Organizaciones sociales son víctima de la represión oficial

Entre los asistentes al foro contra la represión, 

dos integrantes del FPDT de Atenco

Estudiantes, maestros, colonos, campesinos, ejidatarios, luchadores sociales, son víctima de la represión gubernamental en nuestro estado, según se desprendió del Foro “Michoacán: Represión y Derechos Humanos”, que tuvo lugar el 26 de marzo pasado en la Plaza Benito Juárez de Morelia, donde acudió una representación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco para exponer su caso.

Al inicio del evento, y a manera de introducción Antonio García Ahumada, del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) en Michoacán, dijo que desde diciembre de 2006 cuando arrancó en la entidad el Operativo Conjunto con el envío de militares y policías a supuestamente combatir el narcotráfico, las violaciones a derechos humanos de la población han sido una constante. Sólo el año pasado, indicó, sumaron 318 quejas contra soldados por abusos como cateos ilegales, robo de objetos y agresiones a civiles.

Además de que la presencia de la milicia en labores de seguridad pública es violatoria al artículo 120 constitucional, y de dicha situación responsabilizó directamente al “espurio” presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Respecto a la situación estatal, sus autoridades tampoco escapan del actuar represivo, y citó los casos de normalistas rurales el año pasado, de comuneros de Uruapilla, ejidatarios de Isla de La Palma del puerto de Lázaro Cárdenas, y la Sección XVIII del SNTE. 

Agradeció la presencia del FPDT, que dio un ejemplo de dignidad al derrotar el intento del ex presidente Vicente Fox Quesada por construir un aeropuerto en sus terrenos, y ahora pese a tener 12 presos políticos, tres de ellos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, continúan la lucha. Entonces se dejó escuchar la consigna “Zapata vive, la lucha sigue…”. 

En el foro, organizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM) y en plena plaza pública moreliana, diversas organizaciones expresaban sus peticiones a través de mantas y cartulinas. Posesionarios y ejidatarios de Isla de La Palma montaron un cartel donde se observa a granaderos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) agrediendo a una persona de la tercera edad cuando hicieron un operativo de desalojo en febrero último.

Y reforzaron con otro mensaje: escrito: “Señores del Congreso del Estado, ¿serán cómplices de la represión y despojo por parte del gobernador de Michoacán, en complicidad con el diputado local Arquimides Oseguera?”.

Acabar con la educación pública

De la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de la localidad moreliana de Tiripetío, tres alumnos en participación conjunta, hicieron mención que las instituciones de ese tipo en el país, apenas 16 en la actualidad, representan un foco rojo a los distintos gobiernos debido a su ideología y educación de corte popular, científica, contraria a la “robotizada” pretendida desde la federación por órdenes de organismos internacionales.

Adicionalmente, mencionaron los jóvenes, la intención oficial es desaparecerlas porque no quieren ver a las comunidades de México concientizadas sobre la problemática nacional, que es la esencia del normalismo rural, para que sus pobladores salgan adelante. 

Y con esa idea tratan de aplicar la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que en la práctica significa la cancelación de las normales públicas de la república, al otorgar plazas docentes a quienes aprueben el famoso examen nacional de oposición, sin importar “lo que nosotros aprendimos en cuatro años”.

En cuanto a las represiones sufridas durante su lucha constante por la plaza automática a sus egresados, los jóvenes de Tiripetío dieron a conocer que en 1997 el gobierno michoacano de entonces infiltró a varios alumnos en el plantel, y al año siguiente esos afines a las autoridades llegaron al comité estudiantil, propiciando que se desatara la represión, que condujo incluso a tener dos muertos en agosto de 1998.

Para el 2002 hubo un nuevo golpe a los normalistas rurales cuando protestaban contra la aplicación del examen del Ceneval, el cual pese a la agresión recibida lograron cancelarla, y la más reciente y mayor ocurrió el pasado 27 de noviembre cuando 139 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) se manifestaban en nuestra entidad en apoyo a los de Tiripetío.

Esa ocasión, los normalistas rurales de varias partes del país se alistaban a partir de la sede de la escuela de Tiripetío hacia Morelia donde harían una marcha con motivo de las represiones sufridas por el movimiento, y a la altura de la comunidad de Uruapilla fueron interceptados por policías estatales y federales, incluido un helicóptero desde donde se lanzaron gases lacrimógenos a los jóvenes. 139 fueron detenidos, 130 mujeres, nueve varones consignados en el reclusorio de mediana seguridad “David Franco Rodríguez” de la capital michoacana, libres tras pagar fianza; pero todos fueron torturados física y psicológicamente, y las mujeres manoseadas por los uniformados (Michoacano No. 77).

“Ésa es la forma de calmar a los normalistas rurales”, señaló uno de los jóvenes del plantel “Vasco de Quiroga”, y refrendó el compromiso de seguir luchando por la educación pública científica y popular, y contra la implementación de la ACE en México.

Más adelante, y a nombre del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Esther Herrera leyó un mensaje enviado desde la Casa del Estudiante “Emiliano Zapata” de Puebla, apoyando las demandas de su organización, como la cancelación definitiva de seis órdenes de aprehensión contra jóvenes por defender su derecho a recibir educación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La educación pública es cada vez más escasa para gente trabajadora, campesina y de bajos salarios, lo que genera que hoy solamente quienes tienen los recursos económicos suficientes pueden acceder a ella, recriminó la representante del FER, y remarcó: “Ser estudiante es un privilegio”.

Y es que su problemática inició en abril del año pasado cuando los estudiantes tomaron las oficinas de Rectoría y de Tesorería de la citada casa de estudios, como medida de presión por impedirles el acceso a inscribirse en la Facultad de Medicina, y favorecer a otros jóvenes recomendados. Producto de las tomas, fueron acusados por la rectora Silvia Figueroa Zamudio del delito de despojo, en principio a ocho jóvenes, aunque desde agosto de 2008 dos fueron absueltos, pero continúan las órdenes de aprehensión a seis de ellos, quienes viven escondiéndose pues consideran injusta la demanda, fabricada con testigos “falsos”, comprados por autoridades universitarias.

“Son ocho meses de criminalizar la lucha estudiantil”, expresó la integrante del FER al participar en el Foro “Michoacán: Represión y Derechos Humanos”, y responsabilizó a la rectora de la UMSNH de cualquier agresión al frente.

Finalmente, demandó mayores espacios educativos a los jóvenes, aumento al presupuesto de la universidad pública para que todos los interesados puedan acceder a ella, y la cancelación de las seis órdenes de captura a sus compañeros.

Defensa de tierras, también es golpeada

En representación de posesionarios y ejidatarios de la Isla de La Palma, así como de organizaciones que tienen familiares ahí y los apoyan, José Juan Jaimes Sánchez rechazó la intención del gobierno de Leonel Godoy Rangel de entregar una parte de su terreno donde tienen 22 años de vivir y cosechar, a la empresa extranjera Kansas City Southern de México (KCSM).

Indicó que como ocurre con los integrantes del FPDT de San Salvador Atenco donde quisieron quitarles su terreno para construir un proyecto aeroportuario, en el cual sólo se beneficiarían grandes empresarios, en el caso de Isla de La Palma del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, el beneficiado de la eventual expropiación sería la ferroviaria KCSM.

“Los campesinos apuestan al desarrollo, pero que sea para todos”, puntualizó, y refirió que hasta ahora llevan cuatro intentos de desalojo por policías del GOE, el más reciente ocurrido el 26 de febrero anterior, y es que se encuentran, al igual que los granaderos, en inmediaciones del terreno que el gobierno estatal afirma es suyo.

Protestas contra la agresión 

gubernamental y empresarial

Sin embargo, los posesionarios y ejidatarios atienden a lo establecido en el decreto expropiatorio del 17 de marzo de 1982, mediante el cual se donaron 440 hectáreas de La Palma al gobierno federal, pero el mismo documento estableció que si en un lapso de cinco años no se hacía uso del predio, volvería a propiedad de los dueños originarios, como ocurrió en 1987, y desde ese año estos últimos se encuentran en propiedad del terreno, de más de 600 hectáreas, aunque la administración godoyista quiere obtener del legislativo local la expropiación de 444 hectáreas, 181 de las cuales serían vendidas a la Kansas City, aduciendo su pertenencia.

Jaimes Sánchez ratificó que no permitirán esa venta de la isla a trasnacionales, pues no verían ningún beneficio, como ocurre ahora con el Fideicomiso 2112, que tendría ya 183 hectáreas desincorporadas en el sexenio anterior, mismo fondo al cual irían las 444 pretendidas por Godoy Rangel, y del que desconocen su funcionamiento.

Por su parte, Yolanda Rivera Tinoco, de la Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón” (OCIP-RFM), y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), recordó que ella estuvo presa injustamente en el Cereso “David Franco Rodríguez” de Morelia, detenida el 17 de febrero junto a Engracia Tinoco Montañez, Salvador Rivera Tinoco y José del Carmen Rivera Tinoco, acusados del delito de despojo; hoy todos en libertad aunque les siguen proceso jurídico.

Durante su intervención en el evento organizado por la APPM, dio a conocer las presiones recibidas por el director de Gobernación estatal Pável Hernández Cadenas, cuando pedían la libertad de sus hermanos Salvador y José del Carmen Rivera Tinoco, pues primero obtuvieron su libertad ella y Engracia Tinoco. 

El funcionario, afirmó, les comentó el pasado 24 de febrero, que si tenían denuncias en su contra las presentaran, porque él como gobierno sí los podía acusar “de otra forma”, y planteó que para salir libres los hermanos Rivera mejor dejaran de apoyar a los comuneros de Uruapilla, cuyas 27 familias han vivido en 97 hectáreas ahora pretendidas por la familia Ramírez, propietaria de la cadena Cinépolis, y viven bajo amenaza de ser desalojadas.

Precisamente en Uruapilla, localidad dedicada a la fabricación de tabique, han ocurrido varias agresiones, como la desaparición forzada y tortura de Moisés Molina Rodríguez durante 14 días en junio de 2008; la lesión que provocó la pérdida de su pierna izquierda a José Reyes Aguilar, también en el citado mes y año; y la tortura aplicada a Avenicio Reyna Cruz, desaparecido durante 17 horas el 4 de julio último.

Ahora, la OCIP-RFM y el FNLS demandan la liberación del comunero de Irícuaro Hilarión Torres Trejo, de 70 años de edad, recluido en el penal de Pátzcuaro desde el 13 de marzo anterior, acusado de despojo de inmueble por quienes identifican como caciques de esa localidad, Servando Cervantes y José Luis Álvarez, con los que libran problema de tierras. Para obtener su libertad se fijó una fianza de 42 mil 365 pesos, que por su condición de campesino no puede reunir.

Cabe señalar que el hijo del detenido, José Luis Torres Cruz, fue asesinado por el mismo problema de tierras en abril de 2006, y responsabilizan a Servando Cervantes y José Luis Álvarez.

Tanto la organización Flores Magón como el FNLS invitaron al Foro Nacional Sobre Violaciones a los Derechos Humanos y la Necesidad de un Nuevo Reparto Agrario, a realizarse del 23 al 24 de abril próximos en la comunidad de Uruapilla, ubicada en el kilómetro 13 de la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro. 

Presentación de Francisco Paredes

Al cumplirse año y medio de la desaparición de su padre Francisco Paredes Ruiz el 26 de marzo, Janahuy Paredes Lachino responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, al gobierno anterior de Lázaro Cárdenas Batel, y al actual de Leonel Godoy, “que no ha hecho nada” por presentar con vida a su progenitor.

De igual manera, informó que junto con los familiares de Lauro Juárez, desaparecido desde el 30 de diciembre de 2007; de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de quienes se desconoce su paradero a partir del 25 de mayo de 2007, reciben hostigamiento de autoridades judiciales.

Sobre su caso concreto, denunció que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tratan de incriminar a su familia con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros grupos armados, situación rechazada pues su mismo padre fue iniciador del organismo defensor de derechos humanos Fundación Diego Lucero.

Francisco Paredes desapareció el 26 de septiembre de 2007 en Morelia, donde radica con su familia. Tres días antes estuvo en Ciudad Madera, Chihuahua, para el aniversario de la matanza de Arturo Gámiz García y otros militantes que decidieron tomar el cuartel militar de esa población el 23 de septiembre de 1965. En los años 70 perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), por el cual fue aprehendido, y salió gracias a una amnistía al ser considerado preso de conciencia.

Salió ese 26 de septiembre de su vivienda de la capital michoacana, y el 28 del mismo mes fue encontrada su camioneta en la salida a Salamanca que, les dijeron, tenía un par de días abandonada.  Sus familiares acudieron a la procuraduría de Michoacán, luego a la delegación de la PGR, y a la misma sede de esa dependencia en la ciudad de México, donde no recibieron atención para poner la denuncia por desaparición, y sólo en el Registro Nacional de Personas Extraviadas hicieron una declaración por teléfono, y les dieron un número de registro del informe (734624).  

Ya acudieron a instancias defensoras de derechos humanos internacionales, y no descansarán hasta la presentación de su familiar y de otros desaparecidos por motivos políticos, indicó Janahuy Paredes. “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon los asistentes al foro en la Plaza Benito Juárez de Morelia, así como la consigna de “Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables”.

El magisterio, blanco del gobierno

En su turno, el secretario de Gestión Popular del Comité Ejecutivo de la Sección XVIII del SNTE, José Luis Zarco García, notificó que existen aproximadamente 180 denuncias penales contra integrantes del sindicato, incluido su dirigente Artemio Ortiz Hurtado, por usurpación de funciones, daño en las cosas, entre otros. 

Pero, aseveró, no han cometido ningún ilícito, sino simplemente luchan por cumplimiento a sus demandas, cese a la represión ejercida de parte de las mismas autoridades, en especial de quienes controlan la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), de ahí su petición de cesar a Aída Sagrero y Juan Pérez Medina de la dependencia.

Explicó que los “pseudofuncionarios” de la SEE aplican la represión administrativa a quienes pertenecen al magisterio democrático, suspendiéndoles su respectivo pago en el caso de supervisores, jefes de sector y algunos docentes como los de la Secundaria Técnica No. 104 de Uruétaro, mientras a otros trabajadores de la educación no les extiende su correspondiente quincena desde el año pasado, pese a estar laborando. En total rebasan los cuatro mil afectados.

“El gobierno de Leonel Godoy, que se dice de izquierda, más bien parece de ultraderecha y no vamos a permitir que siga con su política del garrote, por lo que debemos pugnar por ni una lucha aislada más”, expresó el docente.

Problemas de vivienda

También participó en el evento una representante de defraudados, que reclama 59 hectáreas del asentamiento conocido ahora como Mesoamérica, Monte Sinaí para ellos, ubicado en la parte alta de Morelia ya que, aseguró, les fueron arrebatadas ilegalmente por parte del empresario automotriz Francisco Medinas Chávez, Arno Villicaña y Félix Arreola, para construir ahí un complejo residencial y comercial de lujo.

“Mesoamérica tiene dueños; no está en venta”, y “No descansaremos hasta que nos devuelvan nuestras tierras”, se leía en sendas mantas elaboradas por los colonos afectados, quienes igual responsabilizaron de complicidad en el despojo al ex presidente municipal de Morelia Salvador López Orduña, hoy director del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), cargo al cual llegó por recomendación de su amigo Felipe Calderón.

Habitantes de la Presa de Los Reyes de la capital michoacana, a su vez, criticaron el intento de retirarlos de ese predio de 26 hectáreas donde viven más de 750 familias, y acusaron que detrás de eso se encuentra, una vez desocupado, la construcción de un complejo turístico privado, pues ahí existen varios mantos acuíferos. Acusaron de esa situación al alcalde capitalino Fausto Vallejo Figueroa.

Hablaron dos miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco para dar a conocer la situación de 12 presos políticos, tres de ellos encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, incluido Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años y seis meses de reclusión.