El Estado policiaco-militar violenta el Estado de Derecho

Tras fallo de Corte, FPDT inicia campaña por liberar a presos de Atenco y exigir justicia

Arranque de la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, 

que busca excarcelar a 13 presos políticos, 

entre ellos Ignacio del Valle (Foto: FPDT)

Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de febrero respecto a que el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Seguridad Pública Federal Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios no tuvieron responsabilidad alguna en la violación a garantías individuales de pobladores de San Salvador Atenco en el operativo policiaco de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) convino iniciar una campaña nacional e internacional para liberar a los 13 presos del movimiento, incluido Ignacio del Valle Medina, sentenciado a 112 años, seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, así como exigir justicia en el asunto.

Al exculpar a Peña Nieto y demás implicados, expresó el abogado de los detenidos de Atenco, Juan de Dios Hernández Monge, la Corte abdicó de su obligación constitucional de sancionar a los responsables de la represión, y es, a la vez, parte de la descomposición generalizada del Estado mexicano, y en particular del Poder Judicial de la Federación. 

“Vemos con mucha preocupación cómo hay un Estado policiaco-militar en México, violentando el Estado de derecho; el ejército en las calles, un gobierno totalmente inepto, confundiendo los principios de seguridad nacional con los principios de seguridad pública, y en esta conjunción permite el uso del ejército y crea guardias pretorianas como la Policía Federal Preventiva y el recién formado cuerpo militar de élite, con el fin expreso de contener luchas y movimientos sociales”, subrayó al participar, el pasado 18 de febrero en el Foro “La resolución de la Suprema Corte en el Caso Atenco”, en el Auditorio “Jus Sempe Loquitur” de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Se pronunció, así mismo, porque desde la sociedad civil se haga “cuando menos el intento” de someter a juicio político a los funcionarios de alto nivel autores de ordenar el operativo de agresión a pobladores de Atenco e integrantes del FPDT.

Por su parte, América del Valle, hija de Ignacio del Valle, y sobre quien pesa orden de aprehensión, desde algún lugar donde se encuentra escondida, envió un video difundido en la página del frente (http://atencofpdt.blogspot.com), mediante el cual asentó que con ese fallo la SCJN “ha cerrado toda posibilidad de justicia en México”.

Llamó a enfrentar esa injusticia. “Nosotros no nos podemos permitir la vergüenza de no pelear, por ello convocamos a todos, los de abajo, a todos los que sean capaces de indignarse ante cualquier injusticia en cualquier parte del mundo; a todos los que sufren las calamidades del sistema represor, para unificar nuestras fuerzas y moral, para seguir levantando trincheras de dignidad, y que nuestra exigencia de libertad y justicia se haga valer con nuestras armas: La unidad, la organización y la movilización popular, que echará abajo las cárceles y toda la impunidad”.

La campaña

Fue el 17 de febrero anterior cuando arrancó la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, donde su intención primordial es lograr la excarcelación de los 13 detenidos desde 2006, considerados presos políticos; la revocación de las sentencias; el respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos; castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos; así como condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México. 

Esta primera fase de la citada operación concluirá los días 3, 4 y 5 de mayo próximos, cuando se cumplan tres años del operativo represivo que dejó de saldo dos personas muertas, el encarcelamiento inicial de 207, la tortura física y psicológica a la mayoría de ellas, e incluso abuso sexual a las mujeres; ahora 13 se encuentran recluidas, y tres más tienen orden de aprehensión.

De acuerdo al pronunciamiento central de la campaña, los que cometieron directamente la tortura recibieron órdenes de hacerlo, de parte del Estado mexicano, y altos funcionarios a cargo de los operativos, que tuvieron dos intencionalidades políticas:

“Tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo, y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está pendiente”.

Los detenidos son: Ignacio del Valle Medina, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, recibiendo sentencias por el delito de secuestro equiparado, secuestro equiparado como autor intelectual, y ataques a las vías de comunicación. La pena que purga es por 112 años, seis meses de cárcel, o sea, prácticamente cadena perpetua.

También en El Altiplano está recluido Felipe Álvarez Hernández, condenado a 67 años, seis meses de prisión por secuestro equiparado como autor intelectual, y ataque a las vías de comunicación. En la misma situación se encuentra Héctor Galindo Gochicoa, tanto en el lugar de encarcelamiento como la sentencia y los delitos, y quien por cierto se encuentra impedido de recibir visitas familiares desde octubre último. 

Diez más se mantienen detenidos en el penal “Doctor Alfonso Quiroz Cuarón” de Molino de Flores, del municipio mexiquense de Texcoco, la mayoría sin participación en el FPDT: Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco, y Narciso Arellano Hernández. Todos acusados por el delito de secuestro equiparado, sentenciados a 31 años, 11 meses, 15 días de cárcel.

Los 13 fueron aprehendidos sin la orden de aprehensión correspondiente, y los policías estatales y federales los golpeados de manera salvaje, amenazándolos de muerte. Además de sufrir múltiples trabas y violaciones legales en sus procesos judiciales.

Mientras los que viven como perseguidos políticos, son América del Valle, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, acusados de secuestro equiparado.

Del operativo represivo del 3 y 4 de mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra responsabiliza como los que dieron la orden, al gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, de quien se dice buscará la candidatura presidencial por parte del PRI; al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, hoy titular de la Procuraduría General de la República (PGR); a Wilfrido Robledo Madrid, jefe de la Policía del Estado de México; a Ardelio Vargas Fosado, militar a la cabeza de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el operativo; a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Estado de México; y a Nazario Gutiérrez, aquel tiempo presidente municipal de Texcoco, principalmente.

Entre las actividades de la campaña, se han realizado foros en espacios de la UNAM, el 18 y 19 de febrero pasados, con temas relativos al caso, y el próximo 16 de marzo tienen prevista una visita a los tres presos políticos en el Cefereso de El Altiplano, en Almoloya de Juárez. También se distribuirán volantes y carteles informando a la población sobre la situación de los 13 detenidos, así como visitas a medios comerciales y alternativos con la misma finalidad.

Se abrirán centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi tres años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores, en Texcoco; ahí podrán donar víveres y otros materiales en respaldo a esta iniciativa.

Invitarán a organizaciones a realizar acciones de protesta civil y pacífica en las localidades, barrios y comunidades, escuelas y centros de trabajo. Los días 3, 4 y 5 de mayo entrantes, para finalizar esta primera fase de la campaña, harán movilizaciones por la libertad de los 13 presos políticos. Para conocer sus actividades, tienen la página electrónica: www.atencolibertadyjusticia.com.

Y con el propósito de aportar económicamente a la campaña, cabe anotar, está a disposición en cualquier sucursal de Banorte, la cuenta 0608878038 a nombre de María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle.

Entre los integrantes de este esfuerzo, se encuentran Samuel Ruiz García, Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; los escritores Carlos Montemayor, Paco Ignacio Taibo II; Adolfo Gilly, académico; Luis Villoro, filósofo; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; los actores Demián Bichir, Bruno Bichir, Diego Luna, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Daniel Giménez Cacho; los cantantes Roco y Rubén Albarrán, de la Maldita Vecindad, y Café Tacuba, respectivamente, así como Manu Chao. 

Participan, además, 11 organizaciones: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), La Voladora Radio, Mujeres Sin Miedo, Servicios Legales y Estudios Jurídicos y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).

Antecedente

 

El antecedente que los del FPDT ven de la represión de mayo de 2006, es el anuncio del entonces presidente Vicente Fox Quesada, el 22 de octubre de 2001, de que el nuevo aeropuerto del Distrito Federal se construiría en la zona del Valle de México. Para ello expropiaron más de cinco mil hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, que resultaba el más afectado. La propuesta gubernamental era de pagar a dueños de las tierras 7.50 pesos por metro cuadrado de terreno.

Sin embargo, la oposición de los ejidatarios de Atenco salió a relucir al no ser consultados previamente para la decisión oficial, y así nació el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con sus tradicionales machetes, que al poco tiempo fueron usados en su contra en los medios de comunicación, sobre todo televisivos. La nueva agrupación convino evitar la construcción del aeropuerto, pues lo vieron además como amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia, y la herencia de sus ancestros: la tierra.

La lucha librada junto a otras organizaciones solidarias, donde fue asesinado uno de los participantes, José Enrique Espinosa Juárez -muerto tras golpes recibidos por policías en una manifestación del frente el 11 de julio de 2002-, llevó a que en agosto de 2002 el gobierno foxista retirara la propuesta de construcción del aeropuerto en Texcoco.

Después, ya en los últimos meses de su gestión, el panista Fox Quesada vio la oportunidad de reprimir a los de Atenco y del FPDT, en venganza por impedir su nuevo aeropuerto capitalino en terrenos de ejidatarios. 

La Corte continuó el manto de impunidad

Por otra parte, y en el marco de la Campaña Nacional e Internacional “Libertad y Justicia para Atenco”, el 18 de febrero último se llevó a cabo el Foro “La resolución de la Suprema Corte en el Caso Atenco”, en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde participó el abogado de los detenidos, Juan de Dios Hernández Monge, exponiendo el accionar de los ministros del llamado Alto Tribunal de la república.

Inició con que la “Tremenda Corte”, como se refirió en varias ocasiones a la SCJN, si bien ejerció su facultad de investigar, bajó de nivel al comisionar a dos magistrados de circuito a indagar el tema. Y en atención a la Regla 21 de un Acuerdo General del pleno de 2007, la cual indica: “En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios de procedimientos de cualquier índole, que registren otros órganos de Estado, y que versen sobre los hechos consumados en materia de la investigación”, prácticamente se ataron de manos.

También acordaron los ministros que no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubiesen participado en los hechos calificados de graves violaciones a las garantías individuales.

De lo anterior, el también miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas calificó: “Es decir, desde antes de iniciar el proceso de investigación, la Suprema Corte había empezado a tejer un manto de impunidad, o había continuado el tejido de ese manto de impunidad que se había iniciado desde el momento mismo que ocurrieron los hechos que se mencionan”.

Tales limitantes, agregó, se contraponen con la propia determinación del pleno de la Corte, cuando ordenó, inicialmente, a la comisión investigadora que buscara los elementos para ella reparar las garantías, ya sea judiciales o civiles, así como en su caso, sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.

Así, el informe rendido al pleno por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y el general, se encuentra basado prácticamente en las mismas actuaciones ministeriales de las procuradurías de Justicia del Estado de México, y de la General de la República, que toman como suyas. Entre las conclusiones, tienen las siguientes:

La Seguridad Pública es una función a cargo del Estado, cuya finalidad es salvaguardar la vida, integridad y los derechos de las personas; garantizar el orden y las libertades públicas, al igual que prevenir la comisión de delitos, y por su especial naturaleza, “puede requerir el uso de la fuerza pública como medio para lograr su objetivo”. Y esas autoridades responsables del uso de la fuerza pública deben cumplir los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, y las demás contenidas en sus normas.

Concluye la Suprema Corte que los días 3 y 4 de mayo de 2006, los manifestantes de San Salvador Atenco rebasaron su derecho de manifestación lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley.

“Ojo, el uso del monopolio de ejercer la violencia en poder del Estado, tiene que estar siempre fundamentado en la legalidad, no basta que alguien aplique legalidad en los actos represivos del Estado, para que esto sea legal tiene que ser también legítimo el uso de la fuerza”, subrayó.

Ministros de la Corte, otra vez le fallaron al pueblo de México

Manifestó que la causa del conflicto “es el terrible delito de un grupo de delincuentes organizados”, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que quisieron vender flores en la vía pública el 3 de mayo de 2006.

De acuerdo al informe del ministro Gudiño Pelayo, el Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006 establecía entre sus fines la prohibición del comercio informal en lugares públicos. En consonancia con esto, el 13 de abril del citado año se abrió un expediente administrativo, debido a que alrededor de 60 personas mostraron su deseo de vender flores en el mercado de la localidad.

Luego viene una serie de reuniones entre autoridades y comerciantes, continúa el informe de la Corte,  los días 7, 11, 18, 20, 28 de abril, y 2 de mayo, a lo cual Hernández Monge alude al Artículo Quinto Constitucional, que otorga el derecho a la ciudadanía a dedicarse a cualquier profesión, comercio u oficio, siempre y cuando sea lícita. “Y hasta donde sabemos, vender en la vía pública no constituye un delito, no está prohibido en un código penal; está, sí, en un reglamento de política y buen gobierno, en un bando municipal, que de ninguna manera pueden estar por encima de la Constitución”, estableció.

Frente a ese texto constitucional, apuntó ante estudiantes y profesores de la UNAM, así como integrantes del FPDT de Atenco, que en todo caso los floristas cometieron faltas administrativas, no delitos, y debieron ser sancionados con una multa económica por parte del gobierno municipal de Texcoco. Incluso, de reincidir, un arresto administrativo, y si persistían después de lo anterior, “a lo mejor iniciar una averiguación previa por desacato o resistencia de particulares; pero por ese terrible delito de vender flores en el mercado municipal se generó una confrontación, que más que eso, se trató de una brutal agresión por parte del Estado”.

Indicó que el 2 de mayo de 2006 se reunió el FPDT con el subprocurador de Justicia y el subsecretario de Gobernación mexiquenses, donde acordaron el retiro de la fuerza pública para que los vendedores de flores pudieran instalarse en el mercado. Sin embargo, “gracias al presidente municipal sustituto de Texcoco, el perredista Nazario Gutiérrez”, quien descalifica a las autoridades estatales, por lo tanto el arreglo sostenido con éstas carece de validez, y en vez de retirar el operativo policiaco esa misma fecha, lo fortalece al aumentar de 40 uniformados a 115, teniendo la orden de impedir la instalación de los oferentes el 3 de mayo; luego arribaron 320 elementos de la Agencia de Seguridad estatal.

Los informes policiales aseguran que el 3 de mayo de aquel año hubo gran cantidad de policías lesionados. “Lo cierto es que en el propio expediente, tanto el penal como el de la Corte, no se reporta un solo policía lesionado, pero sí 83 compañeros brutalmente torturados. Es increíble cómo la Tremenda Corte dice que a partir de que incumplieron los floristas y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra con su obligación de respetar la ley, entonces legitiman el uso de la fuerza pública en la forma como lo hicieron”, aseveró el abogado de los detenidos de Atenco.  

Según reportes periodísticos, alrededor de cuatro mil 500 elementos de policías municipal, estatal y federal, participaron en el operativo de represión, aunque a la Corte las propias corporaciones dieron cuenta de unos dos mil 600 uniformados del Estado de México, y de la Policía Federal Preventiva (PFP), ésta última, el integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas la catalogó de inconstitucional, pues nuestra Carta Magna sólo mandata a las policías Judicial, y a la Preventiva, como encargadas de auxiliar al Ministerio Público en la persecución e investigación de los delitos.

Abundó que la “presentación” de la PFP, cuyo objetivo es tener un cuerpo represivo al mando presidencial sin rendir cuentas de sus acciones a nadie, fue en la agresión al Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM, especialmente el 6 de febrero de 2000 al ingresar de forma violenta al Auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras, punto de reunión de los huelguistas, quienes protestaban contra el aumento de cuotas en esa casa de estudios. 

Respecto a los asesinatos de dicho operativo, en las personas de Javier Cortés Santiago, a causa de un balazo a menos de 60 centímetros de distancia que le perforó el pecho, y Alexis Benhumea, cuyo certificado de defunción informa que murió por fractura de cráneo debida al golpe de un objeto contundente, la “Tremenda Corte”, detalló Juan de Dios Hernández, no ve elementos de dónde salieron a relucir armas de fuego, ya que la orden a los policías fue ir sin armas al operativo, y hasta sugiere que del bando del FPDT surgieron los disparos. “Sí hay muertos, pero ¿quién los mató?, según la Corte, Fuenteovejuna, no la PFP, cuando vemos en la televisión a los policías disparando, como en Oaxaca”.

Con todo lo anterior, señaló que la SCJN incurre en encubrimiento de delitos de jurisdicción universal como la tortura, practicada por policías a los detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, contemplado por la Corte Penal Internacional, por tanto debe castigarse a los responsables, no exculparlos. (Michoacano).