Adolfo Mejía fue encarcelado injustamente como supuesto autor intelectual del movimiento estudiantil de 1968, que desembocó en la represión del 2 de octubre
Para el preso político en 1968 Adolfo Mejía González, fue el Estado, ahora enfundado en la ultraderecha, el responsable de la represión contra normalistas rurales el pasado 27 de noviembre en inmediaciones de la comunidad moreliana de Uruapilla, con la clara intención de desaparecer a las instituciones de este tipo.
“Lo que pasó ahora en Tiripetío no es algo que debamos señalarlo como imputable a los jóvenes estudiantes, hay que señalar como responsables al Estado y a sus respectivos gobiernos, del color que sean, pues ahora todos ellos tienen una marca de corresponsabilidad en esta política nefasta de pretender acabar con las escuelas normales rurales; quieren acabar con todo rasgo de educación pública”, subrayó al participar en la presentación de los diez volúmenes de México: genocidio y delitos de lesa humanidad. Documentos fundamentales 1968-2008, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) el 3 de diciembre anterior.
Citó que desde la gestión de Miguel Alemán Valdés hasta la actual del panista Felipe Calderón Hinojosa, se da un entendimiento, “si no abierto, sí por debajo del agua”, con los intereses imperialistas de Estados Unidos, donde no falta la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dejando de lado el nacionalismo revolucionario.
Mejía González (Peribán, Michoacán, 1932) se graduó de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH en 1958, apoyando desde entonces movimientos sociales como el de los ferrocarrileros; antes, había sido dirigente estudiantil en los años 50. En 1968, el 28 de julio, un grupo de estudiantes le pidió la defensa legal de jóvenes detenidos dos días antes en choque con policías, lo cual inició los sucesos que concluirían en la matanza del 2 de octubre de ese año.
Aceptó, y el 31 de julio siguiente acudió al despacho del licenciado Juan Manuel Gómez Gutiérrez, quien defendía a muchos de los aprehendidos el día 26 del mismo mes. En ese lugar lo detuvieron dos policías que acudían frecuentemente a las reuniones del Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam -formado en 1966 y donde fungía como secretario general-, en calidad de supuestos activistas interesados en esa lucha.
“No me queda duda de que, de común acuerdo con la Procuraduría General de la República y la Dirección Federal de Seguridad, actuaban en México agentes de la CIA, ya que sus agentes actuaban descaradamente registrando todo lo que hacíamos en apoyo a Vietnam”, expresó.
Estuvo recluido en el penal de Lecumberri desde agosto hasta la madrugada del 25 de diciembre de 1968, y lo acusaron de ser parte de los autores de las manifestaciones estudiantiles que comenzaran en el politécnico nacional y luego en otras instituciones universitarias.
Por ejemplo, El Universal en su edición del jueves 1º. de agosto de 1968, publicó en la nota correspondiente: “Señalados como los autores intelectuales y materiales de los disturbios registrados en esta Capital durante los últimos cuatro días, cinco dirigentes del Partido Comunista Mexicano, capturados poco después de las 20 horas, anoche, se encuentran en los separos de la Procuraduría General de la República. El procurador general, licenciado Julio Sánchez Vargas, declaró anoche mismo que hay elementos suficientes para la consignación de estos sujetos por subversión”.
A su vez, El Día, de la misa fecha, refirió en uno de sus párrafos: “El boletín expresa que (y se refiere a otro del 28 de julio) ‘de diversos testimonios e investigaciones realizadas, se llega a la conclusión de que los líderes del Partido Comunista Mexicano y de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que es la expresión estudiantil de ese partido, el viernes 26 de julio tuvieron una reunión en las oficinas del PC (Mérida 186)… en la que acordaron protestar contra la Jefatura de Policía y enviar grupos de choque al acto que realizarían los alumnos del Politécnico, con el objeto de provocar desórdenes para que se viera obligada a intervenir la policía y agravar el problema entre ella y los estudiantes del IPN’”.
Ambos textos están en los libros “Yo no fui un delincuente”, y “La herencia repudiada”, del propio Adolfo Mejía, uno de los cinco “sujetos” apresados, quien entonces no pertenecía al Partido Comunista; era abogado postulante, miembro del referido comité de apoyo a Vietnam, país invadido por Estados Unidos, y años atrás integró el Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
“En el 68 ya se planteaba el entendimiento expreso entre el PRI-Gobierno y el gobierno de Washington en el marco de la Guerra Fría, para evitar que intervinieran los marines para derrocar al gobierno mexicano, como ocurrió en otros países de América Latina, pero aquí se entendieron, según yo y que se deduce por la represión desatada, para evitar que los comunistas triunfaran en México, desatando la represión para controlar, perseguir, encarcelar, desaparecer, torturar”, sostuvo.
También, estableció, se atacó a la guerrilla hasta prácticamente terminarla, como los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, con lo cual puede decirse que se cumplieron al pie de la letra las indicaciones de EU y la CIA, donde incluso hubo desaparecidos aventados desde aviones al mar, situación similar a la de otras naciones del continente.
Cuando los gobiernos mexicanos debieron acatar los tratados internacionales sobre derechos humanos y similares, deteniendo, consignando y dictando sentencia a quienes consideraban delincuentes, no recurriendo a la represión.
Resumió que el Estado mexicano se olvidó del nacionalismo revolucionario y acabó entregado totalmente a los intereses políticos y económicos de la oligarquía nacional y del imperialismo estadounidense, y abundó:
“La oligarquía de este país, que ha asaltado la presidencia, y para nuestra pena y nuestro coraje, la derecha y ultraderecha, que siempre fue enemiga de los trabajadores y el pueblo, que no logramos nunca llegar a derrotar, y hasta ha llegado al poder y nosotros nos encontramos a la defensiva, una defensiva que tenemos que organizar para que llegue el día en que cambiemos la correlación de fuerzas, los lancemos del poder y establezcamos un gobierno realmente popular y democrático”.
Precisamente ahora con la llegada de esa ultraderecha a la presidencia, mantiene los mismos intereses hacia la oligarquía y al gobierno en turno de Estados Unidos, y fue donde enmarcó la represión a los normalistas de Tiripetío, y de otras partes del país el 27 de noviembre en territorio michoacano, operativo del cual detuvieron a 130 jóvenes, 130 mujeres, todos golpeados.
Entonces se preguntó, “¿qué interés se está moviendo en este conflicto que se ha, materialmente, provocado por parte del Estado? El interés que tiene la derecha de este país de desaparecer y debilitar cada día más todas las manifestaciones de educación pública laica, gratuita, y sobre todo si tienen un contenido popular, como es el caso de las normales rurales de nuestro país”.
Y pidió a los normalistas afinar y actualizar las líneas tácticas, poniendo la puntería en los fines estratégicos para que el objetivo de salvar a la educación popular y gratuita a las rurales tenga éxito.
Por otro lado, refirió que los delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada y detención por motivos políticos, “van en aumento”, y pese a estar contemplados en el Código Penal Federal, no se aplican a los infractores, ante lo cual llamó a, como sociedad, exigir su cumplimiento.
“Pareciera una paradoja y una contradicción que viniendo el Estado mexicano de un movimiento revolucionario de tendencia y contenido social, desde la posrevolución sus distintos gobiernos abrieron el negro capítulo, que sigue todavía abierto, de criminalizar a los luchadores sociales, y liquidar a los líderes y dirigentes de los movimientos sociales; esto empezó en plena revolución con los casos de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Por eso hay que enfrentar al Estado en su intención de criminalizar la lucha social”, concluyó Mejía González.
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