero al no alcanzar ese porcentaje ni siquiera podrán alimentar ese sistema de cuentas individuales.
Frente a esa situación, el líder del magisterio michoacano alertó sobre la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes intente ampliar el plazo de elección de opciones de la nueva ley, que en esta ocasión venció el pasado 14 de noviembre, aunque a final de cuentas el director del ISSSTE sólo anunció que revisarán los documentos respectivos. Pero no se descartaba recurrir a otra táctica, ahora vía Internet.
Un primer plazo se estableció del primero de enero al 30 de junio del presente año, marcado en la propia legislación aprobada en marzo de 2007 mediante un albazo en las cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, como hasta ese entonces la cifra de quienes optaron por Bono de Pensión o Décimo Transitorio apenas rebasaba el 5% de los trabajadores del instituto, el pasado 27 de junio de manera unilateral e ilegal el cuestionado gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decretó la prórroga al 14 de noviembre.
“Les quebramos su criminal ley dos veces; una con los más de dos millones de amparos, y otra porque no superó el 15% de quienes definieran por las dos opciones, a pesar de ser engañados, amenazados o a escondidas”, subrayó Artemio Ortiz.
Explicó que los trabajadores que se decidieron por el Bonoissste verán afectada su pensión al momento de jubilarse, y ésta será de acuerdo al promedio de los tres últimos años de servicio, o sea disminuirá, y no podrán recibir incrementos conforme a la inflación como hoy sucede; además, quedará cancelada la transferencia de tal pago a familiares cercanos al momento de su fallecimiento. Tampoco recibirán pago de aguinaldo.
Para quienes no se adhirieron al Bonoissste, precisó, se les restituye, de acuerdo a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la garantía de pensión a la familia si muere, de aguinaldo por lo menos de 30 días al jubilado y pensionado, el aumento pensionario, y se definirá su pensión a partir del último año laborado.
“A pesar de la agresiva campaña de propaganda y hostigamiento que en estos últimos días se ha llevado a cabo en contra de los empleados públicos para que gestionaran el ‘derecho de opción’ y sensibilizarlos de las supuestas bondades del Bonoissste, la estrategia le salió mal al gobierno, mostrando los burócratas una vez más su coraje de clase, quienes liderados principalmente por los trabajadores de la educación organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han dado un ejemplo en todo el país de resistencia y lucha en contra de las reformas antisociales del gobierno de Felipe Calderón que tienden a empobrecer al pueblo y llenarle los bolsillos a los banqueros, dueños de las Afores y aseguradoras”, consideró la UJM en un comunicado.
Las últimas semanas de la prórroga, se intensificó la campaña gubernamental en medios electrónicos, y hasta por cartas personalizadas, instando a los trabajadores del estado a decidir por el Bonoissste, con lo cual verían incrementados sus fondos pensionarios. Se instalaron cientos de módulos para registrar la decisión de los afiliados al organismo de salud, y en muchos casos fueron cerrados debido a la presión, en el caso de Michoacán, de la Sección XVIII, que la semana pasada integró brigadas ex profeso.
Desplegados desde el campamento estatal pedagógico instalado a partir del miércoles 12 en la Plaza “Benito Juárez” de Morelia, los sindicalizados fueron lo mismo a oficinas de delegaciones federales que a domicilios particulares, como el de un maestro del ala institucional en el Fraccionamiento Peña Blanca de la capital michoacana, donde se aprovechó para llenar el formulario solicitado por la dirección general del ISSSTE.
Igual en la sede central del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), donde incluso se decomisaron decenas de formularios de elección. Lo mismo ocurrió en todo el territorio estatal.
Ejemplo de lo anterior, es el caso del módulo en el inmueble que alberga la oficina de Correos y la delegación de la Procuraduría Agraria en el centro de Morelia, cuando el 13 de noviembre una comisión del magisterio michoacano acudió a pedir la cancelación del trámite correspondiente.
Desde el ingreso, el vigilante del edificio trató de impedir la entrada de los trabajadores de la educación, y tras forcejeos y amenazas verbales del primero, lograron hacerlo. Al explicar la situación, la empleada que despachaba decidió cerrar, y los manifestantes salieron satisfechos; poco después entraron al edificio de nueva cuenta, a fin de constatar que no se hubiera reabierto.
Esta ocasión, el mismo guardián trató a toda costa de que entraran, llegando al grado de amenazar con llamar a la policía estatal para desalojar a los visitantes. Incluso, cuando un docente de la Región Morelia se ofreció a registrarse a nombre de todos, no se lo permitió y siguió amenazando y hasta increpando a algunos maestros, quienes conservaban la calma. Después llegó otro empleado del edificio, empujando a otro de los mentores, sin pasar a mayores, hasta que ingresó la comisión.
Por ahí se vio, molesta, a una persona que iba a hacer el trámite de elección enmarcado en la nueva Ley del ISSSTE. Tuvo que salir sin cumplir su propósito.
Al poco rato, la administradora del inmueble, Rosa María Ambriz, llamada por el custodio que les impidió el acceso inicial, se dirigió al sitio donde estaban los militantes de la Sección XVIII, quienes le explicaron la razón de su asistencia ahí, de manera pacífica, para no permitir que siguiera trabajando el módulo de recepción del instituto de seguridad social. Indicaron que se encuentran amparados contra esa legislación, y la funcionaria pedía explicaciones de su ingreso.
En un momento dado, uno de los maestros dio razón del trato del vigilante, minutos antes. “Se escuda en el uniforme”, dijo, y el aludido, que se encontraba al lado de su jefa, reaccionó de manera violenta, tratando de golpear al que describió su accionar, “también sin uniforme”, respondió. Logró ser calmado por la administradora y debió retirarse para evitar problemas.
Finalmente, Rosa María Ambriz determinó hablar con el delegado de la Procuraduría Agraria, quien a escasos cinco minutos se presentó, comprometiéndose a que ni en el transcurso de ese día ni al siguiente (14 de noviembre), estaría funcionando el módulo del ISSSTE.
Otra situación que constataron los sindicalistas fue que en las dependencias federales, como la misma Procuraduría Agraria, Sagarpa y Desarrollo Social, sus propias empleadas estaban atendiendo los espacios de recepción, cuando debería corresponder a personal del ISSSTE. De esa manera, lograron que varios módulos optaran por cerrar.
Por otra parte, hasta la fecha suman tres los procesos de amparos presentados en juzgados federales por más de dos millones de trabajadores cotizantes al ISSSTE, de un total aproximado de dos millones 700 mil en el país. Todo desde mayo de 2007 al 18 de julio anterior, e incluso ya se recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que se violó el Convenio 102 de la institución, que considera a la seguridad social un derecho universal.
Lo que sigue ahora es el desahogo legal de los amparos en juzgados federales, y los trámites ante instancias internacionales como la OIT, y defensoras de derechos laborales. Sobre este punto, la Unión de Juristas de México en su comunicado del 12 de noviembre, solicitó:
“La lucha legal y social sigue. Debemos continuar e intensificar las acciones de protesta y ligar esta lucha con otras, y si es necesario disponer y organizar la huelga política nacional, como un valioso instrumento para detener las políticas neoliberales y empobrecedoras que practica el gobierno federal, y establecer un cambio social que beneficie a los trabajadores y sus conquistas históricas”.
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