Urge al ejecutivo a un acuerdo político con organizaciones, en especial para sanear sistema educativo
Integrantes de la APPM presidieron el Contrainforme de Gobierno
(Foto: José Ramón Hurtado)
Organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas de Michoacán, reprobaron el primer año del mandatario Leonel Godoy Rangel, en los temas de gobernabilidad, campo, política social, educación y atención a los grupos vulnerables de la entidad, al tiempo de demandarle respuesta a peticiones rezagadas y actuar en beneficio del pueblo, para lo cual se mostraron abiertas al diálogo, como la vía de solución a los problemas estatales.
Al presentar el Contrainforme de Gobierno en la plaza Melchor Ocampo en el centro histórico de Morelia, el pasado sábado 21 -a una semana de que Godoy Rangel hiciera entrega de su informe al legislativo local- para dar a conocer “lo que no dijo” el jefe del ejecutivo michoacano, desde la visión de los trabajadores, las agrupaciones adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Michoacán (APPM), promotora del encuentro, coincidieron que la administración del estado carece de un proyecto firme en beneficio del desarrollo regional a favor de las clases populares.
“Es urgente un acuerdo político con las organizaciones sociales y sindicales, en particular, por la educación pública gratuita y por el saneamiento, reordenamiento y transformación democrática del sistema educativo de la entidad”, emplazó entonces Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, quien dio lectura al reporte, elaborado en forma conjunta.
A escasos metros del Palacio de Gobierno, donde el escenario público elegido lucía cubierto por una lona gigante para evitar que el sol pegara en los más de 300 asistentes (el evento inició a las 11:30 de la mañana), sentados en sillas y teniendo de frente a representantes de las distintas organizaciones convocantes, se dejó claro el incumplimiento gubernamental a peticiones sociales, como entrega de uniformes, desayunos y material escolar, y a la implementación de proyectos productivos.
Previo a la lectura del mensaje, Ortiz Hurtado refirió que de acuerdo a los resolutivos del Diálogo Nacional el 7 de febrero anterior, se debe integrar una Junta Patriótica para la Salvación Nacional, cuya labor primordial es la lucha en defensa de la soberanía del país, y el rescate de derechos y conquistas laborales, así como discutir el nuevo rumbo de nuestra nación, a lo cual invitó a los presentes.
La manta del evento tenía la siguiente leyenda: “Contrainforme. Primer año de mentiras de gobierno. Desempleo e inseguridad, militarización, represión y hostigamiento estudiantil, abandono del campo, falta de medicamentos, discriminación al indígena, desinterés por la educación, represión contra el magisterio”, que resumían parte de las carencias de la administración godoyista.
Según la lectura que se hizo del informe oficial, la APPM en voz del líder magisterial se pronunció porque el gobierno michoacano se desmarque de las políticas promovidas desde la federación, y de los proyectos de trasnacionales, como ocurre en el puerto de Lázaro Cárdenas, utilizado sólo para el tráfico de mercancías, mientras el resto de la entidad sirve de laboratorio en los planes de militarización, cancelando cualquier beneficio a la población.
Además, criticaron “la propensión ofensiva” del mandatario contra los movimientos sociales, alejada de los postulados de su partido, el de la Revolución Democrática (PRD), la cual se reflejó en la represión a normalistas rurales el pasado 27 de noviembre, cuando 139 estudiantes, la mayoría mujeres, fueron golpeados y detenidos. Igual en el trato a ejidatarios de la Isla La Palma, cuyos terrenos tratan de ser vendidos a la trasnacional ferroviaria Kansas City Southern México; pobladores de Cherán al verse burlados electoralmente, incluyendo el asesinato de Leopoldo Juárez, uno de los manifestantes en resistencia; transportistas, tianguistas de la Feria de Morelia, replegados por granaderos la semana pasada cuando protestaban afuera de la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros ejemplos.
Del asunto específico del magisterio mayoritario, el contrainforme señala que Leonel Godoy hizo alianza con el gobierno federal y la cacique sindical Elba Esther Gordillo Morales, fomentando a un grupo de esquiroles en el afán de quebrantar la unidad de la Sección XVIII, sin lograrlo. Por si fuera poco, agrega, la designación de Aída Sagrero Hernández y Juan Pérez Medina al frente de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), en pago a la expresión perredista a la cual pertenecen, Alianza por la Unidad Democrática (AUD), ha propiciado un caos en el sistema educativo estatal, el cual tiende a agudizarse “sin que haya un compromiso serio por resolverlo”.
Incluso, subrayó Artemio Ortiz, el equipo de la SEE utilizó material escolar minutado con su representación seccional, a favor de su corriente partidista, y este año la dependencia manejará 16 mil millones de pesos de presupuesto, alertando a evitar haga, una vez más, uso electoral del recurso a educación, ahora con miras a las votaciones federales del próximo 5 de julio.
Llamó al gobernador de Michoacán a restablecer la relación bilateral con la Sección XVIII; liberar todos los pagos retenidos de manera alevosa e ilegal por los pseudofuncionarios de la SEE a maestros pertenecientes al sindicato; cubrir el adeudo de plazas de interinatos, servicios eventuales, becarios y demás personal; contratar de inmediato a docentes de telesecundarias, educación física y extraescolar, al igual que personal de apoyo, quienes ya aprobaron los correspondientes exámenes, y asignar los recursos de programación detallada.
Resolver los conflictos generados en secundarias de Tanhuato y Uruétaro, y compromisos minutados desde 2007, como el apoyo económico a los Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte; la aportación a proyectos contra la comida chatarra en las escuelas de nivel básico; el recurso a la construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas, y de instituciones de formación y desarrollo profesional de docentes, no cubierto desde 2006.
Mientras la minuta 2008, a ocho meses de su firma, todavía “no ha sido posible que los materiales y beneficios para las escuelas y los niños se hayan hecho realidad”, recriminó.
Ingobernabilidad
Durante la lectura del contrainforme, varias personas que pasaban por la zona se acercaron a la Plaza Melchor Ocampo a escucharlo, e incluso una de ellas al pasar lanzó la consigna de “duro, duro”, alzando su mano derecha. También se trataron temas concretos, como la gobernabilidad que, de acuerdo al reporte de Leonel Godoy ésta sí existe en la entidad pues se instalaron mesas de diálogo en comunidades con conflictos, y se instalaron los consejos consultivos de Autoridades Indígenas, y el Campesino.
Sin embargo, citó Ortiz Hurtado, “faltó decir que vivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos que irrumpen en la escena día tras día, con desapariciones de campesinos, líderes comentarios, despojo de tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y focos rojos ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal, huelgas y paros en todos los sectores productivos, manifestaciones recurrentes. Eso es una clara muestra de ingobernabilidad”.
Indicó que el año pasado se registraron desapariciones forzadas de líderes sociales en Michoacán, y el caso de Francisco Paredes Ruiz, integrante de la Fundación Diego Lucero, defensora de los derechos humanos, de quien se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre de 2007, en el anterior gobierno estatal, pero a la fecha, en el actual, no hay avances.
Hizo alusión al “sospechoso accidente” en que perdiera la vida Leonel Calderón Villegas, asesor jurídico de la Sección XVIII, el 1 de junio de 2008; a la desaparición forzada del comunero de Uruapilla Moisés Molina Rodríguez, el 12 de junio anterior, y quien reapareció 14 días después con huellas de tortura policial y militar; y a las agresiones de sus compañeros José Reyes Aguilar y Avenicio Reina Cruz.
Faltó hablar, agregó, de los problemas de tenencia de la tierra en la Isla de Tzirio, en el municipio de Álvaro Obregón, donde sus pobladores viven desde hace tres décadas, y pretenden ser desalojados del predio en disputa con ejidatarios de Téjaro, y particulares; en Nurío, Ocumicho, Tingambato, Paracho, Santa María Huiramangaro, Carapan, Santa Clara del Cobre, San Felipe de los Alzati, Zirahuén, Charo, Huécato, Uruapicho, Cocucho, Tacuro, Ichán, Chilchota, entre otros, y “sin solución no es gobernabilidad”.
Asistentes al evento, realizado en la Plaza Melchor Ocampo
Desempleo, campo y pobreza
En este rubro, el contrainforme en voz del dirigente magisterial el 21 de febrero pasado, echó por tierra las declaraciones de Godoy Rangel en su primer informe, en el sentido de que se generaron 26 mil 284 empleos permanentes, cuando se requieren anualmente entre 30 mil y 50 mil fuentes laborales para cubrir las necesidades, y la tasa de desempleo en la entidad ya supera el 5%.
Así mismo, poco se ha hecho para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues 60% de los michoacanos con empleo percibe un salario menor a 100 pesos. “Un trabajador que gana el salario mínimo tendría que laborar 48 horas continuas para adquirir los 42 productos de la canasta básica de un día. Serían necesarias, además, 11.50 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de carne de res; 1.34 horas para comprar un kilo de tortillas; 8.3 horas para uno de pollo, y 2.48 horas para una docena de bolillos”.
Respecto a la situación del campo, el reporte de la APPM contrastó lo mencionado por el ejecutivo estatal, y la situación padecida por la gente de dicho sector. Godoy señaló que con el programa cruzada estatal por la siembra del maíz, iniciaron la asistencia técnica gratuita y el sistema de financiamiento. E incentivaron la siembra de lenteja, trigo, arroz y guayaba.
Como realidad, las organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas y campesinas, a través del docente michoacano, dieron cuenta de la cancelación del ejido y de tierras comunales vía Procede, y en consecuencia la concentración del territorio en manos de neo-latifundistas, que junto a la carestía de los insumos, la escasa rentabilidad, el nulo relevo generacional, y el abandono del sector.
Y abundó: “Más del 50% de productores de maíz no reciben apoyo estatal, ni federal, lo que representa la reducción en la producción del grano en Michoacán en más de 300 mil toneladas. A ello agréguese la situación de cultivos de granos básicos por oleaginosas, forrajes, agaves y, en general, por cultivos comerciales; ausencia de precios de garantía, créditos y apoyos financieros; conflictos de linderos, entre otros”.
Del rubro de pobreza, el planteamiento oficial calificó que su reducción será con una política de austeridad y combate a la corrupción, a lo cual el contrainforme estableció que los programas estatales y federal de abatimiento de esta situación terminan como acciones migajeras, mientras la miseria y el hambre se padecen en la vida cotidiana de la mayoría de michoacanos, entre el 76% y el 80%, según cifras de El Colegio de México (Colmex), reproduciendo generaciones futuras con deficiencia mental y nutricional.
Desarrollo y sustentabilidad ambiental
En este reporte popular, celebrado por primera vez y en un espacio público, se refiere en este apartado que las acciones informadas por el gobernador del estado tienen como propósitos, entre otros, facilitar la inversión de empresas privadas en el ámbito de la construcción de vivienda, los manejos de aguas residuales, en infraestructura de vías de comunicación y tratamiento de desechos sólidos y no sólidos, tóxicos y no tóxicos.
Facilitar el tránsito rápido de mercancías a las trasnacionales por Michoacán, de ahí los proyectos de infraestructura carretera, desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas, y los libramientos de Morelia y demás troncales a las rúas nacionales y estatales.
Generar facilidades a las empresas del turismo para aumentar sus ganancias al explotar el potencial turístico de zonas específicas como Pátzcuaro, Zirahuén, el santuario de la mariposa monarca y la costa, por ello las inversiones en tales zonas. Además, los mantos acuíferos son objeto de privatizaciones por parte de empresas refresqueras o por quienes hacen negocio vendiendo el agua embotellada.
Política social para el bienestar de la gente
A este capítulo, el representante de la APPM dijo que los dos mil comités de desarrollo comunitario en la entidad, encargados de promover realización de obras (pavimentación de calles, drenaje, espacios deportivos, y más), pero aportando dinero y trabajo, por lo cual se ahorran recursos económicos del erario público, destinados éstos a empresas trasnacionales.
Sobre el apoyo a personas de la tercera edad, señala el documento de las organizaciones sociales michoacanas, es mero paliativo, sin reconocerles su aporte a la riqueza estatal. Similar caso con las mujeres, cuya creación de la secretaría respectiva “está más centrada en la promoción electoral”, que en atacar de fondo las causas de la violencia hacia las féminas, así como en los jóvenes, quienes carecen de espacios para el desarrollo del deporte, el arte, la ciencia, y de reales oportunidades de empleo formal, pasando al consumo de drogas y al empleo informal, con pocos apoyos, por ejemplo el programa de “Jóvenes trabajando” contó con dos millones de pesos, y el de “Empleo juvenil” dos millones 700 mil pesos, a todas luces insuficientes.
También los pueblos indígenas, ante lo que demandaron un programa integral para su desarrollo, desde su autonomía y las potencialidades de sus territorios, de respeto a sus usos y costumbres, y a su cosmovisión del mundo. Reprobaron a la Secretaría de Asuntos Indígenas, y al Consejo Consultivo Indígena, éste último considerado un agravio más, pues por principio ignoran quiénes lo integrarán y cómo resultaron electos.
A este particular, el Consejo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Michoacán (CAPIM), demandó el reconocimiento de sus derechos mediante una ley estatal en la materia, consultada en las comunidades, “y que nos lleve a detener las políticas de despojo de nuestros recursos naturales y el abandono en que nos tienen los malos gobiernos”.
En el tema de los migrantes, nuestro estado sigue ocupando los primeros lugares en exportación de mano de obra a los Estados Unidos, y el programa 3x1 es más esfuerzo de quienes laboran allende las fronteras mexicanas, que de las autoridades.
Igual se reprobó al gabinete godoyista a un año de gestión, en el rubro de salud pública, con falta de medicinas y largas filas en hospitales públicos, obligando a la atención a través del Seguro Popular, que aún presenta grandes deficiencias, principalmente en el cuadro de medicamento básico.
Con relación al programa de alimentación a grupos vulnerables, del DIF estatal, criticaron la distribución centrada en unos cuantos productos, en ocasiones ya envejecidos, por lo que las mismas comunidades deben aportar el faltante. “El problema de alimentación no depende de estos paliativos, sino de la calidad de vida de los ciudadanos, de sus condiciones socioeconómicas”, sostuvo el líder de la Sección XVIII al dar lectura al contrainforme, documento de 16 páginas distribuido entre los asistentes a la Plaza Melchor Ocampo.
Educación pública universal, participativa y pluricultural
En este aspecto, Artemio Ortiz aseguró que el sistema educativo estatal se encuentra en la anarquía, el caos y la corrupción, que tiene a Michoacán con un retraso de 25 años en el rubro, propiciada por los pseudofuncionarios de la SEE, Aída Sagrero y Juan Pérez, que hacen negocio electoral y económico con los recursos destinados al sector, repartiendo material escolar a municipios de su corriente partidista, la AUD, como quedó evidenciado el 14 de octubre último cuando descubrieron más de 300 mil artículos faltantes de la bodega de la secretaría.
Y sostener “más de 500 aviadores como activistas de la Alianza por la Unidad Democrática, y cobrando dobles sueldos en puestos de gobierno”, que tienen desde su llegada a la dependencia, el 15 de febrero de 2008.
Además de disfrazar la lesiva Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), con sus 21 puntos de gobierno, y el “Pacto Social por el Derecho a una Educación de Calidad”, firmado en agosto anterior por una minoría de presidentes municipales, sumados al Plan Sectorial de Educación 2008-2012, que no tuvieron el consenso ciudadano y de los involucrados. “La verdadera intención de lo pseudofuncionarios de la SEE es contribuir a la destrucción del sistema educativo estatal, por eso siguen pegados a los programas federales que destruyen la escuela pública”.
Por lo tanto, asentó, es una falacia el planteamiento oficial de escuela pública gratuita, pues se siguen los lineamientos federales como Escuelas de Calidad, donde a la fecha tiene dos mil 321 planteles en nuestra entidad, y Escuela Segura, que pretende “acostumbrarlos desde chicos a que les violen su intimidad”, y acostumbrarnos a ver los soldados en las calles.
Tampoco se ven los 396 millones 531 mil 738 pesos supuestamente invertidos en la mejora de espacios educativos, “pues a la fecha las más de 400 aulas programadas por la Sección XVIII se encuentran sin concreción”. Y la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil, creados en el gobierno anterior, apenas registra un 65% de avance, “y están siendo sustituidos por las guarderías privadas implementadas por el gobierno federal”.
De igual manera, enlistó que en educación media superior y superior, se intenta asegurar mano de obra barata calificada al sector privado o al mercado neoliberal, con el fortalecimiento de la Universidad Tecnológica, propuesta desde Vicente Fox “para anular la universidad pública”.
En el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), agregó Ortiz Hurtado, se autorizan carreras “que luego en su propio profesiograma no son reconocidas, por lo que es un fraude la educación que imparte esta institución con el aval del gobierno”.
No existe un programa integral para el desarrollo del estado de defensa de la soberanía científica y tecnológica, pues la administración de Godoy Rangel se centra sólo en convenios y centraliza la mayor parte de proyectos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), aparte de lo reducido del presupuesto, y el apoyo a investigadores proviene básicamente de becas.
Hay también ausencia de programas integrales de los sectores de cultura y deporte.
Pendientes de la ATEM
En cuanto a los pendientes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), que aglutina a una veintena de sindicatos, el contrainforme da cuenta que se encuentran los de agremiados a la Junta Local de Caminos, que solicitan contratar al personal necesario en la atención de la red carretera estatal, pues reportan un desfase del 50%; de la Cooperativa Génesis, piden que el gobierno adquiera los bienes e inmuebles de la antigua Tradhem, empresa de producción de llantas para bicicleta, y sea otorgada en crédito a los cooperativistas.
La Coalición Nacional de Trabajadores despedidos del INEGI solicita, a su vez, intervención gubernamental ante instancias federales en la búsqueda de recuperar la fuente de empleo a 40 michoacanos, cesados injustificadamente, junto a otros en todo el país, en el año 2000.
Colectivo de Trabajadores del Arte y la Cultura (Cotacum), pide la asignación presupuestal para la implementación de la Fábrica de las Artes de Morelia, proyecto elaborado desde el sexenio anterior.
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