Colaboración de la Subcomisión del Educador Popular y Centro Sindical de Investigación
Doctor Marcel Arvea Damián
Ponencia presentada en el Foro Estatal de Educación y Cultura Popular de Oaxaca. 17 de enero de 2009, atrio de Catedral de Oaxaca, Oaxaca. (Resumen).
Abordo la reflexión: Los grupos en el poder, pretenden instrumentar la ACE a partir de niveles de ejecución y control sobre la escuela pública y el magisterio con el propósito de someter al pueblo a los intereses del capital global. Pretendo alcanzar criticidad abasteciendo el juicio de las evidencias que ofrece nuestra propia realidad social y educativa. Consideremos un aspecto nuclear: la anticonstitucionalidad de la Alianza que deberíamos llamar asociación delictuosa. Dos personas de dudosa legitimidad moral y política, Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, amafiados con los grupos más reaccionarios del país pretenden imponer a la población sus extravagantes delirios educativos. La Alianza por la Calidad de la Educación es una regalía que el gobierno federal concede a la lideresa vitalicia del SNTE por su destacado papel en el fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales y una oportunidad inédita de posicionamiento político a nivel nacional para Elba Esther. A este complot contra la nación se agregan los empresarios, la iglesia reaccionaria, y las fuerzas represivas del país coordinadas y legitimadas por el Estado neoliberal.
La anticonstitucionalidad de la alianza es el núcleo del conflicto. Verdaderamente está en riesgo y debemos defender sin vacilación alguna el articulo 3º. constitucional. Peligra la educación pública, laica y gratuita, no porque la educación del sistema educativo nacional haya alcanzado alguna vez dichos atributos, nunca ha sucedido, sino porque dicha anticonstitucionalidad fue planeada, diseñada y organizada a espaldas de las sociedad, en merma del magisterio, en contra del pueblo y de los intereses históricos de la nación.
Se trata de una imposición autoritaria y antidemocrática que el gobierno federal y la cúpula del SNTE pretenden imponer como política de Estado. Imposición tan aberrante que sólo es posible con la coalición facciosa de los grupos más retrógrados del país donde la alianza está pensada en contra de las condiciones de vida de nuestros pueblos, para repartirse el presupuesto educativo que tiene la educación en nuestro país con los grandes consorcios del capital global, porque si bien es cierto no se obtiene el recomendable por la ONU, el presupuesto educativo en México no deja de ser uno de los más grandes. La ACE fue realizada a espaldas del pueblo, sin la contribución del magisterio, ignorando las disimetrías sociales y culturales de los contextos escolares y educativos, exterminando culturas, uniformando conciencias, excluyendo aún más a los grupos más oprimidos, discriminados y explotados; lastimando severamente todos los derechos laborales del magisterio.
Es ilegítima. Y lo Indignante, lo vergonzoso, lo intolerable, es la contribución del Estado en esta triste y patética representación del absurdo. Si el desarrollo humano y social depende en gran parte de la educación ¿por qué entonces la educación no puede dejar de ser política de Estado para transformarse en política de interés nacional? Cómo podemos ciudadanizar, desgubernalizar la educación, cómo podemos participar activamente en las decisiones políticas que toma el Estado. Cómo se pueden involucrar los actores directamente involucrados en la toma de decisiones de tipo político. ¿Por qué no podemos participar y contribuir en el diseño y desarrollo de las políticas públicas que directamente nos incumben y nos conciernen? ¿Cómo es posible que un presidente de dudosa legitimidad política y un liderazgo magisterial histérico y pervertido quieran imponer a todo el país su voluntad de poder y sus estrafalarios delirios de grandeza? ¿Por qué se negó la consulta nacional, por qué no se propuso al congreso una reforma del sistema educativo, no de la educación, sino una reforma del sistema educativo? La educación no necesita reformas, es dinámica, va cambiando, surgen nuevos paradigmas y se caen otros. Lo que necesitamos es que el sistema sea capaz de dinamizar el modelo y el sistema educativo nacional no puede dinamizar el modelo, no puede dinamizar el artículo tercero constitucional. Hay una terrible contradicción ahí.
¿Por qué no se convocó a todos los sectores involucrados en la creación de un proyecto educativo nacional emanado de las mayorías y se ignoró al magisterio, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y civiles; por qué nunca se consultó a las comunidades, a las familias, al pueblo? ¿Dónde y cuándo fueron las consultas que dicen sustentar a la ACE? ¿Alguien asistió a esas consultas? Pues Esther no consultó al magisterio, ni a las familias, ni a los pueblos consultó. A nadie consultó. De todo ello surge un nuevo cuestionamiento: ¿Cómo podemos aspirar a crear una democracia participativa, una nueva ciudadanía si la educación y la escuela son cada vez más antidemocráticas y autoritarias? En resumen podemos decir que la Alianza por la Calidad de la Educación debe ser radicalmente rechazada porque va en contra del interés nacional, por ser anticonstitucional, antidemocrática, ilegítima e ilegal. Qué tristes atributos para una propuesta educativa emanada del ejecutivo federal y del Sindicato Nacional de la Educación.
Paso a hacer reflexión sobre los aspectos que respaldan nuestra negativa en los aspectos finos y más delicados de la ACE ocultos a evidencia primera: Esta asociación delictuosa del Estado, la cúpula magisterial y la iniciativa privada junto con la iglesia reaccionaria pretende estrictamente desarticular el espíritu del tercero constitucional. Dicha desarticulación de nuestras garantías individuales en materia educativa se pretende alcanzar ejecutando diversas políticas y procedimientos de control y penalización sobre el trabajo docente, desarticulando el magisterio como organización sindical y todo ello para que la educación pública que es una conquista histórica del pueblo de México, sucumba a los intereses de la iniciativa privada y del capital global internacional.
De este modo la ACE pretende imponerse considerando varios aspectos: El primero es sobre la modernización de los centros escolares. El primer apartado implica infraestructura y equipamiento. La ACE ofrece infraestructura a centros escolares, dicho ofrecimiento pretende equipar y rehabilitar 14 mil y 27 mil planteles escolares, respectivamente. En toda la república mexicana existen casi 220 mil centros escolares; es decir, la ACE modernizará solamente 6% de las escuelas del país, equipando y rehabilitando sólo 12% de ellas. El saldo negativo será de 205 mil centros escolares sin equipamiento, y 190 mil escuelas sin rehabilitación; es decir, el 94 y el 87%, respectivamente; no alcanzarán los hipotéticos beneficios en materia de modernización que ofrece la ACE. La triste realidad, es que 12% de escuelas en México, esto es, 26 mil centros escolares, tiene aulas habilitadas, espacios improvisados para impartir enseñanza. La realidad educativa supera cualquier ficción: se ofrece educación en cascajos de camiones, entre la chatarra, en bodegas acondicionadas, en establos. Sólo en 9.6% del país tienen infraestructura suficiente y mobiliario digno para el aprendizaje, por ello la ACE considera solución abrir los centros escolares a la inversión de capital privado.
Es fácil anticipar que con acciones de esa naturaleza la disimetría entre los distintos contextos sociales y escolares se acrecentará aún más, pues el Capitalismo invierte sólo allí donde la ganancia y la productividad son mayores, de tal suerte que las comunidades y municipios más depauperados del país, la gran mayoría, serán inevitablemente excluidos de los hipotéticos beneficios de esta modernización.
El segundo aspecto es sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí hay una trampa muy siniestra porque la ACE pretende experimentar cuatro modelos de tecnología educativa en 155 mil aulas. Se estima que en México existen más de un millón 300 mil aulas, lo que cubriría apenas sólo el 11% de la demanda nacional. Puede suponerse que la compra de tecnologías será asignada discrecionalmente por el Ejecutivo Federal y por la cúpula magisterial y siempre conforme a los intereses económicos de las empresas que monopolizan su venta y servicio; pero también de quienes controlan el monopolio de las comunicaciones, particularmente Slim, Azcárraga y Salinas Pliego, para apretar aún más la tuerca del despojo.
Se trata de hacer virtual lo real y reducir la injusta realidad social hasta hacerla invisible y desapercibida, de negar la relación humana que implica la educación, de tecnificarla, cosificarla: Ya no más una educación rostro a rostro, ya no más palabra libre ni diálogo humanizante; la educación modernizada será rostro y pantalla, software y pensamiento automatizado. La dotación a docentes de equipo de cómputo es irónica, pues sólo lograrán adquirir una computadora, recurso que no fue diseñado para redundar en beneficio del proceso educativo, quienes certifiquen competencias digitales. No se ofrece como un recurso para el trabajo docente sino como un gancho para hacernos deudores, para capacitarnos y acreditarnos en cursos de competencias digitales que nos certificarán y darán el salvo conducto para ser sujetos de crédito, pues nos van a ofrecer una computadora siempre y cuando seamos certificados en competencias digitales. El negocio está perfectamente redondo ya que la computadora finalmente será descontada del salario, del cheque quincenal, tal como Telmex cobra el equipo de cómputo por medio del recibo telefónico.
Otra insensatez es la certificación de dichas competencias digitales. La pregunta es obligada: ¿quién certificará dichas competencias digitales para poder obtener un crédito y hacerse de una maldita computadora? La solución que ofrece la ACE está en ofrecer cursos de capacitación precisamente en competencias digitales, expedidos por el propio Estado o los mismos vendedores de las computadoras. El colmo de todo ello es que si no iniciamos y logramos la certificación de dichas competencias digitales en cursos que las mismas empresas privadas impartirán y expedirán, pues entonces no podemos ser sujetos de crédito, no tendremos computadora y simplemente seremos parte del buró de la ignominia.
El tercer aspecto es la gestión y participación social. En este rubro la ACE pretende hacer de la escuela un cuartel, levantar retenes e implementar cateos, escuela de facto, domesticando conciencias para someterse a la próxima dictadura: Escuela Segura, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas en Horario Discontinuo, Escuela Fuera del Horario de Clase y de Fines de Semana, y Escuelas de Bajo Rendimiento. Este es el ofrecimiento de la ACE.
El ejercicio de supervisión, control y dominio del capital sobre la escuela pública alcanza niveles macabros: Pretenden encuartelar a nuestras niñas y niños, tratarlos de presuntos delincuentes. La escuela se convertirá, entonces, en un centro preventivo y correccional de menores infractores. ¡Es verdaderamente indignante! La revisión de mochilas, Aún cuando padres y madres de familia aprueben esta medida no deja de ser por ello una violación, una gran vejación a la privacidad, a los derechos humanos y a las garantías individuales de nuestras alumnas y alumnos. Nuestras niñas y niños asisten a la escuela para aprender, para humanizarse y humanizar su mundo, no pueden ser tratados como presuntos criminales. Lo peor de todo es que las maestras y maestros nos convertiremos lentamente en policías del sistema, en guardianes de la ley. La ACE nos impone la escuela cuartel, la escuela maquiladora, domesticadora de conciencias. La ACE sólo hará más injusta la injusticia, más retrógrado lo reaccionario, más putrefacto lo podrido.
El segundo aspecto a analizar implica la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, y el primer punto es el ingreso y promoción de docentes, directores, supervisores y autoridades educativas. En realidad se trata de las formas finas en que ahora se van a reclutar docentes para el servicio. Este apartado trata de la denigración y reducción de todas las conquistas históricas y derechos laborales del magisterio. Todo indica que el control de las plazas pretende finalmente negociarse por afiliación política. El Concurso Público por Oposición para calificar saberes será dictaminado de manera independiente por empresas de capital privado certificadoras, quien no apruebe este adoctrinamiento tendrá que someterse a la propaganda ideológica hasta responder asertivamente, de lo contrario será irremediablemente rechazado y estigmatizado.
Juicio inquisitorial de esta naturaleza irá naturalmente en contra del pensamiento libre y disidente, de las otras culturas, de las distintas posturas políticas o partidistas, incluso religiosas. Toda persona que manifieste oposición a la ideología del sistema no será dictaminada favorablemente, nunca obtendrá su certificación y en consecuencia nunca podrá ejercer la docencia. Se trata de reclutar únicamente docentes que sean fieles a la línea del sistema. En resumen, se trata de alienar al magisterio como ejecutores del adoctrinamiento ideológico del Estado neoliberal y del capital global. La libertad de palabra y pensamiento, la libertad de cátedra, de antigüedad en el servicio, experiencia docente, los derechos laborales y sindicales, todo perderemos si aceptamos esta truculenta imposición de facto.
El siguiente aspecto es sobre la profesionalización, donde la ACE impone su control sobre el magisterio a partir de la supervisión, selección y capacitación de la fuerza de trabajo docente. Este apartado explica la intervención de las universidades privadas de educación superior en la formación de docentes que trabajan en escuelas públicas, como para cerrar aÚn más el candado de la enajenación. En la normal de Oaxaca se está luchando poderosamente por abrir la maestría y hay suficientes bloqueos para que no se desarrolle el programa de maestría. ¿Por qué? Porque hay instituciones privadas que ofrecen la maestría. Sólo la Universidad Benito Juárez ofrece maestría en relación a la educación siendo de Oaxaca, todas las otras instituciones son foráneas, la mayoría de Puebla; vienen escuelas de Tamaulipas a enseñar a los maestros y maestras de Oaxaca sin conocer las condiciones sociales, culturales, históricas del estado. Mañana vendrá la Universidad Anáhuac y después las universidades trasnacionales.
Este apartado pretende eliminar todos los beneficios que otorga la antigüedad laboral, reduce al mínimo el servicio médico por accidentes laborales, restringe las pensiones a enfermedades profesionales, bursatiliza y pone en riesgo el derecho a un retiro y jubilación digna, elude la indemnización por accidentes de trabajo y evade la protección de familiares en caso de muerte del trabajador. Este apartado es la prolongación de la reforma del ISSSTE. De acuerdo a la ACE, la profesionalización docente sólo se logrará cuando los maestros aprueben y certifiquen competencias profesionales ofrecidas, dictaminadas y certificadas por instituciones de educación superior de reconocido prestigio como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, entre otras. La Alianza pretende exterminar a las escuelas Normales, particularmente Rurales, pues son y han sido muy digna y decididamente disidentes del sistema.
El siguiente aspecto son los incentivos y los estímulos y justo aquí la proletarización del trabajo docente, su asalaramiento, alcanzará niveles insospechados pues se enajenará la producción y el producto de nuestro trabajo con incentivos y estímulos descontados de nuestro salario; ahora nuestro salario será fraccionado en bonos de productividad para hacerlos válidos en las nuevas tiendas de raya como Wal Mart, Office Deepot, Sanborns, etc. Se ofrecen nuevas relaciones de trabajo que devaluarán todas las conquistas laborales del magisterio.
A continuación la ACE ofrece Bienestar y Desarrollo Integral de los Alumnos, y el primer apartado es salud, alimentación y nutrición. Este apartado representa sin duda el mejor ejemplo delirante de Gordillo y Calderón, pues todo un inventario y desarrollo se resolverá con la beca Oportunidades y un programa para combatir sobrepeso y obesidad, cuando en México existen dos millones 750 mil niñas y niños con desnutrición. Indudablemente los niveles de desnutrición infantil en México son alarmantes, particularmente en las poblaciones rurales y las comunidades indígenas donde nunca llegan los desayunos escolares. El sentido común nos obliga a pensar que lo sensato sería prohibir en la escuela la venta de productos chatarra; sin embargo, Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, expresó públicamente que la prohibición de cierto tiempo de alimentos no es el mejor camino para evitar el sobrepeso y la obesidad.
Condiciones generales para garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno: En México según datos del INEGI, tres millones 300 mil niñas y niños se ven forzados a trabajar, indicador indignante de los altos índices de pobreza infantil en nuestro país. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México tiene una de las tasas más altas en pobreza infantil: el 28% de nuestras niñas y niños viven en pobreza extrema. En las comunidades indígenas el 16.4% de niñas y niños no asisten a la escuela, en 20% de ellas no se imparten los seis grados de primaria, y únicamente el 28% de las escuelas son de organización completa. De niños y niñas con discapacidad y necesidades educativas especiales ni siquiera se hace mención o consideración alguna.
El siguiente aspecto que propone la ACE es la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, y el punto nuclear es la reforma curricular. Se anticipa que la ACE pretende “un impulso a la productividad y a la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial”. Una instrucción así, -porque eso no es una educación-, desarrollada a partir de competencias para alentar la productividad y la competitividad reduce el acto educativo a una instrumentalización funcionalista y pragmática para la reproducción indefinida del sistema.
Esa reforma curricular ignora los contextos sociales y culturales que condicionan el arte educativo, niega la diversidad cultural, pretende devorar lenguas y cosmovisiones, proscribe la libertad y nos mercantiliza. La educación del sistema educativo mexicano queda entonces sujeta a las exigencias de la clase dominante, a la ley de la oferta y la demanda, a los designios del capital global. El colmo de esta reforma curricular es la enseñanza del inglés en preescolar en menoscabo de las lenguas de nuestros pueblos que son totalmente omitidas. No se menciona ni la alfabetización en lengua materna, ni educación especial, ni educación de personas adultas, ni educación indígena, ni educación ecológica, ni educación artística. Ni una de esas educaciones se toca que son las necesidades educativas más sentidas de nuestro pueblo.
Finalmente, la ACE propone evaluar para mejorar; pero en este aspecto de la evaluación resulta evidente que el Estado ya no velará más por la educación y por los contenidos nacionales sino subordinará toda acción educativa a criterios pragmáticos y eficientistas propios de la producción capitalista. El propósito es capacitar la fuerza de trabajo necesaria para hacer más eficiente el modelo productivo en perjuicio de la libertad y dignidad de las personas, de las culturas, del pueblo, de la nación. La ACE pretende también convocar a empresas privadas a evaluar la educación pública: Evaluación que tiene como propósito ocultar todos los derechos laborales del magisterio y regular la permanencia y el acceso.
Todas ellas son sin duda acciones facciosas que coinciden con otras, como la reducción del gasto público destinado a la educación y la pérdida de rectoría estatal en materia educativa. El Estado educador será ahora solamente el Estado administrador de los recursos destinados a la educación. La evaluación se convertirá entonces en una frontera de complot ineludible para garantizar la subordinación al principio reproductor del sistema, será el capital global por medio de la iniciativa privada, el Estado, la iglesia, los grupos más reaccionarios del país, quienes finalmente evaluarán la calidad de la educación pública.
De veinte años de liderazgo magisterial podrido y corrupto no somos culpables los maestros; pero el magisterio tiene una responsabilidad histórica y puede rechazar la ACE o quedar maniatado en la certificación de saberes, y neutralizado en procedimientos burocráticos que pretenden garantizar y perpetuar hasta el infinito la misma contradicción social de siempre.
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