Además de violatoria a la Carta Magna, pretende “meter la religión” en planteles privados, refiere estudio de José T. Cardoza.
La Alianza Calderón y Elba (ACE),
rechazada por el magisterio,
busca legalizarse en la modificación del artículo tercero
En un análisis comparativo entre la reforma, catalogada de neoliberal, al artículo tercero constitucional, y el texto todavía vigente -pues falta su aprobación en el Senado de la República y la publicación en el Diario Oficial de la Federación- realizado por José T. Cardoza Olivas, miembro del Comité Ejecutivo Delegacional de Catedráticos de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), alerta que tiene el objetivo de privatizar el sector, “meter la religión” en escuelas particulares, y negar derechos laborales consagrados en la misma Carta Magna. Pero también observa que, dada su inconstitucionalidad en el Artículo Tercero Transitorio, puede recurrirse a la vía del amparo.
Inicia con el cambio que hicieron diputados federales de todos los partidos políticos, incluidos los del PRD, PT y Convergencia, en esa modificación constitucional el pasado 11 de diciembre, donde se cambia “Toda persona”, por “Todo individuo”, como los que tienen derecho a recibir la educación, y mientras en el articulado vigente se fija claramente la obligación del Estado a impartirla desde preescolar hasta media superior, el “nuevo” añade el siguiente párrafo:
“La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”, quedando ambiguo, pues, indica Cardoza, prácticamente anulan esa tarea de parte del Estado. “Señalan la obligatoriedad de la educación, pero no precisan quién es el obligado. Antes lo era el Estado. Al no precisar al obligado, pretenden convertir la obligación del Estado de proporcionar la educación obligatoria, en una obligación de la persona de cursar la educación básica y media superior”.
Sin embargo, el Artículo Segundo Transitorio de los diputados federales refiere la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes “en edad de cursarla”, y tal acción será “de manera gradual y creciente”, en diversas modalidades, con calidad y pertinencia, y la concurrencia presupuestal de la Federación y entidades de la república. Lo anterior, indica, no marca tiempos y sólo abarca a los adolescentes, desechando a quienes tienen mayor edad de ingresar a ella.
Párrafo nuevo en la modificación que entrará a discusión en la Cámara Alta a partir de este mes de marzo, apunta: “La educación será el eje fundamental del desarrollo nacional. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- garantizará el desarrollo de una política de Estado para tales fines”. A este particular, el citado estudio califica el “será” como un futuro impreciso y demagógico.
Aunque agrega que el Artículo Cuarto Transitorio pone las reglas para esa “política de Estado”, y marca un plazo de seis meses a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación para que el Estado, y el Poder Legislativo convoquen “a los diversos sectores involucrados, así como a las autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno”.
Al agregar en la reforma que la educación
será financiada con la participación social,
padres de familia de escuelas públicas ahora sufragarán,
constitucionalmente, la enseñanza de sus hijos
Eso genera desconfianza en Cardoza Olivas ya que con gobiernos neoliberales como el actual, los sectores a convocar lo constituirán empresarios, banqueros, la cacique del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, dirigentes corporativos de sindicatos, y avizora: “Hoy sí les van a entregar la educación pública, y no será sólo la educación básica, también la universitaria”.
Cuarto párrafo de la reforma al Tercero Constitucional, suprime: “La Educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano…, por el “fomentará armónicamente todas las facultades del ser humano…”. Y a los valores de amor a la Patria, conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, se suman el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz; pero dejan de lado más ámbitos.
Señala el análisis: “En secundaria, hoy enseñan derechos humanos y paz, pero no enseñan los derechos de los trabajadores (jornada máxima, salario mínimo, sindicalización, seguridad social); de los campesinos (ejidos, comunidades agrarias, crédito barato y suficiente), o de las cooperativas. Quieren borrarlos y que las nuevas generaciones no los conozcan”.
Lesivo es el quinto párrafo, el cual se añade al texto constitucional y a la letra dice: “La ley determinará los lineamientos y criterios para garantizar que dicha educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas”. Sobre esto, destaca que es en la legislación correspondiente y no en nuestra Constitución, donde se anotarán las reglas de las evaluaciones, con el control de Elba Esther Gordillo.
Además de ser exámenes clientelares, sin sustento científico, y claras preferencias políticas, que condicionarán los aumentos salariales a los maestros, mientras contradictoriamente, los funcionarios culpables de la crisis educativa no son evaluados, y explica:
“Las evaluaciones las harán empresarios como el Ceneval, fundado por ex funcionarios del PRI que provocaron el actual desastre educativo. Con las evaluaciones o exámenes, se pretende eliminar el derecho de los egresados de las Normales públicas a la plaza en una clave única basificada a los seis meses. Desautorizan la certificación de las Escuelas Normales y eliminan los derechos laborales de los maestros en activo a la estabilidad en el empleo, el escalafón, la capacitación, pago de horas extras, etc. Esto es el origen del movimiento contra la ACE, que no es más que la Alianza para la Corrupción Educativa, o Alianza de Calderón y Elba”.
Fracción I del Tercero, que en el articulado aún vigente garantiza la impartición de educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, en el texto reformado el 11 de diciembre de 2008 afirma: “… la educación que imparta el Estado será laica”. Esto es, sólo la instrucción pública lo será, dejando abierta la posibilidad a que las instituciones privadas enseñen educación religiosa, situación rechazada por los constituyentes de 1917.
“Hoy, a nivel constitucional, los capitalistas de las escuelas privadas (alerta Normales privadas) podrán impartir religión. Serán dos sistemas educativos y dos tipos de maestros: Normales públicas: Maestros laicos; Normales privadas: Religiosos. Y los exámenes de admisión con árbitros del PAN y el PRI (Elba Esther Gordillo todavía es del PRI), excluyendo a egresados de Normales Públicas”, da cuenta el documento comparativo elaborado por el integrante de la ENSM, consultado por Michoacano.
Segunda fracción en su inciso a, sobre el criterio que orientará a la educación, en cuanto al corte democrático, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, la reforma neoliberal le suma político, aspecto con el que, refiere el análisis señalado, ante la crisis económica del capitalismo y la incapacidad de los gobiernos empresariales, del PRI y PAN por mejorar las condiciones de la sociedad, pretenden “desviar” la atención, y tratando que se olvide el escándalo del fraude electoral de Carlos Salinas en 1988, y de Felipe Calderón en 2006, así como los problemas financieros provocados por los patrones, cuya única víctima han sido los trabajadores.
En tanto, a los incisos b y c, se añaden características, en el primero, el de carácter educativo de nacional, el aprovechamiento de recursos sustentables de nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente, y en el segundo, del mejoramiento a la convivencia humana, el “aprecio y respeto por la diversidad cultural”. Demagogia pura, concluye el texto de referencia.
Tercera fracción del mismo artículo, que determina desde la Federación los planes y programas de estudio, de preescolar hasta la Normal, y agrega en el reformado la educación media superior, “con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía…”. Sin embargo, habría dos o más tipos de proyectos, pues como se anotó arriba, la educación laica a planteles públicos, la religiosa a particulares, contradiciendo en la vía de los hechos la igualdad educativa.
Y todos los bachilleratos que no dependan de una universidad autónoma, por ley, tendrán planes impuestos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que, afirma José T. Cardoza, los diputados federales perredistas que aprobaron la reforma al Tercero, que incluyó el 31 constitucional, entregan en bandeja de plata las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, pues sus programas serán los oficiales. “Veremos si los diputados de la Asamblea Legislativa del DF son capaces de promover una controversia constitucional, ¿o se abstendrán como con la Ley del ISSSTE? Tienen la mayoría suficiente”. Igual suerte correrían las Vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Más alertas. La fracción IV tiene un añadido al de Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, la cual establece lo siguiente: “La ley establecerá mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, así como para promover condiciones de igualdad y equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo nacional”.
Con lo anterior, sostiene el investigador, se abre claramente la puerta trasera para la privatización del sector, como lo hicieron en la reforma petrolera. “Hacen que la Constitución permita la participación social en la educación; es decir, los cobros o contribuciones sociales voluntarias de inscripción, pago de cuotas de sociedades de padres de familia, pago de alimentos en las escuelas de tiempo completo, cobros de todo tipo de servicios, etc. Cuotas o cooperaciones voluntarias, en efectivo, pero sociales. Si con la prohibición de cobros, cobraban, ahora con la participación social se quitarán la máscara completamente, privatizando la educación”.
Fracción V, que en la actualidad dota al Estado de impartir la educación de preescolar a secundaria, y promover y atender la educación desde Inicial hasta superior, así como apoyar la investigación científica y tecnológica, ahora en el texto modificado el 11 de diciembre anterior por los diputados federales, agrega a la educación superior en cuanto a la obligación estatal de impartirla; pero desliga, en párrafo aparte, el segundo aspecto, al señalar:
“La educación estará vinculada al desarrollo científico y tecnológico del país”, lo que a ojos del referido reporte comparativo, libera al Estado de la obligación de apoyar la investigación científica, y sólo deja la vaga idea de vincularla. “Es la oportunidad de la comunidad científica de opinar. Podrán demostrar que las maestrías, doctorados y postdoctorados, realmente sirven para formar mejores seres humanos y no máquinas de hacer dinero”.
Sexta fracción del artículo actual, pasa a ser la Séptima, ya reformada, y habla de las atribuciones de escuelas particulares, donde se suma a las de nivel medio superior, y de acuerdo a la fracción I, estas instituciones podrán impartir la enseñanza religiosa, lo cual abarca, como ya se mencionó, a las Normales privadas, cuyos egresados tendrían preferencia sobre los de las públicas, lo cual el investigador cataloga de verdadero peligro para México y su pueblo trabajador.
Ya en las reglas a los planteles particulares, está más claro que podrán instruir a sus alumnos una educación no científica; es decir, religiosa. Igual, fija el inciso b, en cuanto a obtener la autorización correspondiente, sustituye poder público por Estado, como encargado de permitir su operación, y se aumenta: “… y acreditar los criterios de calidad y pertinencia que establezca la ley”. O sea, las características neoliberales, como calidad.
La fracción VIII modificada, VII en el caso de la todavía vigente, da cuenta de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, quienes tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, entre otras, la reforma añade: El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- atenderá la educación superior. “Con la redacción anterior se plantea la educación superior como una obligación del Estado, hoy esta obligación se transforma en una acción (atender)”, subraya el análisis, y manda el llamado de alerta a universitarios y politécnicos.
Instituciones de educación media superior
que no sean autónomas,
se regirán por lineamientos impuestos desde la SEP
Violación constitucional
Respecto a los transitorios, el “nuevo” Artículo Tercero de esta categoría deroga el Quinto Transitorio aún vigente, que en uno de sus postulados indica como obligatoria la educación preescolar, y en el primer grado para cumplirlo marca a partir del ciclo escolar 2008-2009, con lo cual quedaría prácticamente sin ser obligatorio este año del nivel, aunque lo componen con la adición de que ese primer año de kinder se hará universal, de manera gradual y sistemática.
Pero también, remarca José T. Cardoza, representa una violación constitucional, pues los artículos de una ley son de dos tipos: Permanentes, que se escriben con números arábigos (1, 2, 3, etc.), y los Transitorios, escritos con letra (Cuarto, Quinto, etc.). Unos son permanentes y otros temporales.
“Los artículos transitorios son temporales durante la llamada vacatio legis. Es decir, son artículos que regulan la entrada en vigencia de una nueva ley a artículo permanente que sustituye a otra ley o artículo. Y es el caso de que el Artículo Quinto Transitorio que pretenden derogar, ya reguló lo que tenía que regular, ya terminó su temporalidad; el término de su temporalidad fue el pasado 18 de agosto con el inicio del calendario escolar 2008-2009.
“A partir del 18 de agosto de 2008 el primer grado de preescolar ya es obligatorio y vigente. De esto hay constancia incluso en la misma exposición de motivos de la propuesta de reforma, en donde se transcriben afirmaciones de las Comisiones Unidas, y del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaes). Por eso si los senadores en febrero ratifican la reforma y se publica en el Diario Oficial estarán violando la Constitución, y esta violación de garantías individuales dará pauta para impugnarlo en vía de amparo”, explica Cardoza Olivas.
Finalmente, apunta en su análisis que la ignorancia de los diputados y sus asesores es un hecho notorio y público, por lo tanto deberán regresar los millonarios sueldos devengados, que no justifican, e invitó a los senadores dignos, en especial a Rosario Ibarra de Piedra, a defender la educación pública y nuestra Carta Magna, y den paso a la impugnación de esta flagrante violación constitucional.
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