La lucha del magisterio democrático nacional contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) ha rendido frutos en el país tanto por la suspensión de su aplicación en Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Guerrero, como debido a la resistencia generada a lo largo del territorio mexicano, donde las representaciones sindicales se unificaron en torno a esa y otras demandas, en especial la democratización del SNTE, y varias eligieron el año pasado comités paralelos a los charros.
En esa tesitura, 11 y 12 de julio de 2008 se eligió al Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, cuya secretaría general recayó en Sergio Espinal García, que de inmediato inició acciones para sumarse al rechazo a la ACE, la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, y la reorganización gremial. Secciones de Morelos, Quintana Roo, Baja California Sur, las dos de Puebla, y la IX del Distrito Federal, determinaron a nuevas dirigencias en congresos donde sus respectivas bases tuvieron voz y voto. Se añadieron a las de Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero.
Pero la movilización constante del año pasado, donde hubo mesas de diálogo para no implantar los contenidos de la ACE, ahora toma otro carácter al conjuntar la manifestación con la vía jurídica, y el próximo 30 de enero en el Palacio de Justicia Federal en la ciudad de México arranca el proceso de entrega de amparos contra ese acuerdo educativo que forma parte del contenido neoliberal en el sector, y vulnera varios postulados de nuestra constitución. Con dicho recurso legal se pretende cancelar su aplicación en las escuelas del país, y sus efectos dañinos en los maestros amparados.
La Alianza por la Calidad de la Educación se anunció y firmó el 15 de mayo último por el cuestionado presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la no menos impugnada presidenta nacional indefinida del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, en plena ceremonia del Día del Maestro. En los siguientes meses fue ratificada en algunos gobiernos estatales, entre otros San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Campeche, Guanajuato, Tabasco, y Aguascalientes, pero no alcanzaron siquiera la mitad, y con el gobierno de Puebla si bien se firmó el acuerdo, la mayoría de trabajadores de la educación de la entidad anunció que impedirá su aplicación, lo mismo en demarcaciones magisteriales como Querétaro.
Michoacán, a través del gobernador Leonel Godoy Rangel ha reiterado que no avalará la aplicación de la ACE, aunque en los hechos su equipo enquistado en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), impugnado por la Sección XVIII del SNTE, lleva a cabo acciones enfocadas a dicha alianza, y firmó un “Acuerdo para la Alta Calidad” de los michoacanos previo al arranque del vigente ciclo escolar, mediante el cual delega en los municipios prácticamente el sostenimiento de la educación, y no ofrece cambio alternativa en el sector. Además da seguimiento a los compromisos federales de Escuelas de Calidad, Escuela Segura, y otros; pero las pruebas neoliberales Enlace y Excale no se aplican aún debido a la resistencia del magisterio liderado por Artemio Ortiz Hurtado.
Por su parte, la misma Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanta declaración sobre el tema dan, aseguran que la ACE no de cancelará pese a los problemas para llevarla a la práctica, y hasta recurrieron a que los diputados federales aprobaran reformas a los artículos Tercero y 31 constitucionales donde el punto mediático fue el de elevar hasta el nivel medio superior la obligatoriedad de la educación pública.
Sin embargo, entre lo aprobado en la Cámara Baja el pasado 11 de diciembre se da pie a la evaluación docente y rendición de cuentas de los maestros a organismos externos, y se legalizan los exámenes de oposición para acceder a plazas en escuelas del país, como el realizado el 11 de agosto de 2008 dentro de los lineamientos de la ACE y ahora con el aval de nuestra propia Carta Magna.
También señala con ambigüedad que si bien la instrucción educativa a cargo del Estado será gratuita, la ley establecerá mecanismos claros y transparentes “para fomentar la participación social en la educación”, que se traduciría en realidad como la ratificación de los Consejos de Participación Social donde se encuentran padres de familia, quienes sustituyen al gobierno en el pago de las necesidades de sus respectivos planteles.
Aunque para entrar en operación tales reformas se requiere su aprobación en el Senado de la República, por lo que como parte de la lucha magisterial contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación éste es otro de los puntos a impedir.
Para el primer amparo contra la ACE, las violaciones a la constitución y diversas normas son evidentes por lo que las razones para cancelar su aplicación deben aprobarse.
Un primer aspecto es que Elba Esther Gordillo firmó ese compromiso el 15 de mayo del año pasado sin tener la representación del alrededor de millón y medio de trabajadores de la educación en México, pues dos meses antes había concluido el periodo para el cual ella misma se eligió como “presidenta nacional del SNTE”, aunque luego de autodeclaró con carácter de indefinida en sesión secreta, por lo tanto la firma de la ACE es ilegal porque tampoco fue sometida a consulta.
Dentro de la citada alianza se marca como obligatoria la enseñanza del idioma inglés desde preescolar, pero en ningún postulado establece la instrucción de nuestras raíces y cultura prehispánicas, violentando el Artículo Segundo constitucional, el cual indica que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (párrafo primero), y reconoce y garantiza el derecho a “Preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad” (apartado A del referido artículo).
Lo anterior igual alcanza al Tercero de nuestra máxima legislación federal en su párrafo segundo e incisos B y C de la fracción II, y fracciones IV y V, donde se asienta que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia”; que la educación “será nacional, en cuanto… atenderá al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”; que “alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
Además contraviene el carácter colectivo, humano, fraterno e igualitario de la enseñanza que la máxima ley en el país garantiza a los mexicanos, y a la vez promueve la individualización, el egoísmo, la enajenación y la perversión de la conciencia humana.
El aspecto laboral es afectado con la alianza gordillista-calderonista, empezando por el Artículo Quinto: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el ejercicio de ésta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial”.
Con el Concurso Nacional Público de Oposición se violenta el Artículo 123 de la Carta Magna en distintos incisos al condicionar el ingreso a un empleo imponiendo requisitos ilegales, y una vez contratados mediante ese examen, no reciben la basificación correspondiente, ni otros derechos laborales, como quedó evidenciado el año pasado.
La fracción VIII del mismo 123, que a la letra dice: “Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad”. Con el acuerdo, las promociones de los maestros se harán de acuerdo a las evaluaciones, según la “Certificación de Competencias Profesionales”, y de los resultados del examen nacional de oposición que, como se vio en el aplicado el 11 de agosto último, se detectaron muchos vicios para favorecer a quienes pagaron cierta cantidad económica o son familiares de afines a Gordillo Morales o funcionarios ligados al poder.
Otra norma transgredida es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado relativos al pago de horas extras, que con programas como Escuela de Tiempo Completo, de Horario Extendido, de Fines de Semana, ligados a la ACE, violentan este derecho; los motivos de suspensión en el empleo, y el ascenso vía escalafón conforme a los méritos laborales.
Del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Publica, dependencia a la que pertenecen los sindicalizados al SNTE, el artículo 24 considera como un derecho para ascensos los términos del escalafón interno.
Como se ve, hay bases jurídicas para echar abajo la Alianza por la Calidad de la Educación; pero también debe hacerse labor política para impedir que sea constitucional, y en este sentido es necesario frenar la aprobación en el Senado de la República de las reformas a los artículos Tercero y 31 de nuestra Carta Magna. (Michoacano).
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