Propuesta de presupuesto educativo de la CNTE vela por garantizar la gratuidad

Plantea desaparecer aplicación de la ACE,

y mayores montos a infraestructura de escuelas, entre otros puntos

Movilización en San Lázaro para demandar a
diputados federales no aprobar el presupuesto oficial a educación

A menos de una semana del plazo que tienen los diputados federales para aprobar el presupuesto del año 2009 -vence el próximo 15 de noviembre-, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, mantiene las acciones de presión en busca de reorientar el monto económico al rubro educativo. Su planteamiento representa 151 mil 950 millones de pesos destinados a programas alternos a los del actual modelo como Escuelas de Calidad y los sistemas de evaluación externa, mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) pide poco más de 198 mil millones de pesos.

Desde que una veintena de secciones magisteriales del país entregara a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados su propuesta de presupuesto educativo el pasado 23 de octubre, cada semana (martes y jueves) acuden varios contingentes a la sede legislativa de San Lázaro en la ciudad de México. La más reciente concentración fue la del 6 de noviembre con la misma exigencia, de tomarlos en cuenta, con lo cual automáticamente quedaría cancelada la aplicación de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Para esta semana, igual martes y jueves, de entrada, se manifestarán afuera del recinto legislativo, y del 11 al 14 convocarán a mítines ante las oficinas de las secretarías de Hacienda, Educación Pública (SEP), y Gobernación. Igual en las entidades del país habrá presencia en dependencias federales y los legislativos locales.

Con este documento, el magisterio democrático nacional busca, además, sentar las bases para cumplir el artículo tercero constitucional, de la gratuidad en educación a todos los mexicanos, así como destinar mayores montos a educación indígena, el sistema de telesecundarias, reasignación a la construcción de aulas en todos los niveles, fortalecimiento de instituciones públicas formadoras de docentes, y a la educación artística en planteles, entre los principales rubros.

El proyecto entregado, con copia en esta redacción, inicia con la introducción donde se cuestiona la orientación de los recursos hacia “los negocios de las grandes corporaciones monopólicas trasnacionales”. Respecto al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, implementado por la cuestionada administración de Felipe Calderón Hinojosa, lo califican como la culminación de la reforma educativa iniciada desde los años 80, que abre paso a la inversión privada (escuelas privadas, compra de equipos digitales obsoletos, negocio de exámenes, plazas docentes a normales particulares, etc.), y avanza desmontando el sistema educativo nacional.

Se agrega: “La escuela pública gratuita, el régimen neoliberal la ha venido transformando conceptuando a escuelas, alumnos y padres de familia como clientes, a los trabajadores de la educación como prestadores de servicio y los directores de escuela como gerentes. La llamada calidad el gobierno la entiende como el logro de parámetros internacionales en torno a las competencias básicas toyotistas; las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como un fin en sí mismo, la computadora, el videoproyector y la pantalla, llevadas con la ‘Enciclomedia’ para destruir una cultura pedagógica constituida en décadas e instalada en las escuelas a través de los docentes; la evaluación externa, como simple medición de niveles de memorización de datos”.

También menciona el texto que el Programa de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento escolar, establecido en la propia ACE, se orienta por el criterio de la llamada “educación en línea” y con “conectividad” (aulas de medios, Enciclomedia, Edusat, redes escolares, e-méxico), como educación virtual o adiestramiento para una sociedad de espectadores y consumista, que suprime la función docente, la educación presencial, dialógica, comunicativa, humanizada, y deja el proceso subordinado a la computadora, el videoproyector y al pizarrón interactivo.

De la misma ACE, acuerdo signado el 15 de mayo último por Felipe Calderón y la autodesignada presidenta “indefinida” del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, proyecta cancelar la generación de nuevas plazas, congelar y desaparecer todas aquellas que se generen por diferentes incidencias, y en su lugar imponer el esquema de contratos por servicios eventuales a cargo de los municipios.

Así mismo, buscará trasladar miles de escuelas del medio rural y urbano al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), ante lo cual se convoca a los egresados de Escuelas Normales que aprobaron el llamado Examen nacional de habilidades y competencias docentes, a participar en el proyecto de “residencias educativas para la escuela básica rural multigrado”. De ahí el elevado presupuesto planteado en 2009 al Conafe, de 62 mil 535 millones 978 mil 577 pesos.

Con este proceso, expuesto en la propuesta oficial a los legisladores federales, desde el INEA se absorbería parte de los egresados de las normales públicas para participar en el “proyecto incorporación de promotores educativos a los servicios en los Institutos estatales de Educación para los Adultos y delegaciones del INEA”. Con ello, sostiene la CNTE, se ampliará el universo de niños jóvenes excluidos del sistema regular de educación.

De acuerdo al planteamiento de reorientación del presupuesto educativo para el ejercicio 2009 del magisterio democrático del país, desaparecen Escuelas de Calidad, Escuelas Seguras, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas Siempre Abiertas a la Comunidad, Enciclomedia, y las partidas asignadas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Habilidades Digitales para Todos, Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias, Normalización y Certificación en Competencias Laborales, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Relaciones Internacionales, y a Evaluaciones Confiables de la Calidad Educativa y Difusión Oportuna de sus Resultados. Todos, debido a la violación constitucional de los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 123. Criterios generales para la asignación presupuestal En el escrito dirigido a la representación de la actual legislatura federal de diputados para su análisis, se enlistan diez criterios que justifican los 151 mil 950 millones de pesos solicitados a educación el año entrante. Se establece el derecho de toda persona a recibir educación impartida por el Estado, gratuita, por lo cual el monto económico asignado deberá garantizar los recursos suficientes tanto a las instituciones educativas como a las necesidades de las comunidades escolares.

Tachan la propuesta gubernamental con clara orientación racista, que agrede a los sectores más empobrecidos del país, al condenar a las áreas marginadas a una atención educativa de ínfima calidad. Para educación indígena y rural destina, por ejemplo, recursos mínimos, tratando de compensarlos con dinero adicional al Conafe, violentando el artículo tercero de nuestra Carta Magna en su segundo párrafo, que a la letra indica: “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

Dejan claro que cualquier programa o rubro de la propuesta para financiar la llamada Alianza por la Calidad de la Educación debe ser desechada, por ser esta violatoria de origen de los preceptos constitucionales, ya que la Fracción VIII del Art. 3º. Constitucional fija que “El Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa”.

Maestros y otras organizaciones,
unidos por mayores recursos al gasto social en 2009

Y desde la ACE el ejecutivo federal intenta implantar leyes en diversas cuestiones educativas, careciendo de facultades para ello, remarcan los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su exposición presupuestal.

Con la finalidad de dar cumplimiento al articulado Quinto de la constitución, explican, se debe asegurar a
los estudiantes normalistas y a los docentes titulados, el libre ejercicio de la profesión docente sin mediar ningún otro examen o requisito, como lo estipula la dañina ACE. Además de no obligar a prestar trabajos personales sin la justa retribución.

Lo mismo en cuanto al artículo 123, de “a trabajo igual debe corresponder salario igual”, “la jornada máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas, respectivamente”, “los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad”, “los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa injustificada, en los términos que fije la ley”, “las horas extras se pagarán al doble o triple”, así como el carácter bilateral de la relación laboral.

Un caso concreto es el de dar prioridad a la construcción de las más de 46 mil 700 escuelas nuevas unitarias, las más de 3 mil 300 secundarias nuevas; los miles de sanitarios; los más de 19 mil patios cívicos; la reparación de las más de 54 mil aulas con grietas; los más de 52 mil espacios para Dirección; los más de 6 mil 800 laboratorios a secundarias; los más de 7 mil 200 espacios de bibliotecas escolares; y la dotación de butacas, pizarrones, pintarrones, escritorios, sillas para el maestro, archiveros, televisores y antenas en las telesecundarias.

Punto ocho de los criterios señala: Se debe dar prioridad al fortalecimiento del estudio de la cultura universal, a la formación de una actitud científica y a la apreciación y creación artística; en el caso de la educación secundaria se debe establecer un programa básico de apoyo a los jóvenes por los efectos que han ejercido en ellos las políticas neoliberales y la crisis económico-social.

Remuneración justa a los docentes para brindar una educación de calidad, que abandone las orientaciones del mercado, y encaminarla hacia una que asegure la formación integral de las jóvenes generaciones, completan este capítulo del documento magisterial. Los montos Al Programa Escuelas de Calidad, la SEP pide 2 mil 758 millones 307 mil 970 pesos en el 2009. En el planteamiento de la CNTE, en tanto, demandan su cancelación definitiva, y el monto solicitado destinarlo a un programa emergente de construcción y equipamiento gratuito de laboratorios, talleres, canchas deportivas y dotación de material didáctico para el fortalecimiento de la ciencia en la escuela.

Cinco mil 291 millones de pesos es la propuesta oficial a la Enciclomedia que, al ser retirada de acuerdo a la postura del magisterio democrático, su monto iría a la generación de Plazas de Base, cuyo costo sería de 10 mil 400 millones de pesos, que se tomaría además de lo recuperado de los programas Escuela Segura, Escuela de Tiempo Completo, Habilidades Digitales para Todos, Centros de la Excelencia Académica, Escuela Siempre Abierta a la Comunidad (seis mil 796 millones de pesos); y el incremento de 3 mil 604 millones para completar esta fase.

El desglose de plazas de base es de 10 mil a Preescolar, 30 mil a Primaria, cuatro mil para 80 nuevos centros de Educación Especial, ocho mil a Educación Física, 15 mil Telesecundaria, 10 mil a Secundarias Generales y Técnicas. Para claves y plazas de educación básica de Personal de Apoyo, un presupuesto inicial de cinco mil millones de pesos.

Formación y Certificación para el Trabajo, rubro en el que las autoridades proponen dos mil 083 millones 251 mil 840 pesos, la coordinadora lo disminuye a 100 millones de pesos. A la vez, asignar para un programa permanente de formación y desarrollo profesional, dos mil millones de pesos, para la creación de Escuelas Normales Superiores, fortalecer la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y los Centros de Actualización del Magisterio.

Mientras el gobierno pide a Regulación y Supervisión 942 millones 929 mil 972 pesos, el planteamiento alterno lo anuncia para la creación de las Plazas Directivas necesarias en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en sus modalidades, en generar la regularización de claves al puesto y las descargas necesarias, sin tener que acudir a la cancelación-creación.

Hay reducciones en el sector “Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional”, de los más de 10 mil 489 millones de pesos de la parte oficial, 50 millones de la contrapropuesta. En el mismo sentido, en la Dirección de Comunicación Social, de poco más de 91 millones de pesos a 20 millones.
Y en la Dirección General de Planeación y Programación, de un elevado presupuesto de mil 495 millones 049 mil 739 pesos, a 150 millones, pues no se justifican tantos recursos a decir de los trabajadores de la educación contrarios a Elba Esther Gordillo.

A Construcción, Mantenimiento y Equipamiento de Escuelas, la SEP demanda la aprobación de 506 millones 174 mil 403 pesos. Pero la CNTE y el CEND del SNTE exponen una partida de 40 mil millones de pesos para la construcción de escuelas en el medio rural e indígena; aulas, sanitarios, patios cívicos, accesos, direcciones, bardas perimetrales y reconstrucción de aulas agrietadas. Lo anterior, tomando recursos de los programas que sugieren no reciban nada o se reduzcan sus montos.

Programa emergente para el fortalecimiento de la educación secundaria, la postura alternativa destina tres millones de pesos a la contratación de un equipo Psicopedagógico (Pedagogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Orientadores Vocacionales, etc.) que acompañe el proceso de formación y desarrollo individual y social de los estudiantes. Y cinco millones de pesos a Equipamiento de Talleres y Laboratorios de dicho nivel.
En Telesecundarias, gobierno solicita 77 millones 200 mil pesos, el magisterio expone incrementar el presupuesto con 5 mil millones de pesos adicionales, a fin de dotarlas de un paquete básico de fortalecimiento que considere laboratorio de ciencias con una plaza para laboratorista, cuatro talleres de tecnologías y sus respectivos cuatro docentes, psicólogo, trabajadora social, profesor de educación física y un prefecto.

Lo que la Secretaría de Educación Pública denomina Formación, Actualización, Mejoramiento y Excelencia, a lo cual propone la asignación de mil 276 millones 702 mil 835 pesos, la otra parte lo considera en su totalidad al fortalecimiento de las 250 Escuelas Normales Públicas del país.

Para operación de funciones diversas en la SEP, la propia dependencia solicita en el próximo año mil 321 millones 281 mil 040 pesos, que desde la óptica de los directamente involucrados con el sector debe reducirse. Luego desglosarlo para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dos mil millones de pesos; a la Dirección General de Educación Indígena, para la generación de Plazas de Base de los niveles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, 10 mil millones de pesos.

A Universidades Interculturales, 452 millones de pesos; Construcción, Equipamiento, y Contratación de Personal para Internados y Albergues en Zonas Rurales e Indígenas, 11 mil 374 millones de pesos. Creación de Escuelas Mixtas para la Atención a Niños y Jóvenes en Poblaciones de Mayor Movimiento Migratorio (Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Zacatecas, etc.), la coordinadora plantea un recurso de dos mil millones de pesos. Al fortalecimiento de la educación artística, desde el nivel básico, 12 mil millones de pesos, lo cual implica equipamiento de escuelas y contratación de personal.

De igual manera, la creación del Programa emergente de apoyos socioeducativos para estudiantes de Educación Inicial, Preescolar y Básica, cuyo propósito es garantizar la plena gratuidad de la educación, y al mismo tiempo asegurar la inscripción, desarrollo y conclusión satisfactoria de estudios (libros, útiles escolares, uniformes, becas, desayunos, calzado, transporte, atención médica, lentes, entre otros. Su partida sugerida a la Cámara de Diputados es de 10 mil millones de pesos.
Para la dignificación del magisterio, 30% de aumento salarial que permita abatir la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, lo que significa 36 mil 720 millones de pesos. Al Programa Asesor Técnico Pedagógico, a su vez, una partida de 16 millones 600 mil pesos.