Fue el viernes anterior cuando se realizó la segunda entrega masiva del cuarto amparo para que los trabajadores puedan recuperar sus ahorros, manejados por las distintas administradoras, conocidas como Afores. Esa ocasión correspondió acudir mayormente al Palacio de Justicia Federal en la ciudad de México, a los trabajadores de la educación de Oaxaca, aunque también asistieron de diversas entidades, y otros sindicalizados.
De acuerdo al presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), Eduardo Miranda Esquivel, calculaban más de 300 mil los trabajadores acogidos a ese recurso legal, sumados a unos 175 mil presentados el 13 de febrero. Así mismo, anunció la prórroga hasta el siguiente 5 de marzo para realizar el respectivo trámite.
Previamente, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la Sección XVIII del SNTE, dio a conocer que en caso de no tener el comprobante respectivo al saldo del monto ahorrado, el cual debe entregar el Bansefi, podrán hacerlo sin ese documento, y corresponderá a la UJM ver lo conducente.
Uno de los motivos para ese amparo es que los adheridos a la CNTE descubrieron que, sin previo aviso, les cambiaron sus cuentas de ahorro del anterior sistema al Pensionissste, la administradora manejada por Elba Esther Gordillo Morales, y sus saldos financieros se vieron disminuidos, varios de ellos incluso quedaron en “ceros” ante lo cual, alertaron, el saqueo de los dineros podría ascender a 500 mil millones de pesos, tomando en cuenta sólo a cotizantes del ISSSTE.
La lucha por recuperar el monto robado continuará, y la demanda central será por la estatización de los fondos de ahorro, donde se espera una propuesta formal en tal sentido, posiblemente el entrante 5 de marzo.
Igual, seguirá la batalla para abrogar de manera total la Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, pues, señaló Ortiz Hurtado, su aplicación significa prácticamente “dejar en la calle” a los supuestos beneficiados y sus familiares, al quedar desprotegidos, con pago de pensión calculada según el promedio de los últimos tres años laborados, cero aguinaldo, no atención médica, y al terminar, las administradoras de ahorro manejarán la pensión, cobrando comisión de entre 20 y 25%. Además, los trabajadores que ingresen al renglón laboral a partir del 31 de marzo de 2007, quedarán automáticamente inscritos en el Bono de Pensión del ISSSTE, y los peligros que implica, por lo cual se hace necesario cancelar definitivamente la “criminal” norma.
Otro eje de la lucha nacional es contra la ACE, firmada por los impugnados Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo el Día del Maestro de 2008, que vulnera varios preceptos constitucionales, como el tercero en su párrafo segundo e incisos B y C de la fracción II, y fracciones IV y V, al desechar una educación solidaria y de difusión de nuestra cultura. Igual el artículo segundo, que busca preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y demás elementos de nuestras raíces e identidades históricas.
El 123 de nuestra Carta Magna es violentado con la ACE, y su Examen Nacional de Oposición, ya practicado por primera ocasión previo al arranque del ciclo escolar vigente, donde quienes lo aprueben tienen el derecho a ingresar al sistema educativo aunque sin contrato laboral, pues como se ha visto en Quintana Roo, sólo les dan empleo por un periodo de entre tres y seis meses en “lista de raya”, sin ser susceptibles de basificación. Tampoco les ofrecen prestaciones de ley: aguinaldo, prima vacacional, seguridad social, y obviamente la sindicalización.
De ahí se deriva que los egresados de escuelas normales ya no tengan un empleo asegurado como docentes, salvo en las entidades de Michoacán y Oaxaca donde no se aplicó la prueba gordillista-calderonista y aún existe la plaza automática a normalistas de escuelas públicas.
Ascenso vía escalafón es otro punto constitucional y de diversas leyes agredido por la “Alianza por la Calidad Educativa”. Los maestros en entidades donde se aplica la alianza, serán sujetos a una revisión cada dos años dentro de la denominada Certificación de Competencias Profesionales, y así irían subiendo de nivel, aunque igual con el riesgo de ser prácticamente despedidos si no aprueban dicho proceso, ligado a las evaluaciones de corte neoliberal, sin importar años de servicio. Podrían ser recontratados, con las famosas “listas de raya”, o sea, sin ningún derecho laboral.
Por eso también se hace necesario participar en las acciones por impedir la aprobación en el Senado de la República de la reforma al Artículo tercero constitucional, una vez que en diciembre anterior diputados federales de todos los partidos políticos representados hicieran lo propio, que legaliza algunos puntos de la ACE, como la participación de padres de familia y otros sectores en la enseñanza de sus hijos, y desecha el primer año de preescolar.
Al respecto, el próximo 5 de marzo tendrá lugar un mitin afuera de la sede del Senado en la ciudad de México para dar testimonios del daño a la educación pública de aceptarse esa reforma en la Cámara Alta. Acompañarán a la CNTE y al Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, una representación del Diálogo Nacional, según se acordó en su séptima reunión.
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