Pseudofuncionarios de la SEE aliados a Gordillo para acabar con Sección XVIII

Breves Magisteriales

- Con Leonel Godoy, relación difícil por represión administrativa e incumplimiento de acuerdos minutados.

 Artemio Ortiz Hurtado. 

Hay pruebas contra pseudofuncionarios 

por desvío de recursos 

De los tres últimos gobiernos estatales, incluido el actual, es el del perredista Leonel Godoy Rangel con quien más dificultades ha tenido la Sección XVIII del SNTE. No sólo es el incumplimiento a compromisos minutados, sino la represión administrativa contra militantes del movimiento, y más de cinco mil sindicalizados sin recibir su constitucional salario quincenal pese a devengarlo.

Es de tal grado la agresión, agilizada ahora previo al V Congreso Seccional de Bases donde los trabajadores de la educación elegirán nueva dirigencia del 30 de abril al 2 de mayo próximos, que el secretario general del magisterio mayoritario de Michoacán, Artemio Ortiz Hurtado, no duda en calificar la represión sufrida como similar a la orquestada en los tiempos del ex cacique gremial Carlos Jonguitud Barrios, y a los actuales de su sucesora Elba Esther Gordillo Morales.

Todo este plan lo enmarca dentro del propósito de la misma Elba Esther Gordillo para dividir a la Sección XVIII, uno de los referentes a nivel país de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y su lucha por la democratización del sindicato, la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, y el rechazo a la implementación de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), firmada por la autonombrada presidenta del SNTE y el impugnado presidente Felipe Calderón Hinojosa el 15 de mayo de 2008, entre otras demandas.

Pero también se encuentra inmiscuida la administración de Godoy Rangel, que entregó la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) al grupo del PRD Alianza por la Unidad Democrática (AUD), encabezado por el ya dos veces diputado local Raúl Morón Orozco, ex dirigente magisterial, con Juan Pérez Medina en calidad de asesor -anterior líder de la Sección XVIII y ex diputado federal-, y Aída Sagrero Hernández como titular de la dependencia, quienes son aliados de Gordillo Morales, acusó Ortiz Hurtado.

Fue más allá en sus imputaciones, y dijo tener pruebas del apoyo económico de arriba de dos millones de pesos mensuales que desde las arcas de la SEE se pagan a los “comisionados” del “Movimiento de Bases”, expresión creada bajo el auspicio de la AUD el año pasado en el intento de división del magisterio michoacano. 

Incluso, afirmó, el mandatario estatal tiene las pruebas del desfalco ocasionado en la secretaría por los “pseudofuncionarios”, pues parte de los recursos van a cuentas bancarias de la propia Aída Sagrero, y de gente cercana al legislador Morón Orozco, y amagó con dar a conocer públicamente la documentación, ya entregada a Leonel Godoy. 

Ante lo cual llamó al gobierno de la entidad a no seguir auspiciando a esos “esquiroles”, que tienen trato preferencial de la SEE en atención a peticiones y entrega de dinero, y que realizarán su “congreso de bases” el 30 de marzo entrante para elegir dirigencia tras “desconocer” a Artemio Ortiz, según dijeron, cuando ellos mismos salieron de la Sección XVIII al irse al respaldo abierto de Aída Sagrero, Juan Pérez y Raúl Morón.

Justamente una de las demandas sindicales a la administración godoyista es la cancelación del evento de los afines a la Alianza por la Unidad Democrática, pues como reconocieron ante la prensa, reciben recursos económicos del gobierno michoacano para llevarlo a cabo. “Es una provocación abierta a nuestro movimiento, y además es a todas luces ilegal e ilegítimo, pero si se tratan de meter en nuestros asuntos veremos de a cómo nos toca ese día”, subrayó el líder del magisterio democrático al respecto.

Y es que ese mismo 30 de marzo la Sección XVIII encabezará una movilización en Morelia, donde igual prevén el cierre de oficinas locales y federales, sin descartar la toma del inmueble estatal del Partido de la Revolución Democrática y de la misma AUD, una vez más debido a su intromisión en temas exclusivos del magisterio.

Por otra parte, mediante una Carta Abierta dirigida al jefe del ejecutivo estatal, fechada el 17 de marzo anterior y suscrita por Ortiz Hurtado a nombre de sus representados, lamenta la falta de compromiso de Godoy Rangel luego que en las elecciones locales de noviembre de 2007 ayudaran a su triunfo y, pese a la promesa de implementar juntos la renovación del sistema educativo estatal, a final de cuentas se decidió por llevar a la SEE al grupo perredista de Raúl Morón, que sigue los lineamientos federales del sector, sin un proyecto alterno.

Agrega la misiva gremial que su propuesta educativa popular ha encontrado la “cerrazón, la simulación y la provocación” del gobierno estatal, “así como la promoción de permanentes y millonarias campañas en los medios masivos de comunicación, donde se ataca al magisterio y se convoca al linchamiento político”.

Letra muerta

Respecto al incumplimiento de acuerdos minutados, sólo los del año pasado -firmados el 6 de junio último por los titulares de Gobierno, y de Administración y Finanzas, Fidel Calderón Torreblanca y Humberto Suárez López, respectivamente, de la parte oficial- arrastra un rezago del 80%. 

Ahí se incluye todo lo relativo a programas socioeducativos, como calzado, uniformes, desayunos y transporte escolares gratuitos a alumnos de localidades marginadas del nivel básico; a infraestructura, construcción, equipamiento y mantenimiento de espacios educativos, que representa más de 180 millones de pesos sin aplicar, mientras en el proyecto de desarrollo comunitario la partida presupuestal asignada de alrededor de 70 millones de pesos, se encuentra detenida.

También la basificación del total de Personal de Apoyo, de Telesecundarias, de Educación Extraescolar, resultado de los exámenes aplicados de acuerdo a los compromisos minutados, así como la regularización en el pago quincenal de más de tres mil trabajadores de la educación que ya laboran desde hace más de un año, quienes sólo han recibido préstamos gubernamentales.

Otros faltantes, de la minuta 2007 correspondiente al anterior gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, pero ratificada por el actual, son del plan contra la comida chatarra en cooperativas escolares, y donde la propuesta magisterial es la de apoyar programas de innovación; y la falta de aportación económica (tres millones de pesos) a proyectos productivos en Instituciones de Educación Media Superior.

Existe el compromiso del propio Leonel Godoy para resolver los asuntos rezagados antes de iniciar la discusión del pliego petitorio del presente año, que será entregado el próximo 30 de marzo en el marco de la megamarcha estatal en Morelia, por lo que el exhorto sindical es a no dar más largas, y cumplir la palabra empeñada.

También jefes de sector y supervisores

Dentro de la misma campaña represiva, el 16 de marzo la Secretaría de Educación en el Estado emitió un comunicado de prensa donde acusa una vez, sin decir nombre, al dirigente magisterial Artemio Ortiz, por “usurpación de funciones” al otorgar nombramientos de directivos en escuelas de la entidad.

“Señala esta dependencia que quienes se han prestado a esta irresponsable acción saben que con su firma estarán invalidando documentos de uso oficial, y cometiendo un grave delito de carácter estatal y federal que desencadenaría acciones legales, acciones estas que podrían derivar en el cese de funciones y en sanciones penales”, indica uno de los párrafos del comunicado, que alerta sobre las consecuencias al no entregar boletas a alumnos e incluso no tener la validez sus estudios.

Sin embargo, Ortiz Hurtado estableció que el equipo enquistado en la SEE dejó a propósito grupos sin maestros para culpar a la Sección XVIII de la falta de docentes, y dejarlos en mal ante padres de familia. “Yo prefiero responderle al pueblo y no a las trampas del gobierno y sus pseudofuncionarios”, señaló al ratificar nombramientos en planteles en tales condiciones, aún bajo el riesgo de ser encarcelado.

La mecánica para asignaciones en la dependencia del ramo se da por medio del escalafón en las mismas escuelas. Así, directores pueden pasar a jefes de sector, y éstos a su vez a supervisores de zona, como se ha hecho tradicionalmente, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas.

Una nota informativa del periódico La Voz de Michoacán del 19 de marzo anterior indica, citando a fuentes de la secretaría estatal de educación, que a pesar de lo apuntado en el boletín oficial, una gran parte de los cambios de directivos “no son ilegales ni incurren en agravios contra la normatividad”, sino atienden al procedimiento escalafonario como derecho laboral que se concreta a través de una comisión bipartita (sindicato-secretaría).

“De igual forma, estas fuentes confirmaron las denuncias del grupo democrático en el sentido que también integrantes de Movimiento de Bases han llevado a cabo cambios en la estructura administrativa de la SEE; sin embargo, por ser el grupo afín a Aída Sagrero no se le han hecho observaciones ni acusaciones”, apunta la información de la reportera Viridiana López.

Al ascender en puestos, muchos maestros se ven en la disyuntiva, propiciada por la SEE al no pagarles su respectivo salario, aún cuando ya tengan el nombramiento, de dejar a sus alumnos si estaban impartiendo clases para atender las nuevas funciones, o esperar a la llegada de sus sustitutos frente a grupos, lo que genera salones sin recibir instrucción educativa.

Sobre el tema, la semana pasada inició con la manifestación afuera de Palacio de Gobierno de jefes de sector y supervisores escolares en demanda del cese a la retención del pago a más de 30 de ellos desde hace cinco quincenas. Además aseguraron tener las designaciones legalmente, algunas realizadas durante el gobierno anterior.

Frente a esa situación pidieron la renuncia de Aída Sagrero y su equipo de la SEE al violentarles sus derechos laborales sólo por pertenecer a la Sección XVIII a cargo de Artemio Ortiz, y generar todo un caos administrativo en el sistema educativo estatal. Ya debe intervenir el gobernador Leonel Godoy en arreglar esta situación, demandaron los también adscritos al Colegio de Supervisores “Profr. Rafael Ramírez”.

Amenaza de desalojo

Desde el pasado 3 de marzo y durante martes a viernes entre ocho de la mañana y siete de la noche, trabajadores de la educación instalan un campamento móvil afuera de Casa de Gobierno como medida de presión al gobierno michoacano a instalar de manera seria la mesa de diálogo para dar respuesta a compromisos minutados, pago de sueldos atrasados y renuncia de los pseudofuncionarios de la SEE encabezados por Juan Pérez y Aída Sagrero.

En ese plantón, que no obstruye el paso vehicular por esa zona, el miércoles 18 los sindicalizados determinaron, ante las largas a la solución de la parte oficial, bloquear no sólo la entrada principal del inmueble sino la alterna que también conduce al estacionamiento, y mostrar así su descontento.

No más largas al cumplimiento de demandas,

 clamor en campamento afuera de Casa de Gobierno

De esa manera se impidió el acceso a funcionarios de diversos municipios del estado, convocados a un taller promovido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán (Itaimich), por lo que el evento cambió de sede. 

Sin embargo, al poco tiempo, pasadas las 9:00 horas, llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en al menos diez camionetas, incluida una grúa, pues su intención era desalojar a los manifestantes y retirar los vehículos de algunos maestros. La explicación que dieron las autoridades policiales fue que “vecinos” de fraccionamientos cercanos a Casa de Gobierno se inconformaron por la toma -que no ha impedido el flujo de automóviles-, pues estaban “secuestrados”, según su versión, y pedían el desalojo.

Hubo llamadas telefónicas a funcionarios, mientras los bloqueos magisteriales se mantenían, igual que la presencia de los uniformados a escasos metros para actuar en cualquier momento. Fue hasta las 11 de la mañana cuando representantes de la Secretaría de Gobierno se comunicaron con integrantes del Comité Ejecutivo Seccional para notificarles la instalación de la mesa central, encabezada por el secretario del interior Fidel Calderón Torreblanca, la cual por cierto no registró mayores avances.

Una vez instalada la mesa central en la sede aledaña al Bosque Cuauhtémoc de la capital michoacana, los adheridos a la Sección XVIII retiraron la toma al acceso alterno de Casa de Gobierno, y más tarde los policías se retiraron del lugar. 

Con senadores

En otro orden de ideas, el pasado 17 de marzo integrantes de la CNTE se reunieron con senadores de la Comisión de Educación, para dar seguimiento al encuentro del 5 de marzo. De acuerdo a Artemio Ortiz, líder del magisterio michoacano, hubo el compromiso de los legisladores de no aprobar la reforma al tercero constitucional avalada el 11 de diciembre último por los diputados federales, hasta en tanto no se vea el mecanismo de revisarlo a fondo en todo el país.

Y con relación a la invitación que le hiciera el Partido del Trabajo (PT) para ser candidato a una de las diputaciones federales de Michoacán, Ortiz Hurtado señaló: “Se agradecen, pero primero cumpliré con lo que me encomendó el movimiento y si el movimiento decide que después de mi gestión puedo ocupar otro cargo, pues lo revisaremos, pero sería una incongruencia de mi parte haber señalado que hay plan de boicot y luego lanzarme por una diputación”.