-Mediante argucias legales el gobierno de Leonel Godoy quiere apropiarse del terreno, donde tienen 22 años trabajando en cosecha de frutales, acusan.
-La APPM y otras organizaciones anuncian acciones de presión para el 20 de marzo próximo; no permitirán la entrega del predio a extranjeros, advierten
En posesión desde hace 22 años de la Isla de La Palma en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, unas 150 familias con parcelas frutales, negocios de enrramaderas y pescadores, afirman que el terreno de más de 600 hectáreas les pertenece, por lo tanto el intento del gobierno de Leonel Godoy Rangel para obtener la expropiación del mismo a fin de vender una parte a la trasnacional Kansas City Southern de México (KCSM), carece de sustento legal.
Diversas organizaciones de Lázaro Cárdenas, y la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM), anunciaron su respaldo a la lucha de los posesionarios de La Palma, y el próximo 20 de marzo realizarán una manifestación de la presidencia municipal al lugar donde está el plantón de los ejidatarios, sin descartarse el “cierre” del puerto industrial.
“Estamos en la lucha por no permitir que Leonel Godoy sea un vende patrias; él decía que defendía los energéticos y la no venta de Pemex a extranjeros, pero en Michoacán hoy se presta a la venta de tierras que pertenecen a los michoacanos, para entregarlas a extranjeros”, manifestó el representante de la APPM y secretario de Gestión Popular de la Sección XVIII del SNTE, José Luis Zarco García, quien igual demandó el cese de la represión oficial contra campesinos y sus familias, como ocurrió el pasado 26 de febrero, y el retiro de granaderos en el predio en disputa.
Dentro de este proceso, los posesionarios y ejidatarios argumentan varias argucias ilegales de la parte oficial, entre estas las escrituras “amañadas” para acreditarse como dueños de las 645 hectáreas de la isla, ubicada en el delta del río Balsas. Pero sobre todo, la ejecución extemporánea de una fracción del territorio, expropiado mediante decreto presidencial en 1982, y hasta ahora las autoridades quieren darle uso después de años de abandono, lo cual permitió a sus propietarios originales “retomarlo”, transcurridos los cinco años previstos en el contrato correspondiente.
Uno de los posesionarios de Isla La Palma, Rafael Guzmán Covarruvias, sostiene: “Lo que pasa es que el gobierno del estado no es el dueño de los terrenos, y ya le está pidiendo autorización al Congreso del Estado para hacer uso de ellos y venderlos o regalarlos; yo pienso que los diputados jamás van a dar una autorización porque no son del gobierno, hasta que no se defina de quién son. Nosotros estamos de acuerdo en que se lleve a cabo una investigación y se defina jurídicamente quién tiene la razón, porque el gobierno arbitrariamente está actuando y nos está sacando de nuestras parcelas”.
Refiere que la escritura más reciente sobre la legitimidad del predio “no está en ninguna notaría”, cuando supuestamente se hizo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, ni en la propia dirección del Archivo General de Notarías estatal, según les comentó personal de dicha oficina, por lo que sólo, observa, la sacaron “en base a transas”.
Así mismo, aclara que las más de 100 familias que ahí trabajan desde “hace 22 años” en la Isla La Palma, son propietarias de las más de 600 hectáreas, no sólo de 205 como lo quiere hacer ver el gobierno michoacano, luego de la expropiación de 440 en 1982.
Por lo pronto, se mantienen guardias de los posesionarios en el terreno, aunque también policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) resguardando esa presunta propiedad del gobierno michoacano, por lo que ya se presentaron dos represiones e incluso hay diez demandas penales contra igual número de campesinos, entre otros Gilberto Galeana Calderón, Abel Vargas Cruz y Manuel Espino Pano, acusados del delito de despojo. Tampoco descartan cualquier intento de desalojo, sobre todo después de que el Congreso del Estado apruebe la desincorporación de 444 hectáreas de la isla.
Antecedentes
El 17 de marzo de 1982 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual se expropia “por causa de utilidad pública”, una superficie de 440 hectáreas de Isla de la Palma, a favor de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la finalidad de destinarlas al establecimiento de trabajos de infraestructura para el Puerto Industrial de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, el contrato de compra-venta a los dueños del predio, que les fuera otorgado desde 1940, estableció en una de sus cláusulas que si en un periodo de cinco años posterior a la operación, no se hiciera el uso para el cual fue expropiado, los antiguos propietarios podrán posesionarse de nueva cuenta, y así lo hicieron en 1987, al cumplirse el tiempo y acuerdo estipulado.
“Dejamos pasar los cinco años, volvimos a tomar posesión de las hectáreas, y tuvimos que limpiarlas porque en ese entonces las autoridades hasta tumbaron huertas, pero no construyeron nada, y volvimos a sembrar”, recuerda Antonio Covarruvias Ramírez, otro de los ejidatarios de Isla La Palma.
A partir de entonces, hace 22 años, los propietarios han sembrado frutales como limón, coco, mango y plátano, sin mayores dificultades, salvo hasta ahora cuando ingresó desde el año pasado el cuerpo de granaderos estatales, que ya los reprimió el 19 de diciembre de 2008, y el pasado 26 de febrero.
“Nosotros tenemos necesidad de sacar algunos de nuestros productos a venderlos, y tenemos que hacerlo como delincuentes para que no nos agredan los policías, lo cual es inconcebible cuando los terrenos son de nosotros”, agrega Rafael Guzmán.
Luego de establecerse nuevamente en el terreno expropiado, a decir de Antonio Covarruvias, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reclamó para sí las tierras, y se desistió cuando los posesionarios hicieron lo propio. “Entonces, nos dieron los derechos a nosotros, y de ahí para acá hemos estado trabajando las tierras, ya 22 años, pese a que el gobierno del estado dice que son de él, sacó como cinco escrituras, pero que lo demuestre, porque quiere dejárselas a los extranjeros”.
Hay la versión de que durante la breve gestión de Eduardo Robledo Rincón en la titularidad de la SRA (entre abril de 1999 y el 30 de noviembre de 2000), firmó como testigo de honor un convenio judicial donde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas dona al gobierno de Michoacán 440 hectáreas de Isla de La Palma, cuando habían transcurrido más de 15 años desde el decreto expropiatorio, y la dependencia de la SCT ya no tendría la posesión legal del terreno, en poder de los campesinos y ejidatarios desde 1987.
Con el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, que corrió del 14 de febrero de 2002 al 14 de febrero de 2008, la legislatura local en turno aprobó en menos de 48 horas el Decreto 83 mediante el cual 183 hectáreas de la referida isla del puerto lazarocardenense fueron desincorporadas y luego donadas al Fideicomiso 2112, “Recinto Fiscalizado Estratégico Zona Franca”, donde se considera el desarrollo “de un parque industrial” en el lugar. Dicho precepto fue aprobado por diputados locales en noviembre de 2006, y el 17 del mismo mes y año, salió publicado en el Periódico Oficial del estado.
A la fecha se desconoce públicamente el manejo financiero del Fideicomiso 2112, y por ende el destino de las 183 hectáreas e inclusive quién es su real propietario. Sólo se conoce lo mencionado por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Huirache Béjar, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, respecto a lo reportado en el ejercicio fiscal 2007, todavía de la gestión de Cárdenas Batel, donde de junio a diciembre de ese año se invirtieron al citado fondo 76.5 millones de pesos; pero no se sabe más.
Ya en la actual administración, en julio de 2008, Leonel Godoy presentó a la legislatura local una propuesta de desincorporación de 444 hectáreas de la Isla de La Palma, con el propósito posterior de donarlas al controvertido fideicomiso, y contribuir al desarrollo del parque industrial en Lázaro Cárdenas, de donde por cierto es originario el mandatario michoacano.
En el orden acostumbrado, Antonio Covarruvias Ramírez,
José Juan Jaimes Sánchez y Rafael Guzmán Covarruvias
Pero también surgió la propuesta de la trasnacional Kansas City Southern de México -que tiene la concesión exclusiva de la ruta del puerto estatal colindante con el Océano Pacífico, hacia la frontera con Estados Unidos, hasta el año 2026- de comprar 181 hectáreas de La Palma a un precio de 26.5 millones de dólares, para construir ahí su terminal ferroviaria intermodal.
De igual manera, planea invertir 80 millones de dólares en cinco años, aunque voces como la del Centro de Estudios Económicos de Morelia (CEEM) expresaron su rechazo pues ven en esa venta, muy inferior en cuanto al aspecto financiero, la posibilidad de la KCSM de prácticamente adueñarse del rentable puerto, sin dejar remuneración alguna en nuestra entidad, como lo promete (Michoacano No. 86).
Todavía no se aprueba la desincorporación de las 444 hectáreas, por los dimes y diretes entre legisladores y autoridades, en especial sobre el Fideicomiso 2112, aunque existe el aval para la venta a la ferroviaria procedente de Estados Unidos de un parte del terreno. Empero, el próximo 7 de abril parece el plazo definitivo cuando las comisiones correspondientes tomen el acuerdo, ya sea a favor o en contra.
Sobre el Fideicomiso 2112, José Juan Jaimes Sánchez, quien no es ejidatario ni posesionarlo de la isla, pero sí tiene familiares en el predio, además de apoyar la lucha en defensa de La Palma junto a los Choferes Unidos de la Costa de Lázaro Cárdenas, señala que los campesinos se encuentran integrados en el fondo, sin recibir ningún reporte de su manejo financiero, aunque los que lo encabezan son el propio Godoy Rangel y su secretario de Desarrollo Económico Eloy Vargas Arreola. “Queremos que salga a la luz pública ese informe para que vean las porquerías que hacen en perjuicio de campesinos y de la misma población”, asevera.
El excedente, otro problema
Para los posesionarios de la Isla de la Palma, son en total 645 hectáreas del terreno, las cuales consideran suyas. Sin embargo, diversos reportes señalan que debido a fenómenos naturales, se redujo a 628 hectáreas, o aproximadamente 551, de acuerdo a otros datos. De ellas, 183 fueron desincorporadas en 2006, y se pretende hacer lo propio este año con 444 hectáreas más, lo que daría las 628 consideradas por la parte gubernamental.
Durante el sexenio de Víctor Manuel Tinoco Rubí se habrían donado, mediante convenio judicial, las 440 hectáreas desincorporadas en 1982, al gobierno michoacano. Sin embargo, tales acuerdos se contravienen con la nueva toma de la isla, en consonancia con el decreto de hace casi 27 años, de ejidatarios y posesionarios a partir de 1987.
Al respecto, Rafael Guzmán apunta: “Leonel Godoy y Eloy Vargas, en contubernio con el comisariado ejidal, le dan entrada al decreto de expropiación, que debió haber sido en 1982, apenas en el 2007”.
Y en efecto, según el historial agrario, es hasta el 18 de septiembre de 2007 cuando se ejecuta, de manera oficial, el decreto presidencial aludido.
Por eso los posesionarios reclaman las 645 hectáreas que ellos consideran las totales de la isla, y no las 205 que quedarían luego de las 440, supuestas propiedad del gobierno michoacano. Aunque precisamente para cubrir ese excedente de 205 hectáreas o de 111 si se toman en cuenta las 551 que tendría el predio de acuerdo a otra versión, se recurrió a la medición a través del programa Fondo de Apoyo de Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), lo cual trae nuevas dificultades al caso.
“El comisariado ejidal, mañosamente, metió ese excedente como de uso común, y no es cierto, también son áreas parceladas y son de cada uno de nosotros; entonces, metimos una inconformidad en la Secretaría de la Reforma Agraria, vino una persona de ahí, pero está coludida, el gobierno del estado ha metido mucha lana, y nos dijeron que iban a dar respuesta y hasta ahorita no han dado la cara, y no nos queda de otra que acudir al Tribunal Agrario para definir esas 205 hectáreas”, explica Guzmán Covarruvias.
Si se declara esa fracción de tierras como de uso común, según lo hicieron los ejidatarios, al momento de expropiarse únicamente se beneficiarían ellos, mientras los posesionarios no tendrían derecho a reclamar, de ahí que éstos últimos llevan el litigio agrario correspondiente, pues aducen tener ahí sus parcelas trabajando en la siembra de frutales y otros productos, y es el modo de ganarse la vida.
Latente la entrega a extranjeros
Dentro de este proceso, a decir de José Juan Jaimes, la ferroviaria Kansas City Southern hizo contacto con los campesinos para comprarles una parte de la isla, al reconocerlos como reales dueños; sin embargo, “se metió el gobierno del estado”, argumentando ser el propietario, y la trasnacional busca ahora la adquisición de 181 hectáreas, teniendo de interlocutor a las autoridades michoacanas.
Incluso, puntualiza, está latente la entrega de la Isla de La Palma a extranjeros, o sea la KCSM y otras compañías instaladas en el puerto de Lázaro Cárdenas, “porque meten ya la maquinaria para tumbar los árboles frutales”.
En este sentido, Antonio Covarruvias diferencia que en tanto la Kansas City ofrece pago en dólares al gobierno michoacano, éste a su vez quiere liquidar “en centavitos”, a los posesionarios, ya que considera el precio de un árbol de frutas, en 700 pesos. “Para el gobierno un árbol de limón vale 700 pesos, cuando si yo le saco dos cajas de limones ya tengo los 700 pesos, y no nada más una vez, porque vuelve a producir”, remarca.
Por su parte, Jaimes Sánchez refuerza, pues para sembrar y producir sus frutas, ya sea limón, coco, mango, plátano u otro, deben bombear el agua, fertilizar, fumigar, entre varias tareas y, expresa, “con 700 pesos no se paga un árbol”.
Entonces, para Covarruvias Ramírez no hay vuelta de hoja: “A nosotros no nos conviene vender las tierras, lo que queremos es que nos las devuelvan porque nosotros las estamos trabajando y de ahí nos mantenemos, e incluso se mantiene Lázaro Cárdenas y otras ciudades de Michoacán, porque hasta allá llegan nuestras frutas”.
Respecto a la represión sufrida el pasado 26 de febrero, los representantes de las más de 100 familias que viven en Isla de La Palma y cosechan frutales, afirman que ese día alrededor de 200 policías del Grupo de Operaciones Especiales arremetieron contra 35 personas que mantenían la guardia, porque para evitar el desgaste, decidieron rolarse la vigilancia, incluyendo a niños y mujeres.
Antonio Covarruvias sostiene que la agresión inició cuando vieron a constructores tratando de hacer una cerca en el terreno, con lo cual los posesionarios quedarían sin acceso a esa parte de la isla, motivo por el que los defensores de la tierra hicieron una valla humana, y entonces los granaderos empezaron a replegarlos con toques en sus cuerpos, vía una especie de chicharra eléctrica.
Después, continúa José Juan Jaimes, retrocedieron un poco al recibir los toques eléctricos; “pero al ver a nuestra gente decidida a defender las tierras, los policías lanzaron gases lacrimógenos, y logramos regresarles algunos y salieron replegados por sus propias armas, entonces ellos aumentaron los gases, nos replegamos más de un kilómetro, y salieron afectadas personas de la colonia Plutarco Elías Calles, que está en las márgenes del río, porque hasta allá nos persiguieron”.
Varios resultaron heridos, especialmente por los gases lacrimógenos. Ante esa situación, llamaron al servicio de emergencias 066, sin obtener respuesta positiva bajo el argumento de la falta de unidades vehiculares, y optaron por llevar personalmente a los heridos a nosocomios, como el Hospital General de ciudad Lázaro Cárdenas, donde les negaron la entrega de los exámenes médicos de los lesionados. Igual en las oficinas ministeriales tampoco quisieron recibirles todas sus demandas por la represión sufrida.
Covarruvias Ramírez se cuestiona: “¿por qué Leonel Godoy Rangel manda a sus policías hasta con la intención de que hubiera un muerto, como dijeron los propios policías”.
Así mismo, Juan Jaimes resalta que han evitado caer en la provocación por la presencia policiaca, desde el año pasado resguardando parte de la isla, para no dar lugar a que el gobierno godoyista justifique el uso de la fuerza pública, y se cuidarán de esa situación ante eventuales operativos de desalojo, pues de su parte no saldrá ningún tipo de agresión.
Por otro lado, Rafael Guzmán establece que tienen registrados varios intentos oficiales por dividir a los posesionarios de la Isla de La Palma, “pero nosotros no somos traicioneros, no vamos a traicionar a nuestra gente, vamos a estar hasta el final luchando por nuestras tierras, que legalmente nos pertenecen”.
Finalmente, agradecieron el respaldo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán, y su decisión por participar el próximo 20 de marzo en acciones de solidaridad en la defensa de su territorio.
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