El de mayor rentabilidad para el intercambio comercial de Estados Unidos
De aprobarse en el legislativo local la desincorporación de más de 400 Has. de la Isla La Palma, y venderle a la trasnacional 181 de ellas, los beneficios económicos por el despegue del puerto michoacano serán para la ferroviaria originaria de EU, sin reportar dividendos al Estado.

Puerto de Lázaro Cárdenas, en la mira de la Kansas City Southern
A más de siete meses de que el gobierno de Leonel Godoy Rangel presentara al legislativo local la solicitud de desincorporación de 444 hectáreas de la Isla La Palma en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, prácticamente la totalidad del terreno que queda, pues en 2006, vía fast track, los anteriores diputados aprobaron ceder 183 hectáreas del mismo, que fueron a parar al Fideicomiso 2112, igual que la pretensión oficial de ahora, cuya finalidad es el “desarrollo de un parque industrial”, la actual legislatura todavía no le da luz verde.
Y es que el mecanismo planteado por el ejecutivo estatal genera múltiples dudas, donde entra en juego la trasnacional Kansas City Southern de México (KCSM), la cual demanda 181 hectáreas de Isla La Palma para construir y operar una terminal ferroviaria intermodal, con lo que tendría el control prácticamente total de las operaciones mercantiles del puerto, aún después del término del convenio que le otorga la exclusividad, en el año 2026.
Dicha empresa, que surgiera como tal tras apoderarse de Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), ofreció a las autoridades de Michoacán, según su propia versión, 26.5 millones de dólares, el equivalente a 14 dólares con 65 centavos por metro cuadrado del predio, cifra considerada irrisoria, dado el despegue enorme a futuro del puerto lazarocardenense. También anunció que invertirá en un periodo de cinco años, 80 millones de dólares en ese espacio, y a la larga, aseguró, será benéfico no sólo para la empresa, sino al propio estado y al país.
De acuerdo a un informe elaborado por KCSM y clasificado como confidencial, publicado en La Jornada Michoacán del pasado 9 de febrero, la empresa se compromete a apoyar la construcción de escuelas en nuestra entidad, y promover un desarrollo urbano integral “mediante la sana convivencia” entre las actividades ferroviarias y la población.
Incluso planea invertir, a reserva de la aceptación de las dependencias mexicanas correspondientes, 6.5 millones de dólares en la construcción de puentes y libramientos ferroviarios que mejorarían la vialidad en Morelia, los primeros en Avenida Siervo de la Nación, Libramiento Independencia, Avenida Michoacán, y Avenida El Pípila; es decir, puntos donde todos los días pasa su tren y genera congestionamientos vehiculares, obras ya contempladas por la autoridad municipal.
Pero su interés primordial, señalado en el citado reporte, es la oportunidad que ofrecerá Lázaro Cárdenas en el manejo, envío y recepción de mercancía desde Asia y la Unión Americana, en especial ante el congestionamiento y baja competitividad de puertos estadounidenses como Los Ángeles y Long Beach, California.
Con cifras da cuenta del potencial del puerto michoacano, que durante 2008 manejó 359 mil 668 contenedores, 15% más de los 312 mil 945 del 2007. Resalta, además, que en este lugar inicia el “Corredor TLCAN”, de gran potencial para atraer la carga proveniente de países asiáticos, y agrega:
“El hecho de contar con un Corredor Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo tiene dos grandes ventajas competitivas: el eficiente movimiento de contenedores gracias a que Lázaro Cárdenas no está congestionado, y segundo, la distancia entre Lázaro Cárdenas y Houston es menor que la distancia Los Ángeles-Houston, hecho que atrae más a los operados logísticos de productos”.
Si bien la Kansas City Southern de México observa grandes oportunidades para el desarrollo de Michoacán y en general de nuestra nación con el solo hecho de permitirle instalar su terminal intermodal en la Isla La Palma, el Centro de Estudios Económicos de Morelia (CEEM), en oficio dirigido a los legisladores locales el pasado 25 de febrero, asegura que la ferroviaria será la única beneficiada, y si se logra la venta, o regalo, como califica a la eventual operación, perderemos la oportunidad de captar recursos económicos adicionales a las arcas estatales.
Razona: “Los Estados Unidos tienen una desesperada necesidad de puertos en el Pacífico mexicano, y nuestras autoridades en lugar de aprovecharla para el beneficio de los mexicanos o dejar nuestros puertos para beneficio de nuestros hijos, están regalando el Puerto de Lázaro Cárdenas a compañías trasnacionales extranjeras. No sólo Pemex es patrimonio de los mexicanos, también los puertos”.
Por lo anterior, propone que para “fortalecer los ingresos económicos del gobierno del estado, la libre competencia ferroviaria, y que México pueda estar entre las potencias económicas del mundo”, los diputados deben aprobar el siguiente punto de acuerdo:
“Que en la Isla La Palma se deje una reserva de 184 hectáreas para garantizar que a partir del año 2026 todas las compañías ferroviarias diferentes a la KCSM que quieran enlazar sus rutas con el puerto de Lázaro Cárdenas y que no tengan acceso a las terminales portuarias, puedan construir allí terminales ferroviarias multimodales”.
Como es sabido, en diciembre de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, hoy miembro de la ferroviaria Union Pacific, otorgó a TFM, antiguo nombre de la KCSM, el título de concesión para operar el Sistema Ferroviario del Noreste del País por un periodo inicial de 50 años, exclusivo durante 30 años, que vence en el último mes del año 2026, con lo cual cualquier compañía de trenes en México podrá prestar servicio al Puerto de Lázaro Cárdenas. De ahí que, previsora, la Kansas City Southern busque desde ahora nuevas vías para tener control del estratégico puerto michoacano.
Actualmente, la KCSM tiene una ruta en nuestro país que enlaza a las ciudades de México y Monterrey, así como Guadalajara a través del pago de derechos de vía, con los puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tampico, y hacia el lado de la frontera norte tiene los cruces de Nuevo Laredo, Texas, y Matamoros-Brownsville, Texas. O sea, es vital para el intercambio comercial de Estados Unidos, nación de origen de la empresa, con el mercado asiático, pues le resulta menos rentable y además costoso a la nación más poderosa del orbe, el tráfico entre sus costas este y oeste, dada su difícil situación geográfica y de infraestructura.
Por eso, EU tuvo el manejo del Canal de Panamá desde 1914 hasta 1999, ubicado entre los océanos Pacífico y Atlántico, que ante su incapacidad de tener grandes embarcaciones, quedó rezagado, no así el puerto michoacano, que ya en enero del presente año recibió al Buque Adrian Maersky, de 8 mil 292 Teus (un contenedor de 20 pies equivale a un Teu) de capacidad, y en el futuro podría recibir hasta de 12 mil Teus, el doble de los más grandes de Estados Unidos (Long Beach y Los Ángeles, ya saturados).
Sin pagar nada
Kansas City Southern Industries, Inc. (KCSI) ingresó a nuestro país al aliarse con Transportación Marítima Mexicana (TMM) e integrar, en 1996, el Grupo Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), que cinco meses después obtuvo la concesión y venta del Ferrocarril del Noreste, el más atractivo de los trenes puestos en privatización por la administración de Ernesto Zedillo, y por lo tanto tenía en exclusiva la ruta del puerto de Lázaro Cárdenas hacia la frontera estadounidense, hasta por 30 años. Para tal operación se erogaron 14 mil 074 millones de pesos, más dos mil 111 millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que luego motivó una pelea jurídica.
Sin embargo, un largo litigio propiciado por incumplimiento del contrato del Ferrocarril del Noreste, llevó a que un tribunal de apelaciones de Delaware, Estados Unidos, determinara que TMM vendiera sus acciones (el 41%) a la KCSI, y así ésta tener el control mayoritario (el 80%), en el año 2004, mientras el gobierno mexicano tenía el restante 20% de los valores de TFM.
Más adelante, la trasnacional, también en los tribunales, consiguió que se condenara al gobierno de nuestra república a pagarle 12 mil 965 millones 742 mil 236 pesos, como consecuencia de la “devolución” de pago por el IVA desde 1997 -esos más de dos mil millones cobrados en la venta-, que debió cubrir con el 20% de las acciones en su poder. De esa manera, la Kansas City alcanzó, en 2005, la totalidad de acciones y cambió al actual nombre en diciembre del referido año.
Hoy requiere 181 hectáreas de las 628 que tiene la Isla de La Palma, para su terminal ferroviaria intermodal, en proceso que la administración del perredista Leonel Godoy trató de agilizar al aceptar 26.5 millones de dólares, prácticamente el pago correspondiente a una hectárea, de acuerdo al CEEM, quien hizo la contabilidad del metro cuadrado a 2 mil 300 dólares, el equivalente en un puerto como el michoacano, sin manejar contenedores, resultando entonces el valor por hectárea de 23 mil millones de dólares.
Pero como hubo oposición de legisladores locales a llevar a cabo esa venta, considerada ilegal, el Congreso del Estado continúa el mecanismo de desincorporación de 444 hectáreas -de donde las ya citadas le corresponderán a la empresa de origen estadounidense-, desde julio de 2008 cuando el ejecutivo presentó la solicitud.
El mismo Centro de Estudios Económicos de Morelia alerta que en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el futuro, será de los de más patios de maniobras en el mundo, por lo tanto la KCSM no tendrá necesidad del terreno hoy demandado -y aparte cuenta con otras instalaciones en el mismo lugar-, aunque sus posibilidades de hacer negocio son redondas, pues puede arrendar ese predio de la isla, o instalar una nueva terminal de contenedores -hay una en la Isla Cayacal de la compañía Hutchinson Port Holding Group-, sola o asociada a otra empresa. Todo, sin pagar un solo peso a las autoridades michoacanas y mexicanas.
Y en efecto, en el esquema de la concesión que tiene la Kansas City en México, no se contempla ningún pago al gobierno estatal en los próximos 88 años. Sólo otorga a la administración federal un dólar por Teu, y para el 2026, estima el CEEM, la cuota será de 2.50 dólares, a precios actuales, lo cual considera una burla, contribuyendo así a las ganancias millonarias de la trasnacional.
Petición clara: que la KCSM no se aproveche de los recursos nacionales
La Kansas, si se aprueba en el legislativo local su solicitud de venta de 181 hectáreas, tendría los derechos de vía, y la única forma de operar de otras ferroviarias sería moviendo mediante camiones la mercancía de los barcos a los trenes que lleguen al puerto. “Y para que no puedan hacerlo, la KCSM quiere asegurarse desde ahora de que no haya terrenos disponibles para la competencia nacional o extranjera en la Isla la Palma”, avizora el Centro de Estudios Económicos e indica, al 2026 van a entrar y salir del puerto michoacano más de cien trenes diarios, dejando ganancias de miles de millones de dólares anuales a la trasnacional.
Para 2026, cuando termine la exclusividad de uso del puerto michoacano a la KCSM, éste punto va a manejar más de 15 millones de Teus, y si los gobiernos mexicanos dejan el control en la ferroviaria del vecino país, no verán ningún beneficio económico por su propio territorio. De ahí la propuesta del citado centro de estudios moreliano para decretar 184 hectáreas de las 444 que se desincorporarían en La Palma, a la propiedad exclusiva del Estado, y construir o propiciar ahí una terminal ferroviaria intermodal.
Con lo anterior, los gobiernos michoacanos podrían arrendar esa terminal a las compañías de ferrocarriles nacionales que a partir de diciembre de 2026 podrán acceder al puerto Lázaro Cárdenas, cobrando, de manera conservadora, 20 dólares por Teu, y si las empresas diferentes a la Kansas City manejarían por lo menos cinco millones de Teus, el ingreso a las arcas estatales sería cuantioso.
Otros beneficios de tomarse dicha medida, y garantizar la libre competencia de ferrocarrileras, según los economistas, recaerían directamente en los consumidores, ya que las tarifas serían menores; y en el mismo puerto de Lázaro Cárdenas porque quedaría enlazado con cientos de nuevas ciudades, no sólo la ruta actual de la Kansas.
Fideicomiso 2112
Pero el proceso de venta de la Isla La Palma viene del anterior gobierno, el de Lázaro Cárdenas Batel (febrero 2002-febrero 2008), también militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Previamente, el terreno fue entregado, a través de la donación “Ad Corpus”, al patrimonio estatal por parte del Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios, que lo había comprado a ejidatarios, con lo que las autoridades michoacanas podrían utilizarlo en instalaciones industriales, pesqueras o turísticas.
Es debido a eso que en noviembre de 2006, en menos de 48 horas, la anterior legislatura local aprobó el decreto 83 -publicado en el Periódico Oficial el 17 de noviembre de ese año- por el cual 183 hectáreas de la isla, ubicada dentro de la delta del Río Balsas, y parte de la Isla Cayacal, fueron desincorporadas y posteriormente donadas al Fideicomiso 2112, denominado Recinto Fiscalizado Estratégico Zona Franca, que contempla “el desarrollo de un parque industrial”.
Tal precepto menciona que si se destinase a objeto distinto del señalado tal terreno o bien no se dispusiese del mismo en el término de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del mismo, “la donación quedará sin efecto y el inmueble en referencia volverá a formar parte del patrimonio del estado”.
Un grupo de ejidatarios reclama, por su parte, la propiedad de la isla, y aduce que poco más de 200 hectáreas nunca le fueron cubiertas por el gobierno federal al momento de la operación de compra. Así mismo, hace alusión a uno de los puntos del acuerdo en el sentido de si en cinco años posterior a la venta, su nuevo propietario, en este caso la gestión estatal, no hace uso del terreno, los dueños originales podrán reutilizarlo.
Sobre el último aspecto, la administración de Leonel Godoy asegura que sí ha realizado obras, como la construcción del acueducto industrial y de pozos artesanios, al igual que en el pago de derechos de los pasos de vía.
La lucha de los ejidatarios continúa, pese a la represión de la cual han sido objeto por granaderos de la entidad, una el 19 de diciembre de 2008, y la otra apenas el pasado 26 de febrero, donde salieron a relucir gases lacrimógenos, perjudicando incluso a mujeres y niños, pues los quejosos tienen un plantón permanente en inmediaciones del que fuera su terreno, y trataban de impedir el levantamiento de una cerca.
Mientras tanto, lo cierto es que hasta la fecha se desconoce a qué propósito van a destinarse las 183 hectáreas ya “donadas” al Fideicomiso 2112, o si ya tienen algún dueño, pues el gobierno godoyista no le ha mostrado los reportes de ese fondo a la opinión pública ni a los partidos políticos, motivo de la renuencia de los diputados, sobre todo de oposición al PRD, por aprobar la actual desincorporación.
David Huirache Béjar, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la actual legislatura, de extracción priista, indicó que el análisis del ejercicio fiscal 2007, correspondiente a Cárdenas Batel, detectó que de junio a diciembre de tal anualidad, se invirtieron 76.5 millones de pesos al Fideicomiso 2112, sin saberse a qué tipo de proyectos.
Con todo y eso, en julio último Godoy Rangel presentó su propuesta a los diputados para desincorporación “y posterior donación” de 444 hectáreas de Isla La Palma, que igual irían a parar al controvertido fideicomiso, en cumplimiento, dice la administración michoacana, de construir el parque industrial considerado al recibir la donación de la federación, y estipulado en el vigente Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012.
La frecuencia del paso de trenes de la trasnacional
por Morelia y otras ciudades se incrementará
Hoy, el planteamiento del ejecutivo se mantiene en las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, pues no pueden acordar la desincorporación para llevar la discusión al pleno camaral aunque, por las posiciones partidistas, la Kansas City Southern México puede estar tranquila, pues consideran benéfico “venderle” las 181 hectáreas reclamadas de la Isla La Palma, aunque ya podría estar haciendo uso de una fracción para su terminal ferroviaria, por el supuesto beneficio a Michoacán que traería consigo su inversión de 80 millones de dólares durante cinco años.
Entonces, en cualquier momento puede aprobarse el decreto, pues el plazo para presentar el dictamen de las comisiones vence el próximo 7 de abril, fecha al parecer definitiva en la toma de una decisión, mientras los funcionarios estatales, en especial el titular de Desarrollo Eloy Vargas Arreola, cabildean con los legisladores locales. (Michoacano).
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