Una queja ante la CEDH por abusos militares cada dos días, en promedio
Felipe Calderón inició su cuestionada gestión rodeado de la milicia,
y así continúa a través de sus operativos conjuntos
El pasado 11 de diciembre se cumplieron dos años de la Operación Conjunta Michoacán, orquestada por el impugnado presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde el saldo a la fecha es trágico, sobre todo por el atentado contra civiles el 15 de septiembre último en la plaza principal de Morelia, donde perdieron la vida ocho personas y más de 130 resultaron heridas. Se suman arriba de 300 quejas contra elementos del Ejército en territorio estatal, una cada dos días en promedio, incluidas violaciones sexuales, tortura y homicidios a gente indefensa.
Para el integrante del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) de Michoacán, Antonio García Ahumada, y el politólogo Eduardo Nava Hernández, quienes coincidieron en la mesa redonda “Dos años de la Operación Conjunta Michoacán, la represión y los atentados del 15 de septiembre”, el miércoles 10 en el Colegio de San Nicolás, ese proyecto ha fracasado aunque a raíz de los dos granadazos en el centro histórico moreliano, la situación tomó otro cariz.
Nava Hernández se cuestionó la aparente tranquilidad en cuanto a ejecuciones en tierras michoacanas después de ese lamentable suceso, aún sin aclarar pese a la detención y consignación de tres hombres supuestamente pertenecientes al grupo delincuencial Los Zetas, y especuló con versiones ya difundidas de que las autoridades estatales habrían negociado con otra expresión del narcotráfico una especie de tregua, en este caso La Familia Michoacana, lo cual de resultar cierto significaría el reconocimiento del fracaso del operativo militar y policiaco calderonista.
García Ahumada, a su vez, llamó a las organizaciones sociales del estado a coordinarse frente a la represión mayor previsible, cuyos indicios se observaron el pasado 27 de noviembre cuando normalistas rurales fueron golpeados y 139 de ellos detenidos, 130 mujeres, durante una movilización pacífica en las cercanías de Morelia, donde el propósito de fondo es desaparecer ese tipo de instituciones educativas. Además de los exhortos, cada vez más frecuentes, de sectores empresariales y de la ultraderecha en Michoacán, para prácticamente reprimir cualquier intento de movilización.
Otro factor reciente que colocó para generar desde el gobierno las condiciones de aumento a la represión, es la detención de dos dirigentes del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos y Juan Linares Montúfar, mostrando la intromisión gubernamental en los gremios que pudieran considerar peligrosos a los intereses capitalistas.
“Esto está relacionado con una de las exigencias de los patrones, de que es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo; en Michoacán se ve cuando la patronal de Texas ligada a la Kansas City Southern, pide al gobierno que le dé la Isla de la Palma, y también vemos cómo el gobernador del estado, a raíz del 15 de septiembre se planteó un discurso de vuelta a la normalidad, se supone que hoy ya estamos en la normalidad, como antes del 15 de septiembre, y esto obedece a una presión de los patrones, muy interesados en explotar el turismo en Morelia, que han venido usufructuando todo el centro histórico con hoteles, restaurantes, y que paradójicamente son los que más han alentado en Michoacán esas políticas de represión”, sostuvo.
Y en este sentido, ubicó la iniciativa presentada en octubre anterior por el Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara local de diputados, para reglamentar las manifestaciones, con una serie de candados que impedirían las marchas como las del magisterio democrático, uno de los movimientos más reprendidos por el oficialismo.
Sinónimo de abusos
Felipe Calderón implementó la Operación Conjunta Michoacán cuando tenía apenas 11 días en la presidencia, a la cual llegó en medio de la sospecha de un fraude electoral al sólo alcanzar medio punto porcentual de votos arriba del perredista Andrés Manuel López Obrador, y en una toma de protesta accidentada, rodeada de policías y militares. Ése sería su sello.
La primera actividad oficial que tuvo fue acudir al Campo Marte a anunciar un aumento del 50% al sueldo de los soldados, y en la operación conjunta, que sustituía al México Seguro de su antecesor Vicente Fox Quesada, decidió enviar a su tierra cuatro mil 260 elementos del Ejército, 46 aeronaves, 19 perros y 246 vehículos terrestres de la milicia a combatir el narcotráfico.
Por su parte, la Secretaría de Marina mandó mil 54 efectivos de la infantería, nueve helicópteros, dos aviones con cámara de detección nocturna y cuatro patrullas. La Secretaría de Seguridad Pública, mil 400 policías, investigadores y ministerios públicos, para instalarse en puntos de control, revisión en carreteras, ejecución de órdenes de cateo, labores de inteligencia y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Cerca de siete mil personas preparadas para desmantelar al narcotráfico.
En el estado natal de Calderón Hinojosa, donde ciertamente existe presencia de los cárteles del Golfo, Sinaloa, del Milenio, principalmente, habían tenido más de mil 500 ejecuciones entre 2005 y 2006, y entre diciembre de 2006 y el 2007, casi tres mil asesinatos, la mayoría achacados a la guerra entre bandas del narco. Así como una fuerte penetración en las autoridades municipales.
A ese factor, resaltó Eduardo Nava, el titular de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván fue encargado de la XXI Zona Militar de Morelia durante el sexenio de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002), y al momento de ponerse en marcha gobernaba el militante activo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Lázaro Cárdenas Batel, instituto político que emprendía la resistencia al fraude electoral donde autoridades electorales le dieron el triunfo al panista Calderón.
“El despliegue militar y policiaco colocaría al gobierno perredista en una posición de subordinación ante la militarizada presidencia de la República y se constituiría también en un factor de disuasión de la protesta social; pero además, la movilización militar contra la delincuencia parece haber sido el recurso más a la mano del cuestionado gobierno para rodearse de alguna legitimidad ante amplios sectores de la población que veían con escepticismo su proclamado triunfo electoral”, apuntó el también articulista del diario Cambio de Michoacán.
Iniciando el 2007, Felipe Calderón acudió una vez más ante los militares, ahora en el destacamento de la XLIII Zona Militar de Apatzingán, Michoacán, donde vestido de casaca militar dio un mensaje de apoyo a los soldados. Ya había decomisos de enervantes, pero ningún detenido de peso completo ni alguna fractura financiera dentro de la estructura del narcotráfico. Más tarde empezarían las denuncias de abusos de los castrenses.
En mayo del año pasado, un grupo de soldados que indagaba la muerte de compañeros suyos emboscados, acudió a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, y Apatzingán. Sin una investigación profunda, los militares detuvieron y torturaron a cinco personas, allanaron viviendas, violaron a dos menores de edad y a otras dos las abusaron sexualmente, según las recomendaciones 38 y 39 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Durante el 2007 se presentaron en total 126 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra elementos del Ejército por vejaciones, tortura, cateos domiciliarios sin las órdenes correspondientes, y violaciones sexuales, principalmente. Faltaba lo peor.
Ya en el segundo año del operativo calderonista, el 11 de enero de este 2008, fue asesinado por militares el estudiante del Colegio de Bachilleres de Huetamo, Víctor Alfonso de la Paz Ortega, de 17 años de edad. Esa fecha, cerca de las siete de la noche, el joven iba acompañado de su amigo Juan Carlos Peñaloza García a bordo de una camioneta marca Ford, conducida por éste último, en el primer cuadro huetamense, cuando elementos en un retén militar les pidieron identificarse pues realizaban un operativo.
Sin embargo, los tripulantes de la unidad, asustados por la prepotencia de los soldados, siguieron su camino, motivo por el cual uno de los uniformados les marcó el alto con disparos realizados, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a las llantas del vehículo, aunque en un momento dado una bala calibre 7.62 para G3 de uso exclusivo del Ejército, se incrustó en el pulmón de Víctor Alfonso de la Paz, quien instantes después perdiera la vida, mientras los militares golpeaban a Juan Carlos Peñaloza al momento de detenerse. De tales hechos se presentó la queja 2/2008/123/Q, ante la CNDH.
No fue el único caso de muerte a civiles. El 12 de mayo anterior, cerca de las cinco de la tarde frente al Centro de Adiestramiento Básico de Infantería (CABI) de la XXI Zona Militar de Morelia, soldados dispararon desde una camioneta en movimiento a dos menores de edad que se encontraban abasteciendo combustible a un vehículo propiedad de la familia de uno de ellos, situación que a los militares les pareció sospechosa. De ese accidente resultó muerto Iván Calderón, de 16 años de edad, y el otro adolescente, Giovanni Fuerte Hernández, de 17 años, cayó herido por las balas.
El más reciente se reportó el pasado 25 de noviembre en la comunidad La Ruana, cercana a Apatzingán. Ahí fue lesionada con balazo en la cabeza la niña de 12 años Tania Azucena Corona García, quien llevaba comida a sus hermanas a la escuela de la localidad de Tierra Caliente michoacana, pero se cruzó con elementos del Ejército que perseguían a un individuo, presunto delincuente, lanzando disparos de armas de fuego, uno de ellos se incrustó en la humanidad de la menor. Eran las 10:30 de la mañana.
Producto de la herida, fue trasladada primero a un nosocomio de Apatzingán, horas después a uno de Uruapan ante la gravedad, donde se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras la CNDH emitió el 11 de diciembre la recomendación cautelar para que Tania Azucena Corona sea trasladada a un hospital militar a recibir atención médica especializada, con todos los gastos cubiertos por la Defensa Nacional.
Los autores de esos delitos no pueden ser consignados ante autoridades judiciales por pertenecer al régimen militar, ante cuyo tribunal se sujetan, sin conocerse las resoluciones acordadas.
Respecto a otras actuaciones de los milicianos dentro de la Operación Conjunta Michoacán, son frecuentes las denuncias de civiles por allanamientos de morada de forma prepotente, sin ninguna orden ministerial, agresiones físicas, verbales, robo de pertenencias familiares y detenciones.
Por ejemplo, el 7 de febrero del presente año luego de que narcotraficantes arrollaron y mataron a un teniente en la comunidad de Úspero, del municipio de Parácuaro, cientos de soldados en busca de los asesinos catearon varias casas de dicha población, sin la orden respectiva, retuvieron a elementos “sospechosos”, y algunos pobladores denunciaron robo de objetos de sus viviendas.
Un día antes, en Morelia elementos del Ejército prácticamente tomaron por asalto el edificio ubicado en la calle Manantiales número 317, rompiendo puertas, pisos, ventanas, encañonando incluso a mujeres y niños, saqueando 14 domicilios, con el pretexto de detener a presuntos secuestradores, que nunca aparecieron, tras una llamada anónima. Por supuesto que tampoco mostraron orden de cateo.
Incluso los afectados elaboraron un comunicado de prensa, repudiando “las acciones ilegales, fascistas y vandálicas que contra la ciudadanía michoacana ha desatado el Ejército Mexicano con el pretexto de combatir a la llamada delincuencia organizada”. Igual denunciaron la desaparición de joyas, dinero en efectivo, computadoras portátiles, cámaras fotográficas y muebles, presentando la correspondiente denuncia penal y queja ante derechos humanos.
Previamente, el 9 de febrero pasado en la colonia Aviación de la ciudad de Apatzingán, alrededor de 200 elementos del ejército, de acuerdo a los medios de comunicación, realizaron el cateo a un domicilio para capturar a “peligrosos delincuentes”. Sin embargo, no encontraron nada ilícito, aunque sí se llevaron algunas joyas y destrozaron los accesos a la vivienda, ubicada en la calle Sánchez Tapia.
Otra de las quejas presentadas ante la CEDH proviene de Zamora, donde militares ingresaron el 22 de febrero último, sin el documento legal, a una casa en busca de “tiradores” de droga, según una denuncia anónima presentada. No encontraron nada fuera de la ley, pero sí provocaron pánico en dos niñas, de ocho y 14 años de edad, únicas ocupantes al momento del operativo.
Un día después, el 23 de febrero en colonia La Huerta, específicamente en la calle Granada número 77, de la capital michoacana, unos 30 soldados apuntaban a la vivienda, bajo el socorrido pretexto de que había alguien secuestrado, y trataban de irrumpir a la casa. Todavía estaba oscuro, pues eran las seis de la mañana.
De ese operativo detuvieron a Luis Alfonso López Zamora, por presunto secuestrador; robaron celulares, tres mil pesos en efectivo y varias alhajas. Esa misma madrugada fueron aprehendidos en acciones similares y en distintos rumbos de la ciudad Benjamín Mora López, Edgar Eliu Rodríguez Hernández y Víctor Manuel Gutiérrez Barriga, acusados por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, junto con López Zamora, porque de acuerdo a la milicia, les encontraron “un arsenal” en un domicilio de la colonia Valle Quieto.
Luego de denuncias de familiares y presentar las pruebas pertinentes, obtuvieron su libertad, pues quedó demostrado que eran ajenos a cualquier ilícito.
Ese mes de febrero fue el más violento con las incursiones militares a viviendas, y ya en el primer bimestre del actual año se registraban 51 quejas ante derechos humanos en la entidad. A la fecha, suman 240 las denuncias a soldados, recibidas por la CEDH, la mayoría en Morelia, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro. 54 de esos expedientes fueron presentados por tortura.
Por lo que en dos años de la Operación Conjunta Michoacán van 366 quejas por violación a derechos humanos de civiles por parte del Ejército Mexicano, lo cual da prácticamente un promedio de una por cada dos días.
Y tampoco se han visto mayores avances en cuanto a la captura de narcos, ni decomisos, “para que la droga no llegue a tus hijos”, como refiere el spot presidencial, menos desmantelar el negocio económico de los cárteles. “El efecto directo de operativos como el aplicado en Michoacán y, más tarde, en otras entidades como Chihuahua ha resultado el inverso de lo esperado”, estimó Nava Hernández.
Achacó esa situación a que sólo se despliegan elementos policiacos y militares, pero sin un plan de inteligencia para alcanzar los objetivos específicos y asestar golpes precisos a las fuentes de poder de los grupos delincuenciales.
Abundó: “Los pocos golpes espectaculares que se han dado en Michoacán se han debido a la casualidad o a delaciones, más que al trabajo estratégico de las corporaciones del Estado. Casi nada se ha hecho para frenar el tráfico de armas por la frontera norte o para que el gobierno estadounidense tenga más control sobre los doce mil puntos de venta de armas que existen en lugares fronterizos con México, ni para romper los circuitos por los que circula el capital financiero generado por la droga y otras formas ilícitas de enriquecimiento”.
El factor del 15 de septiembre
En ese panorama, sucedió lo que prácticamente nadie imaginaba. La noche del 15 de septiembre pasado durante la ceremonia del “grito” de Independencia en Morelia, se lanzaron dos granadas de fragmentación hacia la población inerme que celebraba las fiestas patrias; una fue aventada desde la plaza Melchor Ocampo, casi enfrente de Palacio de Gobierno; la otra, cuatro cuadras hacia el poniente del inmueble. El saldo: ocho muertos, más de 130 heridos, algunos con amputaciones en piernas.
Once días después fueron presentados Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea como presuntos autores materiales confesos del atentado en la capital michoacana, y dijeron ser miembros de Los Zetas, brazo ejecutor del Cártel del Golfo, en pugna con La Familia Michoacana, que mediante mantas aparecidas en Morelia se culpaban mutuamente de la agresión.
Sin embargo, familiares de los detenidos y ellos mismos, denunciaron ante la CNDH que fueron detenidos en Lázaro Cárdenas, no en Apatzingán como declararon autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y no el 24 de septiembre producto de una llamada anónima, sino en distintas fechas entre el 18 y 23 de ese mes.
Castro Galeana fue “secuestrado”, de acuerdo a sus familiares, el 18 de septiembre en su propio centro de trabajo, el taller de hojalatería y pintura “González”; Mondragón Mendoza el 21 de septiembre, de su propio domicilio; y Rosas Elicea el día 23, igual de su hogar. Los tres detenidos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, por individuos no identificados, armados y quienes los golpearon. Al día siguiente vino la llamada anónima dando datos precisos del lugar donde estaban, atados, vendados, heridos, y hasta sus señas corporales y apodos. En su presentación en sede de la PGR el 26 del citado mes, se les vio visiblemente golpeados, lo cual despertó suspicacia de la veracidad del informe oficial.
“En la tierra natal de Felipe Calderón, parece haber sido el mensaje, los gobiernos federal y estatal no son capaces de garantizar la seguridad y son los organismos criminales los que imponen su ley. La amenaza al Estado es afectar crecientemente a la población civil si aquel no entra en negociaciones con todos los cárteles como, se dice, lo ha hecho ya con la banda de Joaquín El Chapo Guzmán”, subrayó el politólogo Eduardo Nava.
Ahí quedó la solución al atentado, como obra del grupo de Los Zetas, sin conocerse el móvil y quiénes fueron los autores intelectuales; pero surgió un factor no esperado por los michoacanos, ni la opinión pública nacional, a decir de Eduardo Nava, pues unas semanas después, sin que haya habido más detenciones, ni decomisos o afectación a los grandes capos en la entidad, los niveles de violencia, en auge meses antes, disminuyeron drásticamente.
Atentado del 15 de septiembre en Morelia
dio un giro en lucha contra el narco.
La imagen, veladoras en la plaza Melchor Ocampo
en recuerdo de los 8 muertos y más de 130 heridos
Y en efecto, los reportes de ejecuciones en nuestra entidad bajaron. Durante noviembre sólo se registraron 22 crímenes achacados al narcotráfico, contra 255 en Chihuahua, 170 en Baja California, y 91 en Sinaloa, cuando Michoacán competía por el liderazgo con dichos estados antes del 15 de septiembre.
Para Nava no hay explicación lógica, máxime cuando el procurador general Eduardo Medina Mora declaró apenas el 8 de diciembre anterior frente a corresponsales extranjeros, que en el presente año, hasta el onceavo mes, los asesinatos debidos al narcotráfico aumentaron en 117% con respecto al 2007, y auguró un incremento los próximos meses.
Como hipótesis más probable, refirió sobre la publicada en la revista Proceso, que teniendo de fuente a un elemento de seguridad nacional reveló la existencia de un pacto entre el gobierno michoacano y La Familia, alcanzado el 18 de septiembre pasado, tres días después de los granadazos, en una casa de seguridad cerca del municipio de Cuitzeo, a fin de entregarles éstos últimos a los “responsables” del artero atentado.
“Y probablemente se acordara también, especulo, establecer canales de comunicación entre ese grupo y el gobierno, y frenar la ola de violencia que venía azotando a Michoacán. Por el momento el estado vive una extraña, virtualmente inexplicable paz, que no sabemos cuánto durará, pero que sospechamos breve, efímera, y que no vimos en los dos años anteriores del Operativo Michoacán. Acaso las granadas del 15 de septiembre hayan logrado que el gobierno federal frenara sus ataques a los grupos delincuenciales y se sentara con ellos a negociar una tregua, ¿por cuánto tiempo?, ¿en qué condiciones? De ser así, se trataría de la admisión por el Estado del total fracaso de la estrategia de fuerza anteriormente utilizada y el reconocimiento de que las bandas han llegado para quedarse como verdaderos poderes fácticos que el Estado no puede ignorar”, concluyó.
Mientras tanto, Antonio García Ahumada, del FNCR del estado, organismo responsable de la mesa redonda “Dos años de la Operación Conjunta Michoacán, la represión y los atentados del 15 de septiembre” del pasado miércoles 10 en el colegio de San Nicolás, se pronunció por evitar que en este territorio se implante el laboratorio represivo de Felipe Calderón como ejemplo a todo el país, y demandó el retiro de los soldados a sus cuarteles, pues además al estar en labores de combate al narcotráfico, combinadas con abusos al pueblo, contraviene lo dispuesto en el artículo 129 constitucional, el cual establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las destinadas a su disciplina.
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