Contra las políticas neoliberales del “gobierno espurio” de Felipe Calderón Hinojosa; exigencia de la presentación de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, así como los demás en esa situación en el país, y la libertad de los presos políticos; cese a la militarización, rechazo a la privatización de la educación pública, y a las reformas estructurales.
Fueron las conclusiones del Foro Contra la Impunidad, Represión y Crímenes de Lesa Humanidad, organizado por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Michoacán, llevado a cabo en la Plaza “Benito Juárez” de Morelia el miércoles 8 de octubre, como parte de la jornada de lucha de los pueblos indígenas de dicha agrupación, la cual culminó el domingo 12 con la tradicional manifestación, que partió de la comunidad tabiquera de Uruapilla, actualmente presa de la represión a sus pobladores, hacia Palacio de Gobierno.
Como cada año, previo al llamado “descubrimiento de América”, artesanos de la Organización Campesina, Indígena y Popular (OCIP) “Ricardo Flores Magón”, adherida al FNLS, se plantaron en la Plaza “Benito Juárez” con improvisados puestos de venta de artesanías elaboradas por pobladores de Santa Fe de la Laguna, Ihuatzio, Tzintzuntzan y Angahuan, entre otras. También ofrecieron comida representativa de la Meseta Purépecha (corundas y churipo) a la población moreliana, aunque el viernes anterior debieron trasladarse a la Plaza Valladolid, tras llegar a un acuerdo con el ayuntamiento moreliano.
Pero igual a eventos anteriores, el hostigamiento se dejó sentir esta ocasión, con la presencia amenazante de personas de “tipo militar o policial”, según denunciaron los organizadores, mientras funcionarios del ayuntamiento de Morelia, de extracción priista, trataron de impedir la instalación de los artesanos desde el pasado 5 de octubre, arguyendo la restricción legal para “vendedores ambulantes” en el centro histórico.
Sin embargo, el representante de la OCIP y del FNLS en el estado, Jorge Ceja Ramos, aclaró que no son vendedores ambulantes, sin demeritar tal actividad. Subrayó que son artesanos que participan en una jornada de lucha por la presentación de desaparecidos, libertad de presos políticos, cese a la represión hacia integrantes de organizaciones sociales, y solución a conflictos por tierras; además de exigir el respeto al derecho de manifestarse en lugares públicos.
Respecto al hostigamiento, indicó que el 7 de octubre se presentó una persona “haciéndose pasar por reportero” para sacar información del movimiento, y al pedirle se retirara, molestó aventó una de las sillas en la plaza capitalina donde está su campamento y puestos de artesanías y comida.
Minutos antes del foro, el miércoles 8, agregó, un señor “de tipo militar” se paseó por la sede del mismo en forma amenazante; tiró al suelo un cigarro que fumaba, se quitó su chamarra, dejando ver un aparato de comunicación a través del cual supuestamente recibía instrucciones para vigilar a los miembros de la “Ricardo Flores Magón”.
En tanto, en pleno evento, fue visible el paso de dos jeeps militares con soldados a bordo, a unos metros, y la presencia de otros tres de ellos, a pie, enseñando sus armas, a unos pasos, aunque se trasladaron a un lugar distinto.
El sello de la ultraderecha
Después de rendir honores a la bandera nacional, inició el Foro Contra la Impunidad, Represión y Crímenes de Lesa Humanidad, donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán calificó que la militarización, la desaparición forzada y la impunidad oficial, son rasgos característicos en el gobierno de la ultraderecha que hoy opera en México e indicativo del camino irreversible hacia el fascismo.
En un reporte de la organización, acusa: “La militarización, si la dejamos avanzar se convertirá en un cáncer político; en varias comunidades michoacanas el ejército federal recrea un clima de guerra, pretextando luchar contra la delincuencia organizada, someten a la población a tratos crueles, inhumanos y degradantes; en Carácuaro y Nocupétaro violaron a jovencitas, allanaron hogares y amenazaron a ciudadanos, algunos actos los cometen con los rostros cubiertos con pasamontañas, lo cual es una clara violación a la constitución y les permite actuar con impunidad; cometen así delitos con todos los agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja.
“Nada se salva de los abusos militares; en Morelia, la capital del estado, por momentos se convierte en una ciudad ocupada en diversas colonias, los operativos del ejército federal se realizan a cualquier hora del día y de la noche, irrumpen con violencia premeditada a las casas, amenazan, interrogan y despojan a los ciudadanos de sus pertenencias, esto genera psicosis entre la población, en los niños genera traumas y terror, para los niños el militar es un individuo que daña las casas y de quien hay que cuidarse, han llegado a colonias donde viven familias del FNLS, y se les ha impedido allanar las casas; cuando se les pide la orden del juez para entrar a las casas, los soldados sólo dicen ‘la orden está dada’, ‘son órdenes de Calderón’, esto significa en los hechos la implantación de un estado de sitio, pues violan la Constitución cuando no obedecen la indicación constitucional de la necesidad de una orden de juez”.
Sobre ese particular, denuncia que ya incluso los soldados trataron de ingresar sin la correspondiente orden judicial a su Casa Comunal en la capital michoacana, con el pretexto de la existencia de armas y droga, lo cual no les fue permitido y entonces los elementos castrenses se dedicaron a tomar fotografías del inmueble, amenazando con regresar y entrar por la fuerza, en un hecho calificado como intimidación hacia la agrupación.
Respecto a la impunidad, el reporte citado alude al asesinato del miembro de la OCIP José Luis Torres Cruz, donde uno de los responsables del crimen “se pasea y asiste a las comparecencias sobre el caso sin que sea detenido”.
Énfasis especial hacen al caso de la comunidad tabiquera La Loma Uruapilla, perteneciente al municipio de Morelia, y que hoy libra una lucha agraria por 97 hectáreas con ejidatarios de Santiago Undameo quienes, afirman, pretenden desalojarlos del lugar en el cual habitan desde hace decenas de años, trabajando la elaboración de tabique, y entregárselo a empresarios, como la familia Ramírez, dueña del emporio Cinépolis.
El 12 de junio último, el comunero Moisés Molina Rodríguez es detenido y torturado durante 14 días en una especie de cárcel clandestina, de acuerdo a su propia denuncia, “invitándolo” sus captores, a desistir de la lucha por las casi 100 hectáreas. Lo dejaron libre hasta el 26 del mismo mes, y la primera semana del cautiverio forzado estuvo sin probar alimentos.
Una semana después, el 18 de junio, José Reyes Aguilar fue balaceado por sujetos de “tipo militar”, y a consecuencia de eso perdió su pierna izquierda, igual con la presión de los agresores para que entreguen las tierras en disputa a sus opositores.
Otra aprehensión-desaparición ocurrió el 4 de julio anterior en la persona del comunero Avenicio Reyna Cruz, torturado con latigazos en su espalda por una decena de horas, provocándole costillas rotas. Ahí ya se denunció directamente al abogado de gente de Santiago Undameo, José Guadalupe Guía Carréon, como uno de los que participó en la detención, junto a un actuario del Tribunal Agrario No. 36, que le dio la razón legal a los ejidatarios.
Y el pasado 11 de septiembre llegó a Uruapilla el propio Guía Carreón, gente de Undameo y policías, con el propósito de construir un muro en torno a la localidad tabiquera, e incluso usaron una máquina excavadora; pero los comuneros y estudiantes lo impidieron. La OCIP presentó denuncia contra el abogado señalado, y “no es detenido y los elementos policiacos lo protegen”.
Critican la “actitud pasiva” del gobernador michoacano Leonel Godoy Rangel, mientras la represión hacia los habitantes de Uruapilla sigue, y las secuelas ya la sufren los niños con daño psicológico, como el caso concreto de los hijos de José Reyes Aguilar, quienes presenciaron la agresión a su padre cuando se lo llevaron de su vivienda, y al escuchar ruido de automóviles similar al utilizado en esa violencia, “presentan rasgos traumáticos”.
La tortura a Avenicio Reyna
Por su parte, Avenicio Reyna dijo en el foro que su detención el 4 de julio pasado fue por resistirse a entregar las 97 hectáreas en litigio, y ante ese rechazo, José Guadalupe Guía “montó en cólera”, lo insultó, lo llamó un alborotador y entonces ordenó a quienes lo acompañaban, tipo policías y armados vestidos de civil, a llevarlo a una cárcel clandestina, pues detectó en ese sitio a más personas en condiciones similares.
Ahí lo patearon, fracturándole cuatro costillas. “Después me dieron como unos 40 latigazos a la espalda y al ver que no se me ponía morada me echaron jugo de limón en la espalda para que brotara la sangre, no fue así; después me siguieron torturando, me dieron unos 60 latigazos y ya se me puso la piel morada, luego me volvieron a echar agua con sal para que me retorciera, dijeron ellos que me iba a retorcer como una lombriz, y no fue así porque tenía todo adormecido de los golpes, por las costillas fracturadas”.
Enseguida lo trasladaron a otro cuarto, que identificó como un baño pues se le soltó la venda aunque se la volvió a amarrar para no enfurecer a los agresores, y en ese lugar vio a otras personas, e “incluso no quise platicar con ellas porque podría ser que nos fuera mal tanto a ellos como a mi”. Afirmó que los golpes fueron de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche, por espacio de 12 horas, y sus torturadores señalaron que lo iban a dejar “suavecito” para que no continuara la lucha en defensa de la tierra en Uruapilla.
Sostuvo que seguirá en la defensa del predio comunal, y en el trabajo organizado porque, apuntó, gracias a la labor coordinada del FNLS en Michoacán, la OCIP y otras agrupaciones, “estoy aquí con ustedes”.
Más denuncias
A nombre del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Gustavo Hernández acusó que el gobierno de Leonel Godoy y la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNG) Silvia Figueroa Zamudio, intentan criminalizar al movimiento de estudiantes, que sólo pide acceder a recibir instrucción académica en esa institución. Lo anterior debido a que hay ocho órdenes de aprehensión contra jóvenes de ese referente por el delito de despojo de inmueble, al tomar las sedes de Tesorería y de Rectoría universitarias en abril último, precisamente en el marco de su lucha por esa petición.
Y abundó: “No es justo que a los estudiantes se les estén ejerciendo órdenes de aprehensión, simplemente porque quieren ellos prospectarse a las elecciones federales. Hemos estado insistiendo con pruebas que nuestros abogados, compañeros del magisterio, que las pruebas que han presentado al ministerio público carecen de sustento para acusar a nuestros compañeros”.
Mediante un volante, la FER, donde se encuentran las casas del estudiante “Arturo Gámiz García” y “Joven Guardia Revolucionaria”, dan cuenta que el juez cuarto de distrito no dio la salida legal al recurso de amparo contra las órdenes de aprehensión, interpuesto el pasado 8 de septiembre por sus abogados.
Con esa resolución, establece el escrito, se pone en evidencia que la procuraduría de Michoacán “es un órgano inquisitorio e instrumento de represión y violencia contra el pueblo, a ellos se deben la inexistencia de un estado de derecho pues sólo basta la calumnia, la difamación y compra de tres testigos falsos con recursos universitarios, para someter a luchadores estudiantiles a procesos irregulares e inquisitorios como el nuestro, sin que se haya acreditado debidamente los elementos jurídicos del delito y mucho menos nuestra presunta responsabilidad en los injustos procesos que se nos acusa”.
Los ocho jóvenes con orden de aprehensión, son: Ismael Díaz Cázares, Magdalena Morales, Susana Reyes, César Martínez, Amado Feliceo, Noé Rey, León Villafaña, y una mujer de nombre Beatriz, sin que dieran conocer sus apellidos, y quienes viven escondidos, con la zozobra de ser detenidos en cualquier momento.
En su oportunidad, alumnos de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, dieron a conocer que la represión hacia los planteles de ese tipo se da porque de ellos surgen luchadores sociales, personas capaces de cambiar el sistema en el cual vivimos, y así se refleja con la desaparición de la escuela de El Mexe, Hidalgo, y el anuncio de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo de sustitiuirlas por instituciones técnicas.
De igual manera denunciaron que la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), firmada por la propia Elba Esther Gordillo y el presidente “espurio” Felipe Calderón Hinojosa el 15 de mayo anterior, pretende en realidad acabar con la escuela pública, por eso participarán por impedir su implantación en Michoacán y el país; pero también seguirán su vocación tradicional de luchar al lado del pueblo.
A su vez, Cristina Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruiz, desaparecido desde el 26 de septiembre de 2007 en la ciudad de Morelia, denunció que a un año y 15 días del suceso, no obtienen respuesta de las autoridades correspondientes. Responsabilizó de ello al “espurio” Felipe Calderón.
“Lo único que han hecho es querer cansarnos moralmente para que nosotros paremos de buscarlo. La guerra sucia no ha terminado, hay miles de detenidos-desaparecidos en México, lo único que cambia es el nombre de los torturadores y genocidas, ahora Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño; es por eso que yo desde aquí le exijo a ese torturador que entregue con vida a todos los detenidos-desaparecidos del país, que si hay un delito que les están poniendo, que se les juzgue conforme a derecho”, remarcó.
Representante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), que abarca a comunidades de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, Ramiro Díaz, dio un recuento de la represión en aquella zona de las huastecas desde finales de los años 70, y a la fecha suman más de 200 asesinatos en la región, cometidos por policías y paramilitares, sólo por el hecho de organizarse.
Puntualizó que el atentado ocurrido en Morelia el pasado 15 de septiembre donde murieron ocho personas y resultaron heridas 132, es “una trampa” de Felipe Calderón para justificar la militarización del país y amedrentar a las organizaciones sociales para que ya no se reúnan y organicen en defensa de sus derechos y contra la política gubernamental fascista; pero llamó a mantener la unidad y organización para enfrentar esa situación.
Rogelio Bautista, de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, se refirió a la lucha de tierras en su localidad con ganaderos de Quiroga, iniciada desde 1978, donde a lo largo de esos 30 años han tenido muertos como Elpidio Domínguez, y el gobierno utiliza la táctica de la división en la localidad, fomentando grupos e imponiendo autoridades comunales. La disputa actualmente es por dos predios, uno de alrededor de 40 hectáreas, otro de dos hectáreas.
“Por eso es bueno organizarnos, no sólo con las comunidades sino con otras organizaciones para poder defendernos”, concluyó.
Mientras tanto, Jorge Ceja Ramos del FNLS en Michoacán y de la OCIP “Ricardo Flores Magón”, informó que siguen desaparecidos desde el pasado 7 de agosto dos abogados originarios precisamente de Santa Fe de la Laguna: Juan Hernández y Alejandro Cortés, funcionarios estatales, por lo cual ya no importa si son priistas, perredistas o integrantes de organizaciones, pues todo el pueblo corre la suerte de padecer la represión, y “la única garantía de nosotros es seguir organizándonos”, aseveró.
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